Dorali Andres Pascual
Expediente 36/2017 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Oaxaca. 4 actuaciones registradas, la última del 23 de febrero de 2017.
Datos del expediente
- Expediente
- 36/2017
- Año
- 2017
- Actuaciones
- 4
- Última actuación
- 23/02/2017
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Oaxaca · Oaxaca
Partes del expediente
- Dorali Andres Pascual
- Dorali Andres Pascual y Otros.
Actuaciones
- Principal
MESA VII B San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, veintitrés de febrero de dos mil diecisiete. Toda vez que del cómputo secretarial de cuenta, se advierte que transcurrió el plazo de diez días previsto en el artículo 86 de la Ley de Amparo, para que la parte quejosa interpusiera recurso de revisión contra el auto dictado el treinta y uno de enero del presente año, por el que se sobreseyó fuera de audiencia en este juicio; consecuentemente, con fundamento en los artículos 356, fracción II, y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria de la Ley de Amparo, según su artículo 2°, se declara que ha causado estado dicho proveído. Con fundamento en los puntos cuarto, décimo, fracción I, décimo primero, vigésimo, vigésimo primero y vigésimo quinto del Acuerdo General Conjunto número 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintiséis de octubre de esa anualidad, en vigor a partir del veintiséis de noviembre del citado año, archívese el presente asunto como concluido. Por otra parte, se estima que este expediente carece de valor histórico, jurídico y de relevancia documental, en virtud de que no se ubica en alguno de los supuestos previstos en el punto vigésimo primero, párrafo último, del acuerdo en comento. Toda vez que se sobreseyó fuera de audiencia en este juicio de amparo, hágase del conocimiento de las partes que este expediente será conservado en este órgano jurisdiccional durante tres años, y una vez cumplido este plazo, se transferirá al Centro de Documentación y Análisis de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, para su destrucción, conforme a lo establecido en la fracción II del punto Vigésimo Primero del Acuerdo invocado. Realícense las anotaciones correspondientes en la carátula del expediente y en el libro de gobierno respectivo.
- Principal
MESA VII B Notifíquese personalmente.
- Principal
POR LISTA: San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, treinta y uno de enero de dos mil diecisiete. Con fundamento en el artículo 117 de la Ley de Amparo, agréguese el informe justificado que rinde la Presidenta de la Junta Especial Número Cuatro de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado, con residencia en esta ciudad, para que surta sus efectos legales consiguientes, con conocimiento de las partes. Asimismo, de conformidad con el numeral 119 de la Ley de Amparo, téngase como prueba de la referida autoridad responsable la documental que remite como apoyo a su informe, consistente en copia certificada de diversas constancias deducidas del juicio laboral 2026/2016 (4) de su registro; misma que se desahoga en razón de su propia y especial naturaleza. Ahora bien, visto el estado que guardan los presentes autos, se advierte que Doralí Andrés Pascual, por su propio derecho, promovió el presente juicio de amparo contra un actos del Presidente o Auxiliar; Secretario de Acuerdos y Actuario, todos de la Junta Especial Número Cuatro de la Local de Conciliación y Arbitraje en el Estado de Oaxaca, que hizo consistir esencialmente en la dilación de las referidas responsables para dar cuenta oportunamente con las promociones, señalar fecha para llevar a cabo la audiencia de conciliación, demanda y excepciones, así como efectuar el emplazamiento a los demandados dentro del juicio laboral 2026/2016 (4) de su registro, y como consecuencia de ello, en la omisión de dar continuidad al procedimiento laboral. Asimismo, que la Junta responsable al rendir su informe justificado (agregado en párrafos que anteceden), convino en la existencia del acto reclamado, y agregó que por auto de dieciséis de diciembre de dos mil dieciséis, dictó el auto de inicio en el referido expediente laboral, en el que señaló fecha y hora para la celebración de la audiencia tripartita (foja 11). Precisado lo anterior el suscrito juzgador estima que, en la especie, contra el acto aquí reclamado sobrevino la causa de improcedencia prevista en la fracción XXI del artículo 61 de la Ley de Amparo, que establece lo siguiente: Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado; (.). La cesación de efectos del acto reclamado a que alude la causa de improcedencia citada, debe entenderse cuando la autoridad de quien emana dicho acto deja de hacerlo, o bien, cuando lo revoca o deroga; así pues, para que sea aplicable el motivo de inejercitabilidad en comento, es necesario que el acto reclamado y los efectos que haya producido, sean totalmente revocados o derogados por la autoridad responsable, ya que el efecto legal y natural de la sentencia de amparo, es reponer al quejoso en el goce del derecho fundamental violado, por lo que en consecuencia, para considerar que han cesado los efectos del acto reclamado, se necesita que aparezca una situación idéntica a la que habría existido, como si el acto jamás hubiera nacido. Al respecto, es importante destacar que es el artículo 17 constitucional el que consagra el derecho público subjetivo de acceso a la impartición de justicia, que prevé a favor de los gobernados, entre otros, el principio de justicia pronta, que se traduce en la obligación de las autoridades encargadas de su impartición, de resolver las controversias ante ellas planteadas, dentro de los términos y plazos que para tal efecto establezcan las leyes; por lo tanto, para agotar el cumplimiento a tal garantía, en la especie, se requiere que la autoridad responsable emita sus resoluciones en los términos previstos en la ley. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia 2a./J. 59/99, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 38, Tomo IX, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, cuyo rubro y texto son: CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL. De la interpretación relacionada de lo dispuesto por los artículos 73, fracción XVI y 80 de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción de que para que la causa de improcedencia del juicio de garantías consistente en la cesación de efectos del acto reclamado se surta, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque tal acto, sino que es necesario que, aun sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí ninguna huella, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal. Precisado lo anterior debe decirse que el análisis de las constancias remitidas por la citada autoridad responsable en apoyo a su informe justificado, mismas que alcanzan valor probatorio pleno en términos de lo dispuesto por los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de amparo, permite conocer que el juicio laboral 2026/2016 (4) de su registro, se inició con motivo de la demanda promovida por la ahora quejosa Doralí Andrés Pascual, contra la Keren Cesia López Cruz; el propietario y responsable del Colegio de Formación Infantil "Parvulitos", y el propietario de la casa cientos seis de la calle Felipe Carrillo Puerto, en la Colonia Reforma Agraria de Santa Cruz Xoxocotlán; asimismo, que por acuerdo de dieciséis de diciembre de dos mil dieciséis, la citada Junta señaló las doce horas del catorce de febrero de dos mil diecisiete, para llevar a cabo el desahogo de la audiencia de conciliación, demanda y excepciones, por lo que ordenó notificar, apercibir, correr traslado y emplazar a los referidos demandados, así como notificar a la parte quejosa, a lo cual dio cumplimiento la actuaria de su adscripción, como se advierte de las constancias de notificación que remitió anexas a su informe de cuenta (fojas 12 a 21). Lo anterior permite establecer que los efectos del acto reclamado en este juicio de amparo han cesado, pues con posterioridad a la presentación de la demanda (seis de enero de dos mil dieciséis -foja 1-), las cosas volvieron al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo; toda vez que al dictar la autoridad responsable el dieciséis de diciembre de dos mil dieciséis, el acuerdo correspondiente a la fecha para llevar a cabo el desahogo de la audiencia de conciliación, demanda y excepciones, en el expediente laboral de origen, es evidente que se restituyó al impetrante en el goce del derecho violado, como si éste no hubiera invadido su esfera jurídica. Por tanto, en términos del artículo 63, fracción V, de la Ley de Amparo, se sobresee fuera de audiencia en este juicio. Lo anterior, toda vez que la aludida causa de improcedencia es manifiesta e indudable, por lo que no se causa agravio a la citada quejosa ni se le priva de defensa decretando el sobreseimiento del juicio fuera de audiencia, pues ni aun celebrándose la audiencia constitucional podría ser desvirtuada con prueba alguna y el resultado del fallo siempre sería en el mismo sentido. Se invoca en apoyo la jurisprudencia número 2a./J. 10/2003 de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 386, Tomo XVII, marzo de 2003, materia común, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, con rubro y texto: SOBRESEIMIENTO. PROCEDE DECRETARLO FUERA DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL, CUANDO SE ACTUALICE UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, MANIFIESTA E INDUDABLE. De lo dispuesto en los artículos 74, fracción III y 83, fracción III, ambos de la Ley de Amparo, se desprende que el legislador previó la posibilidad que durante el juicio sobreviniera alguna de las causales de improcedencia previstas por el artículo 73 de la ley de la materia, tan es así que en el segundo de los preceptos mencionados estableció la procedencia del recurso de revisión contra los autos de sobreseimiento; éstos son precisamente los que el Juez pronuncia cuando, durante el trámite conoce de la existencia de una causal de improcedencia. Conforme a lo anterior, cuando la causal de improcedencia sea notoria, manifiesta e indudable, de manera que con ningún elemento de prueba pueda desvirtuarse, procede decretar el sobreseimiento en el juicio de garantías, sin necesidad de esperar la audiencia constitucional; estimar lo contrario traería consigo el retardo en la impartición de justicia, lo que es contrario al espíritu que anima al artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en la parte que establece que toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por los tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial. En tales condiciones, se ordena dejar sin efecto la fecha y hora señaladas para la celebración de la audiencia constitucional en el presente juicio (foja 5); hágase lo anterior del conocimiento de las partes para los efectos legales consiguientes. Sin que obste a lo anterior que no obren en autos los informes que rindan las diversas autoridades que señalo como responsable la parte quejosa Secretario de Acuerdos y Actuario, ambos de la Junta Especial Número Cuatro de la Local de Conciliación y Arbitraje en el Estado de Oaxaca, toda vez que el acto que les reclamó en su escrito inicial de demanda deriva de los actos destacados reclamados al Presidente o Auxiliar de la Junta Especial Número Cuatro de la Local de Conciliación y Arbitraje en el Estado de Oaxaca, que se hacían consistir esencialmente en la dilación para dictar el acuerdo respectivo en el que se señalara fecha para para llevar a cabo el desahogo de la audiencia de conciliación, demanda y excepciones, toda vez que como se advierte de los párrafos que anteceden, esa violación fue reparada al haberse dictado acuerdo sobre el particular el dieciséis de diciembre de dos mil dieciséis, y las demandadas han sido emplazadas al juicio laboral. Notifíquese personalmente.
