Dorian Torrente Cuellar

Expediente 642/2016 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en Materia Penal en el Estado de Puebla. 4 actuaciones registradas, la última del 13 de septiembre de 2016.

Datos del expediente

Expediente
642/2016
Año
2016
Actuaciones
4
Última actuación
13/09/2016

Partes del expediente

  • Dorian Torrente Cuellar

Actuaciones

  1. Principal

    San Andrés Cholula, Puebla, trece de septiembre de dos mil dieciséis. Vista la certificación de cuenta y el estado procesal que guardan los presentes autos, se desprende que ha transcurrido el término de diez días que establece el artículo 86 de la Ley de Amparo, para la interposición del recurso de revisión en contra de la resolución dictada el diecinueve de agosto de dos mil dieciséis, que sobreseyó en el presente juicio de derechos fundamentales fuera de la audiencia constitucional, sin que las partes lo hayan hecho valer; en consecuencia, con fundamento en los artículos 355, 356, fracción II y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se declara que la resolución de mérito ha quedado firme para todos los efectos legales procedentes. Háganse las anotaciones correspondientes en el Libro de Gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (S.I.S.E.), y archívense las presentes actuaciones como asunto concluido. En otro sentido, ya que resulta innecesario conservar la prueba documental que remitió la autoridad responsable 1. Juez Cuarto de lo Penal de la ciudad de Puebla, en apoyo a su informe justificado, devuélvasele el anexo I, y requiérasele para que en el improrrogable término de veinticuatro horas, contado a partir de la notificación del presente proveído, acuse el recibo de estilo correspondiente. Apercíbase a dicha autoridad que de no hacerlo se le impondrá una multa equivalente a cincuenta veces el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización vigente al momento de la emisión de esta determinación (cada unidad equivale a $73.04 M/N), de conformidad con los artículos 237, fracción I y 259 de la Ley de Amparo y con base en lo previsto por los artículos 26, Apartado B, párrafos sexto y séptimo, 123, Apartado A, fracción VI, párrafo primero, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en relación con el Tercero Transitorio del Decreto por el que se declara reformadas y adicionadas disposiciones diversas de la Constitución Federal, en materia de desindexación del salario mínimo, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintisiete de enero de dos mil dieciséis. En consecuencia, al estar este expediente completamente concluido y en cumplimiento al segundo párrafo del artículo décimo primero del Acuerdo General Conjunto 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintiséis de octubre de dos mil nueve, se establece que el presente asunto en el que se sobreseyó fuera de la audiencia constitucional en el juicio no es de relevancia documental, por lo que es susceptible de destrucción después de transcurridos cinco años, en términos de la hipótesis prevista en la fracción IV del punto vigésimo primero del ordenamiento en cita, debiéndose conservar la demanda y sentencia respectiva, sin que sea necesario requerir a las partes para que comparezcan para la devolución de documentos originales. En cuanto al original del incidente de suspensión, en virtud de que se concedió la suspensión, con fundamento en la fracción III del artículo vigésimo primero del citado acuerdo, se decreta que es susceptible de depuración, transcurridos cinco años a partir del presente auto en términos de los lineamientos del acuerdo de referencia. Por lo que toca al duplicado del incidente de suspensión, con fundamento en la fracción III del artículo vigésimo del referido Acuerdo es susceptible de destrucción transcurridos seis meses a partir de esta fecha, sin que sea necesario requerir a las partes para la devolución de documentos originales al no obrar en el duplicado. Se ordena fijar las anotaciones correspondientes en las carátulas de dichos expedientes, de conformidad con lo establecido en el segundo párrafo en el punto Décimo Primero del Acuerdo en Comento (1/2009).

