Dorian Raziel Martínez Luján
Expediente 1030/2020 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Aguascalientes. 6 actuaciones registradas, la última del 4 de marzo de 2021.
Datos del expediente
- Expediente
- 1030/2020
- Año
- 2020
- Actuaciones
- 6
- Última actuación
- 04/03/2021
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Aguascalientes · Aguascalientes
Partes del expediente
- Dorian Raziel Martínez Luján
Actuaciones
Las 4 más recientes de 6.
- Principal
Vista la certificación que antecede, se advierte que transcurrió el plazo de cinco días establecido por el artículo 98 de la Ley de Amparo, para interponer el recurso de queja contra el auto de quince de febrero de la presente anualidad, mediante el cual se desechó la demanda de amparo, sin que se haya hecho valer dicho medio de impugnación; por tanto, se declara que ha causado estado para todos los efectos legales a que haya lugar. - ARCHIVO - Háganse las anotaciones correspondientes y envíese al archivo. - DESTINO DEL EXPEDIENTE - Atento a lo dispuesto en el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, se determina: 1.El expediente principal es destruible de conformidad con lo dispuesto en el inciso d), del artículo 21, en razón de que el quince de febrero de dos mil veintiuno, se desechó la demanda de amparo. Se señala como fecha susceptible para tal efecto el cinco de marzo de dos mil veinticuatro, toda vez que, cumplido el plazo de conservación, debe ser destruido después de tres años de haberse dictado el auto que dio por concluido el presente asunto. Una vez cumplidos los términos antes indicados, dentro de los treinta días siguientes destrúyase el presente expediente, e inclúyase en el acta de baja documental correspondiente que deberá ser enviada a la Dirección General de Archivo y Documentación. - INEXISTENCIA DE DOCUMENTOS ORIGINALES - Conforme deriva de la certificación de cuenta, en el expediente no obran documentos originales recuperables por las partes. -INEXISTENCIA DE DOCUMENTOS DE INFORMACIÓN RESERVADA - De conformidad con lo dispuesto en el numeral 19 del Acuerdo General en consulta, en el presente asunto no existen documentos del expediente que se hayan determinado como información reservada, con motivo de una solicitud de acceso a la información. Notifíquese por medio de lista a las partes, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 29 de la Ley de Amparo y en el Acuerdo General 21/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus COVID-19, reformado en cuanto a su vigencia por el diverso Acuerdo General 1/2021. ... 1030/2020-III
- Principal
Notifíquese personalmente....1030/2020-III.
- Principal
Se notifica por lista a la parte quejosa el auto de quince de febrero de dos mil veinte ... " Visto el escrito del quejoso Dorian Raziel Martínez Luján, por medio del cual cumple con el requerimiento de dieciséis de diciembre de dos mil veinte. -Desechamiento de plano- Ahora, el análisis integral de la demanda de amparo y escrito aclaratorio, conduce a estimar que se actualiza de manera manifiesta e indudable una causa de improcedencia, que determina su desechamiento, respecto a los actos que reclama el quejoso, en términos del artículo 113 de la Ley Reglamentaria de los artículos 103 y 107 constitucionales. Del citado precepto se advierte la facultad del juez para desechar de plano una demanda de amparo, cuando al examinarla encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia. En relación con ello, debe identificarse que lo manifiesto se da cuando el motivo de improcedencia se advierte en forma patente y clara de la lectura de la demanda y del escrito aclaratorio; en tanto que lo indudable resulta de que se tenga la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trate es operante en el caso concreto, de tal modo, que aún en el supuesto de que se admitiera la demanda y se substanciara el procedimiento, no resultara factible formarse una convicción diversa, independientemente de los elementos que eventualmente pudieran allegar las partes. En otras palabras, el motivo manifiesto e indudable debe ser claro, sin lugar a dudas, evidente por sí mismo y que surja sin ningún obstáculo a la vista del Juzgador y que no pueda ser desvirtuado por ningún medio de prueba durante el juicio. Sobre el alcance de la expresión "motivo manifiesto e indudable de improcedencia", se cita la jurisprudencia P./J. 128/2001 del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, tomo XIV, octubre de 2001, página 803, con rubro y texto: "CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. ALCANCE DE LA EXPRESIÓN "MOTIVO MANIFIESTO E INDUDABLE DE IMPROCEDENCIA" PARA EL EFECTO DEL DESECHAMIENTO DE LA DEMANDA. