Dora Villalobos Cabal

Expediente 18/2021 tramitado ante el Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Guanajuato. 12 actuaciones registradas, la última del 13 de octubre de 2021.

Datos del expediente

Expediente
18/2021
Año
2021
Actuaciones
12
Última actuación
13/10/2021

Partes del expediente

  • Dora Villalobos Cabal

Actuaciones

Las 4 más recientes de 12.

  1. Principal

    Vista la certificación que antecede y el estado que guardan los autos, se advierte que ya trascurrió el término para interponer recurso de queja en contra de la determinación de veintiocho de septiembre de dos mil veintiuno, en la que este juzgado desechó la demanda de amparo promovida por ***, sin que haya hecho uso de tal derecho; en consecuencia, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 80, 97, fracción I, inciso a), y 98 de la Ley de Amparo, en relación con el diverso 356, fracción II, del Código Federal de Procedimiento Civiles, aplicable supletoriamente a la ley reglamentaria en cita, se declara que ha quedado firme el auto en mención. Archivo y valoración del expediente Con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, archívese el expediente como totalmente concluido, el cual carece de relevancia documental, dado que no se encuentra en alguna de las hipótesis previstas en el artículo 15 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales. En cumplimiento al artículo 21, inciso b) del citado Acuerdo General, el presente expediente es susceptible de destrucción, una vez que transcurran tres años - contados a partir de esta fecha en que se ordenó su archivo- puesto que se dictó un acuerdo que sin decidir el juicio en lo principal lo dio por concluido. No obsta a lo anterior que no obre en autos la entrega del oficio 10119/2021 dirigido al gerente de ***, por parte del actuario de la adscripción, lo cual se deja sin efectos, en virtud de lo señalado en supralíneas.

  2. Principal

    Por recibido el oficio que remite el secretario adscrito al Juzgado Cuarto de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México, a través del cual devuelve debidamente diligenciado el exhorto 451/2021 del índice de este juzgado y remite las constancias de notificación practicadas a la quejosa *****; en consecuencia, se tiene por debidamente notificada del proveído de diecisiete de septiembre del año en curso; sin mayor proveído en virtud de lo acordado mediante diverso de veintiocho de septiembre del presente año. En consecuencia dese de baja el presente exhorto, háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno respectivo, así como en el Sistema Integral de Seguimiento de expedientes.

