Dora Nelly Santana Angel
Expediente 503/2020 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Guerrero. 30 actuaciones registradas, la última del 13 de diciembre de 2022.
Datos del expediente
- Expediente
- 503/2020
- Año
- 2020
- Actuaciones
- 30
- Última actuación
- 13/12/2022
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Guerrero · Guerrero
Partes del expediente
- Presidente del Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado
- Dora Nelly Santana Angel
- Dora Nelly Santana Angel y Otros.
Actuaciones
Las 4 más recientes de 30.
- Principal
Chilpancingo de los Bravo, Guerrero, trece de diciembre de dos mil veintidós. Visto el estado de los autos que guarda el juicio de amparo en que se actúa y la certificación secretarial que antecede, se desprende que la parte quejosa no realizó manifestaciones sobre el cumplimiento dado a la ejecutoria de amparo, por la autoridad responsable en este juicio; por tanto, este órgano de control constitucional se pronuncia con relación a dicho cumplimiento, por ser de orden público y análisis oficioso. Señalado lo anterior, se considera necesario realizar un análisis bajo los lineamientos que se expondrán en apartados subsecuentes. 1.- Efectos de la ejecutoria de amparo. De las constancias que integran el presente juicio de amparo, se advierte que mediante sentencia de siete de abril de dos mil veintidós, se concedió la protección constitucional a la parte quejosa, para el efecto que la autoridad responsable Presidenta del Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Guerrero: realizara lo siguiente: (i). En complemento al proveído de veintitrés de septiembre de dos mil veintiuno, pronunciado en el juicio laboral 493/2007, emitir un nuevo acuerdo en donde, vincule al cumplimiento del laudo condenatorio a la Gobernadora y a la Secretaría de Finanzas y Administración del Gobierno del Estado; así como al Presidente, Tesorero y Secretario de Finanzas, estos últimos del demandado Ayuntamiento Municipal Constitucional de Ajuchitlán del Progreso, Guerrero, y al Congreso del Estado de Guerrero. Con la precisión que, en el auto que emita en cumplimiento a esta sentencia, deberá determinar específicamente cuáles son las obligaciones de cada una de las autoridades vinculadas, así como las acciones que deberán efectuar, dentro del ámbito de sus facultades legales, mismas que se precisaron en la parte final de la presente sentencia. Además, con plenitud de jurisdicción, pero de manera fundada y motivada, en observancia a los artículos 14 y 16 Constitucionales, deberá efectuar los apercibimientos pertinentes, sin que lo anterior implique que la autoridad no haga uso de las medidas de apremio legalmente a su alcance, porque entonces el cumplimiento de las autoridades vinculadas no sería obligatorio sino voluntario, al no tener absolutamente ningún motivo de coerción para cumplir con lo ordenado. En auto de veintiocho de junio de dos mil veintidós, causó ejecutoria la sentencia dictada en el presente juicio de amparo; consecuentemente se requirió el cumplimiento de la misma. 2. Trámites de la responsable. De las constancias que obran en autos se aprecia que la autoridad responsable Presidenta del Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Guerrero, realizó lo siguiente: Remitió el oficio 6001/2022 de cinco de julio de dos mil veintidós, al que adjuntó copia certificada del auto dictado el veintiuno de junio del año en curso, en el juicio laboral 493/2007 (foja 379), en el cual en lo que interesa se aprecia que literalmente acordó lo siguiente: ? "[.] ahora bien, con la finalidad de dar cumplimiento al apartado Tres, se determina vincular al cumplimiento del laudo de manera conjunta a la Gobernadora del Estado de Guerrero, Secretaría de Finanzas y Administración del Estado, Presidente y Tesorero o Secretario de Finanzas del demandado, así como al Congreso del Estado de Guerreo, al efecto de que en las esferas de su competencia, realicen todos y cada uno de los actos necesarios, encaminados a cumplir con el laudo emitido por este Tribunal, por el monto de $574,363.08 (QUINIENTOS SETENTA Y CUATRO MIL TRESCIENTOS SESENTA Y TRES PESOS 08/100 M.N.).