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 25 de la Ley Reglamentaria de las Fracciones I y II del Artículo 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el Ministro instructor podrá desechar de plano la demanda de controversia constitucional si encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia. En este contexto, por "manifiesto" debe entenderse lo que se advierte en forma patente y absolutamente clara de la lectura de la demanda, de los escritos aclaratorios o de ampliación, en su caso, y de los documentos que se anexen a tales promociones; mientras que lo "indudable" resulta de que se tenga la certeza y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trate efectivamente se actualiza en el caso concreto, de tal modo que aun cuando se admitiera la demanda y se sustanciara el procedimiento, no sería factible obtener una convicción diversa". Se actualiza la causa de improcedencia prevista en la fracción XIV del artículo 61 de la Ley de Amparo, en relación con el diverso 17, del mismo ordenamiento, que establecen: "Artículo 17. El plazo para presentar la demanda de amparo es de quince días, salvo: I. Cuando se reclame una norma general autoaplicativa, o el procedimiento de extradición, en que será de treinta días; II. Cuando se reclame la sentencia definitiva condenatoria en un proceso penal, que imponga pena de prisión, podrá interponerse en un plazo de hasta ocho años; III. Cuando el amparo se promueva contra actos que tengan o puedan tener por efecto privar total o parcialmente, en forma temporal o definitiva, de la propiedad, posesión o disfrute de sus derechos agrarios a los núcleos de población ejidal o comunal, en que será de siete años, contados a partir de que, de manera indubitable, la autoridad responsable notifique el acto a los grupos agrarios mencionados; IV. Cuando el acto reclamado implique peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales, en que podrá presentarse en cualquier tiempo." "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XIV. Contra normas generales o actos consentidos tácitamente, entendiéndose por tales aquéllos contra los que no se promueva el juicio de amparo dentro de los plazos previstos. No se entenderá consentida una norma general, a pesar de que siendo impugnable en amparo desde el momento de la iniciación de su vigencia no se haya reclamado, sino sólo en el caso de que tampoco se haya promovido amparo contra el primer acto de su aplicación en perjuicio del quejoso. Cuando contra el primer acto de aplicación proceda algún recurso o medio de defensa legal por virtud del cual pueda ser modificado, revocado o nulificado, será optativo para el interesado hacerlo valer o impugnar desde luego la norma general en juicio de amparo. En el primer caso, sólo se entenderá consentida la norma general si no se promueve contra ella el amparo dentro del plazo legal contado a partir del día siguiente de aquél al en que surta sus efectos la notificación de la resolución recaída al recurso o medio de defensa, si no existieran medios de defensa ordinarios en contra de dicha resolución, o de la última resolución recaída al medio de defensa ordinario previsto en ley contra la resolución del recurso, aún cuando para fundarlo se hayan aducido exclusivamente motivos de ilegalidad. Si en contra de dicha resolución procede amparo directo, deberá estarse a lo dispuesto en el capítulo respectivo a ese procedimiento; (.)". A su vez, acorde con lo dispuesto en el artículo 18 de la Ley de Amparo, el juicio de derechos debe promoverse dentro del plazo de quince días, contados, a saber: a) A partir del día siguiente al en que haya surtido efectos, conforme a la ley del acto, la notificación a la parte quejosa del acto o resolución que reclame; b) A partir del día siguiente al en que haya tenido conocimiento del acto