Dorian Azucena Martínez Márquez
Expediente 159/2017 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Coahuila. 2 actuaciones registradas, la última del 15 de marzo de 2017.
Datos del expediente
- Expediente
- 159/2017
- Año
- 2017
- Actuaciones
- 2
- Última actuación
- 15/03/2017
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Coahuila · Coahuila
Partes del expediente
- Dorian Azucena Martínez Márquez
Actuaciones
- Principal
Visto el estado procesal que guardan los presentes autos y la certificación que antecede, se advierte que la parte quejosa no se inconformó con el acuerdo de tres de marzo de dos mil diecisiete (fojas 5 a 10), que desechó la demanda de amparo presentada ante este Juzgado de Distrito; por tanto, con fundamento en los artículos 97, fracción I, inciso a) y 98 de la Ley de Amparo, se declara que dicho auto ha causado estado. En tal razón, háganse las anotaciones respectivas en el libro de gobierno y, hecho que sea lo anterior, archívese el expediente como asunto concluido. Por otra parte, toda vez que se desechó la demanda de amparo, como lo establece la fracción I del punto vigésimo primero del Acuerdo General Conjunto 1/2009, del veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, este expediente es susceptible de destrucción, además carece de valor histórico, jurídico y de relevancia documental; por lo anterior, es clasificado como archivo reciente y por tanto, el mismo será conservado en este Órgano Jurisdiccional por el término de tres años, por lo que una vez cumplido ese plazo, deberá transferirse a la Dirección General del Centro de Documentación y Análisis, Archivos y Compilación de Leyes de la Suprema Corte de Justicia de la Nación.
- Principal
I. Se presenta demanda. Se recibe la demanda de amparo promovida por ***, contra actos del Juzgado de Primera Instancia en Materia Civil del Distrito Judicial de Acuña, Coahuila de Zaragoza. I. Se presenta demanda. Se recibe la demanda de amparo promovida por ***, contra actos del Juzgado de Primera Instancia en Materia Civil del Distrito Judicial de Acuña, Coahuila de Zaragoza. II. Formación de expediente. Fórmese expediente, y regístrese con el número progresivo 159/2017, tanto en el libro de gobierno como en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (S.I.S.E.). III. Acto reclamado y antecedentes. En principio, conviene señalar que del estudio integral de la demanda de amparo se advierte que el acto reclamado por la parte promovente en esta instancia se hace consistir en: "De la autoridad denominada Juez de Primera Instancia en Materia Civil del Distinto Judicial de Acuña, con residencia en esa Ciudad, reclamo el auto de fecha nueve de febrero del 2017, el que se transcribe como sigue: "Visto el escrito signado por el Licenciado ***, agréguese a sus antecedentes; dígasele al promovente que no ha lugar a su solicitud, en virtud de que el recurso de revocación no es procedente en contra de la sentencia interlocutoria, lo anterior con apoyo en el artículo 1334, del Código de Comercio. Siendo aplicable la siguiente tesis REVOCACIÓN. NO PROCEDE ESTE RECURSO CONTRA LA SENTENCIA QUE RESUELVE EN DEFINITIVA UN INCIDENTE DERIVADO DE UN JUICIO MERCANTIL, YA QUE SOLO PUEDE INTERPONERSE CONTRA AUTOS O DECRETOS.Tipo de Tesis: aislada.fuente gaceta del Seminario Judicial de la Federación.Libro 4, marzo del 2014, tomo 2, página 1938". Ahora bien, para mejor entendimiento, es dable transcribir los antecedentes del acto reclamado, que la quejosa bajo protesta de decir verdad narró. "Que de la diligencia de fecha quince de noviembre del 2016, se trabo embargo en contra de la demandada *** (ahora tercera perjudicada), por parte de la actuario adscrito al Juzgado de la ahora autoridad responsable, lo anterior dentro de los autos del juicio ejecutivo mercantil bajo el número de registro 579/2016. Que la ahora tercera perjudicada promovió ante la responsable incidente de nulidad de actuaciones en contra de la diligencia antes mencionada, admitida la demanda incidental se ordenó corrersele traslado a la demandada incidental (hoy quejosa) en fecha 20 de diciembre del 2016, teniéndole a la parte actora en lo principal por desahogando la vista. En fecha 26 de enero del año en curso se ordenó traer a la vista del Juzgador los autos para pronunciar la resolución interlocutoria, misma que se dictó bajo el humero de sentencia interlocutoria 07/2017, de fecha 31 de enero del presente año, y en la que en su resolutivo primero declara procedente el incidente de nulidad