Dora Silvia Mercado Valenzuela

Expediente 1704/2016 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Morelos. 5 actuaciones registradas, la última del 20 de enero de 2017.

Datos del expediente

Expediente
1704/2016
Año
2016
Actuaciones
5
Última actuación
20/01/2017

Partes del expediente

  • Dora Silvia Mercado Valenzuela

Actuaciones

Las 4 más recientes de 5.

  1. Principal

    Cuernavaca, Morelos, veinte de enero de dos mil diecisiete. Se tiene por recibido el oficio registrado con folio 1771, signado por el Presidente de la Junta Especial Número Treinta y Uno de la Federal de Conciliación y Arbitraje en el Estado de Morelos, mediante el cual remite copia certificada de la resolución incidental del doce de enero de dos mil diecisiete, relativa al expediente laboral ********************. En virtud de lo anterior y con fundamento en el artículo 192 de la Ley de Amparo, se requiere a la autoridad responsable para que en el plazo de tres días, contado a partir de la notificación de este proveído, remita copia certificada de las constancias de notificación practicadas a las partes de la resolución del incidente de liquidación de fecha doce de enero actual. Se apercibe a la autoridad responsable que de incumplir lo anterior, ello sin causa justificada, con fundamento en el artículo 192, segundo párrafo, en relación con el 258 ambos de la Ley de Amparo, se le aplicara una medida de apremio consistente en multa de cien veces el valor de la Unidad de Medida y Actualización; ello en términos del decreto por el que se declara reformadas y adicionadas diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de desindexación del salario mínimo, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintisiete de enero de dos mil dieciséis. Lo que antecede, sin perjuicio de remitir el expediente al tribunal colegiado correspondiente, para seguir el trámite de inejecución que podrá culminar con la separación de su puesto y su consignación. Notifíquese.

  2. Principal

    Cuernavaca, Morelos, veintiuno de diciembre de dos mil dieciséis. Vista la certificación de cuenta, de la cual se advierte que ha transcurrido el plazo establecido en el artículo 86 de la Ley de Amparo para interponer recurso de revisión contra la sentencia definitiva dictada en el juicio de amparo en que se actúa, ello sin que ninguna de las partes lo haya hecho valer; en consecuencia, con fundamento en los artículos 356, fracción II, y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la ley de la materia, se declara que la sentencia de amparo ha causado ejecutoria. Atento a lo anterior, y debido a que en la ejecutoria de mérito se concedió la protección de la justicia de la unión, con fundamento en el artículo 192 de la Ley de Amparo, se requiere a la autoridad responsable para que en el término de diez días, contado a partir del día siguiente al en que surta efectos la notificación de este proveído, dé cumplimiento al fallo protector y remita, en copia certificada, las constancias con que lo acredite. Se apercibe a la autoridad responsable que de incumplir lo anterior, ello sin causa justificada, con fundamento en el artículo 192, segundo párrafo, en relación con el 258 ambos de la Ley de Amparo, se le aplicara una medida de apremio consistente en multa de cien veces el valor de la Unidad de Medida y Actualización; ello en términos del decreto por el que se declara reformadas y adicionadas diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de desindexación del salario mínimo, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintisiete de enero de dos mil dieciséis. Lo que antecede, sin perjuicio de remitir el expediente al tribunal colegiado correspondiente, para seguir el trámite de inejecución que podrá culminar con la separación de su puesto y su consignación. Sin que haya lugar a requerir al superior jerárquico de la autoridad responsable para que le ordene cumplir con la ejecutoria de mérito, puesto que al tratarse de un organismo jurisdiccional autónomo en el ámbito jurídico, no tiene superior jerárquico a quien requerirle que la conmine. Tiene aplicación al caso concreto la jurisprudencia 2ª./J.36/2011, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en el Semanario Judicial de la Federación bajo el registro 2000099, del rubro y texto siguientes: "JUNTAS Y TRIBUNALES LABORALES. NO TIENEN SUPERIOR JERÁRQUICO PARA EFECTOS DEL CUMPLIMIENTO DE LAS SENTENCIAS DE AMPARO. De los artículos 612, 617, fracción IV, 621 a 623 y 939 de la Ley Federal del Trabajo, así como de la evolución histórica de las Juntas y Tribunales Laborales deriva que para efectos del procedimiento previsto en el artículo 105 de la Ley de Amparo, relativo al cumplimiento de las ejecutorias protectoras de garantías, las referidas Juntas y Tribunales, al ser organismos jurisdiccionales plenamente autónomos en el ámbito jurídico, que realizan funciones paralelas y análogas a las del Poder Judicial, están desvinculados de su dependencia de origen con el Poder Ejecutivo, adquiriendo una absoluta autonomía en el ejercicio de su función jurisdiccional; es decir, ésta no se encuentra sometida a la potestad de autoridad alguna, porque ningún ente jurídico del Gobierno puede interferir en sus decisiones jurisdiccionales, ni sugerirles cómo han de resolver y cumplir, por lo que no tienen superior inmediato a quién requerirle que los conmine a cumplir con una ejecutoria de amparo." Finalmente, háganse las anotaciones en el libro de gobierno correspondiente, así como las capturas inherentes en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). Notifíquese. Así lo acordó y firma Jorge Carenzo Rivas, Juez Primero de Distrito en el Estado de Morelos, quien actúa ante María Guadalupe Salazar Martínez, secretaria que autoriza y da fe.