- - - se establece que las obligaciones para cada una de los antes mencionados son las siguientes: C. Maestra EVELÝN CECIA SALGADO PINEDA, Gobernadora del Estado de Guerrero, - - - deberá girar instrucciones a la Secretaría de Finanzas y Administración del Estado, por conducto de su Secretario C. Contador Público RAYMUNDO SEGURA ESTRADA, para que - - - realice las acciones pertinentes a fin de que pueda ser cumplido el laudo, con respecto al Presidente Municipal C. VÍCTOR HUGO VEGA HERNÁNDEZ y Tesorero y/o Secretario de Finanzas del demandado, realice las gestiones necesarias a fin de generar recursos o pedir la ampliación de su presupuesto o solicitar préstamos e ingresar a su presupuesto de egresos conforme lo establece el artículo 146 de la Ley invocada para el pago del laudo, para lo cual deberán solicitar a los ya mencionados, Gobernadora del estado de Guerrero, Secretaría de Finanzas y Administración del Estado, el apoyo financiero apegado a los artículos antes mencionados, asimismo deberán solicitar al Congreso del Estado de Guerrero la ampliación de su presupuesto o la aprobación en su presupuesto de egresos.- - - deberá proveer lo necesario a fin de que el presupuesto de egresos del ente demandado se apruebe a la brevedad posible. - - -apercibidos que de no hacerlo así, se les aplicará una multa de 200 días de salario mínimo para cada uno de los ya mencionados, la cual se tomará en base al UMA UNIDAD DE MEDIDA Y ACTUALIZACIÓN), ascenderá a $19,384.00, tomando como base el UMA del 2022 de $96.92, esto de acuerdo a lo que estipula el artículo 95 de la Ley 51 del Estado vigente, hecho que sea lo anterior se acordará lo que en derecho proceda [.]." 3. Vista y notificaciones. Mediante proveído de siete de julio de dos mil veintidós, se ordenó dar vista a la parte quejosa, para que en el término de tres días manifestara lo que a su interés legal conviniera, apercibida que de no hacer manifestación alguna al respecto se acordaría lo que en derecho procediera. Tal acuerdo se notificó a la parte quejosa el ocho de julio de dos mil veintidós, como se advierte de la constancia que obra agregada al presente juicio de amparo y de la certificación secretarial que antecede. 4. Verificación del cumplimiento. En consecuencia, se considera que la autoridad responsable acató lo ordenado en la ejecutoria de amparo. Lo anterior es así, ya que la Presidenta del Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Guerrero, dictó el proveído de veintiuno de junio del año en curso, en el juicio laboral 493/2007, en el cual en complemento al proveído de veintitrés de septiembre de dos mil veintiuno, emitió un nuevo acuerdo en donde vinculó al cumplimiento del laudo condenatorio a la Gobernadora, Secretaría de Finanzas y Administración del Gobierno del Estado y Congreso, todos del Estado de Guerrero; así como al Presidente, Tesorero y Secretario de Finanzas, estos últimos del demandado Ayuntamiento Municipal Constitucional de Ajuchitlán del Progreso, Guerrero. De igual forma determinó cuáles son las obligaciones de cada una de las autoridades vinculadas, así como las acciones que deberán efectuar, dentro del ámbito de sus facultades legales. Finalmente, realizó los apercibimientos pertinentes para cumplir con lo ordenado. En consecuencia, analizado el cumplimiento dado a la sentencia de amparo se declara cumplida la ejecutoria de mérito, en su totalidad sin exceso ni defecto, pues la autoridad efectuó exactamente lo que le fue ordenado. Sin que sea óbice para esta juzgadora que en proveído de siete de julio de dos mil veintidós, se ordenó dar vista a las partes para que manifestaran en relación al cumplimiento dado a la sentencia amparadora y que a la fecha no se cuente con el acuse de notificación de dicho proveído por cuanto hace al tercero interesado; lo que no constituye un impedimento para pronunciarse sobre el cumplimiento dado a la ejecutoria de amparo, pues el artículo 196 de la Ley de Amparo, otorga faculta discrecional al órgano jurisdiccional para dar vista con dicho cumplimiento a la parte que pudiera inconformarse. 