Dora Nidia Ruíz Chávez

Expediente 57/2023 tramitado ante el Juzgado Decimoprimero de Distrito en el Estado de Baja California, con residencia en Tijuana. 3 actuaciones registradas, la última del 20 de febrero de 2023.

Datos del expediente

Expediente
57/2023
Año
2023
Actuaciones
3
Última actuación
20/02/2023

Partes del expediente

  • Dora Nidia Ruíz Chávez

Actuaciones

  1. Principal

    Visto el estado procesal que guardan los presentes autos y la certificación secretarial de cuenta, se advierte que a la fecha ha transcurrido el término de cinco días hábiles que señala el artículo 98 de la Ley de Amparo, en relación con el diverso 97 fracción I inciso a), de dicha normatividad, sin que la parte quejosa haya recurrido el proveído en el que se desechó de plano la demanda que generó el presente juicio; en consecuencia, de conformidad con el numeral 2 de la Ley invocada, en relación con los numerales 355 y 356 fracción II del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se declara que ha causado estado el auto de mérito para todos los efectos legales correspondientes; háganse las anotaciones de rigor en el libro de gobierno y, en su oportunidad, archívese este expediente como asunto totalmente concluido. Por otra parte, en cumplimiento a lo ordenado en el artículo 21, inciso d), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, se establece que el presente asunto, atendiendo a sus particularidades, es destruible y carece de relevancia documental por no encuadrar en los supuestos establecidos en el artículo 15 del citado acuerdo; así entonces, hágase la anotación correspondiente en la carátula respectiva, así como la relativa al archivo del presente expediente. Expediente que de conformidad con lo asentado en la certificación secretarial de cuenta, no encuadra en alguna de las hipótesis que establecen los capítulos quinto, sexto o séptimo del Acuerdo General en cita. Consecuentemente, una vez que transcurra el término de tres años a que se refiere el primer párrafo del numeral 21 del citado acuerdo, procédase a su destrucción en términos del penúltimo párrafo del referido dispositivo; lo que se estima acontecerá a partir del veintitrés de febrero de dos mil veintiséis.

