Doris Antonia Ic González

Expediente 1008/2021 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Yucatán. 20 actuaciones registradas, la última del 15 de junio de 2022.

Datos del expediente

Expediente
1008/2021
Año
2021
Actuaciones
20
Última actuación
15/06/2022

Partes del expediente

  • Doris Antonia Ic González
  • Delegado del Registro Agrario Nacional en Yucatán

Actuaciones

Las 4 más recientes de 20.

  1. Principal

    Mérida, Yucatán, quince de junio de dos mil veintidós. Vista la cuenta que antecede, y por cuanto que se advierte que ha transcurrido el término señalado en el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que las partes hubieren interpuesto recurso de revisión en contra de la sentencia dictada el veintitrés de mayo de dos mil veintidós, por este Juzgado Federal, en la que en el primer punto sobreseyó en el segundo punto no amparo, en el presente juicio de amparo; con fundamento en los numerales 356, fracción II y 357, ambos del Código Federal de Procedimientos Civiles, supletoriamente aplicado a la Ley de Amparo, se declara que aquella resolución ha causado ejecutoria para todos los efectos legales pertinentes. Háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno y archívese este expediente como asunto totalmente concluido. Por otra parte, toda vez que en la referida sentencia se sobreseyó y no Amparo en el presente juicio de amparo, no obran agregados documentos originales y carece de relevancia documental, este asunto encuadra en el supuesto previsto en términos de la fracción XVIII del artículo 3, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en Materia de Valoración, Depuración, Destrucción, Digitalización, Transferencia y Resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, por tanto, el presente expediente es susceptible de destrucción. En consecuencia, hágase dicha anotación en la carátula del expediente, asentando la fecha en que se ordenó el archivo y que el mismo carece de relevancia. Notifíquese. Así lo acordó y firma el licenciado Adrián Fernando Novelo Pérez, Juez Primero de Distrito en el Estado, ante la licenciada Estefanni Romero Navarro, secretaria que autoriza y da fe.