reclamado o su ejecución; o c) A partir del día siguiente al en que se hubiese ostentado sabedor del acto que se reclama. Del análisis integral de la demanda se desprende que la parte quejosa reclama de la autoridad responsable Director General del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales para los Trabajadores Públicos del Estado de Aguascalientes, el cálculo incorrecto de pensión por incapacidad permanente total, dado que desde el año dos mil diecinueve, se ha estado calculando su pensión por incapacidad permanente total sobre una base de unidad de medida y actualización (UMAS). Ahora bien, del escrito aclaratorio se advierte que el quejoso exhibe oficio DP/3362/2020 de trece de noviembre de dos mil veinte, en el cual la responsable le notifica que desde el primero de febrero de 2019, el incremento en la pensión que disfruta es con base en la unidad de medida y actualización (UMAS). A su vez, de la narrativa de los antecedentes de los actos reclamados, expuestos en la demanda y en el escrito aclaratorio, se obtiene que el promovente manifiesta bajo protesta de decir verdad que la responsable le informó como es que estaba llevando a cabo el aumento de su pensión en UMAS mediante el oficio relacionado, el cual le fue notificado en la misma fecha de su expedición. Finalmente, en el escrito aclaratorio, el promovente manifiesta bajo protesta de decir verdad, que tiene una pensión por incapacidad desde el doce de marzo de dos mil doce. Partiendo de lo anterior, se tienen principio que el acto reclamado no es de aquellos contemplados en las excepciones señaladas por las fracciones I a IV del referido artículo 17, pues no se reclama normas autoaplicativas o un procedimiento de extradición, tampoco una sentencia definitiva condenatoria en materia penal ni afecta a un núcleo ejidal y tampoco aplica la última de las fracciones; aunado a que no se cuestionan actos privativos de la vida, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales; ni ataques a la libertad fuera de procedimiento. En tal virtud, el término para promover la demanda contra el acto reclamado, es de quince días hábiles, el cual se computará, acorde con lo dispuesto en el artículo 18 de la Ley de Amparo, a partir del día siguiente al en que haya tenido conocimiento del acto reclamado o su ejecución. Por su parte, la demanda de amparo fue presentada el catorce de diciembre de dos mil veinte, como se advierte de los sellos asentados, correspondientes al buzón judicial y la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Aguascalientes. Así, toda vez que el plazo para promover el juicio de amparo, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 17 y 18 de la Ley de Amparo, comenzó a correr a partir del día siguiente en que tuvo conocimiento de cuándo se le pago la pensión en UMAS, es decir, el trece de noviembre de dos mil veinte y concluyó el día ocho de diciembre del citado año, plazo durante el cual no se incluyen los sábados y domingos, y demás días inhábiles; es inconcuso que a la fecha de la presentación de la demanda de amparo, el plazo de quince días contemplado legalmente para ello, ya había fenecido. El cómputo se ilustra con la siguiente gráfica: ..Por tanto, la presentación de la demanda de amparo ocurrió fuera del plazo de quince días que para tal efecto establece el numeral mencionado en el párrafo que antecede, sin que se actualice alguno de los supuestos de excepción previstos en el artículo 17 de la Ley de Amparo. Así las cosas, como se anticipó, se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XIV, de la Ley de Amparo, en virtud de que el promovente anexa el oficio DP/3362/2020 de trece de noviembre de dos mil veinte, expedido por la responsable Director General del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales para los Trabajadores Públicos del Estado de Aguascalientes, mismo que refiere bajo protesta de decir verdad, le fue notificado en la propia fecha, en donde se hace de su conocimiento, en respuesta a la solicitud que presentó, entre otras cosas, que el incremento a la pensión de la que goza se viene dando con base en la unidad de medida y actualización (UMAS) desde el primero de febrero de 2019; por lo que desde ese momento a la fecha de presentación de la