Doris Alejandra Tabora Cardona

Expediente 576/2021 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Chiapas, con residencia en Tapachula. 4 actuaciones registradas, la última del 23 de noviembre de 2021.

Datos del expediente

Expediente
576/2021
Año
2021
Actuaciones
4
Última actuación
23/11/2021

Partes del expediente

  • Doris Alejandra Tabora Cardona

Actuaciones

  1. Principal

    Tapachula de Córdova y Ordoñez, Chiapas, a veintitrés de noviembre de dos mil veintiuno. Visto el estado que guardan los autos y la certificación de cuenta, se advierte que a la presente fecha ha transcurrido el término legal de cinco días previsto en el artículo 98 de la Ley de Amparo, para que la parte promovente interpusiera recurso de queja en contra del proveído que tuvo por no presentada su demanda de amparo. En consecuencia, con fundamento en los numerales 288, 356, fracción II y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se declara que ha causado estado el auto por el que se tuvo por no presentada la demanda. Ahora bien, en cumplimiento a lo dispuesto en el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales EDUARDO SUMUANO AGUILAR 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.01.d6.80 13/10/22 13:22:38 2 generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, se provee lo siguiente. JUICIO DE AMPARO DESTRUIBLE Acorde con lo dispuesto en el artículo 21, inciso d) del Acuerdo General de referencia, el presente asunto es susceptible de destrucción, al ser un juicio de amparo en el que se tuvo por no presentada la demanda respecto de todos los actos reclamados, y en el que no existen documentos originales exhibidos por la parte quejosa. Asimismo, a consideración de este juzgado de Distrito, el presente sumario carece de relevancia documental y no encuadra en supuesto alguno de los establecidos en el artículo 15 del citado Acuerdo General; por lo cual, una vez transcurridos tres años a partir de esta fecha, deberá transferirse el juicio principal a los depósitos documentales dependientes de la Dirección General de Archivo y Documentación, previa anotación correspondiente en los libros de gobierno. Háganse las anotaciones respectivas en la carátula del expediente para una mejor identificación del mismo. DIGITALIZACIÓN Y FE DE COINCIDENCIA ENTRE EXPEDIENTES En cumplimiento al párrafo segundo, del artículo 25, del acuerdo invocado, se comisiona al Secretario para que verifique la digitalización de las actuaciones, para posteriormente dar fe de que el expediente electrónico coincide con el impreso; hecho lo cual, se procederá a la remisión física del expediente al archivo correspondiente. EDUARDO SUMUANO AGUILAR 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.01.d6.80 13/10/22 13:22:38 3 Amparo indirecto 576/2021 TRANSPARENCIA Con fundamento en los artículos 3º, 8º, 9º, 67, fracción II, 68, 98, 104, 108, 110, 113, 117 y 118 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, publicada en el Diario Oficial de la Federación el nueve de mayo de dos mil dieciséis, hágase saber a la parte quejosa que este órgano jurisdiccional está obligado a hacer público el presente expediente, debiendo en su caso suprimirse la información que tenga el carácter de reservada o confidencial. DEVOLUCIÓN DE DOCUMENTOS Finalmente, dado que no existen en autos documentos originales exhibidos por la parte quejosa, no es necesario requerirla para que los recoja, como lo exige el artículo 21 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal. Notifíquese. Así lo proveyó y firma Rosa Patricia Córdova Rangel, Jueza Primero de Distrito en el Estado de Chiapas, asistida de Eduardo Sumuano Aguilar, Secretario del Juzgado con quien actúa y da fe. Doy Fe.

