Dorilian Lopez Alatorre

Expediente 340/2020 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Chiapas, con residencia en Tapachula. 5 actuaciones registradas, la última del 17 de febrero de 2021.

Datos del expediente

Expediente
340/2020
Año
2020
Actuaciones
5
Última actuación
17/02/2021

Partes del expediente

  • Dorilian Lopez Alatorre

Actuaciones

Las 4 más recientes de 5.

  1. Principal

    MESA 6-A.- Con apoyo en el artículo 3 de la Ley de Amparo, se agrega a los autos la comunicación signada por el secretario de acuerdos del Primer Tribunal Colegiado en Materias Penal y Civil del Vigésimo Circuito, con residencia en Tuxtla Gutiérrez, Chiapas y anexo. Acúsese recibo vía SISE. Ahora bien, de la ejecutoria que anexa al oficio de cuenta, se advierte que el citado Tribunal declaró infundado el recurso de queja interpuesto por Dorilian López Alatorre, contra el auto que desechó de plano la demanda de amparo por notoriamente improcedente. Por otra parte, se ordena la destrucción de las copias certificadas remitidas, para evitar así dualidad de constancias innecesarias, toda vez que las mismas constan de las copias del expediente en que se actúa; por tanto, comisiónese para tal efecto al actuario judicial adscrito a este Órgano de Control Constitucional. ANOTACIONES Se ordena realizar las anotaciones correspondientes en el Libro de Gobierno respectivo y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE); y de conformidad con el artículo 214 de la Ley de Amparo, archívese este juicio como asunto concluido. En cumplimiento a lo dispuesto en el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado el veinticinco de marzo de dos mil veinte en el Diario Oficial de la Federación, se ordena: 1. Destruir el expediente principal, ya que se actualiza la hipótesis del inciso d), artículo 21, del citado Acuerdo General conjunto, al ser un juicio en el que se desechó la demanda de amparo y carece de relevancia documental; hecho que deberá realizarse una vez transcurridos tres años a partir de esta fecha, previa formulación del acta y relación correspondiente para la plena identificación del expedientillo destruido, tal como lo disponen los numerales 21, 22 y 23 del acuerdo normativo.

  2. Principal

    MESA 6-A.- Con fundamento en el artículo 3 de la Ley de Amparo, se tiene por recibido y se ordena agregar a los autos el oficio del secretario de acuerdos del Primer Tribunal Colegiado en Materias Penal y Civil del Vigésimo Circuito, con residencia en Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, por medio del cual acusa recibo del diverso 15672/2020 del índice de este juzgado, e informa que admitió el recurso de queja interpuesto en este juicio de amparo, radicándolo con el número 107/2020.

  3. Principal

    MESA 6-A. Vista la diligencia de notificación practicada por la fedataria judicial adscrita a este órgano de control constitucional, se advierte que el directo quejoso XXXXXXXXXXX, interpone RECURSO DE QUEJA, contra el auto de diecinueve de octubre del año en curso, en el que se desechó la demanda de amparo. En consecuencia, con fundamento en los artículos 97, fracción I, inciso a), 98, 99, 100 y 101 de la Ley de Amparo, se rinde el informe sobre la materia de la queja, en el sentido que es cierto que este Juzgado Federal emitió el acuerdo de diecinueve de octubre de dos mil veinte, en el que se desechó de plano la demanda de amparo por notoria improcedencia; por tanto, remítase el presente asunto debidamente integrado al Tribunal Colegiado en Materias Penal y Civil del Vigésimo Circuito en turno, con residencia en Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, con el informe sobre la materia de la queja, para la substanciación del medio de impugnación interpuesto. Sin que sea aplicable al caso, lo establecido en el artículo 101, primer párrafo, de la ley en la materia, respecto a que se instruya se notifique a las demás partes la interposición del recurso de queja, para que en el plazo de tres días señalen las constancias que en copia certificada deberán remitirse a la superioridad para resolver el mismo, puesto que el recurso de queja es contra el auto que desecho la demanda de amparo y por ende, no hay partes en el asunto. Por último, háganse las anotaciones respectivas en el libro de gobierno y fórmese el cuadernillo de antecedentes. Ahora bien, por cuanto el quejoso se encuentra recluido en el Centro Federal de Readaptación Social número Quince, con residencia en Villa Comaltitlán, Chiapas, es decir fuera de la residencia de este Juzgado, pero dentro de esta jurisdicción, en términos del artículo 156 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, hágase del conocimiento del Consejo de la Judicatura Federal, que el actuario adscrito a este Juzgado debe trasladarse a dicho centro carcelario.

