Dorian Gandhi Romero Alcibar

Expediente 124/2019 tramitado ante el Juzgado Décimo de Distrito de Amparo en Materia Penal en la Ciudad de México. 4 actuaciones registradas, la última del 20 de febrero de 2019.

Datos del expediente

Expediente
124/2019
Año
2019
Actuaciones
4
Última actuación
20/02/2019

Partes del expediente

  • Director del Penal "Lic. Juan FGernandez Albarran" (Barrientos).
  • Dorian Gandhi Romero Alcibar

Actuaciones

  1. Principal

    MESA I. Agréguese el oficio de la Secretaria del Juzgado Décimo Tercero de Distrito en el Estado de México, con residencia en Naucalpan de Juárez, mediante el cual acusa recibo del diverso con el que se remitió el juicio de amparo 124/2019-I, promovido por el licenciado Víctor Hugo López Ramírez, en su carácter de defensor particular de la quejosa Dorian Gandhi Romero Alcibar. Del contenido de la promoción que se atiende, se advierte que el aludido órgano jurisdiccional aceptó la competencia planteada por este juzgado y se avocó al conocimiento del mismo; quedando registrado bajo el número 182/2019-VI de su índice. Háganse las anotaciones en el libro de gobierno. Por tanto, desglósese los oficios de las autoridades responsables y del oficio del Juez Cuarto de Distrito en el Estado de México, con sede en Naucalpan de Juárez, por el que se devolvió diligenciado el exhorto que se giró a fin de notificarle el auto de siete de este mes, a fin de que sean enviados al Juez Décimo Tercero de Distrito en el Estado de México, con residencia en Naucalpan de Juárez, dado que es quien seguirá conociendo del aludido expediente, dejándose en su lugar copia certificada del mismo. Se ordena el archivo de este expediente y se determina que es susceptible de destrucción, en virtud que se ubica en la hipótesis establecida en punto vigésimo, fracción I, del Acuerdo General Conjunto 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito; además, a juicio del suscrito no tiene relevancia documental para su conservación. Como lo disponen los puntos décimo, fracción I, décimo primero, segundo párrafo y décimo tercero, todos del capítulo tercero, y vigésimo quinto, del capítulo quinto, del acuerdo en comento, háganse las anotaciones correspondientes en la carátula del expediente y en los libros de gobierno; una vez que trascurran tres años, deberá transferirse el presente cuaderno al Centro Archivístico Judicial.

  2. Principal

    MESA I. Agréguese el oficio firmado por el Secretario del Juzgado Décimo Primero de Distrito en el Estado de México, con residencia en Naucalpan de Juárez, mediante el cual remite el informe de suspensión de plano de la Directora del Centro Penitenciario y de Reinserción Social de Tlalnepantla, Estado de México. Ahora bien, toda vez que en auto de siete de febrero de este año, se planteó competencia al Juez de Distrito en el Estado de México, con residencia en Naucalpan, en turno, por tanto, resérvese proveer respecto al aludido informe, hasta en tanto, se tenga conocimiento si se acepta la competencia planteada.

  3. Principal

    MESA I Agréguense los oficios recibidos vía ordinaria y electrónica firmados respectivamente, por la Directora de Área adscrita a la Unidad de Asuntos Legales y Derechos Humanos en ausencia del Comisionado del Órgano Administrativo Desconcentrado Prevención y Readaptación Social y Juez Cuarto de Distrito en el Estado de México, con sede en Naucalpan de Juárez, mediante los cuales rinden informe relativo a la suspensión de plano, en término del artículo 126 de la Ley de Amparo. Por otra parte, téngase por recibido el oficio remitido vía electrónica, firmado por el Secretario del Juzgado Décimo Primero de Distrito en el Estado de México, con residencia en Naucalpan de Juárez, mediante el cual devuelve diligenciado el exhorto 77/2019-I-L de este juzgado, relativo al juicio de amparo 124/2019-I-L; en consecuencia, acúsese recibo a dicha autoridad y háganse las anotaciones en el libro de gobierno. Ahora bien, de la razón actuarial que obra glosada al exhorto de cuenta, se advierte que el quejoso Dorian Gandhi Romero Alcibar y las autoridades responsables, quedaron notificadas el ocho de febrero de este año, del auto de siete del mes en curso, de lo que se toma conocimiento.