  2. Principal

    VISTOS, para resolver los autos del presente juicio de amparo 1008/2021-VI, promovido por Doris Antonia Ic González, contra los actos que reclama del Delegado del Registro Agrario Nacional en Yucatán y de otras autoridades, por estimarlos violatorio de los artículos 14 y 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; y R E S U L T A N D O: Primero. Presentación de la demanda. Por escrito presentado el ocho de junio de dos mil veintiuno, ante la Oficina de Correspondencia Común a los Juzgados de Distrito en el Estado, Doris Antonia Ic González, por propio derecho solicitó el amparo y protección de la Justicia Federal contra los actos que reclama del Delegado del Registro Agrario Nacional en Yucatán y de otras autoridades. Segundo. Admisión de la demanda. Por auto de nueve de junio de dos mil veintiuno, se admitió a trámite la demanda de amparo; se solicitó el informe justificado a las autoridades responsables, se dio la intervención que legalmente compete a la Agente del Ministerio Público de la Federación adscrita. Por auto de diez de septiembre de dos mil veintiuno, se admitió a trámite la ampliación de demanda promovida por la parte quejosa, se solicitó el informe justificado correspondiente, se dio vista al Agente del Ministerio Público de la adscripción y se señaló fecha y hora para la audiencia constitucional, la que, previos diferimientos, tuvo verificativo en términos del acta que antecede, por lo que es procedente pronunciar la sentencia correspondiente. C O N S I D E R A N D O: Primero. Competencia. Este Juzgado es competente para resolver el presente juicio de amparo, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 35 y 37 de la Ley de Amparo, 49 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación y el Acuerdo General número 3/2013, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los Circuitos en que se divide el territorio de la República Mexicana; y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito y de los Juzgados de Distrito, al reclamarse un acto negativo, que en sí mismo no tiene ejecución material y la demanda fue presentada en esta ciudad, donde este órgano de control constitucional ejerce jurisdicción territorial. Segundo. Precisión del acto reclamado. Con fundamento en el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, es oportuno precisar el acto reclamado por la parte quejosa. Ciertamente, en el caso es necesario fijar claramente el acto reclamado, para lo cual se toma en cuenta el estudio íntegro de la demanda de amparo, ampliación y la totalidad de las constancias existentes en el expediente, pues constituye un todo, con la finalidad de determinar lo que la parte quejosa quiso decir y realmente le afecta no únicamente lo que en apariencia señaló como tal. Así, en el caso, se tiene que el acto reclamado es el siguiente: -La omisión de resolver sobre la solicitud presentada el veinticinco de diciembre de dos mil dieciocho, ante la autoridad responsable Delegado Estatal del Registro Agrario Nacional, con sede en esta ciudad, respecto a la inscripción de acuerdo de asamblea de asignación de derechos solares, registrado con el número de solicitud 31180010696, trámite SEDATU-04-09. - La calificación registral en sentido negativo de diecisiete de agosto de dos mil veintiuno, que recayó a su solicitud de inscripción de acuerdo de asamblea de asignación de derechos solares, registrado con el número de solicitud 31180010696, trámite SEDATU-04-09. Tercero. Sobreseimiento por cesación de efectos respecto del primer acto reclamado. Por ser una cuestión de orden público este Juzgado de Distrito estudia en primer término si en el caso se actualiza la existencia de alguna causal de improcedencia. En el caso, respecto al acto reclamado consistente en la omisión de resolver sobre la solicitud presentada el veinticinco de diciembre de dos mil dieciocho, ante la autoridad responsable Delegado Estatal del Registro Agrario Nacional, con sede en esta ciudad, respecto a la inscripción de acuerdo de asamblea de asignación de derechos solares, registrado con el número de solicitud 31180010696, trámite SEDATU-04-09, se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo aplicable, Reglamentaria de los artículos 103 y 107 Constitucionales, que enseguida se transcribe: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado;..". La causal de improcedencia prevista en el precepto legal trascrito, cobra vigencia cuando se destruyen todos los efectos del acto reclamado en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera concedido el amparo. Ahora bien, se considera actualizada esta causal de improcedencia, en virtud de que de las constancias remitidas por las autoridades responsables en apoyo a sus informes justificados y las que remitió a solicitud de este Juzgado de Distrito, mismas que tienen valor probatorio pleno en términos de los artículos 197, 202 y 207 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria por disposición expresa del numeral 2o. de la Ley de Amparo, se advierte que con fecha diecisiete de agosto de dos mil veintiuno, el Registrador Integral del Registro Agrario Nacional, Delegación Estatal Yucatán, emitió calificación registral negativa respecto a la solicitud presentada el veinticinco de diciembre de dos mil dieciocho, ante la autoridad responsable Delegado Estatal del Registro Agrario Nacional, con sede en esta ciudad, respecto a la inscripción de acuerdo de asamblea de asignación de derechos solares, registrado con el número de solicitud 31180010696, trámite