  4. Principal

    MESA 6-A.- Vista la diligencia de notificación practicada por la Fedataria Judicial adscrita a este órgano de control constitucional, se advierte que el directo quejoso Dorilian López Alatorre, dio cumplimiento a la prevención realizada el cinco de octubre del presente año, aclarando que el reclama la determinación emitida por la Sala Regional Colegiada en Materia Penal Zona 02 Tapachula, y que la fecha en que fue notificado es el siete de julio de dos mil diecinueve; atento a lo anterior se acuerda: DESECHAMIENTO De conformidad con el artículo 1131, de la Ley de Amparo, el Juez de Distrito está obligado a examinar la demanda y, de encontrar motivo manifiesto e indudable de improcedencia, debe desecharla de plano. El concepto "motivo manifiesto e indudable de improcedencia", ha sido explicado en la tesis jurisprudencial I.1º.A. J/4, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, sustentada por el Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del 1 "Artículo 113.- El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano". Primer Circuito, Novena Época, Mayo 1998, Tomo VII, visible a página 890, que dice: "DESECHAMIENTO DE LA DEMANDA DE GARANTÍAS. CAUSA DE IMPROCEDENCIA MANIFIESTA E INDUDABLE. De conformidad con el artículo 145 de la Ley de Amparo, el Juez de Distrito está obligado a examinar el escrito de demanda y si encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia la desechará de plano. Lo manifiesto se da cuando el motivo de improcedencia se advierte en forma patente y absolutamente clara de la lectura del libelo, de los escritos aclaratorios o de ampliación (cuando los haya) y de los documentos que se anexen a tales promociones; lo indudable resulta de que se tenga la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trate es operante en el caso concreto, de tal modo que aun cuando se admitiera la demanda y se sustanciara el procedimiento no resultara factible formarse una convicción diversa, independientemente de los elementos que eventualmente pudieran allegar las partes". Esencialmente la tesis en cuestión refiere que para el desechamiento de plano de una demanda de garantías, es necesario que se advierta un motivo de improcedencia del juicio constitucional; además, que este motivo sea manifiesto; es decir, cuando deviene en forma patente y absolutamente clara, de la lectura del líbelo y, finalmente, que también sea indudable, lo cual resulta de la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trata es operante en el caso concreto. Ahora, este Juzgador advierte que se actualiza un motivo manifiesto e indudable de improcedencia, pues de lo manifestado por el propio quejoso, se advierte que el acto reclamado en la presente vía constitucional de manera destacada es: ? La determinación emitida por la Sala Regional Colegiada en Materia Penal Zona 02 Tapachula, que no admitió la apelación que promovió. La anterior determinación se precisa con apoyo en la tesis jurisprudencial 565, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 628, tomo II, Procesal Constitucional 1, Común Primera Parte - SCJN Quinta Sección, Novena Época, del Apéndice 1917-septiembre 2011, que dice: "ACTOS RECLAMADOS. DEBE ESTUDIARSE ÍNTEGRAMENTE LA DEMANDA DE AMPARO PARA DETERMINARLOS. Si del análisis integral del escrito de demanda se llega al conocimiento de que, aunque no de manera formal, se señala algún acto como lesivo de garantías dentro de los conceptos de violación o en cualquier otra parte de la demanda de amparo, debe tenérsele como acto reclamado y estudiarse su constitucionalidad en la sentencia, pues ha sido criterio reiterado de esta Suprema Corte de Justicia, considerar la demanda como un todo". En ese sentido tenemos que, se actualiza la causa de improcedencia prevista en el numeral 61, fracción XIV, en relación al diverso 17, de la Ley de Amparo, atento a las consideraciones siguientes: El artículo 61, fracción XIV, de la Ley de Amparo señala: "Artículo 61.- "El juicio de amparo es improcedente: (...) XIV. Contra normas generales o actos consentidos tácitamente, entendiéndose por tales aquéllos contra los que no se promueva el juicio de amparo dentro de los plazos previstos. No se entenderá consentida una norma general, a pesar de que siendo impugnable en amparo desde el momento de la iniciación de su vigencia no se haya reclamado, sino sólo en el caso de que tampoco se haya promovido amparo contra el primer acto de su aplicación en perjuicio del quejoso. Cuando contra el primer acto de aplicación proceda algún recurso o medio de defensa legal por virtud del cual pueda ser modificado, revocado o nulificado, será optativo para el interesado hacerlo valer o impugnar desde luego la norma general en juicio de amparo. En el primer