Dorcas Pérez Guzmán
Expediente 681/2016 tramitado ante el Juzgado Quinto de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativo y de Trabajo y de Juicios Federales en el Estado de Querétaro. 8 actuaciones registradas, la última del 3 de septiembre de 2018.
Datos del expediente
- Expediente
- 681/2016
- Año
- 2016
- Actuaciones
- 8
- Última actuación
- 03/09/2018
Partes del expediente
- Dorcas Pérez Guzmán
- Subdelegado de Prestaciones del Instituto de Seguridad Y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, Delegación Estatal de Puebla
Actuaciones
Las 4 más recientes de 8.
- Principal
Vista la certificación que antecede, se advierte que el proveído de veintiocho de abril de dos mil dieciséis, por el que causó estado el auto por el cual se desechó la demanda de amparo, se ordenó el archivo del presente juicio y se dejó a disposición de la parte quejosa el documento, el cual por sus particularidades está considerado como original, sin que obre en el presente sumario constancia de notificación de dicho auto. Consecuentemente, notifíquese de manera personal a la parte quejosa, a efecto de que dentro del plazo de noventa días naturales, acuda a este juzgado a recoger dicho documento; apercibida que en caso de ser omisa, correrá el mismo destino del presente expediente, ello de conformidad con los últimos párrafos de los puntos décimo primero y vigésimo del citado Acuerdo...III
- Principal
SIENDO LA PRIMER HORA HÁBIL DEL DÍA DE LA FECHA. . .SE HACE EFECTIVO EL APERCIBIMIENTO Y SE NOTIFICA POR MEDIO DE LISTA AL QUEJOSO, EL AVISO DE 04/09/2018, QUE CONTIENE EL AUTO DE 03/09/2018, QUE EN LO CONDUCENTE DICE:Vista la certificación que antecede, se advierte que el proveído de veintiocho de abril de dos mil dieciséis, por el que causó estado el auto por el cual se desechó la demanda de amparo, se ordenó el archivo del presente juicio y se dejó a disposición de la parte quejosa el documento, el cual por sus particularidades está considerado como original, sin que obre en el presente sumario constancia de notificación de dicho auto. Consecuentemente, notifíquese de manera personal a la parte quejosa, a efecto de que dentro del plazo de noventa días naturales, acuda a este juzgado a recoger dicho documento; apercibida que en caso de ser omisa, correrá el mismo destino del presente expediente, ello de conformidad con los últimos párrafos de los puntos décimo primero y vigésimo del citado Acuerdo...III
- Principal
Visto; como de la certificación que antecede se desprende que ya transcurrió el término de cinco días, a que se refiere el artículo 98 de la Ley de Amparo, sin que el quejoso********************, hubiese recurrido el acuerdo dictado el trece de abril de dos mil dieciséis, en el que SE DESECHÓ DE PLANO LA DEMANDA DE AMPARO INTENTADA, por lo tanto, se declara que dicho auto HA CAUSADO ESTADO para todos los efectos legales, lo anterior con fundamento en el artículo 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria; consecuentemente; háganse las anotaciones de rigor en el libro de gobierno que se lleva en este juzgado, y archívese este asunto como total y legalmente concluido. En términos de los artículos Décimo Primero y Vigésimo Primero del Acuerdo General Conjunto 01/2009 de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, emitido por los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la Transferencia, Digitalización, Depuración y Destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintiséis de octubre de dos mil nueve, se indica que el presente expediente es susceptible de destrucción y carece de relevancia documental, motivo por el cual debe conservarse en el archivo reciente de este órgano jurisdiccional tres años, al término de los cuales deberán seguirse los lineamientos establecidos el punto Décimo Tercero del propio acuerdo. En tal virtud, hágase saber a las partes que una vez transcurridos cinco años de archivado el asunto, se desintegrarán materialmente la totalidad de las constancias que obran en este expediente, por lo que, en su caso, deberán comparecer a este juzgado dentro del término de noventa días a recoger los documentos originales que hayan aportado al procedimiento, con el apercibimiento de que de no hacerlo, dichos documentos podrán ser destruidos...II