5. Conclusión. Ante tales circunstancias, con fundamento en el artículo 196 de la Ley de Amparo, se ordena el archivo del presente asunto; En consecuencia, en cumplimiento al Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado el veinticinco de marzo de dos mil veinte, en el Diario Oficial de la Federación se determina: De acuerdo con el supuesto que prevé el artículo 18, fracción I, inciso b), el expediente principal es SUSCEPTIBLE DE DEPURACIÓN porque se concedió el amparo y protección de la justicia federal; asimismo, deberá conservarse en el archivo del juzgado durante tres años contados a partir de haberse ordenado su archivo. Una vez concluido este plazo, dentro de los siguientes noventa días, se deberá depurar el expediente, conservando únicamente la demanda, la sentencia que puso fin al asunto; el proveído en que se acuerde su archivo como asunto concluido; y los demás documentos que considere el titular del órgano jurisdiccional y luego transferirse al Centro de Documentación y Análisis. En términos del diverso artículo 15 del señalado Acuerdo General, este expediente no es de relevancia documental, ni con trascendencia jurídica, social o económica en el ámbito nacional; aunado a que no existen documentos originales que devolver a las partes. Por otro lado, hágase del conocimiento a las partes para los efectos legales procedentes que el dieciséis de noviembre de dos mil veintidós, tomó posesión como titular de este juzgado Federal, Karina Castillo Flores. Notifíquese personalmente a las partes.
- Principal
Chilpancingo de los Bravo, Guerrero, siete de julio de dos mil veintidós. Visto el oficio y anexo de cuenta signado por la Presidenta del Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Guerrero, residente en esta ciudad, por el que remite copia certificada del auto de veintiuno de junio de dos mil veintidós, por el que se determinó vincular al cumplimiento del laudo condenatorio emitido en el expediente laboral 493/2007, a la Gobernadora Constitucional del Estado de Guerrero, a la Secretaría de Finanzas y Administración del Gobierno del Estado, al Congreso del Estado, así como al Presidente y Tesorero o Secretario de Finanzas del demandado Ayuntamiento Municipal Constitucional de Ajuchitlán del Progreso, Guerrero, requiriéndoles el cumplimiento de dicho laudo condenatorio, especificándoles a cada una sus obligaciones y acciones a efectuar, con el apercibimiento respectivo. En tales circunstancias, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 196 de la Ley de Amparo, dese vista con lo anterior a las partes para que en el plazo de tres días, contados a partir de que surta efectos la notificación del presente proveído, manifiesten lo que a sus intereses convenga, corriéndoles traslado con copia de las constancias que acreditan el cumplimiento al fallo protector; en la inteligencia de que transcurrido dicho plazo, con el desahogo de la vista o sin él, este juzgado se pronunciará en relación al cumplimiento de la ejecutoria de amparo dictada en el presente asunto. Notifíquese; y personalmente a las partes. Así lo proveyó y firma Basilio Rojas Zimbrón, Juez Primero de Distrito en el Estado de Guerrero, con residencia en Chilpancingo de los Bravo, ante el Secretario José Francisco Herrera García, que autoriza y da fe.