  2. Principal

    Se notifica por medio de lista a la parte quejosa el proveído de veinte de enero de dos mil veintitrés, que dice: "Tijuana, Baja California, veinte de enero de dos mil veintitrés. Vista la demanda de amparo promovida por Dora Nadia Ruiz Chávez, contra actos de la Contraloría del Poder Judicial del Estado de Baja California, con sede en esta ciudad y otras autoridades; fórmese y regístrese el expediente con el número 57/2023-A2. Seguidamente, cabe señalar que de la lectura íntegra del escrito de demanda, se aprecia que la parte quejosa reclama de la autoridad responsable, en forma medular lo siguiente: ? El emplazamiento al procedimiento de responsabilidad PAR 12/2022 y como consecuencia de ello, el inicio de dicho procedimiento. Ahora, el artículo 113, de la Ley de Amparo, establece lo siguiente: "Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano." Por su parte, el numeral 62 de la citada Ley, dispone: "Artículo 62. Las causas de improcedencia se analizarán de oficio por el órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo." De lo anterior, se desprende que es obligación de este juzgador, ante la existencia de alguna causal que haga improcedente el juicio de amparo, se adentre a su estudio y desechar una demanda de amparo cuando encuentre un motivo manifiesto e indudable de improcedencia. Luego, es ineludible precisar que "manifiesto" debe entenderse lo que se advierte en forma patente, notoria y absolutamente clara; y por "indudable", que se tiene la certeza y plena convicción de alguna idea o hecho, esto es, que no puede ponerse en duda por lo claro, seguro y evidente que es. En esos términos, para los efectos del desechamiento de la demanda, un motivo de improcedencia manifiesto e indudable es aquel que está plenamente demostrado, toda vez que, sea advertido en forma patente y absolutamente claro de la lectura del escrito de demanda. Además se tiene la certeza y plena convicción de que la causa de improcedencia que se advierta es operante en el caso concreto, de tal modo que aún en el supuesto de admitirse la demanda de amparo y substanciarse el procedimiento, no sería posible arribar a una convicción diversa, con independencia de los elementos que pudieran aportar las partes. Luego, tenemos que medularmente la parte quejosa señala como acto reclamado el emplazamiento al procedimiento de responsabilidad PAR 12/2022, del índice del Consejo de la Judicatura del Estado de Baja California, con sede en esta ciudad, en fecha diecisiete de enero de dos mil veintitrés y como consecuencia de ello, el inicio de dicho procedimiento. Como punto de partida, resulta oportuno señalar que las causales de improcedencia en un juicio de amparo son de orden público, lo que quiere decir que la sociedad encuentra interés en que los mismos sean tramitados únicamente respecto de aquellos actos que la ley autoriza, y como consecuencia, ante la actualización de alguna de ellas en cualquiera que sea la instancia procesal, su estudio debe ser preferente lo aleguen o no las partes, extremo que encuentra sustento en el artículo 62 de la Ley de Amparo. Ahora, como se adelantó, en el caso debe desecharse de plano la referida demanda, en virtud de que se actualiza de manera notoria y manifiesta la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XVIII de la Ley de Amparo, que dice: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: . XVIII. Contra las resoluciones de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, respecto de las cuales conceda la ley ordinaria algún recurso o medio de defensa, dentro del procedimiento, por virtud del cual puedan ser modificadas, revocadas o nulificadas. Se exceptúa de lo anterior: a) Cuando sean actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales; b) Cuando el acto reclamado consista en órdenes de aprehensión o reaprehensión, autos de vinculación a proceso, resolución que niegue la libertad bajo caución o que establezca los requisitos para su disfrute, resolución que decida sobre el incidente de desvanecimiento de datos, orden de arresto o cualquier otro que afecte la libertad personal del quejoso, siempre que no se trate de sentencia definitiva en el proceso penal; c) Cuando se trate de persona extraña al procedimiento. Cuando la procedencia del recurso o medio de defensa se sujete a interpretación adicional o su fundamento legal sea insuficiente para determinarla, el quejoso quedará en libertad de interponer dicho recurso o acudir al juicio de amparo;.". De la intelección de ese precepto legal y su correspondiente fracción, establece el principio de definitividad, propio de la naturaleza extraordinaria del juicio de amparo, por virtud del cual este resulta improcedente cuando, previamente a su promoción, el quejoso no haya agotado los recursos, juicios o medios ordinarios de defensa, a través de los cuales se puedan modificar, revocar o nulificar los actos que estime violatorios de los derechos fundamentales, salvo los casos de excepción. Por ello, los medios ordinarios de defensa son instituidos en las leyes para que los afectados los hagan valer, y solo en el caso de no obtener resolución favorable a sus intereses, se