SEDATU-04-09. Esto último, con posterioridad a la presentación de la demanda de amparo, que data del ocho de junio de dos mil veintiuno. En esas condiciones, es evidente que cesaron los efectos del acto reclamado, pues dejó de subsistir y de producir sus efectos; habida cuenta que la nueva situación repuso a la parte quejosa en el goce de su derecho constitucional, por lo que se actualizó la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo. En consecuencia, procede decretar el sobreseimiento en este juicio de amparo, únicamente por lo que hace al acto omisivo reclamado y precisado con antelación, con apoyo en el numeral 63, fracción V, de la invocada ley de la materia. Tiene aplicación al presente asunto, la jurisprudencia 2ª./J. 59/99, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo IX, junio de 1999, Novena Época, visible en la página 38, cuyo rubro es el siguiente: "CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL. De la interpretación relacionada de lo dispuesto por los artículos 73, fracción XVI, y 80 de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción de que para que la causa de improcedencia del juicio de garantías consistente en la cesación de efectos del acto reclamado se surta, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque tal acto, sino que es necesario que, aun sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiera invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí ninguna huella, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal." Cuarto. Existencia del acto reclamado. Al rendir su informe justificado respecto al acto reclamado consistente en la calificación registral en sentido negativo de diecisiete de agosto de dos mil veintiuno, que recayó a su solicitud de inscripción de acuerdo de asamblea de asignación de derechos solares, registrado con el número de solicitud 31180010696, trámite SEDATU-04-09, el Jefe del Departamento de Titulación y Catastro Rural del Registro Agrario Nacional en el Estado, en su denominación correcta dado que informó que no existe la Dirección de Catastro y Asistencia Técnica, aceptó la existencia del acto reclamado. Lo que se corrobora con las constancias que remitió anexas a su informe justificado, consistentes en copias certificadas de la calificación registral negativa de diecisiete de agosto de dos mil veintiuno, respecto de la solicitud 31180010696, trámite SEDATU-04-09, relativa a la inscripción de acuerdo de asamblea de asignación de derechos solares, a las cuales por tratarse de documentales públicas, se les otorga valor probatorio pleno, en términos de los artículos 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria, de conformidad con el artículo 2 de la Ley de Amparo y con ello queda demostrada de manera indudable la existencia del acto. Quinto. Causales de improcedencia. La autoridad responsable Jefe del Departamento de Titulación y Catastro Rural del Registro Agrario Nacional en el Estado, al rendir su informe justificado hizo valer como causal de improcedencia el hecho de que la parte quejosa no formuló conceptos de violación en contra del acto reclamado, sin embargo, en el caso, se tiene que la parte quejosa se encuentra contemplada en los casos de excepción que prevé el artículo 79, fracción IV, inciso B, de la Ley de Amparo, al tratarse de materia agraria y comparecer a fin de solicitar la inscripción del acurdo de asamblea de asignación de derechos y solares. En virtud de lo cual se tiene que la causal de improcedencia invocada por la autoridad responsable en comento, es infundada. Seguidamente, se procede al examen de la causa de improcedencia hecha valer por el Jefe del Departamento de Titulación y Catastro Rural del Registro Agrario Nacional en el Estado, prevista en la fracción XX del artículo 61 de la Ley de Amparo, pues considera que dicho acto es susceptible de ser modificado, revocado o nulificado, a través del juicio agrario previsto en los artículos 163 de la Ley Agraria y 18, fracciones IV, de la Ley Orgánica de los Tribunales Agrarios. Dicha causa de improcedencia es infundada, ya que atendiendo a las consideraciones expuestas por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la ejecutoria que pronunció al resolver la contradicción de tesis número 4/2019, entre las sustentadas por el Séptimo Tribunal Colegiado de Circuito del Centro Auxiliar de la Primera Región, con residencia en Naucalpan de Juárez, Estado de México y el Primer Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa del Vigésimo Primer Circuito, si en el juicio de amparo indirecto promovido originalmente por violación al derecho de petición, la autoridad responsable emite respuesta durante su trámite y el quejoso opta por ampliar su demanda, derivado de la vista que el juez de Distrito le dio con el informe con justificación, es innecesario agotar el principio de definitividad respecto de dicha respuesta, pues válidamente se pueden controvertir las violaciones a derechos humanos que el quejoso considere le causa el nuevo acto, las cuales deben analizarse como integrantes de la Litis constitucional bajo los principios de concentración y economía procesal que prevé el artículo 17 de la Constitución Federal. En efecto, de la ejecutoria derivó la jurisprudencia P./J. 15/2019 (10a.), publicada en la página 5, del Libro 74, enero de 2020, Tomo I, Décima Época de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, con registro 2021401, bajo el rubro y texto siguientes: "AMPARO PROMOVIDO POR VIOLACIÓN AL DERECHO DE PETICIÓN. SI EL QUEJOSO OPTÓ POR AMPLIAR SU