- Principal
MESA VII B San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, nueve de enero de dos mil diecisiete. Con el escrito de demanda de amparo, promovida por... , contra actos de la Junta Especial Número Cuatro de la Local de Conciliación y Arbitraje en el Estado de Oaxaca, y otras autoridades; fórmese expediente impreso y electrónico, regístrese en el libro de gobierno de este juzgado bajo el número 36/2017. En términos de los artículos 103, fracción I, 107, fracciones I, VII y XV de la Constitución Federal; 1º, fracción I, 5°, fracción IV, 21, tercer párrafo, 33, fracción IV, 35, 37, 64, 107, 108, 110, 112, 115 y 117 de la Ley de Amparo, se admite la demanda de que se trata; se otorga al agente del Ministerio Público de la Federación adscrito a este órgano de control constitucional, la intervención correspondiente, para ello, entréguesele una copia simple de la demanda. Sin que haya lugar a tramitar el incidente de suspensión, por no haberlo solicitado expresamente la parte quejosa. Se señalan las NUEVE HORAS CON DOCE MINUTOS DEL DOS DE FEBRERO DE DOS MIL DIECISIETE, para la audiencia constitucional. Solicítese a las autoridades señaladas como responsables el informe justificado, el cual deberán rendir dentro del plazo de quince días siguientes a que reciban el oficio, para ello, acompañarán en su caso, copias certificadas legibles y completas de las constancias necesarias para apoyarlo, de no hacerlo en sus términos, con fundamento en el precepto 260, fracción II, en relación con el 238 del ordenamiento invocado, se impondrá a la omisa una multa de cien a mil unidades de medida y actualización. A fin de agilizar el procedimiento, se pone a disposición exclusiva de las autoridades responsables el correo oficial de este Juzgado 1jdo13cto@correo.cjf.gob.mx y el telefax número 951 50 23870, para que por tales vías puedan enviar comunicaciones oficiales. Se previene a todas las partes para que comuniquen cuando cesen los efectos del acto reclamado o se actualicen causas notorias de sobreseimiento, así mismo, informen si en relación al acto reclamado se ha promovido diverso juicio de amparo, de ser así, indiquen el número de juicio y el Juzgado de Distrito que conoció del asunto, de incumplirlo, se les impondrá multa prevista en el precepto 251 de la referida Ley. Resérvese el emplazamiento a la parte tercera interesada, hasta en tanto obre el informe de la responsable ordenadora, y en su caso, se advierta a quien o quienes les resulte tal carácter. Se precisa a la parte quejosa, que para el caso de que las autoridades señaladas como responsables, no existan, o bien, la denominación que indica no sea la correcta, con fundamento en el numeral 108, fracción III, de la Ley de Amparo, que le impone la obligación de precisar en la demanda la autoridad o autoridades responsables; se les tendrá aquí como inexistentes, no se les dirigirán comunicaciones procesales, y en su oportunidad, se resolverá la litis, conforme a tal situación; salvo prueba en contrario, o señalamiento corregido. Por otro lado, se tiene como domicilio para recibir notificaciones personales el que indica la parte quejosa en el escrito de demanda y por autorizado para ese efecto a la persona que menciona. Asimismo, se autoriza a las partes, para que, al imponerse de los autos, puedan utilizar medios electrónicos (cámaras o lectores ópticos) para reproducir copias de las constancias de autos. En otro contexto, para el caso de que en este asunto se ordene alguna notificación personal, se habilita al actuario para que, de ser necesario, practique ésta en horas y días inhábiles. Para concluir, con el objeto de respetar el derecho a la intimidad de las partes al hacerse públicas las sentencias que sean de interés público, con fundamento en el artículo 118 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, hágase saber a éstas que al elaborarse la versión pública del fallo que se llegare a dictar se suprimirá o testará todo dato confidencial o reservado.
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