Dora Susana de la Rocha Cárdenas
Expediente 295/2023 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Sinaloa. 7 actuaciones registradas, la última del 31 de mayo de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 295/2023
- Año
- 2023
- Actuaciones
- 7
- Última actuación
- 31/05/2023
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Sinaloa · Sinaloa
Partes del expediente
- Dora Susana de la Rocha Cárdenas
- Juzgado Segundo de Primera Instancia del Ramo Familiar del Distrito Judicial de Culiacán, Sinaloa
Actuaciones
Las 4 más recientes de 7.
- Principal
Vista la certificación con que se da cuenta, se advierte que ha transcurrido el término de cinco días que establece el artículo 98 de la Ley de Amparo, sin que la parte quejosa interpusiera recurso de queja contra el auto pronunciado el veintisiete de abril de dos mil veintitrés, en el que se desechó de plano la demanda de amparo; por tanto, se declara que dicho auto ha causado estado, en consecuencia, se ordena el archivo de este expediente como asunto concluido, de conformidad con el artículo 196 de la ley de la materia, hágase esta circunstancia del conocimiento de las partes. Como se advierte de la certificación de cuenta, en este asunto no existen documentos originales exhibidos por las partes; asimismo, que el expediente electrónico y el físico coinciden en su totalidad.Así, en cumplimiento al Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado el veinticinco de marzo de dos mil veinte, se determina que el presente asunto no tiene valor jurídico, ni relevancia documental, por lo que es susceptible de destrucción.
- Principal
En razón de no haber acudido la parte quejosa, a las instalaciones de este Juzgado, a efecto de notificarle personalmente el auto de veintisiete de abril del año en curso, no obstante el citatorio dejado en su domicilio con anterioridad, se le notifica por lista de estrados el mencionado proveído, que en lo conducente dice: Visto el escrito aclaratorio de demanda y sus copias presentado por ***, mediante el cual, en cumplimiento al auto de veintitrés de marzo de dos mil veintitrés, manifiesta bajo protesta de decir verdad los antecedentes del acto reclamado, por lo que se tiene por cumplida la prevención efectuada. En acatamiento a lo dispuesto por el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, enseguida se precisan los actos reclamados, atendiendo para ello a la lectura íntegra de la demanda de amparo. Del Juzgado Segundo de Primera Instancia del Ramo Familiar del Distrito Judicial de Culiacán, Sinaloa: El auto de veinte de febrero de dos mil veintitrés, dictado en el juicio sucesorio testamentario ***, que negó la admisión del recurso de apelación promovido contra el auto que tuvo por no admitido el incidente de nulidad de actuaciones por falsificación de firma. Ahora bien, el artículo 113 de la Ley de Amparo, establece que el Juez de Distrito debe examinar la demanda de amparo y si encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia, la desechará de plano. En acatamiento a tal precepto, se advierte que respecto de la determinación reclamada en este asunto, se actualiza de manera notoria e indudable la causa de improcedencia que deriva de lo previsto en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el artículo 107, fracción V, ambos de la Ley de Amparo, este último aplicado en sentido contrario. La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en su artículo 107, fracción III, inciso b), establece la procedencia del juicio de amparo indirecto en contra de actos dentro del juicio en los términos siguientes: "Artículo 107. Las controversias de que habla el artículo 103 de esta Constitución, con excepción de aquéllas en materia electoral, se sujetarán a los procedimientos que determine la ley reglamentaria, de acuerdo con las bases siguientes: (.) III. Cuando se reclamen actos de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, el amparo sólo procederá en los casos siguientes: b) Contra actos en juicio cuya ejecución sea de imposible reparación, fuera de juicio o después de concluido, una vez agotados los recursos que en su caso procedan, y." De la disposición constitucional transcrita, se desprende que el juicio de amparo indirecto procede en contra de actos