Dora Mireya Rentería Terrazas

Expediente 385/2017 tramitado ante el Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Michoacán. 16 actuaciones registradas, la última del 6 de junio de 2019.

Datos del expediente

Expediente
385/2017
Año
2017
Actuaciones
16
Última actuación
06/06/2019

Partes del expediente

  • Dora Mireya Rentería Terrazas

Actuaciones

Las 4 más recientes de 16.

  1. Principal

    Agréguese a sus autos para que obre como legalmente corresponde, el oficio signado por la Juez de Primera Instancia en Materia Penal de este Distrito Judicial de Uruapan, Michoacán, mediante el cual acusa recibo del comunicado 10133 derivado del proveído de veintinueve de mayo de dos mil diecinueve, por el que fue devuelto un cuaderno de pruebas (identificado como tomo V), relativo al duplicado de la causa penal 54/2015, ahora 32/2019-II, de su índice; de lo que se toma conocimiento para los efectos legales a que haya lugar. Notifíquese.

  2. Principal

    Vista la certificación de cuenta, y tomando en consideración que ya transcurrió el término de quince días previsto por el artículo 202 de la Ley de Amparo, a fin de que la parte quejosa interpusiera recurso de inconformidad en contra del auto de veintinueve de abril de dos mil diecinueve, en el que se declaró cumplida la sentencia de amparo; por tanto, al no existir actuación procesal pendiente de desahogo, con apoyo en el artículo 214 de la Ley de Amparo, y en términos del Acuerdo General Conjunto 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, el cual entró en vigor el veintiséis de noviembre de dos mil nueve; se ordena el archivo de este juicio de amparo. Con la precisión de que el presente asunto no se considera de relevancia documental, pues no se encuentra en ninguno de los supuestos a que hace mención el último párrafo del punto vigésimo primero del referido Acuerdo General Conjunto número 1/2009; sin que sea el caso proceder en los términos señalados en el último párrafo del punto décimo primero del citado acuerdo, toda vez que como consta de la certificación secretarial que antecede, no existen documentos originales por entregar. En su oportunidad, transfiérase el expediente al archivo judicial conforme al calendario respectivo que el Centro de Documentación y Análisis elabore, tal y como lo establece el punto décimo, fracción I, del acuerdo aludido con anterioridad. En el entendido de que este asunto es depurable. Por otro lado, conforme a lo dispuesto en el párrafo segundo del punto décimo primero del acuerdo que nos ocupa, los datos anteriores háganse constar en la carátula del expediente. Háganse las anotaciones respectivas en el libro de gobierno correspondiente. Finalmente, devuélvanse al Juez de Primera Instancia en Materia Penal, de este Distrito Judicial de Uruapan, Michoacán, el tomo de pruebas relativo al duplicado de la causa penal 54/2015-II, de la cual derivaron los actos reclamados en el presente juicio (identificado como tomo V), toda vez que el presente juicio de amparo se encuentra totalmente concluido y al ordenarse su archivo en esta propia data resulta innecesaria la retención de tales constancias; solicitándole el acuse de recibo de estilo respectivo Notifíquese.

  3. Principal

    Agréguese a los autos para que obre como legalmente corresponde, el oficio que remite el Secretario de Acuerdos de la Novena Sala Penal Unitaria del Supremo Tribunal de Justicia del Estado de Michoacán, con residencia en Morelia, mediante el cual acusa recibo del comunicado 8345, por el cual se le notificó el auto de veintinueve de abril de dos mil diecinueve, en el que se declaró cumplida la sentencia de amparo. De lo que se toma conocimiento para los efectos legales conducentes. Notifíquese.