DEMANDA EN CONTRA DE LA RESPUESTA EMITIDA POR LA AUTORIDAD RESPONSABLE DURANTE EL TRÁMITE DEL JUICIO, ES INNECESARIO AGOTAR EL PRINCIPIO DE DEFINITIVIDAD RESPECTO DE DICHO ACTO. Si en el juicio de amparo promovido originalmente por violación al derecho de petición la autoridad responsable emite respuesta durante su trámite y el quejoso opta por ampliar su demanda, derivado de la vista que el juzgador de amparo le dio con el informe con justificación, es innecesario agotar el principio de definitividad respecto de dicha respuesta, pues válidamente se pueden controvertir las violaciones a derechos humanos que el quejoso considere le causa el nuevo acto, las cuales deben analizarse como integrantes de la litis constitucional bajo los principios de concentración y economía procesal, previstos en el artículo 17 de la Constitución Federal. Este criterio halla su racionalidad en que, al tratarse de una ampliación de la demanda, el acto en contra del cual se extiende la acción de amparo era desconocido por el quejoso cuando promovió el juicio constitucional, máxime que la respuesta de la autoridad surge durante su trámite y tuvo conocimiento de ella con motivo de la exhibición del informe con justificación. De ahí que obligar a que se agote el principio de definitividad redundaría en un retardo injustificado en la impartición de justicia, porque el juzgador federal ya cuenta con los elementos necesarios para verificar la regularidad constitucional del nuevo acto reclamado; sin que lo anterior implique que el tribunal de amparo se encuentre impedido para decretar el sobreseimiento con base en la existencia de alguna otra causal de improcedencia del juicio distinta a la de no agotar el principio de definitividad, máxime cuando el estudio sobre la procedencia de la acción de amparo es de orden público." Así, el criterio aludido encuentra justificación, según puntualizó el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la ejecutoria en comento, en que, al tratarse de una ampliación de la demanda, el acto en contra del cual se extiende la acción de amparo era desconocido por el quejoso cuando promovió el juicio; aunado a que la respuesta de la autoridad surge durante su trámite y tuvo conocimiento de ella con motivo de la exhibición del informe con justificación, tal como aconteció en el caso concreto. Luego, si en el caso particular, la parte quejosa promovió la ampliación de la demanda de amparo, precisamente en contra de la respuesta que se le dio a su solicitud 31180010696, trámite SEDATU-04-09, relativa a la inscripción de acuerdo de asamblea de asignación de derechos solares, esto es, la calificación registral en sentido negativo. Es inconcuso que, como acto de autoridad agraria, es jurídicamente factible la ampliación de la demanda de amparo, toda vez que se trata de un acto que la parte quejosa desconocía cuando promovió el juicio de amparo; además de que la ampliación de demanda de amparo indirecto, constituye un medio para salvaguardar derechos fundamentales cuya finalidad resulta acorde con la dinámica de privilegiar el análisis de control constitucional de los actos a partir de la información que proviene de las constancias del juicio; de ahí que resulte infundada la causa de improcedencia invocada. Sexto. Análisis de fondo. Así, al no existir más causales de improcedencia hechas valer por las partes o que se adviertan de oficio, respecto al acto reclamado consistente en la calificación negativa de diecisiete de agosto de dos mil veintiuno, respecto de la solicitud 31180010696, trámite SEDATU-04-09, relativa a la inscripción de acuerdo de asamblea de asignación de derechos solares, se procede entrar al estudio del fondo del presente asunto, Sin embargo, en el caso aun cuando este Juzgado de Distrito proceda de conformidad con el contenido del artículo 79, fracción IV, inciso b) de la Ley de Amparo, a suplir la deficiencia de la queja, en el caso se estima que lo procedente es negar el amparo y protección de la Justicia Federal solicitado, toda vez que: De la determinación recurrida no se advierte alguna violación procesal que amerite su examen oficioso en esta instancia, ya que deriva de un procedimiento en el que se cumplieron las formalidades esenciales previstas en las normas que lo rigen, como es la Ley Agraria y el Reglamento Interior del Registro Agrario Nacional, pues a la solicitud que formuló con la oportunidad de exhibir la documentación que considerara necesaria, le recayó una respuesta que definió la cuestión puesta a consideración; por lo cual se le dio la oportunidad de impugnarla por esta vía constitucional; lo que de suyo significa que la parte accionante no quedó en estado de indefensión. Aunado a que la determinación combatida cumple cabalmente con los principios de fundamentación y motivación, que deben regir todas las actuaciones de autoridad. En efecto, es oportuno precisar que el artículo 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, prevé el derecho fundamental de legalidad que debe contener toda actuación de autoridad, consistente en la debida fundamentación y motivación que están obligadas a expresar en sus actos. Por fundamentación del acto de autoridad, se entiende la cita del precepto legal aplicable al caso y por motivación, las razones, motivos o circunstancias especiales que llevaron a la autoridad a concluir que el caso particular encuadra en el supuesto previsto por la norma legal invocada como fundamento. Así lo establece el criterio Sustentado por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Publicada