demanda, el plazo de quince días transcurrió para la promoción del juicio de amparo. Con relación al tema, se inserta la jurisprudencia P./J. 115/2010, aprobada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, tomo XXXIII, enero de 2011, página 5, que dice: "DEMANDA DE AMPARO. EL PLAZO PARA PROMOVERLA DEBE COMPUTARSE A PARTIR DEL DÍA SIGUIENTE AL EN QUE EL QUEJOSO TUVO CONOCIMIENTO COMPLETO DEL ACTO RECLAMADO POR CUALQUIER MEDIO CON ANTERIORIDAD A LA FECHA EN LA QUE LA RESPONSABLE SE LO NOTIFICÓ. Conforme al artículo 21 de la Ley de Amparo, el plazo para promover la demanda de garantías será de 15 días y se contará desde el siguiente al en que haya surtido efectos, conforme a la ley del acto, la notificación al quejoso de la resolución o acuerdo que reclame; al en que haya tenido conocimiento de ellos o de su ejecución, o al en que se haya ostentado sabedor de los referidos actos, bastando en este último caso que así lo exponga en la demanda para que, si no existe prueba en contrario, la fecha de su propio reconocimiento constituya el punto de partida para determinar la oportunidad de su escrito. Esto significa que el quejoso no tiene porqué esperar a que la autoridad responsable le notifique formalmente el acto reclamado para que pueda solicitar la protección de la Justicia Federal, pues si ya tuvo conocimiento por otros medios de su existencia, no debe limitársele el acceso a los tribunales cuando puede impugnarlo en la vía de amparo. Lo anterior se corrobora con el artículo 166, fracción V, del ordenamiento legal citado, el cual prevé que en la demanda de amparo directo debe señalarse la fecha en que se haya notificado la sentencia definitiva, laudo o resolución que hubiere puesto fin al juicio, o la fecha en que el quejoso haya tenido conocimiento de la resolución reclamada; enunciado este último que reitera el derecho del quejoso de promover el juicio de amparo antes de que la responsable le notifique formalmente el fallo decisivo cuando lo conoce por alguna causa ajena a la diligencia judicial con que se le debió dar noticia oficial de su contenido. En congruencia con lo anterior, si existe en autos prueba fehaciente de que el quejoso tuvo acceso al contenido completo del acto reclamado con anterioridad a la fecha en la que la responsable se lo notificó, debe contabilizarse la oportunidad de la demanda a partir de la primera fecha, pues sería ilógico permitirle, por un lado, la promoción anticipada del juicio cuando afirme que tuvo conocimiento del acto reclamado previamente a su notificación, pero, por otro, soslayar el mismo hecho cuando el juzgador o las demás partes sean quienes adviertan que así aconteció y que tal conocimiento se pretende ocultar." Se suma al criterio recién transcrito, la jurisprudencia P./J. 27/96, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, tomo III, junio de 1996, página 57, que literalmente establece: "DEMANDA DE AMPARO. TÉRMINO PARA INTERPONERLA (ARTÍCULO 22, FRACCIÓN III, DE LA LEY DE AMPARO). LA CONFESIÓN EXPRESA DEL QUEJOSO CONTENIDA EN LA DEMANDA, ACERCA DE QUE TUVO CONOCIMIENTO DE LA EXISTENCIA DEL PROCEDIMIENTO QUE MOTIVO EL ACTO RECLAMADO, CONSTITUYE PRUEBA PLENA DE ESE HECHO Y HACE INAPLICABLE DICHO PRECEPTO. El reconocimiento del quejoso vertido en los antecedentes de la demanda de amparo, de que tuvo conocimiento por vía telefónica del procedimiento que motivó los actos reclamados, es suficiente para estimar actualizado el último de los supuestos previstos en el párrafo final de la fracción III del artículo 22 de la Ley de Amparo y, como consecuencia, declarar inaplicable al caso el término de 180 días para la interposición de la demanda de garantías, y procedente el de quince, que como regla general establece el numeral 21 de esa misma Ley. Esto supone que la situación de que el quejoso se manifestó sabedor del procedimiento que haya motivado el acto reclamado, por las consecuencias jurídicas que produce en perjuicio del quejoso, debe estar probado plenamente, debido a que al realizarse ese evento, ocasiona que la acción de amparo no deba ejercerse dentro del término de 180 días de conformidad con el precepto en examen, sino de quince días, lo cual provocará seguramente en todo caso que se actualice la causal de improcedencia