caso, sólo se entenderá consentida la norma general si no se promueve contra ella el amparo dentro del plazo legal contado a partir del día siguiente de aquél al en que surta sus efectos la notificación de la resolución recaída al recurso o medio de defensa, si no existieran medios de defensa ordinarios en contra de dicha resolución, o de la última resolución recaída al medio de defensa ordinario previsto en ley contra la resolución del recurso, aun cuando para fundarlo se hayan aducido exclusivamente motivos de ilegalidad. Si en contra de dicha resolución procede amparo directo, deberá estarse a lo dispuesto en el capítulo respectivo a ese procedimiento." Por su parte, el numeral 17, de ese ordenamiento legal, preceptúa: Artículo 17. El plazo para presentar la demanda de amparo es de quince días, salvo: I. Cuando se reclame una norma general autoaplicativa, o el procedimiento de extradición, en que será de treinta días; II. Cuando se reclame la sentencia definitiva condenatoria en un proceso penal, que imponga pena de prisión, podrá interponerse en un plazo de hasta ocho años; III. Cuando el amparo se promueva contra actos que tengan o puedan tener por efecto privar total o parcialmente, en forma temporal o definitiva, de la propiedad, posesión o disfrute de sus derechos agrarios a los núcleos de población ejidal o comunal, en que será de siete años, contados a partir de que, de manera indubitable, la autoridad responsable notifique el acto a los grupos agrarios mencionados; IV. Cuando el acto reclamado implique peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales, en que podrá presentarse en cualquier tiempo. Ahora bien, conforme a la disposición legal transcrita, la impugnación mediante el juicio de amparo de un acto que se considere inconstitucional, puede hacerse dentro de diversos plazos, a saber: a) Quince días, por regla general; b) Treinta días, cuando se reclame una norma general autoaplicativa, o bien, el procedimiento de extradición: c) Ocho años, cuando se reclame la sentencia definitiva condenatoria en un proceso penal, que imponga pena de prisión; d) Siete años, cuando el amparo se promueva contra actos que tengan o puedan tener por efecto privar total o parcialmente, en forma temporal o definitiva, de la propiedad, posesión o disfrute de sus derechos agrarios a los núcleos de población ejidal o comunal. Dicho plazo se computará a partir de que, de manera indubitable, la autoridad responsable notifique el acto a los grupos agrarios mencionados; e) En cualquier tiempo, cuando el acto reclamado implique peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales. Conforme a lo expuesto en párrafos precedentes, se concluye que cuando no se actualice alguno de los supuestos especificados por el legislador federal en las diversas fracciones del artículo 17 de la Ley de Amparo, el plazo para promover la demanda será de quince días, plazo que se computará, acorde con lo dispuesto en el diverso numeral 18 de la Ley de Amparo, a partir del día siguiente a aquél en que surta efectos, conforme a la ley del acto, la notificación al quejoso del acto o resolución que reclame o a aquél en que haya tenido conocimiento o se ostente sabedor del acto reclamado o de su ejecución, salvo el caso de la fracción I, del artículo anterior en el que se computará a partir del día de su entrada en vigor. Precisado lo anterior, el promovente del amparo, manifestó bajo protesta de decir verdad, en su capitulo de hechos y abstenciones, lo siguiente: ". Sin embargo el Magistrado Presidente de la Sala Regional Colegiada en Materia Penal Zona 02 Tapachula, a traves del proveído de 7 de junio de 2019, indebidamente declaró inadmisible el recurso de apelación antes citado." Luego, de la razón actuarial de cuenta se desprende lo siguiente: "Y reclama la determinación emitida por la Sala Regional Colegiada en Materia Penal Zona 02 Tapachula, que no admitió la apelación que promovió, y la fecha en que fue notificado es el 07 de julio de 2019." Ello, porque conforme al artículo 18 de la invocada ley el plazo a que hace alusión el mencionado numeral 17, de la ley de la materia, debe computarse desde el día siguiente a aquél en que surtió efectos la notificación, conforme a la ley del acto; o al día siguiente de haber tenido conocimiento, o se ostente sabedor del acto reclamado o de su ejecución; en el caso, el promovente quedó notificado de la determinación de la cual se adolece como acto reclamado, desde el siete de julio de dos mil diecinueve; la que surtió sus efectos el mismo día, de conformidad con el artículo 58 del Código de Procedimientos Penales del Estado de Chiapas, y comenzó a contabilizarse los quince días, el dia habil siguiente, ocho de julio de dos mil diecinueve, por lo que dicho