  2. Principal

    CAPTURA AVISO- SE NOTIFICA POR MEDIO DE LISTA A LA PARTE QUEJOSA LA RESOLUCION DE DIECINUEVE DE AGOSTO DE 2016 QUE EN LO CONDUCENTE DICE: San Andrés Cholula, Puebla, diecinueve de agosto de dos mil dieciséis. Vista la certificación secretarial de cuenta, de la que se advierte que la parte quejosa no dio cumplimiento al proveído de trece de julio de dos mil dieciséis (fojas 127 a 129), ya que con fundamento en el artículo 27, fracción III, segundo párrafo del inciso b) de la Ley de Amparo, se ordenó el emplazamiento por edictos del tercero interesado JOSÉ DE JESÚS CERVANTES VILLAGOMEZ, a costa de la parte quejosa, a efecto de que se publicara por tres veces de siete en siete días en el "Diario Oficial de la Federación" y en cualquiera de los periódicos siguientes: "Reforma", "Excélsior", "El Financiero" o "El Universal", por lo que, se requirió a éste compareciera a recoger los edictos para emplazar al citado tercero interesado, apercibido que de no comparecer a recogerlos, entregarlos para su publicación y acreditar ante este órgano jurisdiccional su entrega en un término de veinte días hábiles, se sobreseería en el juicio. Además, en el citado acuerdo con apoyo en el artículo 27, fracción III, inciso b) de la Ley de Amparo, se hizo del conocimiento de la parte quejosa el derecho que tiene de manifestar alguna circunstancia que le impida cumplir con el requerimiento de pagar el costo de los edictos ordenados, lo cual debería comprobar con un medio de convicción fehaciente. El citado proveído le fue notificado por lista al quejoso el veinte de julio de dos mil dieciséis (foja 132), surtió efectos el veintiuno siguiente, y el plazo de veinte días que le fue otorgado, transcurrió del veintidós de julio al dieciocho de agosto, ambos de dos mil dieciséis, previo descuento de los días veintitrés, veinticuatro, treinta y treinta y uno de julio, así como el seis, siete, trece y catorce de agosto, todos de dos mil dieciséis, por ser inhábiles de conformidad con el artículo 19 de la Ley de Amparo, sin que el demandante constitucional exhibiera los edictos ordenados. Pues, en el término concedido éste debió (i) recogerlos, (ii) entregarlos para su publicación, y (iii) acreditar ante este órgano jurisdiccional su entrega (esto es, que efectuó las gestiones tendientes para publicarlos), lo que no realizó. Y, no obstante que en acuerdo de trece de julio del actual, se hizo del conocimiento del quejoso el derecho que tiene de manifestar alguna circunstancia que le impida cumplir con el requerimiento de pagar el costo de los edictos ordenados, no expresó su insolvencia económica, ni acreditó con prueba fehaciente dicha circunstancia. PUBLICACIÓN DE EDICTOS SIN COSTO PARA EL QUEJOSO DE ESCASOS RECURSOS. LINEAMIENTOS PARA LA APLICACIÓN DEL ARTÍCULO 27, FRACCIÓN III, INCISO C), DE LA LEY DE AMPARO. De conformidad con lo previsto por el citado precepto legal, cuando no sea posible llevar a cabo una notificación personal al tercero interesado con base en las reglas previstas en dicha disposición, se efectuará la notificación por edictos a costa del quejoso, con la excepción de que, cuando se trate de personas de escasos recursos a juicio del órgano jurisdiccional, se ordenará la aludida publicación sin costo para el mismo en el Diario Oficial de la Federación. En ese sentido, en primer lugar, debe entenderse que el término "escasos recursos" es un concepto dinámico que se interpreta ampliamente en cada caso concreto, a fin de no incluir en el mismo sólo a las personas que se encuentren asignadas formalmente en un ámbito de extrema pobreza, sino a todas aquellas que demuestren que el pago de los edictos afectará gravemente su economía personal o familiar ante la precariedad de medios económicos para hacer frente a su carga procesal. Dicho lo anterior, para