en la Séptima época del Semanario Judicial de la Federación, 97-102, tercera parte, visible en la página 143, de rubro y texto siguientes: "FUNDAMENTACIÓN Y MOTIVACIÓN. De acuerdo con el artículo 16 de la Constitución Federal, todo acto de autoridad debe estar adecuada y suficientemente fundado y motivado, entendiéndose por lo primero que ha de expresarse con precisión el precepto legal aplicable al caso y, por lo segundo, que también deben señalarse, con precisión, las circunstancias especiales, razones particulares o causas inmediatas que se hayan tenido en consideración para la emisión del acto; siendo necesario, además, que exista adecuación entre los motivos aducidos y las normas aplicables, es decir, que en el caso concreto se configuren las hipótesis normativas." Así las cosas, la coexistencia entre fundamentación y motivación, implica que la aplicabilidad de una norma jurídica para el caso o situación concreta respecto de la cual se pretende emitir el acto de molestia, debe vincularse con las circunstancias y razones particulares que la hagan encuadrar en el supuesto invocado como fundamento; es decir, para que una autoridad cumpla con la fundamentación y motivación de sus actos, es necesario que sus determinaciones, hagan cita de los preceptos legales que le sirvan de apoyo, en conjunto, con los razonamientos lógico-jurídicos que expresamente la hayan hecho llegar a la conclusión de que el asunto de que se trata, encuadra en los supuestos de la norma que invoca. Conceptuadas así la fundamentación y motivación, como la contravención al mandato constitucional que exige la expresión de ambas en los actos de autoridad puede revestir dos formas distintas, a saber: la derivada de su falta y la correspondiente a su incorrección. Se produce la primera de esas manifestaciones, es decir, la falta de fundamentación y motivación, cuando se omite expresar el dispositivo legal aplicable al asunto y las razones que se hayan considerado para estimar que el caso puede subsumirse en la hipótesis prevista en esa norma jurídica. En cambio, hay una indebida fundamentación cuando en el acto de autoridad sí se invoca el precepto legal; sin embargo, resulta inaplicable al asunto por las características específicas de éste que impiden su adecuación o encuadre en la hipótesis normativa; y una incorrecta motivación, en el supuesto en que sí se indican las razones que tiene en consideración la autoridad para emitir el acto, pero aquéllas están en disonancia con el contenido de la norma legal que se aplica en el caso. De manera que, la falta de fundamentación y motivación significa la carencia o ausencia de tales requisitos, mientras que la indebida o incorrecta fundamentación y motivación entraña la presencia de ambos requisitos constitucionales, pero con un desajuste entre la aplicación de normas y los razonamientos formulados por la autoridad con el caso concreto. La diferencia apuntada permite advertir que en el primer supuesto, se trata de una violación formal dado que el acto de autoridad carece de elementos ínsitos, connaturales, al mismo por virtud de un imperativo constitucional, por lo que, advertida su ausencia mediante la simple lectura del acto reclamado, procederá conceder el amparo solicitado; y en el segundo caso consiste en una violación material o de fondo porque se ha cumplido con la forma mediante la expresión de fundamentos y motivos, pero unos y otros son incorrectos, lo cual, por regla general, también dará lugar a un fallo protector; sin embargo, será menester un previo análisis del contenido del asunto para llegar a concluir la mencionada incorrección. Al respecto, sirve de apoyo la Jurisprudencia I.3o.C. J/47, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena época, tomo XXVII, febrero de 2008, página 1964, que dice: "FUNDAMENTACIÓN Y MOTIVACIÓN. LA DIFERENCIA ENTRE LA FALTA Y LA INDEBIDA SATISFACCIÓN DE AMBOS REQUISITOS CONSTITUCIONALES TRASCIENDE AL ORDEN EN QUE DEBEN ESTUDIARSE LOS CONCEPTOS DE VIOLACIÓN Y A LOS EFECTOS DEL FALLO PROTECTOR. La falta de fundamentación y motivación es una violación formal diversa a la indebida o incorrecta fundamentación y motivación, que es una violación material o de fondo, siendo distintos los efectos que genera la existencia de una u otra, por lo que el estudio de aquella omisión debe hacerse de manera previa. En efecto, el artículo 16 constitucional establece, en su primer párrafo, el imperativo para las autoridades de fundar y motivar sus actos que incidan en la esfera de los gobernados, pero la contravención al mandato constitucional que exige la expresión de ambas en los actos de autoridad puede revestir dos formas distintas, a saber: la derivada de su falta, y la correspondiente a su incorrección. Se produce la falta de fundamentación y motivación, cuando se omite expresar el dispositivo legal aplicable al asunto y las razones que se hayan considerado para estimar que el caso puede subsumirse en la hipótesis prevista en esa norma jurídica. En cambio, hay una indebida fundamentación cuando en el acto de autoridad sí se invoca el precepto legal, sin embargo, resulta inaplicable al asunto por las características específicas de éste que impiden su adecuación o encuadre en la hipótesis normativa; y una incorrecta motivación, en el supuesto en que sí se indican las razones que tiene en consideración la autoridad para emitir el acto, pero aquéllas están en disonancia con el contenido de la norma legal que se aplica en el caso. De manera que la falta de fundamentación y motivación significa la