  4. Principal

    MESA I. Vista la demanda de amparo presentada vía electrónica por ********, en su carácter de defensor particular del quejoso ************, contra actos del Director del Penal Licenciado Juan Fernández Albarrán y otras autoridades, por violación a los derechos fundamentales contenidos en los artículos 1, 14 y 16 Constitucionales, se provee: RADICACIÓN Con fundamento en el artículo 112, de la Ley de Amparo, fórmese expediente y regístrese en el libro respectivo con el número 124/2019-I-L. Ahora bien, de la lectura de la demanda de amparo, se advierte que el promovente, reclama: 1. LA ORDEN DE TRASLADO. 2. LA INCOMUNICACIÓN Y SEGREGRACIÓN. COMPETENCIA Ahora bien, resulta necesario analizar el aspecto relacionado a la legal competencia de este Juzgado Décimo de Distrito de Amparo en Materia Penal en la Ciudad de México, para conocer del asunto planteado, en virtud de que el estudio de las cuestiones competenciales son de orden público y, por tanto, preferentes. Lo anterior, tomando en consideración que, con fundamento en los artículos 37 y 48 de la Ley de Amparo, es obligación de los jueces de Distrito al advertir su legal incompetencia para conocer del asunto que se les plantea, remitir las actuaciones al que estime competente sin limitar el momento procesal en que esto surja. Es aplicable, por identidad jurídica sustancial, la jurisprudencia 679, sustentada por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Penal del Primer Circuito, visible en la página cuatrocientos cincuenta y seis, Tomo VI, del Apéndice de mil novecientos noventa y cinco, Octava Época, que dice: "COMPETENCIA DEL JUEZ DE DISTRITO. SE DEBE FINCAR ANTES DE RESOLVER LAS CUESTIONES DE FONDO PLANTEADAS EN LA DEMANDA. Dado que la competencia constituye un presupuesto procesal de orden público, el cual se encuentra regulado en el amparo indirecto por el artículo 36 de la Ley de Amparo, si las autoridades responsables residentes en el Distrito Federal al rendir su informe justificado niegan expresamente el acto de ellas reclamado, sin que la parte quejosa aporte prueba que acredite lo contrario, se debe considerar que esas autoridades no pretenden ejecutar aquel acto; motivo por el cual el a quo, previamente a analizar la constitucionalidad o inconstitucionalidad del acto reclamado, debe resolver si ante dicho cuadro procesal tiene o no competencia para conocer del asunto. De no hacerlo así, es inconcuso que se violan las reglas fundamentales que norman al juicio de garantías; por lo que, con apoyo en lo dispuesto por la fracción IV del artículo 91 de la Ley de Amparo, procede la reposición del procedimiento en el juicio de amparo, para el efecto de que el juez de Distrito señale nueva fecha para la celebración de la audiencia constitucional y, antes o en el acto de dictar la sentencia que corresponda, finque su competencia para conocer del mismo." Ahora bien, la competencia constitucional de los jueces de Distrito está prevista por el artículo 107, fracción VII de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y reglamentada por el artículo 37 de la Ley de Amparo. Así, el artículo 107, fracción VII Constitucional, dispone: "Artículo 107. Las controversias de que habla el artículo 103 de esta Constitución, con excepción de aquellas en materia electoral, se sujetarán a los procedimientos que determine la ley reglamentaria, de acuerdo con las bases siguientes:...VII. El amparo contra actos u omisiones en juicio, fuera de juicio o después de concluido, o que afecten a personas extrañas al juicio, contra normas generales o contra actos u omisiones de autoridad administrativa, se interpondrá ante el Juez de Distrito bajo cuya jurisdicción se encuentre el lugar en que el acto reclamado se ejecute o trate de ejecutarse..." El precepto legal antes transcrito, es preciso al indicar que el juicio de amparo se interpondrá ante el Juez de Distrito, bajo cuya jurisdicción se encuentre el lugar en que el acto reclamado se ejecute o trate de ejecutarse, destacando por ende que no está abierta la posibilidad de que una demanda de amparo pueda ser presentada ante cualquier Juez de Distrito, para efectos de que tramite el juicio y dicte la sentencia correspondiente. En tal sentido, el artículo 37 de la Ley de Amparo, que reglamenta la disposición constitucional sobre la competencia de los Juzgados de Distrito, en lo conducente, dice: "Artículo 37.