Dora Navarro González
Expediente 1095/2020 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativo y de Trabajo y de Juicios Federales en el Estado de Nayarit. 2 actuaciones registradas, la última del 17 de diciembre de 2020.
Datos del expediente
- Expediente
- 1095/2020
- Año
- 2020
- Actuaciones
- 2
- Última actuación
- 17/12/2020
Partes del expediente
- Dora Navarro González
Actuaciones
- Principal
Vista la certificación Secretarial que antecede, de la que se desprende que DORA NAVARRO GONZÁLEZ, no se inconformó en contra de la determinación mediante la cual se desechó de plano por notoriamente improcedente su demanda de amparo; consecuentemente, con fundamento en los artículos 97, fracción I, inciso a), de la Ley de Amparo y 356 fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se declara que el mismo QUEDA FIRME para todos sus efectos legales procedentes. En consecuencia, una vez que obre agregada la constancia de notificación del presente proveído, ARCHÍVESE el expediente como asunto concluido. En acatamiento al Acuerdo General Conjunto número 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, este órgano jurisdiccional determina que el presente expediente es susceptible de destrucción; además de que carece de relevancia documental. NOTIFÍQUESE.
- Principal
Visto el Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus covid-19, de donde se desprende que en sus artículos 1, 2, fracción I, y 20 se establece lo siguiente: "Artículo 1. Vigencia. Con el objetivo de reanudar en su totalidad las actividades jurisdiccionales dentro del Poder Judicial de la Federación (en adelante "PJF"), mientras se garantiza la continuidad de las medidas tendientes a evitar la concentración de personas y la propagación del virus Covid-19, del 3 de agosto al 31 de octubre, ambos de 2020, la actividad jurisdiccional se sujetará a las reglas establecidas en el presente Acuerdo. Artículo 2. Reanudación de plazos y términos procesales. Se levanta la suspensión de los plazos y términos decretada del 18 de marzo al 31 de julio de 2020, con las siguientes precisiones, que atienden a la subsistencia de la situación de emergencia y a la necesidad de permitir el trabajo jurisdiccional en condiciones que no pongan en riesgo a las personas justiciables ni al propio personal: I. Dado que los plazos se suspendieron y no se interrumpieron, el levantamiento de la suspensión implica su reanudación en el punto en que quedaron pausados y no su reinicio. (.)" "Artículo 20. Reactivación de todos los asuntos. El levantamiento de la suspensión de plazos implica que todos los órganos jurisdiccionales puedan dar trámite a los asuntos que les sean turnados y a los que ya tengan radicados, de conformidad con la normatividad aplicable y sin restricción alguna, aunque debiendo implementar los ajustes previstos en el presente capítulo. (.)" De los numerales transcritos se advierte que el objetivo del acuerdo de mérito es reanudar en su totalidad las actividades jurisdiccionales dentro del Poder Judicial de la Federación, y por ende, el levantamiento de suspensión de los plazos y términos decretada del dieciocho de marzo al treinta y uno de julio de dos mil veinte, acorde con sus similares 4/2020, 8/2020, 10/2020, 13/2020, 15/2020 y 18/2020, lo que implica su reanudación en el punto en que quedaron pausados y no su reinicio. Se establece también que el levantamiento de la suspensión de plazos implica que todos los órganos jurisdiccionales puedan dar trámite a los asuntos que les sean turnados y a los que ya tengan radicados. Así, y en acatamiento del Acuerdo General 21/2020, lo procedente es ordenar la reanudación del procedimiento en el juicio que nos ocupa para todos los efectos legales procedentes. Por otra parte, visto el oficio de cuenta, por medio del cual el Actuario Judicial adscrito al Primer Tribunal Colegiado del Vigésimo Cuarto Circuito, con sede en esta ciudad de Tepic, Nayarit, remite testimonio autorizado de la resolución de once de junio de dos mil veinte, dictada por ese Tribunal en el recurso de queja laboral 278/2019; en consecuencia, agréguese a sus autos para los efectos legales correspondientes, acúsese recibo de estilo a la Superioridad y hágase saber al quejoso Raúl Arellano Guzmán, en su carácter de apoderado especial de AGUEDA GALICIA JIMÉNEZ, que el Tribunal de referencia declaró fundado el recurso de queja interpuesto por la referida quejosa en contra del proveído de diez de julio de dos mil diecinueve, dictado por este órgano jurisdiccional en el juicio de amparo en que se actúa; y ordenó a este Juzgador proveer lo conducente en relación con la demanda; por tanto, háganse las anotaciones correspondientes en el Libro de Gobierno. Ahora, en cumplimiento a la ejecutoria pronunciada en la queja administrativa 250/2017, con fundamento en los artículos 