Doris Elena López Bueno

Expediente 817/2022 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Guanajuato. 8 actuaciones registradas, la última del 3 de octubre de 2022.

Datos del expediente

Expediente
817/2022
Año
2022
Actuaciones
8
Última actuación
03/10/2022

Partes del expediente

  • Doris Elena López Bueno

Actuaciones

Las 4 más recientes de 8.

  1. Principal

    Causa ejecutoria resolución de dos de septiembre de dos mil veintidós. En este caso, se sobreseyó en el juicio de amparo, sin medio de impugnación interpuesto, por tanto, con fundamento en el artículo 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, se declara que ha causado ejecutoria. Con fundamento en el artículo 21, inciso a) del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia, depuración, destrucción y archivo, aprobado en sesión de diecinueve de febrero de dos mil veinte, se determina destruir la presente pieza de actuaciones, en virtud de que se sobreseyó en el juicio de amparo. Asimismo, se ordena destruir los cuadernillos original y duplicado del incidente de suspensión, en términos de los artículos 20, fracción II, inciso a) y 21, inciso d), del referido ordenamiento legal, en virtud de que se declaró sin materia el incidente de suspensión, hágase la anotación en carátulas y agréguese al incidente copia certificada del presente acuerdo y en su oportunidad archívese el presente expediente como asunto concluido. Se previene a las partes para que, en caso de haber exhibido documentos originales en el presente asunto, acudan a este Juzgado a recogerlos dentro del plazo de noventa días hábiles, contados a partir de que surta efectos la notificación de este proveído; apercibidas que, de no hacerlo, en su momento se destruirán junto con el expediente. Conforme a lo dispuesto en los artículos 3 y 6 el Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus COVID-19, indíquese a la parte quejosa que si requiere comparecer para recoger los documentos exhibidos en el presente juicio, deberá gestionar su cita en la hora y fecha disponible; ello, dentro del Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación. Finalmente, en cumplimiento al artículo 73, fracción II, de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, realícense las acciones necesarias fin de generar oportunamente la versión pública de la sentencia o resolución dictada en el presente asunto, a fin de que pueda ser consultable por el público en general.

  2. Incidental

    Audiencia Incidental.- Por lo expuesto y fundado en el artículo 138, fracción II, en relación con el diverso 144 de la Ley de Amparo, se R E S U E L V E: ÚNICO. Se declara sin materia el presente incidente de suspensión promovido por Doris Elena López Bueno, en términos del considerando único de la presente interlocutoria.

  3. Principal

    León, Guanajuato, veinticuatro de agosto de dos mil veintidós. Autorizado de la parte quejosa pretende desahogar vista. Agréguese a los autos el escrito signado por José Alberto Muñoz Rodríguez, autorizado en términos amplios de la parte quejosa, mediante el cual pretende desahogar la vista formulada en auto de quince de agosto del presente año, y en cuanto a su contenido, esto es, su deseo de señalar la denominación correcta de la responsable, con fundamento en el artículo 12 de la Ley de Amparo y en la jurisprudencia que más adelante se transcribirá, dígasele que no ha lugar a acordar de conformidad en virtud de que el autorizado en términos amplios de dicho artículo, solo tiene facultades para realizar actos posteriores a la promoción del juicio de amparo o de su ampliación, ajenas a cuestiones que deban provenir directamente de la voluntad del quejoso, tales como el señalamiento de nuevas autoridades responsables y actos reclamados, así como la narración de antecedentes y formulación de conceptos de violación; por tanto, el ocursante no se encuentra facultado para promover en los términos que intenta, pues solo compete a la directa quejosa. Así lo sostuvo la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la Jurisprudencia número 1a ./J.37/2011, de la Novena Época, visible en la página 68, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta XXXIII, Junio de 2011, del rubro y texto siguientes: "AUTORIZADO PARA OÍR Y RECIBIR NOTIFICACIONES EN LOS TÉRMINOS AMPLIOS DEL ARTÍCULO 27, PÁRRAFO SEGUNDO, DE LA LEY DE AMPARO. CARECE DE ATRIBUCIONES PARA AMPLIAR LA DEMANDA. Conforme a ese precepto legal, el agraviado o el tercero perjudicado pueden autorizar a cualquier persona con capacidad legal para oír notificaciones en su nombre, quien podrá interponer los recursos que procedan, ofrecer y rendir pruebas, alegar en las audiencias, solicitar la suspensión o su diferimiento, pedir la emisión de sentencia para evitar la caducidad o sobreseimiento por inactividad procesal y realizar los actos necesarios para defender los derechos del autorizante. En las materias civil, mercantil o administrativa, la persona autorizada conforme a la primera parte de ese párrafo, deberá acreditar encontrarse legalmente autorizada para ejercer la profesión de abogado. Sin embargo, la disposición no faculta al autorizado a realizar cualquier acto en nombre del quejoso o de su representante, ya que su actuación depende de las reglas regulatorias del juicio de garantías, como lo es el principio de instancia de parte agraviada, previsto en los artículos 107 de la Constitución Federal y 4o. de la Ley de Amparo. En esas condiciones, si el ejercicio de la acción de amparo exige que la demanda sea suscrita por quien alega sufrir un agravio personal y directo, esto es, por el titular de la acción, excepción hecha de los supuestos normativos establecidos en los artículos 6o., 15, 17 y 123, fracción II, de la Ley de Amparo; se pone en evidencia que su ampliación también debe contar con la firma autógrafa del quejoso, o en su caso, de su representante legal y no puede ser sustituida por aquellos autorizados para atender procesalmente el juicio de garantías, por tener facultades únicamente para realizar actos posteriores a la promoción del juicio de garantías o de su ampliación, ajenas a cuestiones que deban provenir directamente de la voluntad del interesado e influyen en la configuración de la litis constitucional, como el señalamiento de nuevas autoridades responsables y actos reclamados, así como la formulación de conceptos de violación. Lo anterior se justifica además, en que la ampliación de demanda constituye el ejercicio de una acción nueva, la cual origina la rendición de informes justificados o previos, y que se integra a la controversia sometida a consideración del órgano jurisdiccional." Notifíquese personalmente a la parte quejosa Así lo proveyó y firma Gabriela Elizeth Almazán Hernández, jueza Tercero de Distrito en el Estado de Guanajuato, con residencia en León, quien actúa asistida de Norma Rojas López, secretaria del juzgado que autoriza y da fe. Doy fe.