carencia o ausencia de tales requisitos, mientras que la indebida o incorrecta fundamentación y motivación entraña la presencia de ambos requisitos constitucionales, pero con un desajuste entre la aplicación de normas y los razonamientos formulados por la autoridad con el caso concreto. La diferencia apuntada permite advertir que en el primer supuesto se trata de una violación formal dado que el acto de autoridad carece de elementos ínsitos, connaturales, al mismo por virtud de un imperativo constitucional, por lo que, advertida su ausencia mediante la simple lectura del acto reclamado, procederá conceder el amparo solicitado; y en el segundo caso consiste en una violación material o de fondo porque se ha cumplido con la forma mediante la expresión de fundamentos y motivos, pero unos y otros son incorrectos, lo cual, por regla general, también dará lugar a un fallo protector, sin embargo, será menester un previo análisis del contenido del asunto para llegar a concluir la mencionada incorrección. Por virtud de esa nota distintiva, los efectos de la concesión del amparo, tratándose de una resolución jurisdiccional, son igualmente diversos en uno y otro caso, pues aunque existe un elemento común, o sea, que la autoridad deje insubsistente el acto inconstitucional, en el primer supuesto será para que subsane la irregularidad expresando la fundamentación y motivación antes ausente, y en el segundo para que aporte fundamentos y motivos diferentes a los que formuló previamente. La apuntada diferencia trasciende, igualmente, al orden en que se deberán estudiar los argumentos que hagan valer los quejosos, ya que si en un caso se advierte la carencia de los requisitos constitucionales de que se trata, es decir, una violación formal, se concederá el amparo para los efectos indicados, con exclusión del análisis de los motivos de disenso que, concurriendo con los atinentes al defecto, versen sobre la incorrección de ambos elementos inherentes al acto de autoridad; empero, si han sido satisfechos aquéllos, será factible el estudio de la indebida fundamentación y motivación, esto es, de la violación material o de fondo". Así, de la resolución reclamada se deduce que sí se encuentra fundada y motivada, ya que la autoridad responsable señaló con precisión las circunstancias especiales, razones particulares que tuvo en consideración para apoyar su determinación; asimismo, valoró la documentación exhibida y citó los preceptos legales aplicables al caso, así como diversos criterios, por lo que la resolución se encuentra ajustada a lo que dispone el artículo 16 constitucional. En dicha determinación, la responsable esencialmente expuso que no es posible inscribir la solicitud 31180010696, trámite SEDATU-04-09, relativa a la inscripción de acuerdo de asamblea de asignación de derechos solares, porque la documentación integrada en dicha solicitud no reúne los requisitos de forma y fondo, señalando los preceptos legales en los que sustenta dicha determinación. En efecto, de acuerdo a lo establecido en los artículos 148 de la Ley Agraria y 3o. del Reglamento Interior del Registro Agrario Nacional, el Registro Agrario Nacional tiene a su cargo el control de la tenencia de la tierra y la seguridad documental derivados de la aplicación de dicha ley y en él deberán inscribirse los documentos en que consten las operaciones originales y las modificaciones que sufra la propiedad de las tierras y los derechos legalmente constituidos sobre la propiedad ejidal y comunal. Por su parte, los artículos 4o, 25 fracciones I, II, inciso u), 35, 38 y 56 del Reglamento Interior del Registro Agrario Nacional, establecen que la función registral se llevará a cabo mediante las actividades de calificación, inscripción y certificación de los asientos de los actos y documentos objeto de registro; que los registradores, precisamente con base en esa función de calificación, examinarán bajo su responsabilidad, cada uno de los documentos y actos jurídicos que en ellos consten, para determinar si los mismos reúnen los requisitos de forma y fondo exigidos por la normativa que los rija, a fin de garantizar el principio de legalidad; pudiendo ser dicha calificación, positiva o negativa. Al caso, se cita en lo conducente, el criterio sostenido por el Cuarto Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, visible en la página 1387, del Libro 51, febrero de 2018, Tomo III, Décima Época de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, con registro 2016286, que dice: "CAMBIO DE DESTINO DE TIERRAS EJIDALES. EL REQUISITO DE CONTAR CON UN DICTAMEN U OPINIÓN TÉCNICA DE LA SECRETARÍA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES, IMPUESTO POR EL REGISTRO AGRARIO NACIONAL EN SU CIRCULAR DJ/RAN/I-18 (DEROGADA) PARA CONTINUAR CON EL TRÁMITE DE INSCRIPCIÓN RELATIVO, CONSTITUYE UN LÍMITE CONSTITUCIONAL A LA AUTONOMÍA DEL EJIDO, AL TENER COMO FINALIDAD, GARANTIZAR LA CONSERVACIÓN DE UN MEDIO AMBIENTE SANO. El requisito que impone el Registro Agrario Nacional en su Circular DJ/RAN/I-18 -derogada por la diversa Circular Número 03/2017, relativa a los trámites que requieren dictamen u opinión técnica de la Dirección General de Gestión Forestal y Suelos de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (SEMARNAT), de 22 de febrero de 2017- para continuar con el trámite de inscripción de los cambios de destino de tierras ejidales que adopta la asamblea de ejidatarios, consistente en contar con un dictamen u opinión técnica de la dependencia mencionada, encuentra su justificación en el artículo 59 