- Principal
Chilpancingo de los Bravo, Guerrero, veintiocho de junio de dos mil veintidós. Visto el estado procesal de los autos y la certificación de cuenta, se aprecia que transcurrió el término de diez días que establece el artículo 86 de la Ley de Amparo, para que las partes interpusieran recurso de revisión en contra de la sentencia dictada el siete de abril de dos mil veintidós; por tanto, con fundamento en los artículos 355, 356, fracción II y 357, primer párrafo del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria al juicio en que se actúa, en términos del diverso 2 de la Ley de Amparo, se declara que dicha sentencia ha causado ejecutoria. Háganse las anotaciones respectivas en el libro de gobierno correspondiente. Por tanto, con fundamento en los artículos 107, fracción XVI de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 192 y 193 de la Ley de Amparo, requiérase a la autoridad responsable Presidenta del Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Guerrero, residente en esta ciudad, esto es, a Miriam Cortés Cisneros, para que dentro del término de tres días hábiles contados a partir de la legal notificación del presente proveído, cumpla con la sentencia dictada por este órgano jurisdiccional, cuyos efectos son: En complemento al proveído de veintitrés de septiembre de dos mil veintiuno, pronunciado en el juicio laboral 493/2007, emitir un nuevo acuerdo en donde, vincule al cumplimiento del laudo condenatorio a la Gobernadora y a la Secretaría de Finanzas y Administración del Gobierno del Estado; así como al Presidente, Tesorero y Secretario de Finanzas, estos últimos del demandado Ayuntamiento Municipal Constitucional de Ajuchitlán del Progreso, Guerrero, y al Congreso del Estado de Guerrero. Con la precisión que, en el auto que emita deberá determinar específicamente cuáles son las obligaciones de cada una de las autoridades vinculadas, así como las acciones que deberán efectuar, dentro del ámbito de sus facultades legales, mismas que se precisaron en la parte final de la sentencia. Además, con plenitud de jurisdicción, pero de manera fundada y motivada, en observancia a los artículos 14 y 16 Constitucionales, deberá efectuar los apercibimientos pertinentes, sin que lo anterior implique que la autoridad no haga uso de las medidas de apremio legalmente a su alcance, porque entonces el cumplimiento de las autoridades vinculadas no sería obligatorio sino voluntario, al no tener absolutamente ningún motivo de coerción para cumplir con lo ordenado. Apercíbase a la Presidenta del Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Guerrero, residente en esta ciudad, esto es, a Miriam Cortés Cisneros, que de no realizar lo ordenado en la ejecutoria se le impondrá una multa de cien unidades de medida y actualización, equivalente a $9,622.00 (nueve mil seiscientos veintidós pesos 00/100 moneda nacional), tomando en cuenta que el valor de dicha unidad de medida es de $96.22 (noventa y seis pesos 22/100 moneda nacional); y se remitirán los autos al Tribunal Colegiado que por turno corresponda, con el fin de que se inicie el procedimiento de inejecución respectivo, que podrá concluir con la separación y consignación del funcionario público contumaz ante el Juez de Distrito, de acuerdo con los artículos 238, 192, 193 y 258 de la Ley de Amparo. Tiene aplicación al caso la jurisprudencia P./J. 54/2014 (10ª), sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de texto y rubro siguiente: "PROCEDIMIENTO DE CUMPLIMIENTO Y EJECUCIÓN DE LAS SENTENCIAS DE AMPARO INDIRECTO. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 192 de la Ley de Amparo, el procedimiento de ejecución del fallo protector inicia una vez que la sentencia ha causado ejecutoria, y el órgano jurisdiccional ha ordenado su notificación a las partes, lo cual debe ser de manera inmediata. El plazo de tres días que de manera general prevé la ley para que se cumplan la sentencias de amparo tiene tres excepciones: 1) se puede ampliar por el juzgador de amparo en el propio auto de requerimiento a la autoridad responsable, de manera razonable y determinada, tomando en cuenta la complejidad o dificultad del cumplimiento de la ejecutoria; 2) si la sentencia no se ha cumplido