- Principal
CUMPLIMIENTO DE PREVENCIÓN Agréguese a los autos para que obre como corresponda el escrito de cuenta suscrito por DORCAS PÉREZ GUZMAN, por medio del cual da cumplimiento al requerimiento que se le formuló en proveído de fecha veintiocho de marzo de dos mil dieciséis, en consecuencia se provee: DESECHAMIENTO Debe decirse que el artículo 113 de la Ley de Amparo, Reglamentaria de los artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, publicada en el Diario Oficial de la Federación, el dos de abril de dos mil trece, establece que el Juez de Distrito examinará ante todo, el escrito de demanda y si encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia, la desechará de plano. El artículo 113 de la Ley de Amparo, establece: "El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiere causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano." En este tenor, es claro que el órgano de control constitucional puede desechar cuando del contexto de la demanda se adviertan los siguientes elementos: a) Que se encuentre un motivo de improcedencia del juicio constitucional; b) Que ese motivo sea manifiesto, es decir, cuando se advierta en forma patente y absolutamente clara de la lectura del libelo, y c) Que también sea indudable, lo cual resulta de la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trata es operante en el caso concreto. Ante todo, debe indicarse que el escrito de demanda y su aclaración constituyen una unidad, por lo que tomando en cuenta ambos se advierte que la parte quejosa reclama el oficio de fecha veintiuno de mayo de dos mil quince; y como consecuencia los descuentos que mes con mes se le han venido haciendo a su pensión. Tomando en cuenta lo anterior, se advierte que la parte quejosa anexó a su demanda de amparo, la constancia de notificación relativa a dicho oficio, de la cual se desprende que le fue notificado el veintiséis de mayo de dos mil quince, documental que cuenta con pleno valor probatorio de conformidad con los artículos 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles aplicado en forma supletoria a la ley de la materia. Por lo que de esa fecha a la diversas en que promovió el presente juicio de amparo, se advierte que transcurrió en exceso el plazo de quince días que prevén los artículos 17 y 18 de la Ley de Amparo para el ejercicio de la acción constitucional, de ahí que se afirme que la presentación de la demanda es extemporánea. Sin que para arribar a esta conclusión se desconozca que la parte quejosa aduzca que mes con mes que le descuentan su pensión se actualiza el término para la promoción del juicio de amparo al señalar que alega actos omisivos. Lo anterior es así, en virtud de que contrario a lo que argumenta, la emisión y efectos del oficio aludido se agotaron en un solo momento a saber, cuando se emitió y conoció el apoyo jurídico y motivo de sus descuentos, siendo éstos consecuencia del indicado oficio y no actos novedosos e independientes que actualicen el plazo para impugnarlos vía juicio de amparo. Siendo así las cosas, lo procedente es desechar la presente demanda de amparo por actualizarse la causa de inejercitabilidad previsto en el artículo 61 fracción XIII de la Ley de Amparo, por interponerse la acción constitucional de manera extemporánea en relación con la fecha de notificación del oficio en que se le hicieron saber los motivos y fundamentos de los descuentos que se le realizan a su pensión. Inclusive, de estimarse que los efectos del aludido oficio se actualizan con cada descuento lo que le permite impugnarlos en su conjunto, de todas maneras el presente juicio es improcedente atendiendo a lo que enseguida se expone. El artículo 107, fracción IV, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, señala: "Artículo 107. Las controversias de que habla el artículo 103 de esta Constitución, con excepción de aquellas en materia electoral, se sujetarán a los procedimientos que determine la ley reglamentaria, de acuerdo con las bases siguientes: [.] IV.