  2. Principal

    Tapachula de Córdova y Ordóñez, Chiapas, a nueve de noviembre de dos mil veintiuno. Visto lo de cuenta, agréguense a sus antecedentes para los efectos legales conducentes, los informes de suspensión de plano que rinden el Titular de la Oficina de Representación y el Subdirector de Servicios Operativos y Atención al Migrante, ambos del Instituto Nacional de Migración, con sede en esta ciudad. Sin que sea necesario dar vista a las partes toda vez que en el presente juicio se tuvo por no presentada la demanda de amparo. Notifíquese. Así lo proveyó y firma Mario Francisco García Cancino, Secretario del Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Chiapas, en funciones de Juez de Distrito, en términos del artículos 43, párrafo segundo y 81, fracción XXII, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en relación con el artículo 40, fracción V, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que reglamenta la organización y funcionamiento del propio Consejo, conforme a la autorización notificada mediante oficio CCJ/ST/0390/2021 de la Secretaría Técnica de la Comisión de Carrera Judicial del propio Consejo, quien a su vez es asistido por el licenciado Eduardo Sumuano Aguilar, Secretario del Juzgado con quien actúa y da fe. Doy Fe.

  3. Principal

    Tapachula de Córdova y Ordóñez, Chiapas, a ocho de noviembre de dos mil veintiuno. Visto el contenido de la diligencia practicada por el Actuario adscrito a este juzgado de la cual, se advierte que Doris Alejandra Tabora Cardona, no ratificó la demanda de amparo promovida a su favor. En consecuencia, se hace efectivo el apercibimiento decretado en el auto inicial y con fundamento en el tercer párrafo del artículo 15, de la Ley de Amparo, se tiene por no presentada la demanda de amparo, quedando sin efectos las providencias dictadas en el presente juicio. Háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno respectivo. Asimismo, informa la imposibilidad de entregar el oficio 13420, toda vez que la autoridad a quien va dirigido no existe, sin que sea necesario acordar lo conducente, en virtud que en el párrafo que antecede se tuvo por no presentada la demanda. Notifíquese personalmente. Así lo proveyó y firma Mario Francisco García Cancino, Secretario del Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Chiapas, en funciones de Juez de Distrito, en términos del artículos 43, párrafo segundo y 81, fracción XXII, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en relación con el artículo 40, fracción V, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que reglamenta la organización y funcionamiento del propio Consejo, conforme a la autorización notificada mediante oficio CCJ/ST/0390/2021 de la Secretaría Técnica de la Comisión de Carrera Judicial del propio Consejo, quien a su vez es asistido por el licenciado Eduardo Sumuano Aguilar, Secretario del Juzgado con quien actúa y da fe. Doy Fe.