  4. Principal

    Visto el estado de autos, así como la certificación que antecede, de los cuales se advierte que por acuerdo de treinta y uno de enero de dos mil diecinueve, se dio vista a la parte quejosa DORA MIREYA RENTERÍA TERRAZAS, por el término de tres días a efecto de que manifestara lo que a su interés conviniera respecto del contenido del oficio número 2032 y anexos, remitidos por el Secretario de Acuerdos de la Novena Sala Penal Unitaria del Supremo Tribunal de Justicia del Estado, con residencia en Morelia, Michoacán, con el cual informó sobre el cumplimiento dado a la ejecutoria de amparo, término que transcurrió del siete al once de febrero del citado año, sin que lo haya hecho. Por tanto, se hace efectivo el apercibimiento decretado, y con fundamento en el artículo 196 de la Ley de Amparo vigente, este Juzgado Federal procede, de oficio, a calificar el cumplimiento dado al fallo protector, lo cual consiste en examinar si la ejecutoria de amparo se ha cumplido en su totalidad, sin excesos ni defectos; es decir, que el cumplimiento dado por la autoridad responsable sea en la forma, términos y con el alcance que se hubiese determinado en la sentencia concesoria de amparo; por tanto, no es suficiente que la autoridad argumente haber dado cumplimiento a lo ordenado por el juez de amparo, sino que acredite dicha circunstancia con las constancias y datos suficientes e idóneos para ello. Lo anterior es así, pues el órgano que conozca del juicio debe asegurarse que los deberes impuestos a las autoridades responsables por la sentencia protectora, se materialicen en sus términos, y no solamente que se realicen actos preliminares para su cumplimiento. Cabe recordar que DORA MIREYA RENTERÍA TERRAZAS, solicitó el amparo y la protección de la Justicia Federal, en contra de los actos siguientes: Del Magistrado de la Novena Sala Penal del Supremo Tribunal de Justicia del Estado de Michoacán, con residencia en Morelia: La resolución de treinta y uno de julio de dos mil diecisiete, dictada dentro de los autos del toca penal número I-39/2017, que confirmó la interlocutoria emitida en el incidente no especificado sobre revisión de medidas cautelares relativo al proceso penal 54/2015-I, instruido a Gerardo Saúl Vázquez Ortega, por el delito de extorsión, en agravio de Dora Mireya Rentería Terrazas, en la que se sustituyó la medida cautelar de prisión preventiva por otra consistente en la exhibición de una garantía económica por dos millones ochenta y siete mil doscientos treinta y cinco pesos. De la Jueza Segundo de Primera Instancia en Materia Penal, con residencia en Uruapan, Michoacán. La ejecución de dicha resolución. En sentencia pronunciada el veinticuatro de enero de dos mil dieciocho, por el Juzgado Sexto de Distrito del Centro Auxiliar de la Tercera Región, con residencia en esta ciudad, la que fue confirmada por el Tribunal Colegiado en Materia Penal del Décimo Primer Circuito, en ejecutoria de quince de noviembre de dos mil dieciocho, dictada dentro del amparo en revisión penal 95/2018, se concedió el amparo y protección de la Justicia Federal, para los efectos siguientes: a) Se deje insubsistente la resolución de treinta y uno de julio de dos mil diecisiete, dictada dentro de los autos del toca penal de apelación 39/2017; y, b) Se emita una nueva determinación en la que, con libertad de jurisdicción, pero de manera fundada y motivada y cumpliendo con los principios de congruencia y exhaustividad que deben imperar en todas las resoluciones judiciales, resuelva el recurso de apelación planteado, la que podrá ser en el mismo sentido o en uno diverso, pero motivando si el supuesto de que el imputado esté siendo procesado o haya sido sentenciado previamente por la comisión de un delito doloso, forma parte de los requisitos que el Ministerio Público debe justificar que no pueden garantizarse con una medida cautelar distinta a la prisión preventiva o si dicho supuesto, por sí solo, es suficiente para que la prisión preventiva no pueda sustituirse por una medida diferente; además, si insiste en razonar que no puede tomar en consideración las copias certificadas del proceso penal IV-14/2014, porque de hacerlo se atentaría contra del principio de presunción de inocencia de que goza el inculpado, deberá exponer las razones de ello. c) Concesión que se hizo extensiva respecto del acto de ejecución atribuido a la Juez Segundo de Primera Instancia en Materia Penal del distrito Judicial de Uruapan, Michoacán, dado que no se reclamó por vicios propios. Ahora bien, por oficio 2032 de dieciocho de diciembre de dos mil dieciocho, el Secretario de Acuerdos de la Novena Sala Penal Unitaria del Supremo Tribunal de Justicia del Estado, con residencia en Morelia, Michoacán, en cumplimiento a la ejecutoria de amparo, remitió copia certificada de la resolución emitida en la propia fecha, de la cual se advierte que dicha autoridad realizó lo siguiente: Dejó insubsistente la resolución de treinta y uno de julio de dos mil diecisiete, dictada dentro de los autos del toca penal de apelación 39/2017. Con plenitud de jurisdicción emitió una nueva determinación, en la que determinó modificar la resolución incidental de veintiuno de marzo de dos mil diecisiete, dictada por el Juez Segundo de Primera Instancia Penal de esta ciudad, y en relación a los efectos para los que fue concedido el amparo, dicha autoridad en la parte conducente, determinó: ". contrario a la apreciación del apoderado de la parte civil, los numerales que invoca, a saber, el 19 Constitucional y 167 del Código Nacional de Procedimientos Penales, no contienen de manera expresa la prohibición de que pueda sustituirse la prisión