  4. Principal

    León, Guanajuato; quince de agosto de dos mil veintidós. I. Vista al quejoso con denominación incorrecta de autoridad. Con fundamento en lo dispuesto en el artículo 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo, por disposición de su numeral 2, agréguese a los autos para que surta los efectos legales procedentes la razón actuarial de cuenta, de la que se advierte que no fue posible entregar el oficio 16327/2022, dirigido a: "Departamento de Gestión y Cobranza del Sistema de Agua Potable y Alcantarillado del León, Guanajuato"; toda vez que dicha denominación resultó inexistente, por las razones que ahí se exponen; en consecuencia, con fundamento en los artículos 108, fracción III, y 217 de la Ley de Amparo, dese vista a la peticionaria por única ocasión, para que dentro del plazo de tres días, contados a partir del día siguiente de aquél en que surta efectos la notificación de este proveído, precise, aclare o corrija el nombre de tal autoridad; apercibida que en caso de no hacerlo, se tendrá por inexistente, suspendiéndose toda comunicación oficial con ella y se proveerá lo que en derecho corresponda. Ello, pues como se destacó en el auto admisorio, es obligación de la parte quejosa el señalar con precisión la denominación de las autoridades responsables, pues la ley de la materia no prevé que en ese aspecto opere la suplencia de la queja; sin embargo, previo a la declaratoria de inexistencia de una autoridad responsable, debe darse oportunidad al quejoso de que rectifique la denominación de la misma, o en su caso, exhiba medios de convicción con los que acredite, fehacientemente que las potestades demandadas sí existen con el nombre que les otorgó, hipótesis que encuentra su justificación en el artículo 14 de la Constitución Federal. Al respecto resulta aplicable la tesis de jurisprudencia 153/2019, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Décima Época, Noviembre de 2019, número de registro 2021029, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, de rubro y texto siguientes: "AUTORIDAD RESPONSABLE EN EL JUICIO DE AMPARO. PREVIAMENTE A DECLARAR SU INEXISTENCIA, EL JUEZ DE DISTRITO DEBE DAR VISTA AL QUEJOSO Y APERCIBIRLO PARA QUE ACLARE LA DENOMINACIÓN DE AQUELLA QUE NO FUE POSIBLE EMPLAZAR. En términos del artículo 108, fracción III, de la Ley de Amparo, el quejoso tiene la carga de señalar correctamente la denominación de las autoridades responsables, porque ello constituye un requisito de su demanda; el Juez, por su parte, tiene la facultad de declarar la inexistencia de la autoridad y suspender toda comunicación cuando ésta no fue localizada o se informe que no existe. Ahora bien, la declaratoria de inexistencia de una autoridad responsable debe estar precedida de la notificación personal y del apercibimiento al quejoso de que, si una vez enterado de esa eventualidad omite corregir o aclarar el nombre de la autoridad que designó como responsable o no prueba que sí existe bajo la denominación que indicó en la demanda, se le sancionará declarándola inexistente; notificación que encuentra fundamento en el artículo 14 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a fin de que se encuentre en condiciones de subsanar o corregir el error en que incurrió." En términos del artículo 23, fracción I, del Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus COVID-19, la notificación personal que de este este auto se realice deberá desahogarse en estricto apego a los protocolos y lineamientos emitidos por la Dirección General de Servicios al Personal y por la Dirección General de Protección Civil y Salud en el Trabajo, para resguardar la integridad y salud de quienes realicen la notificación y de las personas justiciables.

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