  3. Principal

    Cuernavaca, Morelos, once de noviembre de dos mil dieciséis. AUDIENCIA CONSTITUCIONAL En la Ciudad de Cuernavaca, Morelos, a las diez horas con cuatro minutos del once de noviembre de dos mil dieciséis, hora y día señalados para la celebración de la audiencia constitucional en el presente asunto, en audiencia pública el licenciado Jorge Carenzo Rivas, Juez Primero de Distrito en el Estado de Morelos, asistido de la Secretaria Rosa María Luna Mercado, con quien legalmente actúa, procede a dar inició a la audiencia constitucional del juicio de amparo número 1704/2016, promovido por el Dora Silvia Mercado Valenzuela, sin asistencia de las partes. Acto continuo, la Secretaria hace relación de las constancias que obran en autos, entre las que se encuentran por su importancia escrito inicial de demanda, auto admisorio e informe justificado rendido por las autoridades responsables; sin que sea necesario hacer mención expresa de cada una de ellas conforme a la tesis 26, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página treinta y nueve, de la segunda parte del Informe de Labores que rindió el Presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en mil novecientos ochenta y nueve, que dice: "PRUEBAS DOCUMENTALES, SU RELACIÓN EN LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL.- Para dar cumplimiento a lo dispuesto por el artículo 151, primer párrafo de la Ley de Amparo, es suficiente que en el acta de la audiencia se señale que se dio lectura a las constancias que obran en autos, para que se entienda que las documentales han quedado relacionadas y recibidas en este acto, sin que sea necesario que se haga mención expresa de cada una de ellas". Al respecto el Juez, acuerda: Se tiene por hecha la relación Secretarial que antecede, para los efectos legales a que haya lugar. Acto continuo, en período probatorio. Abierto el mismo, con fundamento en el artículos 119 de la Ley de Amparo, se tienen por desahogadas en razón de su propia y especial naturaleza, las documentales que remitió la autoridad responsable como anexo a su informe justificado, en particular la Junta señalada como responsable, consistentes en copias certificadas de las constancias que integran el expediente laboral número 1421/10, del índice de la Junta Número 31 de la Federal de Conciliación y Arbitraje en el Estado de Morelos, sin más pruebas que desahogar, se procede a cerrar el periodo probatorio y se declara abierto el período de alegatos, en el que se hace constar que ninguna de las partes los formuló; asimismo se hace constar que el agente del Ministerio Público de la Federación adscrito no presentó pedimento, consecuentemente, se procede a cerrar este periodo, al no haber diligencia que practicar, ni escrito por acordar, se concluye la presente audiencia, y se ordena dictar el fallo constitucional que conforme a derecho proceda. Doy fe. V i s t o s los autos para resolver el juicio de amparo 1704/2016; y, R E S U L T A N D O PRIMERO. Mediante escrito presentado el tres de octubre de dos mil dieciséis, en la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Morelos, con residencia en la ciudad de Cuernavaca, y remitido en la misma fecha, por razón de turno a este Juzgado Primero de Distrito en el Estado, Dora Silvia Mercado Valenzuela, por conducto de su apoderado, solicitó el amparo y protección de la Justicia Federal en contra de la autoridad y el acto que se mencionan a continuación: AUTORIDAD RESPONSABLE * Junta Especial Número Treinta y Uno de la Federal de Conciliación y Arbitraje en el Estado de Morelos. "ACTO RECLAMADO: . La denegación de justicia en la cual ha incurrido la responsable al omitir y con ello negarse a dictar la resolución incidental de Liquidación de Laudo, en el juicio de su conocimiento y hacérnoslo saber a las partes mediante la notificación correspondiente, dentro de los plazos y términos previstos en la ley reguladora del acto reclamado." SEGUNDO. La parte