contemplada en el artículo 73, fracción XII, en relación con el 21, ambos de la Ley de Amparo. Así, la exigencia de que exista prueba plena de que el quejoso tuvo conocimiento del procedimiento antes del dictado de la sentencia se satisface si existe manifestación expresa del quejoso en ese sentido en la demanda de amparo, pues dicha manifestación constituye una confesión expresa, medio de prueba que es admisible en el juicio de amparo y que goza de valor probatorio pleno, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 199 y 200 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo." Sin que a lo anteriormente resuelto se oponga, la estimación de que el pago de la pensión de que goza el quejoso y sus incrementos con base en la unidad de medida y actualización es de naturaleza periódica y, por ende, se está ante un acto de tracto sucesivo. Ello, en la medida que tal circunstancia no implica que la quejosa pueda promover la demanda de amparo en cualquier tiempo, puesto que si bien es cierto ello es relevante para la estimación en el sentido de que es factible obtener la suspensión en cualquier tiempo mientras no se dicte sentencia ejecutoria, también lo es que para efectos de la presentación de la demanda de amparo, el cómputo debe hacerse a partir de los momentos que señalan los numerales ya insertados en párrafos que anteceden, puesto que es desde que el quejoso tiene conocimiento de los actos reclamados, cuando está en posibilidad de impugnarlos, y si no lo hace, deben considerarse consentidos tácitamente. En consecuencia, la demanda debió presentarse dentro del término de quince días que señala el artículo 17 de la Ley de Amparo, lo que en el caso no aconteció. Por tanto, la determinación que se reclama debe considerarse consentida tácitamente, de acuerdo con las jurisprudencias números 13 y 14 consultables en la página 11 del Tomo VI (Materia Común), del Apéndice de 1995 del Semanario Judicial de la Federación, las que por su orden a continuación se transcriben: "ACTOS CONSENTIDOS. IMPROCEDENCIA. Contra ellos es improcedente el amparo, y debe sobreseerse en el juicio respectivo". "ACTOS CONSENTIDOS TÁCITAMENTE. Se presumen así, para los efectos del amparo, los actos del orden civil, y administrativo, que no hubieren sido reclamados en esa vía dentro de los plazos que la ley señala". Ilustra lo expuesto la tesis IV.2o.A.29 K con registro digital 177026, visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. Tomo XXII, Octubre de 2005, página 2336 del siguiente tenor literal: "DEMANDA DE AMPARO. EL CÓMPUTO DEL TÉRMINO PARA SU PRESENTACIÓN SE INICIA A PARTIR DE QUE EL QUEJOSO TUVO CONOCIMIENTO DEL ACTO, AUN CUANDO ÉSTE SEA DE TRACTO SUCESIVO. El artículo 21 de la Ley de Amparo establece como regla general para la interposición de la demanda de garantías el plazo de quince días; sin embargo, existen algunas excepciones, previstas en los numerales 22, 217 y 218 del mismo ordenamiento, para casos especiales, como son, asuntos en materia penal, agraria, de inconstitucionalidad de leyes autoaplicativas y cuando se reclama el ilegal emplazamiento, y el quejoso no tiene su residencia en el lugar en el que se verifica el juicio. Asimismo, el propio artículo 21, señala a partir de qué momento debe iniciarse el cómputo correspondiente a los quince días, a saber: a) desde el día siguiente al en que haya surtido efectos, conforme a la ley del acto, la notificación al quejoso de la resolución o acuerdo que reclame; b) desde el día siguiente al en que haya tenido conocimiento de la resolución o acuerdo que reclame o de su ejecución; y, c) desde el día siguiente al en que se hubiese ostentado sabedor de los mismos. Por otro lado, del capítulo III, título segundo, de la invocada ley, se advierte que es importante precisar la naturaleza del acto reclamado para poder decidir si existe algún efecto susceptible de suspenderse. Así tratándose del acto reclamado consistente, por ejemplo, en la suspensión de actividades relacionadas con la construcción, debe considerarse que se trata de un acto de tracto sucesivo, toda vez que la autoridad debe actuar constantemente, ejerciendo presión fáctica sobre la empresa quejosa, a efecto de impedir que ésta continúe con las actividades relacionadas con la