- Es juez competente el que tenga jurisdicción en el lugar donde el acto que se reclame deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se esté ejecutando o se haya ejecutado. Si el acto reclamado puede tener ejecución en más de un distrito o ha comenzado a ejecutarse en uno de ellos y sigue ejecutándose en otro, es competente el juez de distrito ante el que se presente la demanda. Cuando el acto reclamado no requiera de ejecución material es competente el juez de distrito en cuya jurisdicción se haya presentado la demanda." En este orden de ideas, cabe destacar que en el precepto citado se fija que la competencia por territorio en materia de amparo obedece a un criterio unitario: la naturaleza del acto reclamado, por lo cual, en principio debe calificarse éste, a fin de determinar si posee ejecución, o bien, si se trata de un acto meramente declarativo, y posteriormente, se deben analizar las características de la ejecución. Este análisis de la ejecución, se debe llevar a cabo considerando sus consecuencias directas o inmediatas y no las cuestiones mediatas o posteriores que con motivo de él se generen, pues su estudio se efectúa tomando en cuenta lo que de manera directa e inmediata se vincula a éste. En consecuencia, del análisis del artículo 37 de la Ley de Amparo, se desprenden tres reglas básicas para determinar la competencia de los Jueces de Distrito, en cuanto al conocimiento de los juicios de amparo, mismas que a continuación se detallan. a) La primera, contenida en el primer párrafo, destaca que con independencia del lugar en que radique la autoridad emisora del acto reclamado, el parámetro que se toma en consideración para determinar la competencia del Juez de Distrito, consiste en que ejerza jurisdicción en el lugar donde deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se ejecute o se haya ejecutado el acto reclamado, lo cual presupone que dicho acto es de aquellos que después de su emisión, por su índole, requieren de ejecución por parte de una autoridad diversa a la ordenadora. b) La segunda consiste en que la competencia del Juez de Distrito, se establece en razón de que el acto reclamado haya comenzado a ejecutarse en un distrito y siga ejecutándose en otro, entonces es competente el juez de distrito ante el que se presente la demanda; y c) La tercera deriva del último párrafo del precepto legal en estudio, que establece que cuando la resolución reclamada en el juicio de garantías no requiera de ejecución material, resulta ser competente el Juez de Distrito en cuya jurisdicción se haya presentado la demanda. Ahora bien, de la lectura integral de la demanda se advierte que el quejoso está interno en el Centro Preventivo de Readaptación Social en Barrientos "Lic. Juan Fernández Albarrán", y dado que los actos reclamados consisten en la orden de traslado, la incomunicación y la segregación, se ejecutan en el lugar donde el quejoso está privado de su libertad, éste órgano de control constitucional estima que carece de competencia en razón de territorio para conocer de este juicio de amparo. Apoya lo anterior, la tesis aislada 2.0 p.16k (10a.), emitida por Tribunales Colegiados de Circuito, Décima Época, visible en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 32 Julio de 2016, Tomo III, página 233, que dice: "COMPETENCIA POR TERRITORIO PARA CONOCER DEL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO CONTRA LA NEGATIVA U OMISIÓN DE PROPORCIONAR ATENCIÓN MÉDICA A UN REO RECLUIDO EN UN CENTRO PENITENCIARIO. SE SURTE A FAVOR DEL JUEZ DE DISTRITO EN CUYA JURISDICCIÓN SE UBIQUE ESE CENTRO Del artículo 37 de la Ley de Amparo se advierten tres reglas para determinar la competencia de los Jueces de Distrito, a saber: a) Es Juez competente el que tenga jurisdicción en el lugar donde el acto que se reclame deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se esté ejecutando o se haya ejecutado; b) Si el acto reclamado puede tener ejecución en más de un Distrito o ha comenzado a ejecutarse en uno de ellos y sigue ejecutándose en otro, es competente el Juez de Distrito ante el que se presente la demanda; y, c) Cuando el acto reclamado no requiera ejecución material es competente el Juez de Distrito en cuya jurisdicción se haya presentado la demanda. Ahora bien, la negativa u omisión de proporcionar atención médica a un reo recluido en un centro penitenciario es un acto de naturaleza negativa u omisiva, pero con efectos positivos sobre la salud de aquél, pues lo que pretende el quejoso al promover el amparo es recibir ese cuidado profesional, de manera que las consecuencias de la decisión que se efectúe, beneficiarán o perjudicarán su salud, lo que se producirá, invariablemente, en el lugar donde se encuentre interno. En esas condiciones, al tratarse de un acto que sí requiere ejecución, y conforme a la primera regla establecida en el precepto citado, la competencia por territorio para conocer del juicio de amparo indirecto promovido en su contra, se