  3. Principal

    Cumple prevención Agréguese a los autos el escrito de la quejosa **************, a través del cual da cumplimiento con el requerimiento que le fuera efectuado mediante proveído de diecisiete de septiembre del año en curso. Desechamiento de la demanda. Ahora, visto el estado de los autos y las documentales que la parte quejosa adjuntó a su escrito de demanda, se desprende que el presente juicio de amparo es improcedente, en forma notoria e indudable, acorde con lo que dispone el artículo 113 de la Ley de Amparo. La parte quejosa en esta instancia reclama el aseguramiento y bloqueo de la cuenta bancaria número *****************, a nombre de ****************, de la institución de crédito ********************, al ejecutar un mandato emitido por la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Al respecto, alega violación a sus derechos fundamentales consagrados en los artículos 1, 14 y 16 constitucionales, vulnerando su garantía de audiencia al habérsele privado del uso de la cuenta, sin haber sido oída ni vencida en procedimiento alguno. Lo que hace evidente que la quejosa se ostenta como tercero extraño al procedimiento de origen. No obstante, no le reviste tal carácter, como se verá a continuación. El artículo 107, fracción VI de la Ley de Amparo, establece la procedencia del procedimiento constitucional en contra de actos que afecten a personas extrañas a juicio o en este caso procedimiento. Debe señalarse, por otra parte, que tanto la doctrina como la jurisprudencia manejan indistintamente la expresión de persona extraña y de tercero extraño al referirse a la procedencia del amparo indirecto previsto en la fracción transcrita; sin embargo, acorde con las interpretaciones sustentadas por el Alto Tribunal, el concepto de persona extraña a juicio es más amplio que el de tercero extraño, porque en aquél se incluye al propio demandado cuando no es emplazado o cuando los vicios en el emplazamiento le impiden conocer los datos necesarios para defenderse. Ello, ha creado jurisprudencialmente la figura del tercero extraño por equiparación. Es de invocarse la jurisprudencia P./J. 7/98, la página 56, tomo VII del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, enero de mil novecientos noventa y ocho que, a la letra, dice: "PERSONA EXTRAÑA A JUICIO. CONCEPTO DE. Para los efectos de amparo, en los términos del artículo 114, fracción V, de la ley de la materia, persona extraña es, en principio, aquella que no ha figurado en el juicio o en el procedimiento como parte en el sentido material, pero que sufre un perjuicio dentro del mismo o en la ejecución de las resoluciones, sin haber tenido la oportunidad de ser oída en defensa por desconocer las actuaciones relativas, quedando incluida en ese concepto, asimismo, la parte que no fue emplazada o que fue emplazada incorrectamente" Lo asentado anteriormente permite establecer que si una persona que siendo parte afectada dentro de un procedimiento, no es llamada a este y se le impide acudir a defender el derecho que le asiste, entonces adquiere la calidad de tercero extraño por equiparación, precisamente porque la violación procesal cometida en su contra la constituye la falta de citación que lo hace desconocedor y, por ende, extraño al procedimiento seguido en su contra, ya que no se llegó a integrar la relación procesal, siendo precisamente esos defectos los que impidieron a la parte afectada conocer del procedimiento y ser oído y vencido en él. Ahora bien, de las constancias allegadas por la propia quejosa, se desprende que ********************, comunicó por escrito a la quejosa el bloqueo de su cuenta bancaria, haciéndole saber que dicha medida fue ordenada por la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, a fin de que, acudiera dentro del plazo de diez días hábiles siguientes contados a partir de que tuviera conocimiento de esa notificación, a fin de hacer valer lo que a su derecho convenga y por consiguiente, agotar todos los medios legales que estime conducentes. Lo anterior, acorde con lo que disponen el artículo 115 y 142 de la Ley de Instituciones de Crédito, los diversos 192 y 212 de la 71 y 72 de la Ley de Mercado de Valores. 55 y 91 de la Ley de Fondos de Inversión y 34 y 124 de la Ley de Ahorro y Crédito Popular, entre otros. En esa medida la quejosa se encuentra impedida para acudir a esta instancia, puesto que de autos se desprende que fue notificada de éste, circunstancia que le permite defender sus intereses dentro del procedimiento y, por ende, respetar su derecho de ser oída y vencida. Sirve de apoyo a lo anterior, por identidad de razón la jurisprudencia con número de registro 2000293, sostenida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta , febrero 2012, libro V, tomo 2, página 1627, que es de rubro literal siguiente: "TERCERO EXTRAÑO A JUICIO POR EQUIPARACIÓN. CARECE DE ESE CARÁCTER QUIEN TUVO CONOCIMIENTO DEL PROCEDIMIENTO NATURAL SEGUIDO EN SU CONTRA, ANTES DE LA EMISIÓN DE LA SENTENCIA." Si el quejoso en el juicio de amparo se ostenta como tercero extraño al juicio por equiparación, pero de autos se advierte que tuvo conocimiento del procedimiento de origen seguido en su contra cuando aún no se había dictado la sentencia respectiva, el amparo en vía indirecta es improcedente porque ya no puede considerarse que se ubique en el supuesto relativo a que la falta de emplazamiento o su ilegalidad le haya ocasionado un total desconocimiento que le impidió imponerse de los autos y