103 y 107 Constitucionales, 107, 108, 115 y 117 de la Ley de Amparo, se admite la demanda de amparo indirecto, contra actos del Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Nayarit, con residencia en Tepic, derivados de la demanda de amparo y precisados en la ejecutoria de referencia como: ".la inobservancia de los numerales 162 y 163 del Estatuto Jurídico, consistente en la omisión de despachar auto de ejecución señalado en dicho artículo, así como el de comisionar a un actuario para que lleve a cabo el requerimiento de pago."; misma que quedó registrada en el Libro de Gobierno con el número 1416/2019; dese al agente del Ministerio Público de la Federación la intervención que le compete. Pídase a la autoridad responsable su informe justificado, que deberá rendir dentro del término de QUINCE DÍAS y acompañar las constancias a que se refiere el artículo 117 de la Ley de Amparo, las cuales deben remitirse debidamente legibles y completas; al efecto, de conformidad con el citado artículo, se hace saber y se exhorta a la autoridad responsable para que de ser posible, remita tales constancias en forma digital y a través de medios magnéticos, indicándole que si la exhibición fuera en formato electrónico o digital, esas constancias deberán estar debidamente autenticadas por la autoridad responsable, con lo cual es suficiente para tener por cumplida la carga procesal que les impone el artículo 117 de la ley de la materia. Sirve de apoyo a lo anterior, la tesis I.1o.P.33 K (10a.), emitida por el Primer Tribunal Colegiado en Materia Penal del Primer Circuito, visible en la página 2381, Libro 58, Septiembre de 2018, Tomo III, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, cuyo rubro y texto dicen: "INFORME JUSTIFICADO. LOS DOCUMENTOS ANEXOS A ÉSTE PUEDEN REMITIRSE EN MEDIOS MAGNÉTICOS, LOS CUALES TENDRÁN VALOR PROBATORIO, SIEMPRE QUE ESTÉN CERTIFICADOS EN CUANTO A SU AUTENTICIDAD POR LA AUTORIDAD RESPONSABLE. De conformidad con los artículos 75 y 117 de la Ley de Amparo, se permite a la autoridad responsable rendir su informe con justificación en medios magnéticos; lo mismo ocurre cuando el órgano jurisdiccional, al recabar oficiosamente las pruebas rendidas ante la responsable, éstas sean exhibidas por medios electrónicos, ópticos o magnéticos. Por lo que si bien la averiguación previa de la que emana el acuerdo impugnado, es conforme al sistema tradicional, lo cierto es que no por ello se debe cerrar y limitar la posibilidad de que la autoridad responsable, al rendir su informe con justificación, o bien, remita las constancias de la indagatoria, éstas deban ser presentadas físicamente en copia certificada -es decir, en un documento escrito-, pues al ser parte del avance tecnológico y científico, pueden adoptarse medios electrónicos que prescindan el gasto innecesario de papel y eviten el exceso de volumen de tomos que sólo ocupan espacio, pues esos documentos pueden ser consultados en un disco versátil digital (DVD) (que es el soporte físico), lo cual tendrá pleno valor probatorio siempre que esté certificado en cuanto a su autenticidad por la propia autoridad ministerial (fe similar a la que se da respecto a documentos escritos), y para efectos del juicio de amparo indirecto se desahogará por sí mismo, al tener el carácter de una prueba documental." Asimismo, sirve de apoyo a lo anterior, la tesis I.1o.A.E.4 K (10a.), emitida por el Primer Tribunal Colegiado de Circuito en Materia Administrativa Especializado en Competencia Económica, Radiodifusión y Telecomunicaciones, con residencia en el Distrito Federal y Jurisdicción en toda la República, visible en la página 2036, Libro 6, Mayo de 2014, Tomo III, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, cuyo rubro y texto dicen: "INFORME JUSTIFICADO. LA EXHIBICIÓN EN FORMATO ELECTRÓNICO O DIGITAL DE LAS CONSTANCIAS EN QUE SE APOYA, AL CONSTITUIR PRUEBA PLENA, ES SUFICIENTE PARA TENER POR CUMPLIDA LA CARGA PROCESAL DE LA AUTORIDAD RESPONSABLE IMPUESTA POR EL ARTÍCULO 117, CUARTO PÁRRAFO, DE LA LEY DE AMPARO. El precepto mencionado dispone que la autoridad responsable, al rendir su informe con justificación, expondrá las razones y fundamentos que estime pertinentes para sostener la constitucionalidad o legalidad del acto reclamado, y establece la obligación para ésta de acompañar a su informe las constancias necesarias para apoyarlo, o sea, los documentos que respalden y sirvan tanto de sustento como de demostración a sus afirmaciones. Por otra parte, conforme al artículo 210-A del Código Federal de Procedimientos Civiles, los documentos consignados en medios electrónicos gozan de reconocimiento y validez absoluta. Consecuentemente, la exhibición en formato electrónico o digital de las constancias en que se apoya el informe justificado en el juicio de amparo, al constituir