de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo que se actualicen dentro o fuera de juicio o después de que éste ha concluido. Cabe destacar que del propio precepto se advierte que la procedencia del amparo indirecto en contra de actos dentro de juicio está expresamente condicionada a que éstos tengan una ejecución de imposible reparación. En congruencia con esta previsión constitucional, el artículo 107, fracción V, de la Ley de Amparo, dispone: "Artículo 107. El amparo indirecto procede:. V. Contra actos en juicio cuyos efectos sean de imposible reparación, entendiéndose por ellos los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte". Como se puede apreciar, el precepto legal transcrito reitera el mandamiento contenido en el artículo 107, fracción III, inciso b), de la Constitución General de la República, virtud de que establece que tratándose de actos dentro de juicio el amparo en la vía indirecta procede cuando sus efectos sean de imposible reparación, destacando el legislador que por ellos se entienden los que afectan materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte. Acorde con la definición dada por el legislador en la ley reglamentaria, se puede concluir que los actos procesales tienen una ejecución de imposible reparación cuando afecten de manera cierta e inmediata algún derecho sustantivo protegido por la constitución o en algún tratado internacional del que el Estado sea parte, de modo que esa afectación no es susceptible de repararse con el hecho de obtener una sentencia favorable en el juicio. Esto es, el supuesto de procedencia se actualiza cuando tales actos cumplen concomitantemente con las siguientes notas distintivas: Afectan de manera cierta e inmediata algún derecho sustantivo; y, Esa afectación no desaparece ni aun en el supuesto de que el particular obtenga sentencia favorable a sus intereses. De lo antes expuesto, se puede concluir que el legislador trató de evitar que los juicios naturales se interrumpan constantemente mediante la promoción de juicios de amparo en contra de cada acto procesal que se vaya presentando en el procedimiento natural y que se estime perjudicial por algunas de las partes. En el entendido de que para salvaguardar los derechos de los justiciables, el propio legislador estableció como regla excepcional la posibilidad de que se impugnen desde luego únicamente aquellos actos que tengan una afectación de imposible reparación, entendiéndose por ellos los que afecten materialmente derechos sustantivos; cuestión que se justifica solamente en la medida de que tal violación no podría ser reparada ni aun obteniendo sentencia favorable, por lo que en ese supuesto ningún caso tendría esperar a que ésta se dictara para poder combatir un acto de esa naturaleza. De lo anterior, se desprende que a partir de la publicación de la Ley de Amparo vigente, para que un acto de autoridad pueda catalogarse como de imposible reparación -para la procedencia del juicio de amparo -, deben producir una afectación material a derechos sustantivos, cuyas consecuencias sean tan graves que impidan su ejercicio y no una simple lesión jurídica de naturaleza formal o adjetiva que probablemente no trascienda al resultado del fallo. Ahora bien, se precisa que el acto reclamado deriva de un juicio sucesorio, por lo que resulta conveniente acotar algunos preceptos del Título Segundo del Código de Procedimientos Familiares para el Estado de Sinaloa, relativo a los procedimientos sucesorios. En lo atinente, el proceso se puede resumir en las siguientes etapas o secciones: I. Declaración de herederos y albacea. II. Inventarios y avalúos. III. Administración y rendición de cuentas. IV. Liquidación y partición. En ellas, se deciden por separado y mediante una resolución especial las actuaciones y derechos deducidos hasta ese momento procesal. Dichas resoluciones, adquieren firmeza plena para las partes que intervienen en esos procedimientos. Lo hasta aquí precisado se contempla en los numerales 495, 524, 546 y 578 del Código de Procedimientos Familiares para el Estado de Sinaloa, que establecen: "Artículo 495. Fijados los edictos y hechas las publicaciones a que se refiere el artículo 488, lo cual certificará en los autos el secretario, una vez transcurrido el plazo concedido a los