construcción. Sin embargo, la circunstancia de que ese acto reclamado sea de tracto sucesivo, no implica que la quejosa pueda promover la demanda de amparo en cualquier tiempo, mientras que permanezca la suspensión de actividades reclamada, puesto que si bien es cierto que conforme al artículo 141 de la Ley de Amparo es factible obtener la suspensión en cualquier tiempo mientras no se dicte sentencia ejecutoria, también lo es que para efectos de la presentación de la demanda de amparo, el cómputo debe hacerse a partir de los momentos que señala el artículo 21 de la Ley de Amparo, puesto que es desde que el quejoso tiene conocimiento de los actos reclamados, cuando está en posibilidad de impugnarlos, y si no lo hace, deben considerarse consentidos tácitamente, puesto que así lo dispone el artículo 73 fracción XII, de la referida ley." En tanto que tampoco se opone a lo resuelto, el hecho de que el quejoso refiera que fue hasta el diez de diciembre del año próximo anterior cuando un compañero le informó que los incrementos a su pensión deben cubrirse con base en el aumento al salario mínimo, no así a la UMA, toda vez que como fue expuesto con antelación, el conocimiento de esa circunstancia fue en fecha anterior, al recibir la respuesta a su solicitud por la autoridad responsable el trece de noviembre de esa anualidad, donde el peticionario tuvo conocimiento pleno y exacto de la fecha a partir de la que se efectuó el cálculo que ahora combate. En tales circunstancias, con fundamento en el artículo 113 de la Ley de Amparo, procede desechar de plano la demanda de amparo por notoriamente improcedente, debido a su extemporaneidad.
- Principal
Se notifica por lista a la parte promovente los autos de dieciocho de enero de dos mil veintiuno y dieciséis de diciembre de dos mil veinte... Aguascalientes, Aguascalientes, dieciocho de enero de dos mil veintiuno. Visto el estado que guardan los presentes autos y la certificación del secretario de los que se obtiene que en el presente juicio y dentro del expediente electrónico del mismo, no obra constancia de la práctica de la notificación personal a la quejosa, ordenada en el acuerdo dictado el dieciséis de diciembre de dos mil veinte, en el que se requirió para que aclarara su escrito inicial de demanda. -SE INSTRUYE AL ACTUARIO JUDICIAL ADSCRITO- Por tanto, en obvio de mayores dilaciones procesales que entorpecen la recta y oportuna administración de justicia, se instruye al actuario judicial adscrito, para que de inmediato proceda a hacer la notificación personal al quejoso, ordenada en acuerdo de dieciséis de diciembre de dos mil veinte, dictado en este sumario de amparo. " Aguascalientes, Aguascalientes, dieciséis de diciembre de dos mil veinte. -Registro de demanda- Vista la demanda de amparo promovida por Dorian Raziel Martínez Luján, contra actos del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales para los Servidores Públicos del Estado de Aguascalientes (ISSSSPEA); fórmese el expediente impreso y electrónico, asimismo anótese en el libro de gobierno respectivo con el número 1030/2020-III. -Análisis de demanda- La parte quejosa reclama los siguientes actos: "...1.- El cálculo incorrecto de mi pensión por incapacidad permanente total, dado que desde el año 2017, se me ha estado calculando mi pensión por incapacidad permanente total sobre una base de Unidad de Medida Actualización (UMAS). 2. - La falta de pago de las cantidades correctas del pago de pensión por incapacidad permanente total." De los antecedentes del acto reclamado el quejoso refiere que con motivo de un accidente de trabajo, le fue otorgada pensión por incapacidad permanente total, registrada con el número de identificación 04600101; sin embargo, es omisa en precisar la fecha en que la misma le fue otorgada y si ésta desde su otorgamiento le fue calculada en salarios mínimos o en unidades de medida y actualización (UMA); hechos que son inherentes a la propia pensión que se le asignó y el quejoso está constreñido a conocer mínimamente. Aduce igualmente, que presentó un escrito ante la autoridad responsable el veintidós de enero del año en curso, mismo que indica le fue respondido hasta el veintitrés de noviembre del mismo año, en el sentido de que los aumentos a su pensión