abre el medio extraordinario de defensa que es el juicio de amparo. En ese orden de ideas, en el caso, se encuentran reunidos los elementos que actualizan esa causal de improcedencia. Por un lado, el acto reclamado emana de una autoridad jurisdiccional, en concreto, el Consejo de la Judicatura del Estado de Baja California, con sede en esta ciudad, pues fue quien ordenó la apertura del procedimiento de responsabilidad PAR 12/2022. Igualmente, se cumple la condición relativa a que contra el acto reclamado proceda algún medio de defensa legal por medio del cual pueda ser modificado, revocado o nulificado. Para justificarlo, es importante reproducir el contenido del artículo 184 de la Ley de Responsabilidades Administrativas del Estado de Baja California, el que resulta del siguiente tenor: "Artículo 184. Los incidentes que tengan por objeto reclamar la nulidad del emplazamiento, interrumpirán la continuación del procedimiento." Como se puede observar, la ley en comento prevé que es posible reclamar la nulidad del emplazamiento al procedimiento de responsabilidad administrativa, por vía de incidente respectivo, el cual interrumpe la continuación del citado procedimiento. Finalmente, el último requisito también se encuentra satisfecho, en virtud que ninguna de las tres excepciones a que se contrae la fracción XVIII del artículo 61 de la Ley de Amparo, se surte. En efecto, en la especie, el acto reclamado no es de aquellos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o se trate de la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales. Por otra parte, tampoco consiste en alguno de estos actos: orden de aprehensión o reaprehensión, auto de vinculación a proceso, resolución que niegue la libertad bajo caución o que establezca los requisitos para su disfrute, resolución que decida sobre el incidente de desvanecimiento de datos, orden de arresto; ni tampoco de cualquier otro que afecte la libertad personal de la parte quejosa. Ni menos aún se trata de persona extraña al procedimiento de origen, porque de constancias, se advierte que a la parte quejosa bajo protesta de decir verdad estableció que tuvo conocimiento del acto de reclamo en virtud de la diligencia de emplazamiento llevada a cabo el diecisiete de enero de dos mil veintitrés. Sin que en el caso, la procedencia del incidente de que se trata se sujete a interpretación adicional o su fundamento legal sea insuficiente para determinarla, pues el artículo 184 de la Ley de Responsabilidades Administrativas del Estado de Baja California, es claro y categórico en señalar que es posible reclamar la nulidad de emplazamiento a través del incidente que tenga dicho objeto, el cual interrumpe la continuación del procedimiento de responsabilidad PAR 12/2022, de que se trata. Atento a las consideraciones antes expuestas, y en virtud de que no se actualizó alguna excepción al principio de definitividad, se concluye que la parte quejosa debió hacer valer el incidente de nulidad de emplazamiento ante la autoridad competente antes de acudir a la instancia constitucional. Por consiguiente, al no agotar la quejosa el principio de definitividad que rige al juicio de amparo, se actualiza la causal de improcedencia prevista en la fracción XVIII, del artículo 61, de la Ley de Amparo, por lo que con apoyo en el diverso 113 de la invocada ley, procede desechar de plano la demanda de mérito. En otro aspecto, se le tiene señalando como domicilio para oír y recibir notificaciones el que precisa en su ocurso y como autorizados de su parte, en términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo, a Óscar Alberto Castillo Ramírez, Francisco Pedroza Franco, Nuvia Hernández Madera y Guillermo González Muñoz, quienes cuentan con cédula profesional registrada en la base de datos instaurada en cumplimiento al artículo 185 del Título Décimo "Del Registro Único de Profesionales del Derecho" del Acuerdo General sin número del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que Reglamenta la Organización y Funcionamiento del Propio Consejo, publicado en el Diario Oficial de la Federación el tres de octubre de dos mil seis, mismo que derogó el similar 24/2005, relativo al establecimiento del Sistema Computacional para el Registro Único de Profesionales de Derecho, ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito, publicado en el Diario Oficial de la Federación, de dieciocho de julio de dos mil cinco. Ahora, en atención a la solicitud que realiza para que se autorice hacer uso de los medios y servicios electrónicos a través de la página oficial http://www.serviciosenlinea.pjf.gob.mx/juicioenlinea, respecto al presente juicio de amparo. Atento a lo anterior, y dado que se aprecia el estado de vigencia en la que se encuentra el certificado digital (Firel) de los usuarios que señala en el ocurso constitucional, de conformidad con el artículo 263, fracción IV, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que abroga los acuerdos de contingencia por COVID-19 y reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones relativas a la utilización de medios electrónicos y soluciones digitales como ejes rectores del nuevo esquema de trabajo en las