de la Ley Agraria, en cuanto a que condiciona la continuidad del proceso de inscripción a la verificación, por la autoridad competente de la SEMARNAT, de la no existencia de bosques o selvas tropicales en las parcelas de que se trate. Dicho requisito constituye un límite constitucional a la autonomía del ejido, al tener como finalidad, garantizar la conservación de un medio ambiente sano, mediante la implementación de un requisito de carácter preventivo y superable, que no afecta de manera grave los derechos de aquél." Por tanto, se tiene que el Registrador del Registro Agrario Nacional, tiene plenas facultades para la calificación jurídica de los actos de la asamblea que se someten a su consideración, en cuanto a su validez o no, así como de los requisitos de procedibilidad de la solicitud. Lo anterior es así, porque en términos de lo establecido en los artículos 56, 64 y 148 de la Ley Agraria, 3o, 4o, 25 35, 38 y 56 del Reglamento Interior del Registro Agrario Nacional, dicha autoridad registral, tiene la función de calificar y examinar bajo su responsabilidad, cada uno de los documentos y actos jurídicos que se sometan a inscripción, para determinar si reúnen los requisitos de forma y fondo exigidos por la normativa que los rija, a fin de garantizar el principio de legalidad; facultándolo además para emitir las normas técnicas a las que deberá sujetarse la asamblea al realizar la delimitación de las tierras al interior del ejido. Al respecto cabe citar las tesis aisladas 2a. XXI/2009, 2a. CXIII/2007, 2a. CXII/2007 y 2a. VII/2001, emitidas por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, respectivamente, visibles en las páginas 466, 632, 631 y 298, Tomos XXIX, XXVI y XIII, Marzo de 2009, Agosto de 2007 y Febrero de 2001, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, con registros 167791, 171848, 171849 y 190247, de rubros y textos: "ASAMBLEA GENERAL DE EJIDATARIOS. EL ARTÍCULO 56 DE LA LEY AGRARIA NO VIOLA LA FRACCIÓN VII DEL NUMERAL 27 DE LA CONSTITUCIÓN GENERAL DE LA REPÚBLICA, PORQUE ÉSTE ESTABLECE UNA RESERVA DE LEY EN CUANTO A LA ORGANIZACIÓN Y FUNCIONES DE ESE ÓRGANO. En la fracción VII del numeral 27 constitucional se instituye a la asamblea general como el órgano supremo del núcleo de población ejidal o comunal, el cual tendrá la organización y funciones que la ley señale, esto es, establece una reserva legal en cuanto a su organización y funciones. En ese sentido, el artículo 56 de la Ley Agraria que indica que serán facultades de dicha asamblea general: a) determinar el destino de las tierras que no estén formalmente parceladas; b) efectuar su parcelamiento; c) reconocer el parcelamiento económico o de hecho; d) regularizar la tenencia de los posesionarios o de quienes carezcan de los certificados correspondientes; y, e) destinar las tierras ejidales al asentamiento humano, al uso común o parcelarlas en favor de los ejidatarios, no viola el citado precepto constitucional. Lo anterior es así, ya que el referido artículo 56 no obliga a la asamblea general de ejidatarios a reconocer avecindados y posesionarios que no han sido reconocidos expresamente por ella, ni a regularizar las posesiones que se tienen aun sobre tierras de uso común, cambiando de esta forma su destino específico, sino que por el contrario, reconoce la facultad de la asamblea general de asignar el destino de las tierras al asentamiento humano, al uso común o parcelarlas en favor de los ejidatarios. Además, la voluntad de la asamblea general de ejidatarios no está por encima de la ley y de los fallos de los tribunales, porque sus decisiones no son absolutas, ya que están sujetas a la legislación aplicable y a la Constitución General de la República, así como a la resolución de las controversias jurisdiccionales que se dirimen ante los Tribunales Agrarios y ante los órganos del Poder Judicial de la Federación, como órganos terminales de legalidad y constitucionalidad en nuestro sistema jurídico." En consecuencia, al no advertirse alguna violación procesal que amerite su examen oficioso en esta instancia, ya que deriva de un procedimiento en el que se cumplieron las formalidades esenciales previstas en las normas que lo rigen, además de estar debidamente fundada y motivada, lo que legalmente procede, es negar a la parte quejosa el amparo y la protección de la Justicia Federal. Séptimo. Publicidad. Con fundamento en los artículos 113 y 118 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública se hace la precisión que no será objeto de publicación los datos personales de las partes o secciones clasificadas como reservadas. R E S U E L V E: Primero. Se sobresee el presente juicio de amparo promovido por Doris Antonia Ic González, contra los actos que reclama del Delegado del Registro Agrario Nacional en Yucatán, por las consideraciones expuestas en el considerando tercero de esta resolución. Segundo. La justicia de la unión no ampara ni protege a Doris Antonia Ic González, contra los actos que reclama del Delegado del Registro Agrario Nacional en Yucatán y de otras autoridades, por los motivos expuestos en el considerando sexto de esta resolución. Tercero. Se tiene a las partes en este juicio constitucional, por no opuestas a la publicación de sus datos personales. Notifíquese personalmente. Así lo resolvió y firma el licenciado, Adrián Fernando Novelo Pérez, Juez Primero de Distrito en el Estado, ante la secretaria Estefanni Romero Navarro, que autoriza y da fe, hoy veintitrés de mayo de dos mil veintidós, en que lo permitieron las labores del juzgado.