plazo transcurrió del ocho al veintiséis de julio de dos mil diecinueve, sin contar días trece, catorce, veinte y veintiuno de julio, por ser inhabiles, conforme al artículo 19 de la Ley de Amparo. Sin que obste a lo anterio, que mediante el Acuerdo General 4/2020, emitido por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a las medidas de contingencia en los órganos jurisdiccionales por el fenómeno de salud pública derivado del virus COVID-19, se suspendieron las labores de los órganos jurisdiccionales del Poder Judicial de la Federación, a partir del dieciocho de marzo dos mil veinte y, mediante los diversos 6/2020, 8/2020, 10/2020, 13/2020, 15/2020, 18/2020 y 19/2020, emitidos por el citado órgano colegiado, se prorrogó dicha suspensión, hasta el treinta y uno de julio de dos mil veinte, (con excepción de los casos urgentes ahí precisados), por lo que en dicho lapso no corrieron plazos y términos procesales. Asimismo, el veintiocho de julio del año en curso, el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, emitió el Acuerdo General 21/2020, en el que a partir del tres de agosto siguiente levanta la suspensión de los plazos y términos decretada del dieciocho de marzo al treinta y uno de julio del año en curso. Por lo que es del conocimiento público, que a partir del tres de agosto del año en curso, los órganos jurisdiccionales Federales, reiniciaron labores, las cuales estaban suspendidas por el fenómeno de salud pública derivado del virus COVID-19. Tiene aplicación la jurisprudencia P./J. 115/2010, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XXXIII, Enero de 2011, página 5, con número de registro 163172, de rubro y texto siguientes: "DEMANDA DE AMPARO. EL PLAZO PARA PROMOVERLA DEBE COMPUTARSE A PARTIR DEL DÍA SIGUIENTE AL EN QUE EL QUEJOSO TUVO CONOCIMIENTO COMPLETO DEL ACTO RECLAMADO POR CUALQUIER MEDIO CON ANTERIORIDAD A LA FECHA EN LA QUE LA RESPONSABLE SE LO NOTIFICÓ. Conforme al artículo 21 de la Ley de Amparo, el plazo para promover la demanda de garantías será de 15 días y se contará desde el siguiente al en que haya surtido efectos, conforme a la ley del acto, la notificación al quejoso de la resolución o acuerdo que reclame; al en que haya tenido conocimiento de ellos o de su ejecución, o al en que se haya ostentado sabedor de los referidos actos, bastando en este último caso que así lo exponga en la demanda para que, si no existe prueba en contrario, la fecha de su propio reconocimiento constituya el punto de partida para determinar la oportunidad de su escrito. Esto significa que el quejoso no tiene porqué esperar a que la autoridad responsable le notifique formalmente el acto reclamado para que pueda solicitar la protección de la Justicia Federal, pues si ya tuvo conocimiento por otros medios de su existencia, no debe limitársele el acceso a los tribunales cuando puede impugnarlo en la vía de amparo. Lo anterior se corrobora con el artículo 166, fracción V, del ordenamiento legal citado, el cual prevé que en la demanda de amparo directo debe señalarse la fecha en que se haya notificado la sentencia definitiva, laudo o resolución que hubiere puesto fin al juicio, o la fecha en que el quejoso haya tenido conocimiento de la resolución reclamada; enunciado este último que reitera el derecho del quejoso de promover el juicio de amparo antes de que la responsable le notifique formalmente el fallo decisivo, cuando lo conoce por alguna causa ajena a la diligencia judicial con que se le debió dar noticia oficial de su contenido. En congruencia con lo anterior, si existe en autos prueba fehaciente de que el quejoso tuvo acceso al contenido completo del acto reclamado con anterioridad a la fecha en la que la responsable se lo notificó, debe contabilizarse la oportunidad de la demanda a partir de la primera fecha, pues sería ilógico permitirle, por un lado, la promoción anticipada del juicio cuando afirme que tuvo conocimiento del acto reclamado previamente a su notificación, pero, por otro, soslayar el mismo hecho cuando el juzgador o las demás partes sean quienes adviertan que así aconteció y que tal conocimiento se pretende ocultar. No debe soslayarse que aún en tratándose de cuestiones relacionadas con la transgresión a derechos humanos, los impetrantes queden eximidos de cumplir con los requisitos de admisibilidad y procedencia de la acción de amparo intentada, ya que el derecho humano a un recurso sencillo, rápido y efectivo, reconocido en el artículo 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, no es absoluto e ilimitado, pues implica la necesidad de que los instrumentos o medios procesales destinados a garantizar los derechos humanos sean efectivos y el simple establecimiento de requisitos o presupuestos formales necesarios para el