de actuaciones atento a las consideraciones que expreso la actora incidental en el considerando primero de dicha resolución y decretando la nulidad de la diligencia actuarial de fecha 15 de noviembre del año 2016, así como los subsecuentes autos dictados pare el perfeccionamiento del embargo de fechas 29 de noviembre del 2016 y once de enero del 2017. Resulta que la hoy quejosa inconformándose con dicha resolución interlocutoria promoví recurso de revocación el día 07 de febrero del 2017, escrito al cual recayo un acuerdo de fecha 09 de febrero del 2017, en el que se me tuvo por declarando la improcedencia de dicho recurso en contra de la sentencia interlocutoria, ya que el a quo considero que dicha solicitud no es procedente en contra de la sentencia interlocutoria, motivo del presente juicio de amparo." Como se advierte, el acto reclamado consiste en el proveído de nueve de febrero de dos mil diecisiete, mediante el cual el Juez de Primera Instancia en Materia Civil del Distrito Judicial de Acuña, Coahuila de Zaragoza, desechó el recurso de revocación interpuesto por la quejosa, en contra de la sentencia interlocutoria 7/2017, de treinta y uno de enero del presente año, que resuelve el incidente de nulidad de actuaciones en contra del auto de exequendo promovido dentro de los autos del juicio ejecutivo mercantil 579/2016, incoado por ***, en contra de ***. IV. Desechamiento. En ese sentido, procede desechar de plano la demanda de amparo que se analiza, pues en la especie se actualiza de manera indudable y manifiesta la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, de la Ley de Amparo, en relación con la fracción V del artículo 107, mismos que se transcriben a continuación: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley". "Artículo 107. El amparo indirecto procede: (.) V. Contra actos en juicio cuyos efectos sean de imposible reparación, entendiéndose por ellos los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte". Por otro lado, el artículo 107, fracción III, inciso b), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, prevé lo siguiente: "artículo 107.- Todas las controversias de que habla el artículo 103 se sujetarán a los procedimientos y formas del orden jurídico que determine la ley, de acuerdo con las bases siguientes: III. Cuando se reclamen actos de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, el amparo sólo procederá en los casos siguientes: b) Contra actos en juicio cuya ejecución sea de imposible reparación, fuera de juicio o después de concluido, una vez agotados los recursos que en su caso procedan;" Tales preceptos establecen una regla de carácter general, que consiste en que tratándose de actos emanados de un procedimiento (como lo es el juicio ejecutivo mercantil 579/2016, promovido ante el Juzgado de Primera Instancia en Materia Civil del Distrito Judicial de Acuña, Coahuila de Zaragoza) el juicio de amparo sólo es procedente contra actos que tengan sobre las personas o las cosas una ejecución que sea de imposible reparación. Así es, el artículo 107, fracción V de la Ley de Amparo, que quedó transcrito, define a los actos de imposible reparación como aquellos que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte. Con base en esta porción normativa, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha determinado que el legislador secundario proporcionó mayor seguridad jurídica en cuanto a la promoción del juicio de amparo indirecto contra actos de imposible reparación, ya que, mediante una definición legal, reiteró su propósito de que tanto en los procedimientos jurisdiccionales propiamente dichos, como en los procedimientos administrativos seguidos en forma de juicio, se entendiera que esos actos, para ser calificados como de imposible reparación, necesitarían producir una afectación material inmediata a derechos sustantivos. Es decir, sus consecuencias deberían ser de tal gravedad que impidieran en forma actual el ejercicio de un derecho, y no únicamente que produzcan una lesión jurídica de naturaleza formal o adjetiva que no necesariamente llegará a trascender al resultado del fallo, además de que debían recaer sobre derechos cuyo significado rebasara lo puramente procesal o procedimental, según se trate, lesionando bienes jurídicos cuya fuente no proviniera exclusivamente de las leyes adjetivas aplicables. De tal suerte, que con apego a dicho criterio, el amparo indirecto procede únicamente contra actos de imposible reparación que afecten materialmente