  3. Principal

    Mérida, Yucatán, siete de marzo de dos mil veintidós. Vista la cuenta que antecede, se agregan los oficios signados por la Encargada del Despacho de la Delegación del Registro Agrario Nacional en el Estado de Yucatán, el Jefe de Departamento de Titulación y Castro Rural del Registro Agrario Nacional, mediante los cuales hacen manifestaciones, y toda vez que con fecha veintiocho de febrero del año en curso, se celebró la audiencia constitucional respectiva, pero aún no se ha dictado la sentencia definitiva; en consecuencia, agréguense, al presente cuadernillo el cual será glosado al cuaderno principal una vez que se dicte la sentencia correspondiente. Notifíquese. Así lo acordó y firma el licenciado Adrián Fernando Novelo Pérez, Juez Primero de Distrito en el Estado, ante la licenciada Estefanni Romero Navarro, secretaria que autoriza y da fe.

  4. Principal

    Mérida, Yucatán, veintiocho de febrero de dos mil veintidós. Vista la cuenta que antecede de la que se advierte, que en el presente juicio de amparo 1008/2021-VI, se celebró la audiencia constitucional respectiva, pero aún no se ha dictado la sentencia definitiva; en consecuencia, se abre el presente cuadernillo el cual será glosado al cuaderno principal una vez que se dicte la sentencia correspondiente. Por otra parte, por recibido el oficio signado por la Encargada del Despacho del Registro Agrario Nacional, Delegación Yucatán, mediante el cual informa que dentro de su organigrama no existe el cargo de Director de Catastro y Asistencia Técnica, ni tampoco Jefe del Departamento de Catastro Rural, y dado que como se señaló en párrafos que anteceden, en el presente asunto se celebró la audiencia constitucional, por tanto se ordena agregar al presente cuadernillo únicamente para que obre como corresponda y sin mayor proveído al respecto. Notifíquese. Así lo acordó y firma el licenciado Adrián Fernando Novelo Pérez, Juez Primero de Distrito en el Estado, ante la licenciada Estefanni Romero Navarro, secretaria que autoriza y da fe.

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