  4. Principal

    Tapachula de Córdova y Ordóñez, Chiapas, a cuatro de noviembre de dos mil veintiuno. RADICACIÓN Vista la demanda promovida por Francisco Javier Pérez Mendoza en favor de Doris Alejandra Tabora Cardona, mediante la cual solicita el amparo y protección de la Justicia Federal, contra actos del Titular de la Oficina de Representación del Instituto Nacional de Migración, con residencia en esta ciudad y otras autoridades; fórmese el cuaderno correspondiente y regístrese en el libro de gobierno respectivo, así como en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE), bajo el número 576/2021. Del análisis integral de la demanda de amparo, se obtiene que la parte quejosa reclama, en esencia, lo siguiente: SUSPENSIÓN DE PLANO Ahora, del análisis integral de la demanda de amparo, se aduce que la parte quejosa reclama, entre otras cosas, lo siguiente: La detención fuera de procedimiento por más de treinta y seis horas en las instalaciones de la Estación Migratoria Siglo XXI de la Secretaría de Gobernación, ubicada en esta ciudad. La inminente orden de deportación y/o expulsión. La incomunicación. La orden de traslado a otra estación migratoria Luego, con la finalidad de garantizar una pronta y expedita impartición de justicia en términos del artículo 17 constitucional, y además, ante el peligro de que continúen ejecutándose los actos reclamados, con fundamento en el artículo 125 de la legislación de la materia, se decreta la suspensión de oficio y de plano en los siguientes términos: Se ordena a las autoridades responsables hacer cesar de inmediato cualquier acto prohibido por el artículo 22 Constitucional, en correlación directa con el 126 de la Ley de Amparo; particularmente, deberán cesar de inmediato los actos sobre la parte quejosa, que se traducen en mantenerla presentada, asegurada, alojada, o detenida de manera indefinida, en las instalaciones de la Estación Migratoria Siglo XXI, situada en esta ciudad, así como incomunicada; además deberán impedir la ejecución de cualquier orden para que la parte quejosa sea deportada, expulsada o repatriada a su país de origen de manera arbitraria, o bien, trasladada a una diversa estación migratoria, en atención al respeto y tutela de los derechos humanos consagrados en nuestra Carta Magna y los tratados internacionales que nuestro país ha suscrito con otros. En ese sentido, y derivado de la situación de pandemia que vive el País generada por el virus denominado COVID-19, las autoridades migratorias bajo su más estricta responsabilidad, deberán resguardar a la parte quejosa acorde a las medidas sanitarias o protocolos decretados por las autoridades de salud. De conformidad con el artículo 160 de la Ley de Amparo, y por cuanto hace a los actos que ahí se describen, la parte amparista queda a disposición de este juzgado de Distrito, en el lugar en que se encuentra alojada, sólo en lo que se refiere a su libertad personal, hasta en tanto se comunique a las autoridades responsables la subsistencia de la medida. Asimismo, las autoridades responsables en términos de los artículos 164 de la Ley de Amparo, 66, 107, 109 y 112 de la Ley de Migración, así como del Protocolo de Actuación para Quienes Imparten Justicia en Casos que Afecten a Personas Migrantes y Sujetas de Protección Internacional, deberán bajo la óptica encaminada a la búsqueda y aplicación de medidas alternativas a la detención en la estación migratoria, en que ésta se utilice como último recurso, al tratarse per se, de una privación de la libertad personal, cualquiera que sea su forma de denominación (aseguramiento o alojamiento); de no ser posible un alojamiento distinto, entonces debe examinar que se cumplan y garanticen sus derechos mientras dure su estadía en ese lugar en estricto acatamiento a los plazos máximos fijados por la ley. Por tanto, mientras permanezca en las instalaciones señaladas, esa medida debe tener por efecto que la autoridad migratoria: 1. Identifique e individualice a la migrante; 2. Especifique la temporalidad de la detención y si ha tenido derecho a asesoría y representación jurídica durante ese lapso; 3. Corrobore el estado de salud; y, 4. La ponga en contacto con el consulado de su país, salvo que pueda acceder al asilo político o al reconocimiento de la condición de refugiado. Asimismo, las autoridades responsables en términos de la Ley de Migración, deberán: _ Garantizar la seguridad personal de los migrantes. _ Respetar sus derechos humanos sin ningún tipo de discriminación. _ Dar a conocer los derechos de la