quejosa señaló como garantías individuales, las contenidas en los artículos 1, 14, 16, 17 y 123 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. TERCERO. Por razón de turno, correspondió a este Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Morelos, conocer de la demanda de garantías de que se trata, la cual quedó registrada bajo el número 1704/2016, por acuerdo de cuatro de octubre de dos mil dieciséis, se admitió a trámite la demanda de garantías, en el que se mandó pedir informe justificado a la autoridad responsable, como se acredita con el acuse de recibo que obra en autos; además, en el citado proveído se hizo del conocimiento de las partes que podrían oponerse a la publicación de sus datos personales, así como en el caso de ofrecer documentales, deberían precisar si contiene información de carácter reservada o confidencial, sin que al efecto hayan realizado manifestación alguna. Se dio la intervención que legalmente compete al agente del Ministerio Público de la Federación adscrito a este Juzgado; de igual forma, se emplazó a los terceros interesados al presente juicio; y se señaló fecha para el desahogo de la audiencia constitucional, la cual previo diferimiento, se inició al tenor del acta que antecede, en la que se ordenó dictar la sentencia definitiva que se emite al tenor de los siguientes; C O N S I D E R A N D O S PRIMERO. Este Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Morelos, con residencia en Cuernavaca, es legalmente competente para conocer y resolver el presente juicio de garantías, por razón de materia y territorio, de acuerdo a lo dispuesto por los artículos 103, fracción I, 107, fracción III, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 37, párrafo primero, y 107, fracción IV y V, de la Ley de Amparo, así como los artículos 48, en relación con el 55, fracción IV, ambos de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; así como los Acuerdos Generales números 03/2013, 15/2013 y 32/2014 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativos a la determinación del número y límites territoriales de los circuitos en los que se divide el territorio de la República Mexicana; y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito y de los Juzgados de Distrito; y por tratarse de un juicio de amparo en materia laboral en el que se reclaman actos de una autoridad que reside dentro del ámbito territorial en que este juzgado ejerce jurisdicción. SEGUNDO. La fijación clara y precisa del acto que se reclama a la autoridad responsable, se encuentra determinada en el resultando primero de esta sentencia, a la vez que la apreciación de las pruebas conducentes para tenerlo o no por demostrado se destacará en los apartados subsecuentes, con lo cual se cumple con la exigencia que toda sentencia debe tener en todo juicio de amparo, acorde con lo dispuesto en la fracción I, del artículo 74 y 76 de la Ley de Amparo, en relación con la jurisprudencia sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada a foja 32 del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XI, Abril de 2000, Novena Época, que es del siguiente tenor: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD. Este Alto Tribunal, ha sustentado reiteradamente el criterio de que el juzgador debe interpretar el escrito de demanda en su integridad, con un sentido de liberalidad y no restrictivo, para determinar con exactitud la intención del promovente y, de esta forma, armonizar los datos y los elementos que lo conforman, sin cambiar su alcance y contenido, a fin de impartir una recta administración de justicia al dictar una sentencia que contenga la fijación clara y precisa del acto o actos reclamados, conforme a lo dispuesto en el artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo". * El acto de molestia se hace consistir en la omisión de dictar la resolución definitiva del incidente de liquidación en el expediente del juicio laboral número 1421/10. TERCERO. La