surte a favor del Juez de Distrito en cuya jurisdicción se ubique ese centro de reclusión." Entonces, conforme a la precitada regla, prevista en el artículo 37 de la Ley de Amparo, que consiste en que es competente el Juez de Distrito donde se ejecute, el acto reclamado, colige que quien debe conocer de la demanda de amparo promovida por Dorian Gandhi Romero Alcibar, es el Juez de Distrito en el Estado de México, con residencia en Naucalpan de Juárez en turno. En tales circunstancias, este Juzgado se declara legalmente incompetente para conocer del presente juicio de garantías, y considera que la competencia legal se surte a favor del Juez de Distrito en el Estado de México, con residencia en Naucalpan de Juárez, con fundamento en el artículo 48, de la Ley de Amparo, remítase a la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de México, con residencia en Naucalpan de Juárez, el juicio de amparo 124/2019-I-L, para que a su vez la remita al Juez de Distrito de ese circuito, en turno, solicitándole a éste el acuse de recibo e informe si acepta o no la competencia declinada; fórmese el cuaderno de antecedentes. SUSPENSIÓN DE PLANO Ahora bien, dado que el quejoso señala como actos reclamado, la incomunicación y la segregación, SE DECRETA DE PLANO LA SUSPENSIÓN RESPECTO DE DICHOS ACTOS, para el efecto de que de éstos cesen de inmediato; por lo que, se comisiona al actuario que practique la notificación personal. En la inteligencia que las autoridades responsables deben informar dentro del plazo de VEINTICUATRO HORAS, contado a partir de la notificación de este auto, sobre el cumplimiento de esta determinación. Ahora bien, toda vez que también se señala como acto reclamado la orden de traslado, con fundamento en el artículo 128, de la Ley de Amparo, atendiendo a que en la especie concurren los requisitos referidos en el citado precepto, pues la suspensión ha sido solicitada expresamente por la parte quejosa, con su otorgamiento no se sigue perjuicio al interés social, ni se contravienen disposiciones de orden público, y sí en cambio los daños y perjuicios que se le ocasionarían con la ejecución del traslado que reclama, serían de difícil reparación, SE CONCEDE A DORIAN GANDHI ROMERO ALCIBAR, LA SUSPENSIÓN PROVISIONAL DEL ACTO RECLAMADO, para el efecto de que no sea trasladado del lugar en que se encuentra y quede a disposición de este Juzgado de Distrito en lo que se refiere a su integridad personal. Esta suspensión no surtirá efecto alguno si el traslado OBEDECE A RAZONES DE SEGURIDAD EN LAS PRISIONES. Es aplicable la tesis 89, sustentada por el Cuarto Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, visible en la página quinientos treinta y seis, Tomo XIV, noviembre de mil novecientos noventa y cuatro, del Semanario Judicial de la Federación, Octava Época, que establece: "SUSPENSIÓN. CUANDO SE CONTRAVIENEN DISPOSICIONES DE ORDEN PÚBLICO CON EL OTORGAMIENTO DE LA. Si bien la fracción II del artículo 124 de la Ley de Amparo dispone que se decretará la suspensión del acto recamado siempre que no se contravengan disposiciones de orden público, ello se refiere a intereses de tal manera importantes que con la concesión de la medida cautelar se pueda causar daño a la colectividad y no sólo a los intereses particulares." Igualmente, esta medida no surtirá efectos, tratándose de traslado con motivo de una sentencia ejecutoria. La referida medida precautoria que se concede surtirá efectos, hasta en tanto, el juez que corresponda conocer de la demanda de amparo se avoque al conocimiento. En la inteligencia que las autoridades responsables deben informar dentro del plazo de cuarenta y ocho horas, contado a partir de la notificación de este auto, sobre el acatamiento a esta determinación. Apercibidas que de incumplir con lo que aquí se ordena, se les impondrá a la omisa multa por la cantidad equivalente a cincuenta días de Unidad de Medida y Actualización, acorde a lo previsto en los artículos 237, fracción I y 259, de la Ley de Amparo, así como el Decreto de veintisiete de enero de dos mil dieciséis, por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de desindexación del salario mínimo, sin perjuicio de proceder en su contra por el delito previsto en el numeral 265, fracción I, de la Ley de Amparo. En la inteligencia que el informe que rindan las autoridades foráneas puede enviarse por vía telegráfica o vía fax al teléfono 01 55 53 22 17 00, extensión 1307 y para confirmar a la extensión 1329 o al correo electrónico gerardo.dominguez.romo@correo.cjf.gob.mx. AUTORIZACIÓN CONSULTAR Y NOTIFICAR EXPEDIENTE ELECTRÓNICO Con fundamento en el artículo 3, párrafo quinto, de la Ley de Amparo, en relación con lo