se estaban verificando en "UMAS", sin que aclare si la respuesta que recibió fue por escrito o de manera verbal, así como tampoco indica quien precisamente le dio esa respuesta, pues al respecto de esto último si bien refirió que "la autoridad responsable" quien le respondió, lo cierto es que en su demanda indica como tal al ente jurídico "Instituto de Seguridad y Servicios Sociales para los Servidores Públicos del Estado de Aguascalientes", sin particularizar al respecto a algún funcionario de dicha dependencia estatal. Asimismo, en el hecho "4" de la demanda menciona que el día diez de diciembre del año dos mil veinte, al tener una plática con José Antonio Núñez López, le informó que los aumentos de las pensiones deben llevarse a cabo mediante los aumentos del salario mínimo y no con base en los aumentos de la UMA; sin embargo, no precisa quien es esa persona ni si se trata de algún funcionario de la autoridad responsable y en su caso si desea señalarlo como autoridad responsable. -Prevención- En consecuencia, con fundamento en los artículos 108, fracción III y IV, 114, fracciones I y IV, de la Ley de Amparo, se requiere al promovente para que dentro del término de cinco días contado a partir del siguiente al en que surta efectos la legal notificación del presente acuerdo, mediante escrito, que formará parte integrante de la demanda, la regularice en el sentido siguiente: - Bajo protesta de decir verdad, manifieste desde cuándo le fue otorgada la pensión e indique si desde que le fue otorgada la misma, fue calculada con base a salarios mínimos o "UMAS". - Indique la forma en que la autoridad le dio respuesta a su escrito presentado el veintidós de enero del año en curso, esto es, si fue de manera verbal o escrita, así como proporcione la denominación de la autoridad que dio respuesta a dicho escrito. - Indique si José Antonio Núñez López, se trata de algún funcionario de la autoridad responsable, así como si desea señalarlo como autoridad responsable y en caso de ser así manifieste los actos que le reclama a la misma. -Apercibimiento- Con el apercibimiento que de no cumplir con el anterior requerimiento, se tendrá por no presentada la demanda en cuestión, con fundamento en el penúltimo párrafo del artículo 114 de la Ley de Amparo. De igual manera, se hace el apercibimiento a la parte promovente, que si con el propósito de obtener una ventaja procesal indebida, en la demanda afirmaran hechos falsos u omitieran los que les consten en relación con el acto reclamado, incurrirían en un delito sancionado por una pena de dos a seis años de prisión, además les sería impuesta una multa de treinta a trescientas veces el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización, conforme lo establecido en el artículo 261, fracción I, de la Ley de Amparo, en relación con el artículo 26, apartado B, párrafo séptimo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y en términos del artículo segundo, transitorio del Decreto por el que se expide la Ley para determinar el valor de la Unidad y Medida y Actualización Pública en el Diario Oficial de la Federación el treinta de diciembre de dos mil dieciséis. El presente requerimiento se formula sin perjuicio de que, una vez satisfecho el mismo, este órgano jurisdiccional analice la procedencia del juicio. -EXHORTACIÓN A CONTINUAR EL JUICIO EN LÍNEA- Con apoyo en el artículos 22 del citado Acuerdo General 21/2020, en relación con los artículos 3 y 26 de la Ley de Amparo, ante la situación de emergencia generada por el virus SARS- CoV2, en la medida de lo posible, se exhorta a las partes a que continúen la tramitación de este caso mediante el esquema de "juicio en línea"; para ese efecto, mediante la utilización de la firma electrónica vigente, desde el Portal de Servicios en Línea del Consejo de la Judicatura Federal las partes previamente deberán solicitar la consulta de expedientes electrónicos y la práctica de notificaciones electrónicas de las resoluciones que se emitan en este juicio. -MEDIO ELECTRÓNICO DE CONTACTO- Asimismo, con apoyo en el invocado precepto del Acuerdo General plenario, se exhorta a las partes proporcionen un número de teléfono móvil y una cuenta de correo electrónico para que el personal de este juzgado, de ser necesario