- En materia administrativa el amparo procede, además, contra actos u omisiones que provengan de autoridades distintas de los tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, y que causen agravio no reparable mediante algún medio de defensa legal. Será necesario agotar estos medios de defensa siempre que conforme a las mismas leyes se suspendan los efectos de dichos actos de oficio o mediante la interposición del juicio, recurso o medio de defensa legal que haga valer el agraviado, con los mismos alcances que los que prevé la ley reglamentaria y sin exigir mayores requisitos que los que la misma consigna para conceder la suspensión definitiva, ni plazo mayor que el que establece para el otorgamiento de la suspensión provisional, independientemente de que el acto en sí mismo considerado sea o no susceptible de ser suspendido de acuerdo con dicha ley. No existe obligación de agotar tales recursos o medios de defensa si el acto reclamado carece de fundamentación o cuando sólo se aleguen violaciones directas a esta Constitución." Por su parte, el artículo 61, fracción XX, de la Ley de la Materia, dice: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XX. Contra actos de autoridades distintas de los tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, que deban ser revisados de oficio, conforme a las leyes que los rijan, o proceda contra ellos algún juicio, recurso o medio de defensa legal por virtud del cual puedan ser modificados, revocados o nulificados, siempre que conforme a las mismas leyes se suspendan los efectos de dichos actos de oficio o mediante la interposición del juicio, recurso o medio de defensa legal que haga valer el quejoso, con los mismos alcances que los que prevé esta Ley y sin exigir mayores requisitos que los que la misma consigna para conceder la suspensión definitiva, ni plazo mayor que el que establece para el otorgamiento de la suspensión provisional, independientemente de que el acto en sí mismo considerado sea o no susceptible de ser suspendido de acuerdo con esta Ley. No existe obligación de agotar tales recursos o medios de defensa, si el acto reclamado carece de fundamentación, cuando sólo se aleguen violaciones directas a la Constitución o cuando el recurso o medio de defensa se encuentre previsto en un reglamento sin que la ley aplicable contemple su existencia. Bajo ese contexto, previo al juicio de amparo, el quejoso debió interponer en contra del acto combatido, el juicio de nulidad ante el Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, en términos de lo preceptuado por el artículo 14, fracción VI, de la Ley Orgánica del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, que a la letra dice: "Artículo 14.- El Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa conocerá de los juicios que se promuevan contra las resoluciones definitivas, actos administrativos y procedimientos que se indican a continuación: (.) VI. Las que se dicten en materia de pensiones civiles, sea con cargo al erario federal o al Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado; (.)." De lo anterior, se advierte claramente que contra el acto que el quejoso reclama en su demanda, procede un medio de defensa ordinario y en esas condiciones, como la parte quejosa no agotó el principio de definitividad que anima el juicio de garantías, es concluyente que el juicio de amparo es improcedente. Ello es así, en virtud de que, como ya se indicó, de la lectura integral de la demanda de garantías y su escrito aclaratorio, se advierte que la parte quejosa hace consistir el acto reclamado en la resolución emitida por el oficio 022-302/DP/AN/964/2015, de fecha veintiuno de mayo de dos mil quince, mediante el cual se sustentan las deducciones que se han realizado en la pensión por viudez del aquí quejoso, así como sus consecuencias consistentes en los descuentos que en ejecución de dicho oficio se le vienen realizando, por lo que contra tal acto procede el recurso de revisión en términos de la Ley Federal de Procedimiento Administrativo, o bien el Juicio de nulidad ante el Tribunal de Federal de Justicia Fiscal y Administrativa conforme el artículo 14 fracción VI de su Ley Orgánica. De lo anterior se advierte que la intención del Constituyente no fue que respecto de toda controversia, sin excepción, en la que se alegara que una norma general, acto u omisión de una autoridad generara vulneración a derechos humanos, deba proceder el juicio