áreas administrativas y órganos jurisdiccionales del propio Consejo, así como en los diversos 10, 14 y 57 del Acuerdo General 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo, en relación con el 3 de la Ley de Amparo, se autoriza a los usuarios "oscarcastilloramirez" y "guillermoglez", para que realice la consulta en el línea del juicio de amparo 57/2023, del índice de este órgano jurisdiccional, quienes también podrán presentar las promociones, documentos y medios de prueba que consideren necesarios. Sin ser el caso de ordenar sus notificaciones por la vía electrónica, dado que no lo solicitó expresamente como lo prevé el artículo 26 fracción IV, de la Ley de Amparo. Apoya lo expuesto con antelación los razonamientos expuestos en la tesis de rubro y texto siguiente: "NOTIFICACIONES ELECTRÓNICAS EN EL JUICIO DE AMPARO. PARA QUE PUEDAN HACERSE RESPECTO DE RESOLUCIONES, SE REQUIERE DE SOLICITUD EXPRESA DEL INTERESADO, CONTAR CON FIRMA ELECTRÓNICA Y DE LA AUTORIZACIÓN DEL JUZGADOR. El artículo 26, fracción IV, de la Ley de Amparo autoriza que las notificaciones en el juicio puedan hacerse vía electrónica a las partes, condicionado a que así lo soliciten y que previamente hayan obtenido la firma electrónica. Por su parte, los numerales 77 a 80 del Acuerdo General Conjunto 1/2015 de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, que regula los servicios tecnológicos relativos a la tramitación electrónica del juicio de amparo, las comunicaciones oficiales y los procesos de oralidad penal en los Centros de Justicia Penal Federal, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 9 de diciembre de 2015, prevén la posibilidad de que las partes consulten el expediente electrónico respectivo, lo que se supedita a la previa solicitud expresa del interesado y a la autorización del juzgador ante quien se tramite el asunto, con la determinación de que dicha cuestión no implica, por sí misma, el permiso para notificarse electrónicamente de resoluciones judiciales, pues para ello se exige, en primer término, la solicitud expresa mediante una promoción impresa o electrónica, cumpliendo los requisitos respectivos, aunado a que el Juez es el único facultado para autorizar o revocar los permisos necesarios para realizar notificaciones en esta forma. En esa tesitura, si se solicita la vinculación del juicio de amparo con un nombre de usuario, de concederse, únicamente tiene como consecuencia poder consultar el expediente electrónico; dicho en otras palabras, la circunstancia de que a solicitud expresa, el expediente electrónico se vincule a un determinado usuario, no implica que por ese hecho, las notificaciones se harán electrónicamente, pues para ello se requiere de una solicitud expresa del interesado, entre otros requisitos." Por consiguiente, una vez que se encuentre autorizado del presente auto, el Secretario realizará el trámite correspondiente, para el registro de acceso al sistema del servicio en línea de los usuarios "oscarcastilloramirez" y "guillermoglez", para la consulta en forma electrónica única y exclusivamente del juicio 57/2023, quien deberá realizar la certificación e impresión respectiva. Ahora, de conformidad con los artículos 52 bis y 251 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que abroga los acuerdos de contingencia por COVID- 19 y reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones relativas a la utilización de medios electrónicos y soluciones digitales como ejes rectores del nuevo esquema de trabajo en las áreas administrativas y órganos jurisdiccionales del propio consejo, vigente a partir del siete de noviembre de dos mil veintidós, se exhorta a las partes para que, de ser posible, accedan a las herramientas tecnológicas continuar con la tramitación del presente asunto, a través del esquema de "juicio en línea", hasta su conclusión y archivo. Por último, atento a lo previsto en los artículos 6 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 3, fracción XIV, inciso c), 4, fracción III, 8, 20 y 21 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, así como en los ordinales 5, 6, 7 y 8 del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal para la aplicación de la invocada legislación, hágase saber a las partes el derecho que les asiste para oponerse a la publicación de sus datos personales, al hacerse pública la sentencia que se dicte en este asunto; apercibidas que de no hacerlo, en la versión pública que se realice de dicha determinación, se suprimirá la información considerada legalmente reservada o confidencial que encuadre en los supuestos señalados en los numerales 3, 13, 14, 18 y 22 de la ley citada en primer término, lo que se hará en los términos de los criterios para la supresión de información confidencial o reservada y de la elaboración de versiones públicas, previstos en los artículos 5, 14, 25, 28, 44, 54, 55 y 56 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de transparencia, acceso a la información pública, protección de datos personales y archivos, publicado en el Diario Oficial de la Federación el seis de febrero de dos mil catorce."

  3. Principal

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