efectos de su aplicabilidad, se estima que una vez que el juzgador no pueda llevar a cabo la notificación personal al tercero interesado, tendrá que ordenar la notificación por edictos a cargo del quejoso o, dependiendo del asunto, si el juzgador lo considera factible, analizará desde ese momento los elementos que obren en autos y determinará, fundada y motivadamente, por qué no procede de plano la referida excepción a la erogación de los edictos por parte del quejoso, sin que ello conlleve la obligación de recabar nuevos elementos probatorios. Con la aclaración de que en el supuesto de que no se localice el domicilio del tercero, el quejoso tendrá la posibilidad de manifestar lo que a su interés convenga y, en dado caso, acreditar su condición de escasos recursos, gozando de la potestad para presentar medios de convicción que demuestren tal condición social. Sobre esto último, el juzgador estará en aptitud de pronunciarse respecto a las pruebas ofrecidas, teniendo la facultad de admitirlas o desecharlas de acuerdo a las circunstancias del caso en concreto y al ejercicio de sus facultades en el trámite del juicio de amparo, actualizándose consecuentemente el deber de justificar las razones que lo llevaron a aceptar o no la admisión de tales elementos de convicción. Lo anterior, sin que se demeriten las facultades de ejercicio potestativo que tiene la autoridad jurisdiccional para recabar nuevos medios de prueba como medidas para mejor proveer ante la insuficiencia de elementos en el expediente para formarse un juicio sobre la condición económica del quejoso. En consecuencia, procede sobreseer fuera de la audiencia constitucional en el presente juicio de garantías, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 63, fracción II de la Ley de Amparo, en relación con el diverso 27, fracción III, inciso b) del propio ordenamiento legal, dado el incumplimiento del presupuesto procesal relativo, que motivó la paralización del juicio de amparo en contravención al artículo 17 constitucional. En virtud de lo anterior, se deja sin efectos la audiencia constitucional señalada para las diez horas con veinte minutos del veintidós de agosto de dos mil dieciséis. Sirve de apoyo a lo anterior la jurisprudencia 2a./J. 10/2003 sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación que a continuación se reproduce: SOBRESEIMIENTO. PROCEDE DECRETARLO FUERA DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL, CUANDO SE ACTUALICE UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, MANIFIESTA E INDUDABLE. De lo dispuesto en los artículos 74, fracción III y 83, fracción III, ambos de la Ley de Amparo, se desprende que el legislador previó la posibilidad que durante el juicio sobreviniera alguna de las causales de improcedencia previstas por el artículo 73 de la ley de la materia, tan es así que en el segundo de los preceptos mencionados estableció la procedencia del recurso de revisión contra los autos de sobreseimiento; éstos son precisamente los que el Juez pronuncia cuando, durante el trámite conoce de la existencia de una causal de improcedencia. Conforme a lo anterior, cuando la causal de improcedencia sea notoria, manifiesta e indudable, de manera que con ningún elemento de prueba pueda desvirtuarse, procede decretar el sobreseimiento en el juicio de garantías, sin necesidad de esperar la audiencia constitucional; estimar lo contrario traería consigo el retardo en la impartición de justicia, lo que es contrario al espíritu que anima al artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en la parte que establece que toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por los tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial. Háganse las anotaciones correspondientes en el Libro de Gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE).