prueba plena, es suficiente para tener por cumplida la carga procesal de la autoridad responsable impuesta por el artículo 117 citado. Por lo anterior, si en un mismo órgano jurisdiccional se tramitan diversos amparos en los que los actos reclamados derivan de un mismo expediente administrativo, basta que la autoridad responsable presente, para uno de los juicios, un ejemplar impreso de las constancias que respalden lo aseverado en su informe justificado y, en formato electrónico o digital para los demás, siempre que se certifique la equivalencia en contenidos por el funcionario correspondiente, quien se responsabiliza de ese aspecto." Apercibida que de no rendir su informe en su oportunidad se le aplicará multa de cien Unidades de Medida y Actualización, cuantificable conforme al valor que corresponda a la unidad de medida y actualización al hacerse efectiva, en términos de lo dispuesto en los artículos transitorios segundo y tercero, del Decreto por el que se declara reformadas y adicionadas diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de desindexación del salario mínimo, publicado en el Diario Oficial de la Federación, el veintisiete de enero de dos mil dieciséis, en vigor al día siguiente, de conformidad a lo dispuesto en la fracción II del artículo 260 de la Ley de la Materia. Se señalan las CATORCE HORAS CON VEINTISÉIS MINUTOS DEL DIECISIETE DE NOVIEMBRE DE DOS MIL VEINTE, para que tenga verificativo la audiencia constitucional. Por otra parte, con fundamento en el artículo 5, fracción III, inciso b), de la Ley de Amparo, téngase con el carácter de tercero interesado al Ayuntamiento Constitucional de San Blas, Nayarit; por tanto, con fundamento en el artículo 28, fracción II inciso b) de la Ley de Amparo, empláceseles por medio de oficio con auto inserto de este proveído, adjuntándoles copia simple de la demanda de amparo, para que si a sus intereses legales conviene, ofrezcan pruebas y formulen alegatos. Se exhorta a las partes para que en el caso de formular alegatos, lo realicen por escrito, con la debida anticipación a la fecha señalada para la audiencia constitucional. Asimismo, y en el supuesto de que deseen hacerlo de forma verbal el día y hora de la audiencia constitucional, lo deberán informar a este Juzgado de Distrito a fin de realizar las gestiones necesarias para que dicha audiencia sea diligenciada a través de videoconferencia de conformidad con lo dispuesto en los artículos 25 y 26 del Acuerdo General en cita, para lo cual deberán atenderse las reglas previstas en el Acuerdo General 12/2020 del Pleno del Consejo, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo. Con fundamento en el primer párrafo del artículo 64 de la Ley de Amparo, se hace saber a las partes, que en caso de que cesen los efectos del acto reclamado u ocurra alguna causa notoria de sobreseimiento, deberán comunicarlo de inmediato a este órgano jurisdiccional; bajo apercibimiento que de no hacerlo, se les impondrá una multa de treinta a trescientas Unidades de Medida de Actualización, como lo dispone el artículo 251 de la Ley de la Materia. Por otra parte, y para efectos de mejorar la comunicación entre las partes y este órgano jurisdiccional, y atento a las condiciones de salud que actualmente imperan en el país, se exhorta a las autoridades responsables para que se sirvan proporcionar un correo electrónico oficial en el que se les puedan realizar las notificaciones correspondientes al presente juicio, previo el acuse respectivo. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 8° de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, se hace saber a la parte quejosa que puede manifestar su oposición a que se publiquen sus datos personales. En aras de una pronta impartición de justicia, con fundamento en el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en relación con lo dispuesto en el artículo 282 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición expresa de su arábigo 2°, se habilitan días y horas inhábiles al Actuario Judicial de la adscripción, para la práctica de las notificaciones que deriven de la tramitación del presente asunto. Finalmente cabe precisar que las notificaciones a las autoridades responsables de acuerdos de mero trámite que no se consideren trascendentales, les serán practicadas por medio de lista que se publica en los estrados de este Juzgado Federal, de conformidad con el artículo 26, fracción III, de la Ley de Amparo y la jurisprudencia por contradicción de tesis de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro: "NOTIFICACIONES A LAS AUTORIDADES EN EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. FORMA DE REALIZARLAS." No se tramita incidente de suspensión por no haberlo solicitado. NOTIFÍQUESE PERSONALMENTE Y CÚMPLASE.
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