preventiva por otras medidas, en los casos en que el inculpado haya sido condenado por la comisión de un delito doloso; tal como acontece en el particular, en que el asesor victimal se duele de que obran en autos las copias certificadas de la sentencia condenatoria contra Gerardo Saúl Vázquez Ortega, por el delito de Portación de arma de fuego de uso exclusivo para el Ejército, Armada y Fuerza Aérea, del Juzgado Sexto de Distrito en el Estado. . Por tanto, del numeral 19 constitucional y 167 del CNPP, Primer párrafo, se desprende en los mismos términos, que el Ministerio Público sólo podrá solicitar al juez la prisión preventiva, entre otros supuestos, cuando el imputado esté siendo procesado o haya sido sentenciado previamente por la comisión de un delito doloso; y, añade el segundo arábigo, que siempre y cuando la causa diversa no sea acumulable o conexa en los términos del citado código; aunado a que, en el supuesto de que el imputado esté siendo procesado por otro delito distinto de aquel en el que se solicite la prisión preventiva, deberá analizarse si ambos proceso son susceptibles de acumulación, en cuyo caso la existencia de proceso previo no dará lugar por sí sola a la procedencia de la prisión preventiva. . para mayor claridad se precisa, que ese texto legal no impacta en el sentido de esta resolución, en cuanto a la apreciación del asesor victimal de que por el hecho de que el imputado haya sido sentenciado por otro delito doloso, sea, en automático, improcedente la sustitución de la prisión preventiva. Toda vez que esa norma -al igual que el numeral 19 Constitucional- lo que contempla son los supuestos en que el Ministerio Público puede solicitar -al inicio del proceso en los asuntos del sistema acusatorio-, la prisión preventiva como medida cautelar; es decir, esa disposición lo que prevé son las causas de procedencia para poder solicitar su imposición. Pero no dispone de forma expresa que el hecho de que el inculpado esté o haya sido sentenciado por otro delito, ya sea conexo o no, constituya una causa de improcedencia para la sustitución de la medida, una vez que ya se había impuesto; por lo que estimar lo contrario, dándole a ese artículo el alcance que reclama la parte civil, entrañaría una interpretación restrictiva de derechos fundamentales que no se fundamenta en las normas. Y al no constituir un fundamento legal para negar la sustitución de la prisión preventiva, ante la solicitud del inculpado, correspondía al Ministerio Público -sin perjuicio de que lo hiciera la ofendida o su asesor jurídico-, acreditar que no debiera concederse la sustitución, por el hecho de que fuera la necesaria e idónea, para mantenerla (pues debe imponerse por el tiempo indispensable), para asegurar la presencia del imputado en el procedimiento, garantizar la seguridad de la víctima o testigos, o evitar la obstaculización del procedimiento; y observando el principio de proporcionalidad, conforme a los argumentos de las partes, aplicando el principio de mínima intervención; como ordenan los numerales 153 y 155 del Código Nacional de aplicación; lo anterior, a efecto de que el órgano jurisdiccional contara con elementos objetivos para determinar que las manifestaciones de la parte civil fueran fundadas. . Por consiguiente, el supuesto de que el imputado haya sido sentenciado por otro delito doloso, por sí solo es insuficiente para establecer que no pueda sustituirse la prisión preventiva, por otras medidas cautelares, pues no existe disposición expresa en la Constitución Federal, ni en las leyes secundarias que restrinjan ese derecho. .". Como se advierte del examen de las documentales aludidas, las que adquieren valor probatorio en términos de lo dispuesto por el artículo 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria de la Ley de Amparo, se desprende que la autoridad judicial responsable cumplió en sus términos con la sentencia de amparo, dado que de la determinación enunciada se advierte que se dejó insubsistente la resolución reclamada en esta instancia y se emitió una nueva en los términos asentados en la ejecutoria de que se trata. No pasa inadvertido que, como se expuso en párrafos precedentes, la concesión del amparo se hizo extensiva respecto a los actos de ejecución atribuidos a la Juez Segundo de Primera Instancia en Materia Penal de esta ciudad, y que dicha responsable mediante oficio 1973 de catorce de diciembre pasado, informó que una vez que le fuera remitida la resolución dictada por el Magistrado responsable, estaría en condiciones de cumplir con la ejecutoria de que se trata, sin que a la fecha haya informado algo al respecto; sin embargo, tomando en consideración que por su naturaleza, los actos de ejecución derivan de la voluntad de la autoridad ordenadora, ningún sentido práctico tiene el exigir y esperar que la autoridad ejecutora manifieste que ha dado cumplimiento, cuando la ordenadora acreditó haber dejado sin efectos la determinación respectiva, como acontece en la especie. En consecuencia, procede concluir que, al haber sido reparado el agravio sufrido por la parte peticionaria del amparo, la sentencia de amparo ha quedado cumplida. Atento a lo anterior, se ordena notificar a las partes, haciéndoles saber que cuentan con el término de quince días para inconformarse con la presente determinación, bajo apercibimiento que de no hacer manifestación alguna, se procederá al archivo de este asunto como totalmente concluido, en términos de lo previsto por el artículo 202 de la Ley de Amparo. Háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno. NOTIFÍQUESE; Y PERSONALMENTE A LA PARTE QUEJOSA.

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