interesados para presentarse a deducir y justificar sus derechos, que se computará desde el día siguiente a la última publicación, el juez dictará auto haciendo la declaración de herederos en favor de quien lo estime pertinente en vista de los justificantes presentados o la denegará con reserva de sus derechos a los que la hubieren pretendido, para que los hagan valer en juicio ordinario." "Artículo 524. El inventario hecho por el albacea o por herederos, aprovecha a todos los interesados aunque no hubieran sido citados, incluso a los sustitutos y a los herederos por intestado. El inventario perjudica a los que lo hicieron y a los que lo aprobaron. Aprobados el inventario y el avalúo por el juez, no podrán reformarse sino por error o dolo declarados por sentencia definitiva pronunciada en juicio sumario." "Artículo 546. Si todos los interesados aprobaren las cuentas o no las impugnaren, el juez las aprobará. Si alguno o algunos de los interesados no estuvieren conformes, se tramitará el incidente respectivo, pero será indispensable para que se le dé curso, precisar la objeción y que los que sostengan la misma pretensión nombren representante común. El auto que apruebe o repruebe las cuentas, será apelable en el efecto devolutivo." "Artículo 578. La sentencia que apruebe o repruebe la partición es apelable en ambos efectos, cuando el caudal exceda de doscientos (sic) veces el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización." En este sentido, las violaciones procesales acontecidas durante las tres primeras fases son impugnables en amparo indirecto, en tanto que la última en la vía directa. Entonces para impugnarlas, debe esperarse a la emisión del auto que da por concluida la sección respectiva; esto es así, pues de impugnarse cada violación procesal se retardaría injustificadamente todo el juicio. En otras palabras, para determinar la procedencia del juicio de amparo contra las violaciones cometidas durante un juicio sucesorio deben analizarse dos supuestos: el primero, encaminado a analizar si el acto reclamado vulnera derechos sustantivos y, el segundo, el momento procesal en el que se acciona la vía constitucional. Lo anterior, ya que si el acto reclamado no vulnera derechos sustantivos debe estarse a la espera de que se emita el auto que finaliza la etapa procesal respectiva, si es que sus consecuencias afectan a alguna de las partes. Asimismo, se advierte que el juicio sucesorio constituye un proceso de carácter universal y de naturaleza peculiar, toda vez que se integra de cuatro etapas (independientes entre sí, dado que en cada una de ellas se persigue un objeto en especial y se resuelven por separado), teniendo como finalidad el proyecto de partición, liquidar un patrimonio y adjudicarlo a una persona determinada. Sin embargo, conforme al principio de preclusión inherente a todo proceso judicial, al aprobarse la partición y declararse la adjudicación, ya no es posible volver a analizar la totalidad de las actuaciones efectuadas dentro del juicio, sino que cada una de las secciones que lo componen se deciden por separado mediante la resolución especial correspondiente, la cual adquiere firmeza para quienes son llamados al juicio sucesorio y tuvieron intervención como herederos. Por ende, las violaciones procesales que se hubieren cometido en cada sección, no son impugnables a través del juicio de amparo indirecto, en virtud de que este último sólo procede contra la que decide el fondo de cada una de las secciones en comento o cuando exista un obstáculo que haga imposible su conclusión; pero excepcionalmente procederá la acción constitucional contra resoluciones que guarden autonomía o independencia de la determinación que ponga fin a la sección respectiva. Ahora bien, en la presente instancia constitucional la parte quejosa reclama el auto de veinte de febrero de dos mil veintitrés, dictado en el juicio sucesorio testamentario ***, que negó la admisión del recurso de apelación promovido contra el auto que tuvo por no admitido el incidente de nulidad de actuaciones por falsificación de firma. Establecido lo anterior, es evidente que el acto cuya constitucionalidad se reprocha, no tiene una ejecución que sea de imposible reparación, toda vez que no afecta de manera directa e inmediata derechos