derechos, lo que sucede cuando el acto de autoridad impide el libre ejercicio de éstos; pero además, los derechos deben ser sustantivos, es decir, que no deben ser derechos de naturaleza formal o adjetiva, pues la afectación de éstos no es actual, sino que depende de que llegue o no a trascender al desenlace del juicio o procedimiento, siendo hasta ese momento en el que pueden consumarse de forma efectiva y se pueden hacer valer dichas violaciones. Debe decirse también, que la actual Ley de Amparo, al conceptualizar los actos de imposible reparación, no contempla aquellos actos intraprocesales, aunque causen una afectación en grado predominante o superior, por ejemplo, los que pudieran impedir la integración de algún presupuesto procesal insubsanable; ocasionar el retardo grave del fallo definitivo; provocar que el juicio continúe ociosamente o excluir de la contienda acciones o sujetos. Por tanto, cuando se reclaman en amparo indirecto actos dictados dentro de un procedimiento, resulta indispensable que los daños causados por éstos no tengan reparación alguna, esto es, que incidan, afectando materialmente derechos sustantivos y que esos daños, no puedan ser reparados ni con la obtención de una sentencia favorable. Sustenta lo anterior, la tesis de jurisprudencia de rubro y texto siguientes: *** En ese contexto, como se dijo, a la luz de la nueva Ley de Amparo, publicada el dos de abril de dos mil trece, los actos procesales considerados como de grado predominante o superior, ya no pueden ser estudiados en el juicio de amparo indirecto, al no ser actos de imposible reparación. Sobre la base expuesta, es evidente que el acto que se pretende combatir en esta instancia constitucional sólo produce efectos meramente procesales que no causan un perjuicio ni afectación directa e inmediata a los derechos sustantivos de la parte inconforme (propiedades, posesiones o derechos), de igual forma tampoco implica una violación procesal en grado exorbitante o superior a la parte quejosa; pues las consecuencias de la resolución reclamada no revisten el carácter de imposible reparación, por no afectar derechos sustantivos; por lo tanto, es incuestionable que el acto reclamado en esta instancia constitucional, no es de los denominados de imposible reparación y, por lo mismo, la demanda de amparo que se analiza contiene un motivo manifiesto e indudable de improcedencia. Ahora, los elementos de dicha definición de "imposible reparación", no se dan en el acto reclamado, porque con él sólo se pueden afectar derechos procesales de la parte promovente. En efecto, el acuerdo reclamado consistente en el proveído de nueve de febrero de dos mil diecisiete, mediante el cual, la autoridad responsable Juez de Primera Instancia en Materia Civil del Distrito Judicial de Acuña, Coahuila de Zaragoza, desechó el recurso de revocación interpuesto por la quejosa, en contra de la sentencia interlocutoria 7/2017, de treinta y uno de enero del presente año, que resuelve el incidente de nulidad de actuaciones promovido dentro de los autos del juicio ejecutivo mercantil 579/2016, incoado por ***, en contra de ***, se trata de una violación formal, por lo que no se surten esas características (ejecución de imposible reparación), ya que no afecta materialmente derechos sustantivos del promovente de amparo, pues no se trata de actos que afecten la vida, la libertad, la propiedad, etcétera, del quejoso. De donde es claro que el perjuicio que, en su caso, le causaría el acto que reclama no es de imposible reparación, pues se trata de un acto meramente procesal; por tanto la afectación a derechos son de naturaleza únicamente adjetiva o procesal, cuyos efectos son meramente formales. En efecto, la ejecución de imposible reparación de una determinación, para fines de la procedencia del juicio de amparo indirecto, sólo se da actualmente cuando, por sí o a través de sus consecuencias, se afectan materialmente derechos sustantivos tutelados por la Constitución, y no, como sucede en el caso particular, pues como quedó precisado, el acto reclamado en el juicio de origen, no afecta ningún derecho sustantivo de la promovente, sino únicamente se afectan derechos adjetivos o procesales, que no implican una situación relevante para el procedimiento; esto es, esa violación no se estima que produzca una afectación a los derechos sustantivos de la parte quejosa en el juicio de origen. Sirve de sustento, la jurisprudencia P./J. 24/92, pronunciada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en