de amparo, sino que además debe reunir los requisitos de procedencia establecidos en el artículo 107 de la propia Constitución o en la ley reglamentaria, entre los cuales destaca, para el caso que nos ocupa, el conocido como "principio de definitividad", conforme al cual, previamente a promover el juicio de amparo, es necesario haber agotado los medios ordinarios de defensa que la ley que rija al acto u omisión reclamados prevea. Así entonces de los preceptos citados en los párrafos precedentes, de desprenden diversas excepciones al principio citado atendiendo particularmente a la naturaleza del acto reclamado, destacando como tales: Que la ley que prevea el medio de defensa respectivo, no permita la suspensión de los efectos del acto; Que los alcances de la suspensión que establezca la ley aplicable al acto, no sean los mismos que la ley reglamentaria del juicio de amparo; Que la ley que prevea el recurso, exija mayores requisitos para conceder la suspensión definitiva, que aquellos requeridos por la Ley de Amparo; Que la ley ordinaria establezca un plazo mayor que el que señala la ley de la materia, para el otorgamiento de la suspensión provisional (independientemente que el acto en sí mismo sea o no susceptible de ser suspendido); Que el acto reclamado carezca de fundamentación; y, Que la parte quejosa sólo alegue violaciones directas a la Constitución. La actualización de alguna de las premisas detalladas con antelación, haría entonces innecesario agotar los recursos ordinarios o medios de impugnación procedentes de conformidad con la ley del acto, antes de acudir al juicio de amparo. Sin embargo, en el caso el juicio de nulidad ante el Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa prevé la suspensión del acto sin exigir más requisitos que los establecidos en la Ley de Amparo. Apoya a lo anterior la Jurisprudencia de rubro y texto siguiente: RESOLUCIONES ADMINISTRATIVAS IMPUGNABLES ANTE EL TRIBUNAL FEDERAL DE JUSTICIA FISCAL Y ADMINISTRATIVA. EL PLAZO PARA OTORGAR LA SUSPENSIÓN CONFORME AL ARTÍCULO 28, FRACCIÓN III, INCISO C), DE LA LEY FEDERAL DE PROCEDIMIENTO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO, ES EQUIVALENTE AL PREVISTO EN LA LEY DE AMPARO, PARA EFECTOS DE LA OBSERVANCIA DEL PRINCIPIO DE DEFINITIVIDAD (LEGISLACIÓN VIGENTE A PARTIR DEL 3 DE ABRIL DE 2013). La fracción IV del artículo 107 de la Constitución Federal señala que en materia administrativa no será necesario agotar los medios de defensa ordinarios, siempre que conforme a las leyes que los prevean, se puedan suspender los efectos de los actos reclamados con los mismos alcances de la ley reglamentaria, "... y sin exigir mayores requisitos que los que la misma consigna para conceder la suspensión definitiva, ni plazo mayor que el que establece para el otorgamiento de la suspensión provisional". En consonancia con lo anterior, la fracción XX del artículo 61 de la Ley de Amparo dispone que el juicio de amparo es improcedente cuando proceda algún juicio, recurso o medio de defensa legal por virtud del cual los actos reclamados puedan ser modificados, revocados o nulificados, siempre que conforme a las leyes respectivas se suspendan los efectos de dichos actos con los mismos alcances y requisitos que los que la misma ley consigna para conceder la suspensión definitiva, "... ni plazo mayor que el que establece para el otorgamiento de la suspensión provisional ...". Ahora bien, de las normas anteriores se deduce que los conceptos jurídicos que utiliza tanto la Constitución como la Ley de Amparo para el otorgamiento de la suspensión, consistentes en: 1) los alcances; 2) los requisitos; y, 3) los plazos; son tres aspectos diferenciados que deben tomarse en cuenta para determinar si se debe o no relevar al quejoso de agotar el principio de definitividad, sin que deba confundirse la forma de apreciar la exigibilidad de cada uno de ellos, pues mientras que los requisitos para otorgar dicha medida cautelar constituyen una carga procesal que debe satisfacer el demandante, los otros dos factores, es decir, los alcances y los plazos, no tienen tal característica, toda vez que se trata de condiciones que deben observar las autoridades encargadas de concederla o negarla, y por tanto, son