establecido en el Acuerdo General Conjunto número 1/2013, de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la firma electrónica certificada del Poder Judicial de la Federación (FIREL) y al expediente electrónico; se autoriza a Víctor Hugo López Ramírez, para consultar el expediente en que se actúa por el sistema electrónico establecido para tal efecto con el nombre de usuario "vhlopez7". Se tienen como autorizados únicamente para oír y recibir notificaciones e imponerse de autos en términos del artículo 24, párrafo segundo, de la ley de la materia, a las personas que se refieren en la demanda de amparo, por no contar con el registro de su cédula en el sistema antes indicado. Lo anterior, hasta en tanto acredite encontrarse legalmente autorizado para ejercer la profesión de Licenciado en Derecho o Abogado, para lo cual deberá registrarse en el sistema computarizado antes señalado, en términos de lo dispuesto en los artículos 261 y 236, del Acuerdo del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, por el que se expide el similar que reglamenta la organización y funcionamiento del propio Consejo; y reforma y deroga diversas disposiciones de otros acuerdos generales. NOTIFICACIÓN DE ESTA DETERMINACIÓN Toda vez que de la demanda de amparo, se advierte que el quejoso se encuentra recluido en el Centro Preventivo de Readaptación Social en Barrientos "Lic. Juan Fernández Albarrán", dado que dicho Centro de Reclusión se encuentra fuera del territorio donde este Juzgado ejerce jurisdicción, con fundamento en los artículos 27, fracción II, de la Ley de Amparo, 298, 299, 300 y 301 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria por disposición expresa del artículo 2, de la ley en la materia, así como el Acuerdo General 3/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal; gírese atento exhorto, vía interconexión al Juez de Distrito en el Estado de México, con residencia en Naucalpan de Juárez en turno; para que en auxilio de las labores de este Juzgado de Distrito, tenga por bien comisionar al actuario judicial de su adscripción, a efecto de que se constituya en las instalaciones del referido centro de reclusión y notifique al quejoso Dorian Gandhi Romero Alcibar, el presente proveído. De igual manera, se solicita notifique mediante oficio, este acuerdo al Director del Penal Lic. Juan Fernández Albarrán, mejor conocido como Barrientos; Director de Seguridad del Penal Lic. Juan Fernández Albarrán, mejor conocido como Barrientos y Juez Cuarto de Distrito en el Estado de México, con residencia en Naucalpan de Juárez. En observancia al artículo 21 párrafo tercero de la Ley de Amparo vigente, se faculta al Juzgado exhortado para que habilite días y horas inhábiles. Se solicita al Juzgado exhortado, se sirva devolver la comunicación de que se trate, por la misma vía en la que se remite. EXPEDIENTE ELECTRÓNICO Se instruye a los Secretarios, Oficiales administrativos y Actuarios Judiciales, en lo conducente, supervisar y/o realizar la captura electrónica de acuerdos emitidos en este juicio, así como la digitalización de las promociones, diligencias, documentos y notificaciones que obren en el mismo, a fin de que el expediente electrónico concuerde en su totalidad con el impreso; ello, en términos del numeral 3º, penúltimo párrafo, de la Ley de Amparo, en el inciso e) del artículo 12 del Acuerdo General Conjunto 1/2013 de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la Firma Electrónica Certificada del Poder Judicial de la Federación (FIREL) y al expediente electrónico, así como en los diversos artículos 5 y 89 del Acuerdo General Conjunto 1/2015 de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y el Consejo de la Judicatura Federal, que regula los servicios tecnológicos relativos a la tramitación electrónica del juicio de amparo, las comunicaciones oficiales y los procesos de oralidad penal en los Centros de Justicia Penal Federal. CAPTURA SISE En cumplimiento al artículo 175, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales que determina el uso obligatorio del módulo de captura del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, relativo al registro de los movimientos de los juicios de amparo, procesos y recursos que se tramiten ante los órganos jurisdiccionales así como la captura diaria que aseguren la permanente actualización y veracidad contenida en ese Sistema, se ordena al Secretario supervise que la Analista Jurídica Especializada capture su ingreso en el citado Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). Se autoriza a la Secretaria para firmar los oficios que deriven de este juicio de amparo.

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