agosto de mil novecientos noventa y dos, página once, con número de registro 205651, Octava Época, con el epígrafe y sinopsis siguientes: "*** Asimismo, tiene aplicación la jurisprudencia número I.4o.C.1, emitida por el Cuarto Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Octava Época, Tomo sesenta y seis, Junio de mil novecientos noventa y tres, página ochocientos veintinueve, con registro 231983, que establece lo siguiente: *** Aunado a que en caso de que la sentencia que llegue a dictarse en el juicio de origen, sea desfavorable a los intereses del promovente, estará en aptitud de interponer el medio de defensa legal procedente contra la sentencia definitiva e invocarla como violación procesal en el amparo directo en términos de lo dispuesto en los artículos 170, fracción I, y 172, fracción IX, ambos preceptos de la Ley de Amparo, que disponen en lo conducente: "Artículo 170. El juicio de amparo directo procede: I. Contra sentencias definitivas, laudos y resoluciones que pongan fin al juicio, dictadas por tribunales judiciales, administrativos, agrarios o del trabajo, ya sea que la violación se cometa en ellos, o que cometida durante el procedimiento, afecte las defensas del quejoso trascendiendo al resultado del fallo". "Artículo 172. En los juicios tramitados ante los tribunales administrativos, civiles, agrarios o del trabajo, se considerarán violadas las leyes del procedimiento y que se afectan las defensas del quejoso, trascendiendo al resultado del fallo, cuando: (.) IX. Se le desechen recursos, respecto de providencias que afecten partes sustanciales del procedimiento que produzcan estado de indefensión;". Por consiguiente, al actualizarse de forma indudable y manifiesta la causal de improcedencia invocada, con apoyo en el precepto 113 de la Ley de Amparo, se desecha de plano por notoriamente improcedente la demanda de amparo. V. Días y horas hábiles. Con el propósito de evitar dilaciones innecesarias, se faculta a los Actuarios adscritos a este Juzgado de Distrito, para practicar las notificaciones que se les ordenen en el asunto, aun en días y horas inhábiles, en términos del precepto 21, párrafo tercero de la Ley de Amparo. VI. Domicilio y autorizados. Se tiene como domicilio para oír y recibir notificaciones en los estrados de este Juzgado, y autorizando en amplios términos del artículo 12 de la Ley de Amparo al licenciado ***. VII. Digitalización. De conformidad con el artículo 3 de la Ley de Amparo y el Acuerdo General Conjunto 1/2015 de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, se comisiona al personal de este órgano jurisdiccional, para efectos de que digitalicen todas las promociones y documentos que presenten las partes, así como los acuerdos, resoluciones o sentencias y toda información relacionada con el presente asunto; asimismo, en caso de que las promociones y documentos se presenten en forma electrónica se proceda a su impresión para ser incorporada al expediente impreso. VIII. Protección de datos personales. De conformidad con los artículos 1 , 9 , 118 y tercero transitorio, de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública , difundida mediante el decreto por el que se abroga la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental y se expide la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, en vigor a partir del diez de mayo de dos mil dieciséis, según lo dispone su artículo primero transitorio, en concordancia con el ordinal 8 del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal para la aplicación de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, reglamento vigente hasta en tanto se emita la nueva norma complementaria, se hace saber a las partes que hasta antes de la fecha señalada para la celebración de la audiencia constitucional, cuentan con el derecho para oponerse a la publicación de sus datos personales que aparecen en resoluciones, pruebas y demás constancias del expediente, ello en el momento de hacerse pública la misma; asimismo, en la etapa de allegar pruebas o constancias a juicio, pueden manifestar en forma expresa, si las mismas deben considerarse como reservadas o confidenciales con base en lo dispuesto en algún tratado internacional o en una ley expedida por el Congreso de la Unión o las Legislaturas de los Estados, todo lo anterior, sin perjuicio de lo que determine la unidad administrativa al instante en que le sea solicitada por terceros, información de este expediente.
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