ajenos a la voluntad de los particulares. Por su parte, el artículo 28, fracción III, inciso c), de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo dispone que "El Magistrado Instructor deberá conceder o negar la suspensión provisional de la ejecución, a más tardar dentro del día hábil siguiente a la presentación de la solicitud."; lo cual significa que el tiempo que tome al Magistrado Instructor para proveer sobre la suspensión, no es un requisito para otorgar esta medida cautelar, en tanto que ni siquiera es una fatiga procesal que deba cumplir el demandante, sino más bien, una obligación impuesta al tribunal para brindar eficaz y oportunamente sus servicios. Consecuentemente, si a partir de la presentación de la demanda de nulidad, hay la posibilidad de que de inmediato se ordene la paralización de los actos enjuiciados, no hay motivo para afirmar que la legislación rectora de la jurisdicción contenciosa administrativa federal prevea mayores plazos que los de la Ley de Amparo para dictar el mandato suspensivo, toda vez que si bien de acuerdo con el artículo 112 de este ordenamiento, el Juez de Distrito debe proveer sobre la admisión de la demanda dentro del plazo de veinticuatro horas, la única diferencia entre uno y otro ordenamiento es que, para el amparo, el plazo para proveer sobre la suspensión se expresó en horas (24) y en la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo, se determinó en días (al día hábil siguiente); pero en ambos casos con un sentido temporal prácticamente equivalente, porque conforme los dos ordenamientos lo que se procuró fue que entre la presentación de la demanda y el acuerdo que la admita, y en su caso provea sobre la suspensión, solamente transcurra un día como límite, y si bien conforme a este examen comparativo, en algunos casos, el Magistrado Instructor podría demorar su dictado con unas horas más de diferencia, debe tenerse en cuenta que el propósito del mandato constitucional es que se actúe con una celeridad semejante a la que exige la Ley de Amparo, mas no que el texto de ésta se repita en todos los demás ordenamientos, pues aun dentro del juicio constitucional se producen situaciones que demoran excepcionalmente la respuesta de la petición de suspender el acto reclamado. En estas condiciones, si las violaciones alegadas por el hoy quejoso, a pesar de lo expresado en su demanda de amparo, no son directas respecto de la Constitución y los tratados internacionales en materia de derechos humanos, sino indirectas en relación con el recibo de pago y sí pueden ser impugnadas mediante el juicio de nulidad, es inconcuso que no se actualiza la excepción al principio de definitividad y, por consiguiente, se actualiza la causa de improcedencia que aquí se analiza. Expuesto lo anterior, y toda vez que la parte quejosa no encuadra en ninguna de las excepciones al principio de definitividad que atienden a la naturaleza del acto, previstas en la fracción IV del artículo 107 Constitucional y fracción XX, del artículo 61 de la Ley de Amparo, y que se detallaron en líneas precedentes en seis puntos, debe decirse que la parte quejosa debió agotar previo al juicio de amparo, el juicio de nulidad o el recurso de revisión, conforme a la Ley Federal del Procedimiento Contencioso Administrativo. Luego, este Juzgado Federal sostiene que respecto al acto reclamado; previamente a impugnarlo en la presente instancia constitucional, debe combatirse a través del juicio de nulidad o recurso de revisión, para considerar satisfecho el principio de definitividad que rige a este proceso de amparo. Es aplicable, la jurisprudencia emitida sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 252, Volumen 181-186, Primera Parte, Séptima Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, cuyo texto dice: "LEYES, RECURSOS QUE DEBEN AGOTARSE PREVIAMENTE AL AMPARO CONTRA. SI EL INTERESADO ESCOGE EL RECURSO O MEDIO DE DEFENSA LEGAL POR VIRTUD DEL CUAL PUEDA SER MODIFICADO, REVOCADO O NULIFICADO EL PRIMER ACTO DE APLICACION DE LA LEY, OPERA EL PRINCIPIO DE DEFINITIVIDAD DEL JUICIO DE AMPARO. De acuerdo con el criterio flexible y equitativo del tercer párrafo de la fracción XII del artículo 73 de la Ley de Amparo, adicionado por el decreto de 3 de