persona presentada de acuerdo a lo estipulado en el precepto 109, tales como: Informar el motivo del ingreso a la estación migratoria, así como del procedimiento migratorio; de la posibilidad de que solicite el reconocimiento de refugiado o de apátrida; podrá, si lo desea, regularizar su estancia en el país de conformidad con lo establecido en los preceptos 132, 133 y 134 de la Ley de Migración; puede solicitar voluntariamente el retorno asistido a su país de origen; el derecho de interponer un recurso efectivo contra las resoluciones del Instituto; Que tiene derecho a recibir la protección de su representación consular, así como establecer comunicación con ésta, facilitándole los medios; Informarle su derecho a un procedimiento por autoridad competente, así como a recibir asesoría legal, ofrecer pruebas y alegar lo que crea conveniente y que tendrá acceso a las constancias del expediente administrativo migratorio que se le instaure; En caso de que no hable español, contará con un traductor o intérprete para facilitarle la comunicación; Que tiene derecho a acceder a comunicación telefónica; A recibir alimentos, productos básicos para su aseo personal, atención médica; entre otros. Ser visitado por sus familiares y por su representante o defensor. La medida cautelar concedida no surtirá efectos y, por consiguiente, no se proyectará sobre la detención de la parte quejosa, si la restricción de la libertad se efectuó en cumplimiento de una orden librada en su contra por autoridad diversa de las aquí señaladas como responsables o se le haya sorprendido en la comisión de delito flagrante. Finalmente, debe subrayarse que esta medida cautelar en ningún momento representa un salvo conducto, ni sustituye a la resolución que, en su caso, debe emitir la autoridad competente. Cabe destacar que el Segundo Tribunal Colegiado en Materias Penal y Civil del Vigésimo Circuito en el testimonio de ejecutoria del recurso de queja 142/2021, determinó que la medida cautelar concedida no puede tener el alcance permitirle a la parte quejosa el libre tránsito a través del país, en virtud de que este se encuentra sujeto a los límites reseñados en párrafos precedentes, pues otorgarle dicha pretensión significaría el otorgamiento de algo adicional previo a la promoción del amparo, aunado a que en este momento se desconoce su situación legal en el país. CUMPLIMIENTO Se apercibe a las autoridades responsables que de no dar cumplimiento a esta medida cautelar o de no informar el impedimento legal o material existente, se les impondrá en lo individual [específicamente a la persona física que ocupe el cargo público respectivo], una multa de conformidad con el numeral 237, fracción I, en relación al 259, de la Ley de Amparo1, asimismo se procederá en su contra en términos de su artículo 262, fracción III. INFORME DE SUSPENSIÓN DE PLANO Solicítese a las autoridades responsables para que en el plazo de veinticuatro horas, contado a partir de que se encuentren notificadas de este acuerdo, envíen a este juzgado copia certificada de las constancias en que se patentice el cumplimiento que han dado a la medida cautelar concedida; apercibidas que de no hacerlo, se impondrá a la omisa, la medida de apremio antes apuntada. SIGNATURA DE OFICIOS Se autoriza a los secretarios y actuarios de este órgano jurisdiccional a firmar los oficios que se originen de la presente determinación, ya sea de manera autógrafa o por medio de su signatura electrónica [FIREL o FIEL]. COMISIÓN A LOS ACTUARIOS DE LA ADSCRIPCIÓN Asimismo, se comisiona al actuario judicial de la adscripción para que preferentemente envíe los oficios generados con motivo de la presente determinación, a través del correo electrónico que corresponda a las instituciones destinatarias, previa búsqueda que realice de dichas direcciones electrónicas en el concentrado de correos electrónicos institucionales de las entidades federativas y dependencias locales, o en caso de ser necesario, en la página oficial de las dependencias en cuestión, debiendo corroborar la recepción de los mismos a fin de que surta efectos la notificación en términos de lo dispuesto en los artículos 28 y 30 de la Ley de Amparo, debiendo generar constancia de todo ello en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). INFORMACIÓN A LAS AUTORIDADES RESPONSABLES Asimismo, se informa a las autoridades responsables que se encuentra a su disposición el correo electrónico oficial de este juzgado 1jdo20cto@correo.cjf.gob.mx, el número de fax 962 62 61 84 1 (en un horario comprendido