  3. Principal

    (SE PUBLICA POR LISTA CITATORIO) SE NOTIFICA POR LISTA A LA PARTE QUEJOSA EL AUTO DE TRECE DE JULIO DE DOS MIL DIECISÉIS: Agréguese a sus autos el oficio signado por la Directora Jurídica de la Secretaría de Seguridad Pública y Tránsito Municipal de Puebla, por medio del cual en cumplimiento al requerimiento que le fue formulado en proveídos de tres de junio y siete de julio, de dos mil dieciséis (fojas 37 a 39, 120 y 121), informa a este órgano jurisdiccional que no existe la información solicitada, es decir, el domicilio del tercero interesado José de Jesús Cervantes Villagómez, de lo que queda enterada la suscrita Jueza de Distrito, para los efectos legales a que haya lugar. Por otra parte, visto el estado procesal que guardan los presentes autos de los cuales se advierte que mediante proveídos de dieciséis, veintiuno y veintitrés, todos de junio de dos mil dieciséis (fojas 92, 93, 97, 98 y 102), se reservó acordar lo conducente en relación a las razones asentadas por los Actuario Judiciales de la adscripción en las que se indicó la imposibilidad que tuvieron para llevar a cabo el emplazamiento del tercero interesado José de Jesús Cervantes Villagómez, hasta en tanto, se encontraran las razones actuariales de imposibilidad correspondientes y el Titular de la Oficina de Juicios Diversos del Instituto Mexicano del Seguro Social, Delegación Estatal en Puebla diera cumplimiento al requerimiento formulado el tres de junio pasado, y ya que ello ya ocurrió, se provee: Toda vez que de autos se advierte que se ha agotado la investigación oficiosa a fin de emplazar al tercero interesado José de Jesús Cervantes Villagómez, ordenada en auto de tres de junio de dos mil dieciséis (fojas 37 a 39), sin que al efecto se hayan obtenido resultados favorables, consecuentemente, se hace efectivo el apercibimiento con el que se conminó a la parte quejosa DORIAN TORRENTERA CUELLAR o DORYAN TORRENTERA CUELLAR en proveído de dieciocho de mayo pasado (fojas 22 y 23). En razón de lo anterior, con fundamento en el artículo 27, fracción III, inciso b), párrafo segundo de la Ley de Amparo, se determina emplazar por edictos al tercero interesado José de Jesús Cervantes Villagómez, en los que se deberá señalar a la citada parte tercero interesada que debe presentarse ante este Juzgado dentro del término de treinta días contados a partir del siguiente al de la última publicación, en el entendido que de no hacerlo, las subsecuentes notificaciones se efectuarán por medio de lista de acuerdos, de conformidad con lo dispuesto por la fracción II del precepto legal antes invocado. Debiéndose precisar que, dichos edictos deberán publicarse por tres veces de siete en siete días en el "Diario Oficial de la Federación" y en cualquiera de los periódicos siguientes: "Reforma", "Excelsior", "El Financiero" o "El Universal", los cuales quedan a su disposición en la Secretaría de Acuerdos de este juzgado para que pase a recogerlos. Para dar margen a lo anterior, se concede a la parte quejosa el término de veinte días, contado a partir de que surta efectos la notificación del presente proveído, para que acredite haber entregado para su publicación los edictos en cuestión, es decir, en ese plazo la parte quejosa deberá: 1) Recogerlos; 2) Entregarlos para su publicación; y, 3) Acreditar ante este órgano jurisdiccional su entrega. Apercibida que de no dar cumplimiento a lo prevenido se sobreseerá en el presente juicio de amparo, de conformidad con los artículos 63, fracción II y 27, fracción III, inciso b), párrafo segundo, ambos de la ley de la materia. Norma el criterio de la suscrita Juez Federal la jurisprudencia P./J. 27/2015 (10a.) del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro y texto siguientes: EMPLAZAMIENTO POR EDICTOS AL TERCERO INTERESADO EN EL JUICIO DE AMPARO. EL PLAZO PARA QUE EL QUEJOSO ACREDITE ANTE EL ÓRGANO JURISDICCIONAL QUE LOS ENTREGÓ PARA SU PUBLICACIÓN, DEBE CONTARSE A PARTIR DEL DÍA SIGUIENTE AL EN QUE SURTA EFECTOS LA NOTIFICACIÓN DEL ACUERDO POR EL QUE SE PONEN A SU