enero de mil novecientos sesenta y ocho, publicado en el Diario Oficial de treinta de abril del mismo año, en vigor a los ciento ochenta días siguientes al de su publicación (28 de octubre de 1968), si contra el primer acto de aplicación de la ley combatida procede algún recurso o medio de defensa legal, por virtud del cual pueda ser modificado, revocado o nulificado, será optativo para el interesado hacerlo valer o impugnar, desde luego, la ley a través del juicio de amparo. Sin embargo, si el interesado opta por el recurso o medio de defensa legal, y si ese recurso o medio de defensa legal es procedente, opera el principio de definitividad que rige en el juicio de amparo, quedando obligado el interesado a recorrer, previamente a la interposición de la acción constitucional, todas las jurisdicciones y competencias a virtud del ejercicio de los recursos ordinarios tendientes a revocar o modificar el acto lesivo a sus intereses" Es aplicable, la jurisprudencia 14, emitida por el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Cuarto Circuito, Novena Época, con número de registro 172866, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, tomo XXV, marzo de dos mil siete, visible en la página 1558, que a la letra dice: "TRIBUNAL FEDERAL DE JUSTICIA FISCAL Y ADMINISTRATIVA. TIENE COMPETENCIA PARA CONOCER DEL JUICIO DE NULIDAD PROMOVIDO POR UN PENSIONADO O JUBILADO CONTRA LA NEGATIVA DEL INSTITUTO DE SEGURIDAD Y SERVICIOS SOCIALES DE LOS TRABAJADORES DEL ESTADO O DE LOS ÓRGANOS DEPENDIENTES DE ÉSTE, DE PAGAR DIFERENCIAS RESPECTO DE LA GRATIFICACIÓN ANUAL PREVISTA EN EL ARTÍCULO 57 DE LA LEY QUE RIGE DICHO INSTITUTO. Del análisis al artículo 11, fracción VI, de la Ley Orgánica del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, se advierte que este órgano es competente para conocer y resolver respecto de resoluciones de carácter administrativo dictadas en materia de pensiones civiles a cargo del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado. Luego, toda resolución dictada por dicha entidad o por los órganos competentes dependientes de ella en ese entorno de pensiones, se ubica en el citado supuesto competencial. Aunado a lo anterior, debe ponderarse que la gratificación anual que prevé el último párrafo del artículo 57 de la ley que rige dicho instituto en favor de los jubilados y pensionados, es un concepto que guarda íntima relación con la propia pensión, por tres razones: la primera, porque el derecho a recibirla depende de que se obtenga una pensión de cualquier naturaleza; la segunda, porque se otorga sin distingo a todos los que legalmente gozan del carácter de jubilados y pensionados; y, la tercera, porque por más que materialmente se entregue por separado de la pensión, se cuantifica según la cuota diaria que corresponde a ésta. Bajo ese orden de ideas se concluye que cualquier determinación que dicho instituto adopte en un plano de supra a subordinación sobre el otorgamiento de tal gratificación anual, como la negativa de pagar diferencias respecto de ésta, constituye en puridad jurídica una resolución administrativa dictada en materia de pensiones civiles con cargo al referido instituto y, por ende, su impugnación es susceptible de conocerse por el mencionado tribunal." Bajo tales condiciones, este órgano de control constitucional concluye que si el acto que se reclama puede ser combatido mediante el juicio de nulidad o recurso de revisión ante el Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, en términos de la Ley Federal del Procedimiento Contencioso Administrativa, y si este último ordenamiento, no exige mayores requisitos para conceder la suspensión del acto impugnado, ni un plazo mayor para pronunciarse sobre medida cautelar que el establecido para conceder la suspensión provisional, independientemente de que éste de acuerdo a su naturaleza sea o no susceptible de ser suspendido, y que dicha medida tiene los mismos alcances que los previstos en la Ley de Amparo; resulta inconcuso que la parte quejosa previamente a promover la presente acción constitucional, debió agotar el juicio de nulidad, para así observar el principio de definitividad que rige a este juicio de amparo; de donde se colige la improcedencia de la acción