de las ocho a las doce horas), y la dirección del propio órgano jurisdiccional ubicado en edificio sede del Poder Judicial de la Federación en Tapachula, Predio Huerto Santa Isabel, carretera a Cantón Murillo, km 0 450, colonia Innominada, Tapachula, Chiapas C.P. 30785, con la finalidad de hacer llegar los informes y documentos que así estimen conducentes. De la misma manera, se les solicita que informen a este juzgado si cuentan con correo institucional para efecto de que, de así solicitarlo, la subsecuentes notificaciones que se generen se puedan realizar por ese medio, en términos de lo dispuesto por los artículos 28 y 30 de la Ley de Amparo y los ordinales 22, fracción II, y 23, fracción III, del acuerdo general 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus covid-19. NOTIFICACIÓN A LA PARTE QUEJOSA Y RATIFICACIÓN DE DEMANDA Ahora bien, tomando en consideración que, de la lectura de la demanda de amparo, se advierte que el promovente manifestó que la quejosa Doris Alejandra Tabora Cardona, se encuentra alojada en la estación Migratoria Siglo XXI. En consecuencia, comisiónese al actuario de la adscripción para efecto de que se constituya en el lugar antes citado y le notifique el presente proveído; asimismo, la requiera para que en la diligencia de notificación o dentro del plazo de tres días, siguientes al de la diligencia, ratifique la demanda de amparo en los términos en que fue promovida a su favor por diversa persona, con el apercibimiento que de no hacerlo se tendrá por no presentada y quedarán sin efectos las providencias decretadas; con apoyo en lo dispuesto por el numeral 15 de la Ley de Amparo. Asimismo, el funcionario encomendado deberá dar fe de la integridad física de la quejosa y de las condiciones de su confinamiento, a fin de estar en aptitud de acordar lo procedente. PREVENCIÓN Con el fin de proveer respecto de la admisión o desechamiento de la demanda, es importante transcribir lo establecido en el artículo 114 de la Ley de Amparo, que en su párrafo primero textualmente dispone: "El órgano jurisdiccional mandará requerir al promovente que aclare la demanda, señalando con precisión en el auto relativo las deficiencias, irregularidades u omisiones que deban corregirse (.) II. Se hubiere omitido alguno de los requisitos que establece el artículo 108 de esta Ley: .". Por lo tanto, con fundamento en el artículo 114, fracciones I y V, en relación al 108, fracción IV, de la Ley de Amparo, se requiere a la parte quejosa para que en el plazo de cinco días, contado a partir del siguiente al en que se encuentre notificada de este acuerdo o en el acto de la notificación bajo protesta de decir verdad, aclaren su demanda en los aspectos siguientes: PREVENCIÓN Con el fin de proveer respecto de la admisión o desechamiento de la demanda, es importante transcribir lo establecido en el artículo 114 de la Ley de Amparo, que en su párrafo primero textualmente dispone: "El órgano jurisdiccional mandará requerir al promovente que aclare la demanda, señalando con precisión en el auto relativo las deficiencias, irregularidades u omisiones que deban corregirse (.) II. Se hubiere omitido alguno de los requisitos que establece el artículo 108 de esta Ley: .". Por lo tanto, con fundamento en el artículo 114, fracciones I y V, en relación al 108, fracción IV, de la Ley de Amparo, se requiere a la parte quejosa para que en el plazo de cinco días, contado a partir del siguiente al en que se encuentre notificada de este acuerdo o en el acto de la notificación bajo protesta de decir verdad, aclaren su demanda en los aspectos siguientes: Primero.- Manifieste la fecha en que tuvo conocimiento de los actos reclamados consistentes en las órdenes de aseguramiento, expulsión o deportación. Segundo.- Señale si existe en su contra algún procedimiento de regularización migratoria y el estado procesal del mismo, en virtud de que señala como acto la deportación, la cual es la sanción que se emite como conclusión de dicho procedimiento administrativo. Tercero.- Asimismo, deberá precisar qué actos reclama a las autoridades domiciliadas fuera de la jurisdicción de este Juzgado, habida cuenta que el señalamiento de los actos reclamados a las mismas resulta ambiguo, es decir, no se justifica cual es la razón de incorporarlas a la contienda constitucional. Cuarto.