estudio de fondo de los alegatos propuestos en el amparo no constituye, en sí mismo, una violación al derecho humano a un recurso judicial efectivo, pues en todo procedimiento o proceso existente en el orden interno de los Estados deben concurrir amplias garantías judiciales, entre ellas, las formalidades que deben observarse para garantizar el acceso a aquéllas. Además, por razones de seguridad jurídica, para la correcta y funcional administración de justicia y para la efectiva protección de los derechos de las personas, los Estados pueden y deben establecer presupuestos y criterios de admisibilidad, de carácter judicial o de cualquier otra índole, de los recursos internos; de manera que si bien es cierto que dichos recursos deben estar disponibles para el interesado y resolver efectiva y fundadamente el asunto planteado y, en su caso, proveer la reparación adecuada, también lo es que no siempre y en cualquier caso cabría considerar que los órganos y tribunales internos deban resolver el fondo del asunto que se les plantea, sin que importe verificar los presupuestos formales de admisibilidad y procedencia del recurso intentado. En este sentido, aun cuando resulta claro que el juicio de amparo es la materialización del derecho humano a un recurso judicial efectivo, reconocido tanto en la Constitución como en los tratados internacionales, el hecho de que el orden jurídico interno prevea requisitos formales o presupuestos necesarios para que las autoridades jurisdiccionales analicen el fondo de los argumentos propuestos por las partes no constituye, en sí mismo, una violación a dicho derecho humano. Lo anterior tiene apoyo en la tesis 1a. CCLXXV/2012, Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Décima Época, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Libro XV, diciembre de 2012, Tomo 1, página 525, que dice: "DERECHO HUMANO A UN RECURSO JUDICIAL EFECTIVO. EL HECHO DE QUE EN EL ORDEN JURÍDICO INTERNO SE PREVEAN REQUISITOS FORMALES O PRESUPUESTOS NECESARIOS PARA QUE LAS AUTORIDADES DE AMPARO ANALICEN EL FONDO DE LOS ARGUMENTOS PROPUESTOS POR LAS PARTES, NO CONSTITUYE, EN SÍ MISMO, UNA VIOLACIÓN DE AQUÉL. El derecho humano a un recurso sencillo, rápido y efectivo, reconocido en el artículo 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, implica la necesidad de que los instrumentos o medios procesales destinados a garantizar los derechos humanos sean efectivos; así, de acuerdo con este principio, la inexistencia de un recurso efectivo contra las violaciones a los derechos reconocidos por la citada Convención constituye su transgresión por el Estado parte. Al respecto, la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha señalado que para que exista el recurso, no basta con que esté previsto por la Constitución o la ley, o que sea admisible formalmente, sino que se requiere que sea realmente idóneo para determinar si se ha incurrido en una violación a los derechos humanos y proveer lo necesario para remediarla. Ahora bien, el simple establecimiento de requisitos o presupuestos formales necesarios para el estudio de fondo de los alegatos propuestos en el amparo no constituye, en sí mismo, una violación al derecho humano a un recurso judicial efectivo, pues en todo procedimiento o proceso existente en el orden interno de los Estados deben concurrir amplias garantías judiciales, entre ellas, las formalidades que deben observarse para garantizar el acceso a aquéllas. Además, por razones de seguridad jurídica, para la correcta y funcional administración de justicia y para la efectiva protección de los derechos de las personas, los Estados pueden y deben establecer presupuestos y criterios de admisibilidad, de carácter judicial o de cualquier otra índole, de los recursos internos; de manera que si bien es cierto que dichos recursos deben estar disponibles para el interesado y resolver efectiva y fundadamente el asunto planteado y, en su caso, proveer la reparación adecuada, también lo es que no siempre y en cualquier caso cabría considerar que los órganos y tribunales internos deban resolver el fondo del asunto que se les plantea, sin que importe verificar los presupuestos formales de admisibilidad y procedencia del recurso intentado. En este sentido, aun cuando resulta claro que el juicio de amparo es la materialización del derecho humano a un recurso judicial efectivo, reconocido tanto en la Constitución como en los tratados internacionales, el hecho de que el orden jurídico interno prevea requisitos formales o presupuestos necesarios para que las autoridades jurisdiccionales analicen el fondo de los argumentos propuestos por las partes no constituye, en sí mismo, una violación a dicho derecho humano". En esa condición, al actualizarse la causal de improcedencia