constitucional ejercitada. Es aplicable la tesis cuyo rubro y texto son del siguiente tenor: "JUICIO DE NULIDAD ANTE EL TRIBUNAL FEDERAL DE JUSTICIA FISCAL Y ADMINISTRATIVA. DEBE PROMOVERSE PREVIAMENTE AL AMPARO, DADO QUE CUMPLE A CABALIDAD CON LO PREVISTO EN EL ARTÍCULO 107, FRACCIÓN IV, CONSTITUCIONAL, EN VIGOR DESDE EL CUATRO DE OCTUBRE DE DOS MIL ONCE, POR CUANTO HACE AL PLAZO PREVISTO PARA OTORGAR LA SUSPENSIÓN PROVISIONAL. El artículo en mención prevé que en materia administrativa, previo a la interposición de la demanda de amparo, es necesario agotar los medios de defensa conducentes siempre que conforme a las leyes que los prevén se suspendan los efectos de los actos impugnados de oficio o mediante la interposición del juicio, recurso o medio de defensa legal que se haga valer, con los mismos alcances que los que prevé la ley reglamentaria y sin exigir mayores requisitos que los que la misma consigna para conceder la suspensión definitiva, ni plazo mayor que el que establece para el otorgamiento de la suspensión provisional, independientemente de que el acto en sí mismo considerado sea o no susceptible de ser suspendido de acuerdo con dicha ley. En este orden de ideas, si el artículo 28, fracción III, inciso c), de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo prevé que el Magistrado instructor deberá conceder o negar la suspensión provisional de la ejecución, a más tardar dentro del día hábil siguiente a la presentación de la solicitud, y por su parte, del análisis efectuado a los artículos 62 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo y 131 de este último ordenamiento se desprende que al presentarse un escrito se hará constar el día y la hora de ello y se dará cuenta con él dentro del día siguiente, siendo éste el plazo para que se provea sobre la suspensión provisional; por lo que se estima que al ser idénticos los plazos mencionados para conceder o negar la suspensión provisional, sí se cumple con lo dispuesto en la Constitución."(Tesis VI.1o.A.35 A, consultable en la página 1800, del Libro XI, Agosto de 2012, Tomo 2, Décima Época del Semanario Judicial de la Federación y sus Gaceta, sustentada por el Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Sexto Circuito) Luego entonces, en el caso que nos ocupa, no se está en presencia de alguna de las excepciones a ese principio en el proceso de amparo indirecto, cuenta habida que las violaciones reclamadas, pueden ser defendidas con plena eficacia a través de un juicio ordinario ante tribunales, porque sí es factible para el afectado obtener con eficacia la modificación, anulación o revocación de la resolución que estima violatoria de derechos fundamentales, a través del recurso ordinario, pues al interponerlo, el agraviado puede alegar los vicios de legalidad que ostenta la resolución, lo que equivale a plantear las llamadas violaciones constitucionales indirectas, cuya solución por su naturaleza, ya que se trata sólo de determinar si existe inobservancia de leyes secundarias, corresponde inicialmente a la autoridad ordinaria que debe resolver el recurso y sólo en forma mediata competerá al juez del amparo; sin que sea óbice que en múltiples ocasiones la autoridad ordinaria no analizara las violaciones directas a la Carta Magna que también pudiera causar la determinación recurrida, porque de todas maneras al fallarse, si dicha autoridad estima fundadas las violaciones de legalidad aducidas, el acto reclamado quedará sin efecto y resultará por tanto innecesario que se estudien aquellas violaciones directas a la Constitución, amén de que en virtud de la reforma constitucional, todas las autoridades jurisdiccionales tiene el deber de ejercer el control de constitucionalidad difuso. Sirve de apoyo a lo anterior, a contrario sensu, la jurisprudencia que indica: "DEFINITIVIDAD. EXCEPCIONES A ESE PRINCIPIO EN EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. De la interpretación literal y teleológica del artículo 107, fracciones III, IV, VII y XII, de la Constitución Federal, así como de los artículos 37, 73, fracciones XII, XIII y XV y 114 de la Ley de Amparo y de los criterios jurisprudenciales emitidos al respecto por los Tribunales del Poder Judicial de la Federación, se deduce que