- Indique si contra actos similares a los ahora reclamados ha promovido con anterioridad un diverso juicio de amparo, debiendo indicar el número que le haya recaído y el órgano jurisdiccional que lo tramita o que conoció del mismo. Se apercibe a la parte quejosa que de no dar respuesta de manera precisa a esta prevención, se tendrá por no presentado el libelo que se trata, de conformidad con el penúltimo párrafo del numeral 114 de la Ley de Amparo. En el entendido de que si con posterioridad y con motivo de las constancias allegadas por las partes, este tribunal advierte que la parte promovente, sus representantes, abogados y/o autorizados afirmaron hechos falsos u omitieron los que le constaba con relación al acto reclamado y sus antecedentes, lo manifestado en su demanda y/o aclaración, se procederá contra quien resulte responsable en la comisión del delito federal de falsedad, previsto en el artículo 261, de la Ley de Amparo. En el entendido de que el desahogo de la prevención de referencia la deberá realizar directamente la parte quejosa, pues de conformidad con el artículo 12 de la Ley de Amparo, el autorizado en términos amplios no está facultado para desahogar prevenciones en las cuales el quejoso deba manifestar "bajo protesta de decir verdad" los hechos que le consten. Apoya a lo anterior, la jurisprudencia 50/2014 (10ª), de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que se publica en la página 210, Libro 9, agosto de 2014, Tomo I del Semanario Judicial de la Federación, del rubro siguiente: "AUTORIZADO EN TÉRMINOS AMPLIOS DEL ARTÍCULO 12 DE LA LEY DE AMPARO. NO ESTÁ FACULTADO PARA DESAHOGAR PREVENCIONES EN LAS CUALES DEBAN MANIFESTARSE, "BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD", ANTECEDENTES DEL ACTO RECLAMADO QUE SE OMITIERON AL PRESENTARSE LA DEMANDA RELATIVA". HABILITACIÓN DE DÍAS Y HORAS INHÁBILES En aras de una impartición de justicia pronta y expedita, como lo ordena el artículo 17 de la Constitución General de la República y con fundamento en el artículo 21, párrafo tercero, de la Ley de Amparo, para el caso de que en el presente asunto deban de realizarse notificaciones personales a cualesquiera de las partes que intervienen en el mismo, se habilitan los días y horas inhábiles que resulten necesarios para que el funcionario judicial de la adscripción pueda efectuar las mismas. ACCESO AL ACTUARIO JUDICIAL ADSCCRITO Hágase del conocimiento a las autoridades responsables que deberán facilitar el acceso al actuario judicial adscrito, a cualquiera de los sitios, áreas, o estancias de que consten las instalaciones del recinto oficial en que se ubiquen, para lograr la localización del agraviado; respetando su autoridad y cuidando las medidas de seguridad implementadas para resguardarse del virus Covid-19; bajo el apercibimiento que de no hacerlo así se procederá en su contra de acuerdo a la ley. Se requiere a la autoridad que físicamente tenga bajo su guarda o custodia a la impetrante de amparo, para que de necesitar éste atención médica, le sea proporcionada de inmediato, debiendo salvaguardar su integridad física conforme al estado de salud que presenta, debiéndose tomar las medidas pertinentes que aseguren que el impetrante no evada la acción de la justicia; y de acreditarse los actos reclamados, así como que dicha autoridad no procedió en la manera indicada en este proveído, se dará vista al agente del Ministerio Público de la Federación de la adscripción para los efectos a que haya lugar. DIGITALIZACIÓN DE CONSTANCIAS Los responsables en el manejo de este expediente, procederán a la oportuna digitalización de las constancias que lo integren (escaneo de las constancias judiciales, resguardo electrónico y proceso técnico informático y documental), con excepción de los anexos que dadas sus características y voluminosidad la dificulten. Todo ello a efecto de cumplir con el artículo 3, párrafos quinto y sexto de la ley de la materia. Notifíquese personalmente a la directa quejosa. Así lo proveyó y firma Mario Francisco García Cancino, Secretario del Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Chiapas, en funciones de Juez de Distrito, en términos del artículos 43, párrafo segundo y 81, fracción XXII, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en relación con el artículo 40, fracción V, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que reglamenta la organización y funcionamiento del propio Consejo, conforme a la autorización notificada mediante oficio CCJ/ST/0390/2021 de la Secretaría Técnica de la Comisión de Carrera Judicial del propio Consejo, quien a su vez es asistido por Eduardo Sumuano Aguilar, Secretario del Juzgado con quien actúa y da fe. Doy Fe.

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