DISPOSICIÓN. Conforme al artículo 27, fracción III, inciso b), segundo párrafo, de la Ley de Amparo, cuando tenga que emplazarse al tercero interesado por edictos, el quejoso debe acreditar que los entregó para su publicación dentro del plazo de 20 días siguientes al en que se pongan a su disposición; ahora bien, dicho plazo, conforme al artículo 22 de la misma ley, debe computarse a partir del día siguiente al en que surta efectos la notificación del acuerdo que señale que los edictos se ponen a disposición del quejoso; de ahí que en el plazo referido, éste debe (i) recogerlos, (ii) entregarlos para su publicación, y (iii) acreditar ante el órgano jurisdiccional su entrega (esto es, que efectuó las gestiones tendientes para publicarlos); por lo que no procede la aplicación supletoria del Código Federal de Procedimientos Civiles para establecer distintos plazos, ya que el relativo para acreditar la entrega para la publicación de los edictos se encuentra previsto expresamente en la Ley de Amparo). Así mismo, en su oportunidad, fíjese un tanto de los edictos en el tablero de avisos de este Juzgado. En el mismo sentido, con apoyo en el artículo 27, fracción III, inciso c) de la Ley de Amparo, se hace del conocimiento de la parte quejosa el derecho que tiene de manifestar alguna circunstancia que le impida cumplir con el requerimiento de pagar el costo de los edictos ordenados en líneas que preceden, lo cual deberá probar con un medio de convicción fehaciente. Sirve de apoyo a lo anterior la siguiente tesis aislada: EMPLAZAMIENTO POR EDICTOS AL TERCERO PERJUDICADO. SI EL JUEZ DE DISTRITO SOBRESEYÓ EN EL JUICIO PORQUE EL QUEJOSO NO LLEVÓ A CABO LA PUBLICACIÓN RESPECTIVA, PERO EN EL AUTO POR EL QUE SE ORDENÓ AQUÉL OMITIÓ HACERLE SABER SU DERECHO A MANIFESTAR ALGUNA CIRCUNSTANCIA QUE LE IMPIDA CUMPLIR CON ESE REQUERIMIENTO, ELLO ACTUALIZA UNA VIOLACIÓN QUE AMERITA LA REPOSICIÓN DEL PROCEDIMIENTO. La Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la jurisprudencia 1a./J. 84/2011, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XXXIV, septiembre de 2011, página 266, de rubro: "EMPLAZAMIENTO DE LA VÍCTIMA U OFENDIDO DEL DELITO, CON EL CARÁCTER DE TERCERO PERJUDICADO, EN EL JUICIO DE AMPARO DIRECTO EN MATERIA PENAL. LA IMPOSIBILIDAD DE REALIZARLO POR CIRCUNSTANCIAS ATRIBUIBLES AL QUEJOSO NO CONDUCE AL SOBRESEIMIENTO.", consideró que el artículo 30, fracción II, de la Ley de Amparo impone la obligación de emplazar al tercero perjudicado al juicio de garantías, inclusive mediante edictos, ante el extremo de no obtener datos para localizarlo, empero, que en caso de actualizarse situaciones particulares del quejoso, que le impidan cumplir el requerimiento para que se realice el emplazamiento a través de ese medio (como podría ser la falta de recursos económicos para cubrir su costo, derivada de la privación de su libertad personal), basta con la expresión de esa insolvencia económica, a fin de que en estricto apego a los fines del juicio de amparo y de la garantía de acceso a la justicia, consagrada en el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el Juez ordene la publicación de los edictos a costa del Consejo de la Judicatura Federal. En ese sentido, si dicho juzgador sobreseyó en el juicio de garantías porque el quejoso no llevó a cabo la publicación respectiva, pero en el auto que ordenó que el emplazamiento se llevara a cabo por dicho medio, omitió hacerle saber el derecho que tenía de manifestar alguna circunstancia que le impidiera cumplir con ese requerimiento, ello se traduce en una violación que provocó indefensión al impetrante del amparo, la cual, en términos del artículo 91, fracción IV, de la invocada ley de la materia, hace procedente la reposición del procedimiento para el efecto de que el Juez Federal comunique al quejoso el derecho de referencia y con base en lo manifestado en torno al punto, y tomando en consideración los elementos que consten en autos, determine si procede o no que tal publicación se realice a costa del Consejo de la Judicatura Federal.