contenida en el artículo 61, fracción XIV, en relación con el numeral 17, ambos de la Ley de Amparo, y ante los motivos manifiestos e indudables de improcedencia, y ante los motivos manifiestos e indudables de improcedencia, se desecha de plano la demanda de amparo promovida por Dorilian López Alatorre, contra el acto y autoridad indicada en la demanda de amparo, por improcedente, en términos del artículo 113 del citado ordenamiento legal, puesto que a nada práctico se llegaría con admitirla, para que posteriormente se sobresea en el juicio por la causa de improcedencia que ha quedado establecida; además, con la tramitación del juicio se obligaría a la autoridad responsable a actuar en un juicio que jurídicamente resulta ocioso, lo que iría en contra de lo dispuesto por el artículo 17 Constitucional, al no impartirse una justicia pronta y expedita. Máxime que de dicho precepto también se desprende el principio de economía procesal. Cobra aplicación, la jurisprudencia con registro 180663, visible en la página 1631, Tomo XX, septiembre de 2004, Materia Común, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que dice: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE DESECHARSE DE PLANO SI SE ADVIERTE UN MOTIVO "MANIFIESTO" DE IMPROCEDENCIA, EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 145 DE LA LEY DE AMPARO. Texto: El Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación sustentó en la tesis de jurisprudencia 4/95, que en términos del artículo 145 de la Ley de Amparo, el Juez de Distrito debe examinar, ante todo, el escrito de demanda, y si encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia, la desecharía de plano; sin embargo, para ello debe analizarse si en el caso se surte alguna de las dieciocho causas de improcedencia reguladas en el artículo 73 de la ley invocada. Ahora bien, atendiendo a lo considerado por nuestro Máximo Tribunal, es pertinente establecer que los términos "manifiesto" e "indudable" a los que se alude, no resultan sinónimos pues, por una parte, manifiesto es dar a conocer, poner a la vista los argumentos en los cuales el juzgador se va a apoyar para que de forma contundente, determine la causa de improcedencia que en la especie se actualiza y que, por ende, le permita desechar de plano la demanda de garantías, e "indudable" significa evidente, lo que no se puede poner en duda; entonces, al contener significados distintos, deben aplicarse en forma individual, esto es, para que cuando el juzgador ante un caso de manifiesta improcedencia, ya sea porque se actualiza plenamente cualquiera de las diecisiete causas de improcedencia establecidas en el artículo 73 de la ley de la materia o, en su caso, la última de las fracciones contempladas en dicho precepto en relación con cualquier otro artículo de la misma ley o de la Constitución, proceda a desechar de plano la demanda de garantías y no así, la admisión y tramitación del juicio, ya que a nada jurídicamente práctico se llegaría con dicho trámite si se conoce desde un inicio el resultado, sobre todo porque en nada beneficiaría a las partes, primordialmente al quejoso, al cual incluso se le podría dejar en estado de indefensión, además de que se contravendría lo dispuesto en el artículo 17 constitucional, al no impartir una justicia pronta y expedita". Háganse las anotaciones correspondientes en el libro de Gobierno de este juzgado. Ahora bien, por cuanto el quejoso se encuentra recluido en el Centro Federal de Readaptación Social número Quince, con residencia en Villa Comaltitlán, Chiapas, es decir fuera de la residencia de este Juzgado, pero dentro de esta jurisdicción, en términos del artículo 156 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, hágase del conocimiento del Consejo de la Judicatura Federal, que el actuario adscrito a este Juzgado debe trasladarse a dicho centro carcelario.

Quedan 1 actuación en este expediente

El informe completo incluye el historial entero del expediente, además de antecedentes, validación de identidad y listas de riesgo en 16 países.

Esta página es un solo expediente. El informe completo es otra cosa.

FichaJudicial reúne en un mismo informe antecedentes judiciales, expedientes, validación de identidad, listas de riesgo y personas políticamente expuestas en 16 países de América Latina.

  • Antecedentes y expedientes
  • Validación de identidad
  • Listas de riesgo y PEP
Resultados en segundos · Cancelas cuando quieras

¿No es la persona que buscabas?

Consulta antecedentes judiciales, expedientes y listas de riesgo de cualquier persona en México.

Otros expedientes del mismo órgano

Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Chiapas, con residencia en Tapachula · 11,549 expedientes

Ver todos los expedientes de este órgano