Junta Especial Número Treinta y Uno de la Federal de Conciliación y Arbitraje en el Estado de Morelos, al rendir su informe justificado aceptó la existencia del acto que se le atribuye, empero, además, agregó: "[.] ES CIERTO EL ACTO RECLAMADO, en virtud de que este Tribunal ha sido omiso en pronunciarse respecto del incidente de liquidación de laudo . sin embargo tal demora no es por negligencia, dolo o mala fe, sino por la excesiva carga de trabajo.", y con la finalidad de acreditar su existencia remitió copia certificada del acuerdo de seis de septiembre de dos mil dieciséis, dictado en los autos del expediente laboral número 1421/10; medios de convicción a los que se les otorga pleno valor probatorio de conformidad con los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente de acuerdo con el artículo 2° de la Ley de la Materia, en virtud de que cuenta con la certificación correspondiente asentada por una autoridad en ejercicio de sus funciones y, hace prueba plena de los hechos afirmados por la propia responsable. CUARTO. En el presente asunto las partes no hicieron valer causa de improcedencia, ni de oficio este Tribunal Federal advierte que se actualice, procede entrar al estudio del fondo del asunto planteado, sin que resulte necesario transcribir los conceptos de violación que hizo valer el peticionario de garantías en su escrito de demanda, ya que no se requieren para el desarrollo y dictado de la resolución, además de que dicha circunstancia no lo deja en estado de indefensión, pues ello no lo priva de la oportunidad para recurrirla y alegar lo que estime pertinente para demostrar, en su caso, la ilegalidad de la misma. Al caso, es aplicable el criterio del Segundo Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, sustentado en la jurisprudencia número 477, visible en la página 414, Tomo VI, Materia Común, Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-2000, que dice: "CONCEPTOS DE VIOLACIÓN. EL JUEZ NO ESTÁ OBLIGADO A TRANSCRIBIRLOS. El hecho de que el Juez Federal no transcriba en su fallo los conceptos de violación expresados en la demanda, no implica que haya infringido disposiciones de la Ley de Amparo, a la cual sujeta su actuación, pues no hay precepto alguno que establezca la obligación de llevar a cabo tal transcripción; además de que dicha omisión no deja en estado de indefensión al quejoso, dado que no se le priva de la oportunidad para recurrir la resolución y alegar lo que estime pertinente para demostrar, en su caso, la ilegalidad de la misma". QUINTO. Son fundados los conceptos de violación hechos valer por la parte quejosa de acuerdo con las siguientes consideraciones. En la especie, la parte quejosa aduce esencialmente que el acto reclamado emitido por la responsable, viola en su perjuicio sus garantías individuales consagradas en el dispositivo 17 constitucional. Del estudio de las constancias que integran el juicio, se advierte que la autoridad responsable en el juicio laboral número 1421/10, el seis de septiembre de dos mil dieciséis, en el que se turnó el expediente para dictar la interlocutoria correspondiente, documental que fue exhibida por la responsable en copia debidamente certificada por lo que se le otorga pleno valor probatorio de conformidad con los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente de acuerdo con el artículo 2° de la Ley de la Materia, en virtud de que cuentan con la certificación correspondiente asentada por una autoridad en ejercicio de sus funciones y, hacen prueba plena de los hechos afirmados por la propia responsable, sin embargo, hasta la fecha en que se rinde el informe justificado, no se ha dictado la resolución correspondiente al incidente de liquidación, provocando un retraso en el desarrollo del procedimiento ordinario y trae daños de imposible reparación, ya que la Junta nada dice respecto del dictado de la resolución interlocutoria acorde a los términos que la Ley de la Materia establece. En