en el plazo referido, se puede ampliar por una sola vez, si la autoridad demuestra que la ejecutoria se encuentra en vías de cumplimiento o justifica la causa del retraso; y, 3) se puede reducir el plazo de tres días cuando se trate de casos urgentes y de notorio perjuicio para el quejoso. En el mismo auto en que se ordena la notificación, se requerirá a la autoridad responsable para que cumpla con la ejecutoria dentro del plazo de tres días, apercibida que de no hacerlo así, sin causa justificada, se impondrá a su titular una multa, la cual de conformidad con lo previsto en los artículos 238 y 258 de la Ley de Amparo será de cien a mil días de salario mínimo general vigente en el Distrito Federal; además, en el propio acuerdo, si la responsable o diversa autoridad vinculada cuenta con superior jerárquico, se deberá requerir a éste para que ordene a aquélla cumplir con la ejecutoria, bajo el apercibimiento que de no demostrar que dio la orden para que se cumpliera con la sentencia de amparo, se le impondrá a su titular una multa, además de que incurrirá en las mismas responsabilidades de la autoridad responsable o vinculada. Si ha transcurrido el término concedido para el cumplimiento, el Juez de amparo deberá multar a las autoridades en los términos indicados en la Ley de Amparo, y esperar un plazo razonable para que la autoridad cumpla con la sentencia de amparo antes de iniciar el procedimiento de ejecución ante el Tribunal Colegiado de Circuito. Una vez que el juzgador haya determinado el incumplimiento, deberá enviar los autos al Tribunal Colegiado de Circuito correspondiente a fin de que continúe con el procedimiento previsto en la Ley de Amparo. Recibidos los autos en el Tribunal Colegiado de Circuito, su Presidente notificará a las partes la radicación del incidente de inejecución de sentencia; se revisará el trámite del Juez y, finalmente, se dictará la resolución que corresponda. Si el procedimiento de ejecución se llevó a cabo de manera incorrecta, el Tribunal Colegiado de Circuito deberá devolver los autos al Juez para que reponga el procedimiento de ejecución. Ello puede obedecer a diversas circunstancias, como la relativa a que no hubiere sido debidamente notificada la autoridad responsable o su superior jerárquico. Cuando la ejecutoria de amparo no sea clara, el Tribunal Colegiado de Circuito podrá ordenar, de oficio o a petición de parte, la apertura de un incidente para que el órgano de amparo que conoció del juicio precise, defina o concrete la forma o términos de su cumplimiento. Si el procedimiento de ejecución se llevó a cabo de manera correcta y reitera que existe incumplimiento, el órgano colegiado remitirá los autos a la Suprema Corte de Justicia de la Nación con un proyecto de separación del cargo de los titulares de las autoridades responsables o vinculadas y, en su caso, de sus superiores jerárquicos, lo que se les notificará. Por otra parte, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 196 de la Ley de Amparo, cuando la autoridad responsable o vinculada remita informe al órgano judicial que conoció de la primera instancia de amparo, relativo a que ya se cumplió la ejecutoria, éste deberá dar vista al quejoso y, en su caso, al tercero interesado para que manifiesten lo que a su derecho convenga. En esta etapa se podrá alegar exceso o defecto en el cumplimiento. Una vez que hubiere transcurrido el plazo, con desahogo de la vista o sin ella, el referido órgano jurisdiccional de amparo deberá dictar resolución en la que declare si la sentencia se encuentra o no cumplida, si la autoridad responsable incurrió en exceso o defecto, o si existe imposibilidad para cumplirla. Lo anterior sin perjuicio de que, en su caso, en el momento procesal oportuno, se valore la justificación del cumplimiento extemporáneo de la sentencia de amparo. (Décima Época. Registro: 2007918. Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación. Libro 12, Noviembre de 2014, Tomo I. Materia(s): Común Tesis: P./J. 54/2014 (10a.) Página: 19) Cabe destacar que la referida sanción puede ser impuesta aún en el caso de que se deje el cargo si se acredita que incurrió en responsabilidad al evadir los efectos de la protección constitucional, como lo prevé el artículo 198 de ese mismo ordenamiento legal. Sin que haya lugar a requerir al superior jerárquico del órgano laboral responsable, dado que el mismo no tiene; lo anterior en términos de la Jurisprudencia 2a./J.36/2011 (10ª), consultable a página 3515, registro 2000099, del Libro IV, enero de 2012, Tomo 4, Décima Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que dice: "JUNTAS Y TRIBUNALES LABORALES. NO TIENEN SUPERIOR JERÁRQUICO PARA EFECTOS DEL CUMPLIMIENTO DE LAS SENTENCIAS DE AMPARO. De los artículos 612, 617, fracción IV, 621 a 623 y 939 de la Ley Federal del Trabajo, así como de la evolución histórica de las Juntas y Tribunales Laborales deriva que para efectos del procedimiento previsto en el artículo 105 de la Ley de Amparo, relativo al cumplimiento de las ejecutorias protectoras de garantías, las referidas Juntas y Tribunales, al ser organismos jurisdiccionales plenamente autónomos en el ámbito jurídico, que realizan funciones paralelas y análogas a las del Poder Judicial, están desvinculados de su dependencia de origen con el Poder Ejecutivo, adquiriendo una absoluta autonomía en el ejercicio de su función jurisdiccional; es decir, ésta no se encuentra sometida a la potestad de autoridad alguna, porque ningún ente jurídico del Gobierno puede interferir en sus decisiones jurisdiccionales, ni sugerirles cómo han de resolver y cumplir, por lo que no tienen superior inmediato a quién requerirle que los conmine a cumplir con una ejecutoria de amparo." Notifíquese. Así lo proveyó y firma Basilio Rojas Zimbrón, Juez Primero de Distrito en el Estado de Guerrero, con residencia en Chilpancingo de los Bravo, ante el Secretario Jaime González García, que autoriza y da fe.
- Principal
Chilpancingo de los Bravo, Guerrero, veintidós de junio de dos mil veintidós. Visto el oficio y anexos de cuenta signado por el Juez Noveno de Distrito en el Estado, residente en Iguala de la Independencia, Guerrero; atento a su contenido, se tiene por recibido debidamente diligenciado el exhorto orden: 382/202 y origen: 219/2022, que fuera enviado a fin de notificar el oficio 8704/2022, al tercero interesado Ayuntamiento Municipal Constitucional de Ajuchitlán del Progreso, Guerrero, al que se anexó la sentencia definitiva emitida en autos. Dese de baja del libro de comunicaciones oficiales enviadas que se lleva en este juzgado federal, para los efectos legales que haya lugar. Por tanto, se tiene al citado tercero interesado Ayuntamiento Municipal Constitucional de Ajuchitlán del Progreso, Guerrero, por debidamente notificado de la sentencia definitiva, para los efectos legales a que haya lugar y acuérdese lo conducente en su momento procesal oportuno, en virtud que encuentra pendiente causar ejecutoria la sentencia definitiva emitida en autos. Notifíquese y cúmplase. Así lo proveyó y firma Basilio Rojas Zimbrón, Juez Primero de Distrito en el Estado de Guerrero, con residencia en Chilpancingo de los Bravo, ante el Secretario Jaime González García, que autoriza y da fe.
Quedan 26 actuaciones en este expediente
El informe completo incluye el historial entero del expediente, además de antecedentes, validación de identidad y listas de riesgo en 16 países.
Esta página es un solo expediente. El informe completo es otra cosa.
FichaJudicial reúne en un mismo informe antecedentes judiciales, expedientes, validación de identidad, listas de riesgo y personas políticamente expuestas en 16 países de América Latina.
- Antecedentes y expedientes
- Validación de identidad
- Listas de riesgo y PEP
¿No es la persona que buscabas?
Consulta antecedentes judiciales, expedientes y listas de riesgo de cualquier persona en México.
Otros expedientes del mismo órgano
Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Guerrero · 12,048 expedientes
- Dora Nelly Santana Angel463/2017
- Dora Nelly Santana Angel827/2015
- Dora Nelly Santana Angel1006/2015
- Dora Nelly Santana Angel134/2018
- Dora Nelly Santana Angel169/2020
- Dora Nelly Santana Ángel1341/2014
- Dora Nelly Santana Angel1788/2019
- Dora Nelly Santana Angel434/2015
- Dora Nelly Santana Angel210/2017
- Dora Nelly Santana Angel584/2019
- Dora Nelly Santana Angel1192/2019
- Dora Nelly Santana Angel y Otros.1779/2022