defender sus intereses dentro del procedimiento, infringiendo en su perjuicio la garantía de audiencia contenida en el artículo 14 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. En ese tenor, si aquél tuvo conocimiento del juicio natural y estuvo en posibilidad de agotar los recursos o medios ordinarios de defensa, no se actualiza el supuesto de procedencia del juicio de garantías establecido en el artículo 114, fracción V, de la Ley de Amparo." Por tanto, al carecer del carácter de tercero extraño puede acudir a las instancias legales correspondientes a fin de ser oída y vencida en procedimiento y al no hacerlos, se actualiza la causal de improcedencia relacionada con el principio de definitividad, se explica: El artículo 61, fracción XX, de la Ley de Amparo, establece: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XX. Contra actos de autoridades distintas de los tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, que deban ser revisados de oficio, conforme a las leyes que los rijan, o proceda contra ellos algún juicio, recurso o medio de defensa legal por virtud del cual puedan ser modificados, revocados o nulificados, siempre que conforme a las mismas leyes se suspendan los efectos de dichos actos de oficio o mediante la interposición del juicio, recurso o medio de defensa legal que haga valer el quejoso, con los mismos alcances que los que prevé esta Ley y sin exigir mayores requisitos que los que la misma consigna para conceder la suspensión definitiva, ni plazo mayor que el que establece para el otorgamiento de la suspensión provisional, independientemente de que el acto en sí mismo considerado sea o no susceptible de ser suspendido de acuerdo con esta Ley. [.]" La disposición transcrita prevé que el juicio de amparo es improcedente cuando se reclaman actos distintos de los emitidos por tribunales judiciales que deban ser revisados de oficio o proceda contra ellos algún recurso, juicio o medio de defensa legal por virtud del cual puedan ser modificados, revocados o nulificados, y no se hubiere agotado antes de promover aquél. El principio de definitividad rector del juicio constitucional encuentra su justificación en que al tratarse de un medio extraordinario de defensa, la quejosa debe acudir a las instancias ordinarias que produzcan la insubsistencia del acto de autoridad antes de promover el amparo. La promovente reclama la inmovilización de cuenta bancaria a su nombre, en una institución crediticia, y dicha conducta es susceptible de ser impugnada ante el Tribunal Federal de Justicia Administrativa, en términos del artículo 3°, fracción V, de la Ley Orgánica del Tribunal Federal de Justicia Administrativa; por ello, para acatar el principio de definitividad que rige en el juicio de amparo, debió agotarse tal instancia. Ley Orgánica. "Artículo 3. El Tribunal conocerá de los juicios que se promuevan contra las resoluciones definitivas, actos administrativos y procedimientos que se indican a continuación: [.] V. Las que causen un agravio en materia fiscal distinto al que se refieren las fracciones anteriores;" Del artículo reproducido se obtiene que el juicio contencioso administrativo federal ante el Tribunal Federal de Justicia Administrativa, es procedente contra actos administrativos que causen un agravio en materia fiscal. Máxime si se advierte que en este caso se decretó el aseguramiento de cuentas bancarias que ha sido catalogado ya en jurisprudencia como acto de ejecución irreparable, concretamente en el siguiente criterio sostenido por la Segunda Sala del Supremo Tribunal de Justicia de la Nación: "INMOVILIZACIÓN DE CUENTAS BANCARIAS. CONTRA EL ACTO QUE LA DECRETA NO PROCEDE EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. De los artículos 28 de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo, en su texto reformado mediante decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el 10 de diciembre de 2010, 116, 117, 120, 121 y 127 del Código Fiscal de la Federación, deriva que el acto que decreta la inmovilización de cuentas bancarias puede impugnarse en forma optativa a través del recurso de revocación, o bien, del juicio contencioso administrativo y que, en ambos casos, puede solicitarse la suspensión de tal acto, sin mayores requisitos que los previstos en la Ley de Amparo. En esta línea, una vez dictada la sentencia en el procedimiento contencioso administrativo, puede promoverse el juicio de amparo en la vía uniinstancial." Es importante destacar que la Ley Federal del Procedimiento Contencioso Administrativo vigente, que rige a los actos que se someten al citado tribunal (conforme lo dispone el artículo primero de esa ley), prevé la suspensión de los actos reclamados, sin exigir mayores requisitos que los establecidos en la Ley de Amparo. Ello porque de la comparación de las disposiciones legales que rigen la suspensión del acto en el juicio contencioso administrativo ante el Tribunal Federal de Justicia Administrativa, previstas en la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo, y los requisitos establecidos en la Ley de Amparo, para la procedencia de la suspensión de los actos reclamados, se advierte que el primero de los ordenamientos legales en consulta no exige mayores requisitos para otorgar la suspensión definitiva de los actos de autoridad que los establecidos en la ley de la materia, inclusive, los plazos establecidos para resolver respecto de la medida cautelar de manera provisional son iguales en ambos casos; por tanto, este juzgado colige que las exigencias previstas en uno y otro ordenamiento son semejantes. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia, décima época, número de registro 2011289, sostenida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, libro 28, marzo de 2016, tomo II, página 1194, que es del tenor literal siguiente: "JUICIO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO FEDERAL. ES NECESARIO AGOTARLO PREVIAMENTE A ACUDIR AL JUICIO DE AMPARO, PORQUE LOS ALCANCES QUE SE DAN A LA SUSPENSIÓN DEL ACTO RECLAMADO CONFORME A LA LEY DE AMPARO, EN ESENCIA, SON IGUALES A LOS QUE SE OTORGAN CONFORME A LA LEY FEDERAL DE PROCEDIMIENTO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO. La Ley de Amparo prevé la obligación del juzgador de fijar la situación en que habrán de quedar las cosas y tomar las medidas pertinentes para conservar la materia del amparo hasta la terminación del juicio, pudiendo establecer condiciones de cuyo cumplimiento dependa que la medida suspensional siga surtiendo efectos. En tanto que la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo ordena que el Magistrado instructor determine la situación en que habrán de quedar las cosas cuando concede la suspensión, así como las medidas pertinentes para preservar la materia del juicio principal hasta que se dicte sentencia firme. Esta última prevención no es menor al postulado por la Ley de Amparo, relativo a la posibilidad de otorgar efectos restitutorios a la suspensión definitiva, que se traduce en restablecer provisionalmente al quejoso en el goce del derecho presuntamente violado en tanto se dicta sentencia definitiva, siempre y cuando sea jurídica y materialmente posible, pues ambos alcances tienden a preservar la materia del juicio y a restituir provisionalmente en el derecho violado al inconforme hasta que se dicte sentencia definitiva. Con ello, la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo no prevé mayores requisitos que los señalados en la Ley de Amparo para otorgar la medida cautelar, pues un análisis comparativo entre ambas legislaciones evidencia que tanto en el juicio contencioso administrativo, como en el de amparo, para que proceda la suspensión del acto impugnado o del acto reclamado, se exigen requisitos esencialmente iguales, pues en ambos casos debe preceder la solicitud respectiva, sin que exista afectación al interés social ni la contravención a disposiciones de orden público, así como acreditarse el acto de autoridad que cause perjuicios de difícil reparación, además de concurrir similitud en lo relativo a la obligación del solicitante de otorgar garantía cuando la suspensión pueda ocasionar daño o perjuicio a terceros, así como en los casos en que la suspensión quedará sin efectos, y ser coincidentes en señalar que ésta se tramitará por cuerda separada y podrá pedirse en cualquier tiempo mientras no se dicte sentencia ejecutoria." Además, como se adelantó la parte quejosa también puede acudir ante la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, conforme a la regla 76, fracción I de las Disposiciones de Carácter General a que se refieren los artículos 71 y 72 de la Ley para Regular las Actividades de las Sociedades Cooperativas de Ahorro y Préstamo y el diverso 115 de la Lay de Instituciones de Crédito, así como el diverso 73ª de la Resolución que reforma, adiciona y deroga las Disposiciones de carácter general a que se refiere el artículo 115 de la Ley de Instituciones de Crédito, a fin de hacer valer sus derechos. En ese contexto, se concluye que si el acto reclamado puede ser combatido mediante el contencioso ante el Tribunal Federal de Justicia Administrativa, en términos de la Ley Orgánica que rige a dicho tribunal, y el ordenamiento legal con base en el cual se tramitan tales juicios anulatorios, a saber, la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo, no exige mayores requisitos para conceder la suspensión del acto impugnado, resulta inconcuso que la parte quejosa previamente a accionar a este órgano de control constitucional debió agotar el juicio contencioso, para así observar el principio de definitividad que rige a este juicio de amparo. Por tanto, al actualizarse de forma notoria e indudable la causal de improcedencia ya detallada, se desecha de plano la demanda, promovida por *******************.

  4. Principal

    Vista la razón actuarial que antecede, de la que se desprende la imposibilidad que tuvo la actuaria judicial para entregar el oficio número 10119/2021, dirigido al gerente de ***, toda vez que al apersonarse en el domicilio ubicado en ***, se percató que el local en donde se encontraba dicha institución bancaria se encuentra totalmente vacío, y fue informada que dicho banco dejó de operar en el mencionado domicilio desde hace aproximadamente dos meses. Atento a lo anterior, con la finalidad de hacer llegar a dicha institución financiera la misiva de referencia, se comisiona al actuario de la adscripción para que se constituya en la esquina que forman las calles de ****, lugar donde se encuentra una sucursal de ****, a efecto de que haga entrega del oficio de referencia. Se instruye al fedatario judicial comisionado, para que en caso de que en dicha sucursal se nieguen a recibir la misiva aludida, indague la sucursal o matriz en el que deba ser entregada la misma y sin previo acuerdo proceda a realizar la encomienda en el lugar en que le sea indicado.

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