no existe la obligación de acatar el principio de definitividad que rige el juicio de amparo indirecto, cuando se reclaman los siguientes actos: I. Los que afectan a personas extrañas al juicio o al procedimiento del cual emanan; II. Los que dentro de un juicio su ejecución sea de imposible reparación; III. Los administrativos respecto de los cuales, la ley que los rige, exija mayores requisitos que los que prevé la Ley de Amparo, para suspender su ejecución; IV. Los que importen una violación a las garantías consagradas en los artículos 16, en materia penal, 19 y 20 de la Constitución Federal; V. Leyes, cuando se impugnan con motivo del primer acto de aplicación; VI. Los que importen peligro de la privación de la vida, deportación o destierro o cualquiera de los prohibidos por el artículo 22 constitucional; VII. Actos o resoluciones respecto de los cuales, la ley que los rige no prevé la suspensión de su ejecución con la interposición de los recursos o medios de defensa ordinarios que proceden en su contra; VIII. Los que carezcan de fundamentación; IX. Aquellos en los que únicamente se reclamen violaciones directas a la Constitución Federal, como lo es la garantía de audiencia; y X. Aquellos respecto de los cuales los recursos ordinarios o medios de defensa legales, por virtud de los cuales se puede modificar, revocar o nulificar el acto reclamado, se encuentran previstos en un reglamento, y en la ley que éste regula no se contempla su existencia." (Tesis LVI/2000, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la página 156, del tomo XII, julio de 2000, Novena Época, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta.) Por lo anteriormente considerado y fundado, SE DESECHA DE PLANO POR NOTORIA IMPROCEDENCIA, la demanda de amparo en análisis. Da vigor a lo dicho, la jurisprudencia que estatuye: "DESECHAMIENTO DE LA DEMANDA DE GARANTIAS. CAUSA DE IMPROCEDENCIA MANIFIESTA E INDUDABLE. De conformidad con el artículo 145 de la Ley de Amparo, el Juez de Distrito está obligado a examinar el escrito de demanda y si encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia la desechar de plano. Lo manifiesto se da cuando el motivo de improcedencia se advierte en forma patente y absolutamente clara de la lectura del libelo, de los escritos aclaratorios o de ampliación (cuando los haya) y de los documentos que se anexen a tales promociones; lo indudable resulta de que se tenga la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trate es operante en el caso concreto, de tal modo que aun cuando se admitiera la demanda y se substanciará el procedimiento no resultara factible formarse una convicción diversa, independientemente de los elementos que eventualmente pudieran allegar las partes." (Jurisprudencia 4, sustentada por el Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, consultable en la página 890, del tomo VII, Mayo de 1998, Semanario Judicial de la Federación, Novena Época)
Quedan 4 actuaciones en este expediente
El informe completo incluye el historial entero del expediente, además de antecedentes, validación de identidad y listas de riesgo en 16 países.
Esta página es un solo expediente. El informe completo es otra cosa.
FichaJudicial reúne en un mismo informe antecedentes judiciales, expedientes, validación de identidad, listas de riesgo y personas políticamente expuestas en 16 países de América Latina.
- Antecedentes y expedientes
- Validación de identidad
- Listas de riesgo y PEP
¿No es la persona que buscabas?
Consulta antecedentes judiciales, expedientes y listas de riesgo de cualquier persona en México.
Otros expedientes del mismo órgano
Juzgado Quinto de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativo y de Trabajo y de Juicios Federales en el Estado de Querétaro · 13,534 expedientes
- Donaciano Ugalde Peñaloza109/2018
- Dora González Arévalo619/2022
- Dora Leticia Nolasco González1699/2019
- Dora Margarita Ortiz Zarraga de Sánchez609/2016
- Dora María Montes Velázquez1257/2015
- Dora Rubio Covarrubias425/2023
- Dorian Álvarez Pérez1222/2018
- Dorina Sandoval Osornio2605/2015
- Dulce Andrea Gómez Hernández33/2019
- Dulce Arizbe Islas Martínez1048/2019
- Dulce Guadalupe Mendoza Rosales1621/2017
- Dulce Isabel Sabates Herrera1858/2015