para los fines del presente juicio, establezca contacto con ellas. -GENERACIÓN DE CITAS- En atención a lo dispuesto en los numerales 3 y 4 del Acuerdo General 21/2020, se hace saber a las partes que, en los términos previstos en ese ordenamiento, para el caso de ser necesaria la consulta del expediente de manera física, el desahogo de comparecencia o requerimientos, deberán generar una cita a través del Portal de Servicios en Línea, en el que se encuentra un micrositio sobre "Servicios jurisdiccionales" y el sistema "Agenda OJ", con el enlace https://www.serviciosenlinea.pjf.gob.mx/ServiciosJurisdiccionales. -TRASLADO A LAS PARTES CON LAS CONSTANCIAS DE AUTOS- En el contexto de la pandemia derivada del virus por COVID- 19, a fin de evitar la concentración de personas o en el supuesto de que no sea no es posible que las partes acudan físicamente a este juzgado a imponerse de las constancias de los autos y dado que en el presente caso las partes no tienen autorización para la consulta del expediente electrónico por no haberlo solicitado, se hace de su conocimiento que en el caso de requerir de alguna constancia del expediente deberán manifestarlo así, proporcionar una cuenta de correo electrónico y, en caso de tratarse de algún archivo digital de audio y video o multimedia que obre en autos, además deberán proporcionar una cuenta de la plataforma de Dropbox, a las que podrá enviárseles la constancia solicitada, previa autorización que otorgue éste órgano jurisdiccional. -DOMICILIO- Por otra parte, de conformidad con el artículo 305 del Código Federal de Procedimientos Civiles aplicado supletoriamente, se tiene como domicilio para oír y recibir notificaciones el que precisa en su demanda de amparo. -AUTORIZADOS- Téngase como autorizados legales en términos del artículo 12, párrafo primero, de la Ley de Amparo, a Jesús Ángel Rábago Blanco, Yolanda Calderón Hernández, por haber acreditado encontrarse legalmente autorizados para ejercer la profesión de licenciado en derecho o abogado, conforme al sistema computarizado para el registro único de profesionales del derecho, ante los órganos jurisdiccionales del Poder Judicial de la Federación. Únicamente para oír notificaciones e imponerse de los autos, a Jaime Alberto Tiscareño Maldondo, toda vez que no acreditó los extremos del párrafo anterior. - HABILITACIÓN DE DÍAS Y HORAS INHÁBILES - Con apoyo en el artículo 21 párrafo tercero de la Ley de la materia, este Juzgado habilita días y horas inhábiles, a efecto de practicar las notificaciones que deriven de la tramitación de este expediente. -INFORMACIÓN RESERVADA O CONFIDENCIAL- En caso de que las partes exhiban información con el carácter de reservada o confidencial, deberán enviarla resguardada en sobre cerrado con la leyenda respectiva, exponiendo las razones por las que le hayan otorgado dicha clasificación, lo anterior sin perjuicio de que sean considerados como sujetos obligados, de conformidad con el artículo 23 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública. -CONSULTA VIA INTERNET- De conformidad con el artículo 3 de la Ley de Amparo, comuníquese a las partes que podrán consultar este expediente vía electrónica, previo trámite que al efecto realicen en el Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación, en términos del Acuerdo General 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo. Del mismo modo, se les hace saber que podrán recibir notificaciones vía electrónica, previa manifestación expresa que al efecto realicen a este tribunal; solicitud que podrá ser revocada, si así lo manifiestan. -TRANSPARENCIA- Con fundamento en el artículo 1° del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal para la aplicación de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, en relación con el artículo 73, fracción II, y así como 73, fracción II, 111, 116 y Tercero Transitorio, de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, se hace saber a las partes que las resoluciones públicas que se dicten en el presente asunto, se publicarán con la supresión de sus datos personales, salvo que medie consentimiento expreso por escrito, de conformidad con el último párrafo del artículo 68 de la citada Ley General."
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