efecto, en la Ley Federal del Trabajo en los artículos 763 y 843 del citado ordenamiento laboral, numerales que textualmente se establece lo siguiente: Artículo 763. Cuando en una audiencia o diligencia se promueva incidente de falta de personalidad, se sustanciará de inmediato oyendo a las partes y se resolverá, continuándose el procedimiento. En los demás casos a que se refiere el artículo anterior, se señalará día y hora para la celebración de la audiencia incidental, que se realizará dentro de las veinticuatro horas siguientes, en la que las partes podrán ofrecer y desahogar pruebas documentales e instrumentales para que de inmediato se resuelva el incidente, continuándose el procedimiento. Artículo 843. En los laudos, cuando se trate de prestaciones económicas, se determinará el salario que sirva de base a la condena; cuantificándose el importe de la prestación se señalarán las medidas con arreglo a las cuales deberá cumplirse con la resolución. Sólo por excepción podrá ordenarse que se abra incidente de liquidación. De la recta interpretación de los dispositivos transcritos, se colige que la responsable esta obligada a emitir la resolución de inmediato una vez sustanciada la mencionada audiencia incidental, puesto que cuando se promueva un incidente de liquidación (que debe ser por excepción), se substanciará y resolverá de inmediato, pues la audiencia incidental se debe señalar dentro de las veinticuatro horas siguientes, con la finalidad de que las partes ofrezcan y desahoguen pruebas, resolviéndose enseguida la incidencia; sin embargo, la junta responsable a la fecha de la presentación de la demanda de garantías de la parte quejosa, no acredita que haya emitido la resolución correspondiente al incidente de liquidación, con lo que a simple vista se advierte que ha transcurrido en exceso el término que legalmente tiene para hacerlo. De igual forma, el imperativo contenido en el precepto 17 Constitucional señala que toda persona tiene derecho a que se administre justicia de manera pronta y expedita, en los términos que fijen las leyes. Lo antes trascrito pone de manifiesto la inobservancia por parte de la autoridad responsable de los preceptos legales citados, dado que la Junta responsable no ha resuelto el incidente de liquidación a pesar de que la propia ley establece que debe hacerse de manera inmediata, una vez que sea desahogada la audiencia de ley, y con ello incumple con su obligación de administrar la justicia laboral que tiene encomendada en los términos señalados en la ley de esa materia, particularmente en los artículos antes transcritos; razón por la cual se violenta en perjuicio del solicitante del amparo el contenido del numeral 17 Constitucional, pues la situación de que no se le administre justicia dentro de los plazos que señala la Ley Federal del Trabajo deviene violatorio del derecho público subjetivo de pronta y expedita impartición de justicia, circunstancia que motiva a conceder el amparo y protección de la Justicia Federal solicitada, para el efecto de que la autoridad responsable, de manera inmediata provea lo conducente a la emisión de la resolución interlocutoria del incidente de liquidación y lo notifique a las partes, ajustándose a lo preceptuado por la ley que rige su actuación dentro del procedimiento, con la obligación, se insiste, de notificar a las partes con toda oportunidad la resolución respectiva. Sirve de apoyo a lo anterior por analogía y en lo conducente, la tesis de jurisprudencia número 2a./J. 31/2001, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la novena época, visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, en el tomo XIV, agosto de 2001, en la página 193, la que por rubro y texto dice: "PERSONALIDAD EN EL JUICIO LABORAL. LAS OBJECIONES QUE AL RESPECTO SE REALICEN DEBERÁN RESOLVERSE DE PLANO, OYENDO A LAS PARTES EN LA AUDIENCIA DE LEY. Si se toma en consideración que de conformidad con la interpretación armónica de lo