fundamentales de la parte quejosa contenidos en los derechos fundamentales que tutela la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos a su favor, como sería el caso de la vida, integridad personal, la libertad en sus diversas manifestaciones, propiedad, etcétera; ya que sólo entraña una posible infracción a sus derechos adjetivos produciendo efectos únicamente de carácter formal o meramente procesales. Por tanto, tomando en consideración los antecedentes del acto reclamado precisados con anterioridad, esto es, que el juicio sucesorio se encuentra en la etapa de liquidación y partición de la herencia, la transgresión de la que se queja, al constituir solamente una violación procesal, ésta puede quedar subsanada con posterioridad si la resolución que ponga fin a esa sección del juicio sucesorio, resulta finalmente favorable a sus intereses y aun cuando ello no sea así, podrá reclamarla a través del medio de impugnación correspondiente que, en su caso, promueva en contra del referido fallo. Por ende, el acto reclamado no es susceptible de ser analizado en la vía constitucional, pues fue dictado dentro de la última etapa del juicio de sucesión y cuyo contenido está relacionado precisamente con los procedimientos que se deben seguir conforme a los numerales previstos en el Título Segundo del Código de Procedimientos Familiares para el Estado de Sinaloa, relativo a los procedimientos sucesorios; en razón de no estarse en presencia de la última resolución definitiva que resuelva la sección correspondiente del referido juicio sucesorio, sino de un acto intermedio. Lo que podrá materializarse, hasta en tanto sea dictada esa última resolución a la etapa relativa, y de ser el caso, pueda repararse mediante el recurso ordinario o la vía constitucional directa. Consecuentemente, al actualizarse de manera manifiesta e indudable la causa de improcedencia derivada de lo previsto en la fracción XXIII del artículo 61 de la Ley de Amparo, en relación con el diverso 107, fracción V, del mismo ordenamiento, aplicado este último en sentido contrario, con apoyo en el numeral 113 de la citada legislación, se desecha de plano la demanda de amparo.
- Principal
Agréguese el escrito de cuenta, y sus copias, suscrito por la quejosa ***, mediante el cual pretende desahogar el requerimiento efectuado el veintitrés de marzo de dos mil veintitrés. Atento a ello, dígasele a la promovente que no es posible tener por cumplida la prevención efectuada, pues además de que omite hacer las manifestaciones bajo protesta de decir verdad, también omite relatar los antecedentes de forma completa, ya que omitió manifestar expresamente la etapa procesal en que se encuentra el juicio de origen; lo anterior, en términos del numeral 108, fracción V, de la Ley de Amparo. En virtud de lo anterior, subsiste el apercibimiento efectuado a la parte quejosa en los términos asentados en auto de veintitrés de marzo del año en curso, lo anterior, hasta en tanto de cumplimiento a lo antes precisado. Notifíquese personalmente.
- Principal
En razón de no haber acudido la parte quejosa, a las instalaciones de este Juzgado, a efecto de notificarle personalmente el auto de diecisiete de abril del año que transcurre, no obstante el citatorio dejado en su domicilio con anterioridad, se le notifica por lista de estrados el mencionado proveído, que en lo conducente dice: Agréguese el escrito de cuenta, y sus copias, suscrito por la quejosa ***, mediante el cual pretende desahogar el requerimiento efectuado el veintitrés de marzo de dos mil veintitrés. Atento a ello, dígasele a la promovente que no es posible tener por cumplida la prevención efectuada, pues además de que omite hacer las manifestaciones bajo protesta de decir verdad, también omite relatar los antecedentes de forma completa, ya que omitió manifestar expresamente la etapa procesal en que se encuentra el juicio de origen; lo anterior, en términos del numeral 108, fracción V, de la Ley de Amparo. En virtud de lo anterior, subsiste el apercibimiento efectuado a la parte quejosa en los términos asentados en auto de veintitrés de marzo del año en curso, lo anterior, hasta en tanto de cumplimiento a lo antes precisado. Notifíquese personalmente.
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