  4. Principal

    Agréguese a sus autos el oficio signado por la Directora Jurídica de la Secretaría de Seguridad Pública y Tránsito Municipal de Puebla, por medio del cual en cumplimiento al requerimiento que le fue formulado en proveídos de tres de junio y siete de julio, de dos mil dieciséis (fojas 37 a 39, 120 y 121), informa a este órgano jurisdiccional que no existe la información solicitada, es decir, el domicilio del tercero interesado José de Jesús Cervantes Villagómez, de lo que queda enterada la suscrita Jueza de Distrito, para los efectos legales a que haya lugar. Por otra parte, visto el estado procesal que guardan los presentes autos de los cuales se advierte que mediante proveídos de dieciséis, veintiuno y veintitrés, todos de junio de dos mil dieciséis (fojas 92, 93, 97, 98 y 102), se reservó acordar lo conducente en relación a las razones asentadas por los Actuario Judiciales de la adscripción en las que se indicó la imposibilidad que tuvieron para llevar a cabo el emplazamiento del tercero interesado José de Jesús Cervantes Villagómez, hasta en tanto, se encontraran las razones actuariales de imposibilidad correspondientes y el Titular de la Oficina de Juicios Diversos del Instituto Mexicano del Seguro Social, Delegación Estatal en Puebla diera cumplimiento al requerimiento formulado el tres de junio pasado, y ya que ello ya ocurrió, se provee: Toda vez que de autos se advierte que se ha agotado la investigación oficiosa a fin de emplazar al tercero interesado José de Jesús Cervantes Villagómez, ordenada en auto de tres de junio de dos mil dieciséis (fojas 37 a 39), sin que al efecto se hayan obtenido resultados favorables, consecuentemente, se hace efectivo el apercibimiento con el que se conminó a la parte quejosa DORIAN TORRENTERA CUELLAR o DORYAN TORRENTERA CUELLAR en proveído de dieciocho de mayo pasado (fojas 22 y 23). En razón de lo anterior, con fundamento en el artículo 27, fracción III, inciso b), párrafo segundo de la Ley de Amparo, se determina emplazar por edictos al tercero interesado José de Jesús Cervantes Villagómez, en los que se deberá señalar a la citada parte tercero interesada que debe presentarse ante este Juzgado dentro del término de treinta días contados a partir del siguiente al de la última publicación, en el entendido que de no hacerlo, las subsecuentes notificaciones se efectuarán por medio de lista de acuerdos, de conformidad con lo dispuesto por la fracción II del precepto legal antes invocado. Debiéndose precisar que, dichos edictos deberán publicarse por tres veces de siete en siete días en el "Diario Oficial de la Federación" y en cualquiera de los periódicos siguientes: "Reforma", "Excelsior", "El Financiero" o "El Universal", los cuales quedan a su disposición en la Secretaría de Acuerdos de este juzgado para que pase a recogerlos. Para dar margen a lo anterior, se concede a la parte quejosa el término de veinte días, contado a partir de que surta efectos la notificación del presente proveído, para que acredite haber entregado para su publicación los edictos en cuestión, es decir, en ese plazo la parte quejosa deberá: 1) Recogerlos; 2) Entregarlos para su publicación; y, 3) Acreditar ante este órgano jurisdiccional su entrega. Apercibida que de no dar cumplimiento a lo prevenido se sobreseerá en el presente juicio de amparo, de conformidad con los artículos 63, fracción II y 27, fracción III, inciso b), párrafo segundo, ambos de la ley de la materia. Norma el criterio de la suscrita Juez Federal la jurisprudencia P./J. 27/2015 (10a.) del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro y texto siguientes: EMPLAZAMIENTO POR EDICTOS AL TERCERO INTERESADO EN EL JUICIO DE AMPARO. EL PLAZO PARA QUE EL QUEJOSO ACREDITE ANTE EL ÓRGANO JURISDICCIONAL QUE LOS ENTREGÓ PARA SU PUBLICACIÓN, DEBE CONTARSE A PARTIR DEL DÍA SIGUIENTE AL EN QUE SURTA EFECTOS LA NOTIFICACIÓN DEL ACUERDO POR EL QUE SE PONEN A SU DISPOSICIÓN. Conforme al artículo 27, fracción III, inciso b), segundo párrafo, de la