dispuesto en los artículos 761 a 763 de la Ley Federal del Trabajo, el incidente de falta de personalidad es un incidente de previo y especial pronunciamiento que necesariamente debe ser tramitado dentro del expediente principal en donde surgió la controversia y que cuando sea promovido dentro de una audiencia o diligencia, se sustanciará y resolverá de plano, resulta inconcuso que la objeción a la personalidad de alguna de las partes en el juicio laboral debe resolverse de plano, oyendo a las partes en la audiencia de ley, a efecto de evitar dilaciones procesales innecesarias y con la única condición de que en la resolución correspondiente, la Junta de Conciliación y Arbitraje exprese las razones jurídicas que haya tomado en cuenta para resolver en los términos en que lo haya hecho. Lo anterior se encuentra robustecido con el texto de la exposición de motivos de la reforma procesal a la Ley Federal del Trabajo que entró en vigor el cuatro de enero de mil novecientos ochenta, del que se desprende que el espíritu del legislador al incorporar tal reforma fue, entre otros, el de agilizar la tramitación de los procedimientos, apoyándose para ello en los principios de inmediatez y concentración procesal, motivo por el cual consideró pertinente que las objeciones que se hagan valer en relación con la personalidad de las partes en la audiencia de ley, deberán ser resueltas de plano en la misma pieza de autos, oyendo a las partes en ese momento, sin que para el caso se requiera de la tramitación de incidente formal alguno". En esas condiciones, al resultar fundado el concepto de violación analizado, supliendo las deficiencias de la queja, acorde a lo establecido en la fracción V, del artículo 79, y en acatamiento a la Jurisprudencia antes invocada, procede otorgar a la parte quejosa la protección constitucional solicitada, en los términos y para los efectos ya indicados, esto es, dicte de inmediato la resolución interlocutoria del incidente de liquidación, con apoyo en los términos fijados por la Ley Federal del Trabajo, con la obligación de notificar a las partes dicha determinación. SEXTO. De conformidad con lo dispuesto en los artículos 191 y 192, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales, en los que se determina el uso obligatorio del módulo de captura del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, relativo a las sentencias dictadas en los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito, se ordena la captura del presente fallo. Por lo expuesto, fundado y con apoyo además en los artículos 1º, 73, 74, 75, 77, 79 y 217 de la Ley de Amparo, se R E S U E L V E: PRIMERO. La Justicia de la Unión Ampara y Protege a Dora Silvia Mercado Valenzuela, en contra del acto que reclama de la Junta Especial Número Treinta y Uno de la Federal de Conciliación y Arbitraje en el Estado de Morelos, para los efectos precisados en el considerando quinto de este fallo. SEGUNDO. Por las razones expuestas en el considerando último de esta resolución, se ordena la captura y envío de la misma en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. Notifíquese. Así lo resolvió y firma, Jorge Carenzo Rivas, Juez Primero de Distrito en el Estado de Morelos, ante la Secretaria, Rosa María Luna Mercado, con quien actúa y da fe. Doy fe

  4. Principal

    Cuernavaca, Morelos, veintiocho de octubre de dos mil dieciséis.Por recibido el oficio registrado con folio 27533, signado por la Presidente Municipal de Temixco, Morelos, mediante el cual informa las gestiones que realiza para dar cumplimiento a la sentencia de amparo.Al respecto, se ordena agregar a los autos el oficio de cuenta, para que obre como corresponda y surta los efectos legales procedentes.Notifíquese.Así lo acordó y firma Jorge Carenzo Rivas, Juez Primero de Distrito en el Estado de Morelos, quien actúa ante María Guadalupe Salazar Martínez, secretaria que autoriza y da fe.

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