Ley de Amparo, cuando tenga que emplazarse al tercero interesado por edictos, el quejoso debe acreditar que los entregó para su publicación dentro del plazo de 20 días siguientes al en que se pongan a su disposición; ahora bien, dicho plazo, conforme al artículo 22 de la misma ley, debe computarse a partir del día siguiente al en que surta efectos la notificación del acuerdo que señale que los edictos se ponen a disposición del quejoso; de ahí que en el plazo referido, éste debe (i) recogerlos, (ii) entregarlos para su publicación, y (iii) acreditar ante el órgano jurisdiccional su entrega (esto es, que efectuó las gestiones tendientes para publicarlos); por lo que no procede la aplicación supletoria del Código Federal de Procedimientos Civiles para establecer distintos plazos, ya que el relativo para acreditar la entrega para la publicación de los edictos se encuentra previsto expresamente en la Ley de Amparo). Así mismo, en su oportunidad, fíjese un tanto de los edictos en el tablero de avisos de este Juzgado. En el mismo sentido, con apoyo en el artículo 27, fracción III, inciso c) de la Ley de Amparo, se hace del conocimiento de la parte quejosa el derecho que tiene de manifestar alguna circunstancia que le impida cumplir con el requerimiento de pagar el costo de los edictos ordenados en líneas que preceden, lo cual deberá probar con un medio de convicción fehaciente. Sirve de apoyo a lo anterior la siguiente tesis aislada: EMPLAZAMIENTO POR EDICTOS AL TERCERO PERJUDICADO. SI EL JUEZ DE DISTRITO SOBRESEYÓ EN EL JUICIO PORQUE EL QUEJOSO NO LLEVÓ A CABO LA PUBLICACIÓN RESPECTIVA, PERO EN EL AUTO POR EL QUE SE ORDENÓ AQUÉL OMITIÓ HACERLE SABER SU DERECHO A MANIFESTAR ALGUNA CIRCUNSTANCIA QUE LE IMPIDA CUMPLIR CON ESE REQUERIMIENTO, ELLO ACTUALIZA UNA VIOLACIÓN QUE AMERITA LA REPOSICIÓN DEL PROCEDIMIENTO. La Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la jurisprudencia 1a./J. 84/2011, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XXXIV, septiembre de 2011, página 266, de rubro: "EMPLAZAMIENTO DE LA VÍCTIMA U OFENDIDO DEL DELITO, CON EL CARÁCTER DE TERCERO PERJUDICADO, EN EL JUICIO DE AMPARO DIRECTO EN MATERIA PENAL. LA IMPOSIBILIDAD DE REALIZARLO POR CIRCUNSTANCIAS ATRIBUIBLES AL QUEJOSO NO CONDUCE AL SOBRESEIMIENTO.", consideró que el artículo 30, fracción II, de la Ley de Amparo impone la obligación de emplazar al tercero perjudicado al juicio de garantías, inclusive mediante edictos, ante el extremo de no obtener datos para localizarlo, empero, que en caso de actualizarse situaciones particulares del quejoso, que le impidan cumplir el requerimiento para que se realice el emplazamiento a través de ese medio (como podría ser la falta de recursos económicos para cubrir su costo, derivada de la privación de su libertad personal), basta con la expresión de esa insolvencia económica, a fin de que en estricto apego a los fines del juicio de amparo y de la garantía de acceso a la justicia, consagrada en el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el Juez ordene la publicación de los edictos a costa del Consejo de la Judicatura Federal. En ese sentido, si dicho juzgador sobreseyó en el juicio de garantías porque el quejoso no llevó a cabo la publicación respectiva, pero en el auto que ordenó que el emplazamiento se llevara a cabo por dicho medio, omitió hacerle saber el derecho que tenía de manifestar alguna circunstancia que le impidiera cumplir con ese requerimiento, ello se traduce en una violación que provocó indefensión al impetrante del amparo, la cual, en términos del artículo 91, fracción IV, de la invocada ley de la materia, hace procedente la reposición del procedimiento para el efecto de que el Juez Federal comunique al quejoso el derecho de referencia y con base en lo manifestado en torno al punto, y tomando en consideración los elementos que consten en autos, determine si procede o no que tal publicación se realice a costa del Consejo de la Judicatura Federal.

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