Dora María Zamarrón Martínez
Expediente 204/2020 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de San Luis Potosí. 3 actuaciones registradas, la última del 25 de noviembre de 2020.
Datos del expediente
- Expediente
- 204/2020
- Año
- 2020
- Actuaciones
- 3
- Última actuación
- 25/11/2020
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Primero de Distrito en el Estado de San Luis Potosí · San Luis Potosí
Partes del expediente
- Dora María Zamarrón Martínez
Actuaciones
- Principal
Acuerdo vía remota Se emite el siguiente acuerdo por escrito y vía remota, en términos del artículo 13 del Acuerdo General 21/2020, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus COVID-19, reformado en cuanto a su vigencia por el similar 25/2020, ambos del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal. Causa estado Vista la certificación que antecede y en atención a que la Secretaria certifica que revisó el Libro de Oficialía de Partes de este Juzgado y constató que del diecisiete al veinticuatro de noviembre de dos mil veinte, en que transcurrió el término de cinco días a que se refiere el artículo 98 de la Ley de Amparo, para que la parte quejosa recurriera el proveído de veintiocho de octubre del año en curso, mediante el cual se desechó la demanda con que se formó el presente expediente, no se presentó promoción alguna en que se haya hecho uso del recurso de queja a que se alude en el artículo 97 de la Ley de Amparo; en consecuencia, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 97 fracción I, inciso a) en relación con el 98 y 99 de la ley de materia y 356 fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria, se declara que el citado auto ha causado estado. Archivo En tales condiciones, háganse las anotaciones en el Libro de Gobierno de este Juzgado y del conocimiento de las partes para los efectos legales procedentes y en su oportunidad archívese el presente expediente como asunto concluido. Lineamientos para la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes De conformidad con el Artículo 21, inciso a) del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, se establece que este expediente es susceptible de destrucción, dado que en el mismo se desechó la demanda de amparo, no existen documentos originales exhibidos por las partes, y no se trata de un asunto que por su valor jurídico, histórico o relevancia documental amerite su conservación. En consecuencia, anótese en la carátula del expediente que es susceptible de destrucción, que no existen documentos originales y la fecha de este proveído. Centro Archivístico Una vez transcurrido el plazo de tres años establecido en el punto Décimo Primero del Acuerdo en comento, remítase este expediente al Centro Archivístico Judicial de la Suprema Corte. Notifíquese.
- Principal
Con fundamento en el artículo 27, fracción I, inciso c) de la Ley de Amparo, se notifica a la parte quejosa, la determinación de veintiocho de octubre de dos mil veinte, que en síntesis dice: Se emite el siguiente acuerdo por escrito y vía remota, en términos del artículo 13 del Acuerdo General 21/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus COVID-19. Visto el estado procesal que guardan los autos, como de los mismos se advierte que transcurrió el término de tres días que se concedió a la quejosa Dora María Zamarrón Martínez, para que compareciera a ratificar el contenido y firma del escrito presentado ante este Juzgado el diez de marzo del año en curso, por lo que hoy se procede a acordar al respecto. Precisión del acto reclamado La demanda de amparo formulada por la quejosa y sus escritos aclaratorios, revelan que como actos destacados precisa los siguientes: Del Juez Segundo de lo Mercantil en esta ciudad: El acuerdo de veinticuatro de febrero de dos mil veinte, emitido dentro del juicio ejecutivo mercantil expediente 982/2018 seguido en contra de la quejosa, mediante el cual desecha el recurso de revocación interpuesto en contra del auto de siete de febrero de la presente anualidad que declaró improcedente la caducidad de la instancia planteada por la parte demandada (aquí quejosa) dentro de dicho controvertido. El auto de cuatro de marzo de dos mil veinte, emitido dentro del juicio ejecutivo mercantil expediente 982/2018, en el que ordena girar oficio a la Jefatura del Departamento de Pensiones de Seguridad e Higiene de la Delegación del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE) a fin de que proceda a realizar el descuento del 30% treinta por ciento mensual, de las prestaciones ordinarias y extraordinarias que resulte del excedente del monto del salario mínimo que percibe la demandada aquí quejosa, en su fuente de trabajo, y sea puesta a disposición del Juzgado responsable para que a su vez sea entregada al actor. Es pertinente puntualizar que este último acto no lo precisa como acto reclamado la quejosa en su escrito aclaratorio de diez de marzo de esta anualidad, sin embargo del análisis de dicho libelo como un todo, se advierte que los conceptos de violación que precisa en el mismo con motivo de la ampliación demanda que plantea respecto al auto de veinticuatro de febrero de este año, van orientados a controvertir el precisado auto de cuatro de marzo de dos mil veinte, por tanto se le tiene como acto reclamado. Desechamiento de demanda En ese contexto, una vez analizada la demanda de amparo de que se trata, como el respectivo escrito aclaratorio, se arriba a la conclusión de que la misma deviene improcedente. Acuerdo de veinticuatro de febrero de dos mil veinte, emitido dentro del juicio ejecutivo mercantil expediente 982/2018, mediante el cual se desecha el recurso de revocación interpuesto en contra del auto de siete de febrero de la presente anualidad que declaró improcedente la caducidad de la instancia planteada por la parte demandada. En el caso concreto, por lo que hace al acto reclamado consistente en el acuerdo de veinticuatro de febrero de dos mil veinte, emitido dentro del juicio ejecutivo mercantil expediente 982/2018, mediante el cual se desecha el recurso de revocación interpuesto en contra del auto de siete de febrero de la presente anualidad que declaró improcedente la caducidad de la instancia planteada por la parte demandada, aquí quejosa, se actualiza una causa de improcedencia de un modo manifiesto e indudable, esto es la prevista por el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el 107, fracción V, interpretado a contrario sensu, ambos de la Ley de Amparo, que a la letra establecen:... De la transcripción de los artículos y fracciones que contiene la causa de improcedencia invocada, se advierte que el amparo solicitado ante un Juez de Distrito, cuando se reclamen actos dentro de un juicio seguido ante una autoridad jurisdiccional, solo será procedente cuando esos actos tengan sobre las personas o las cosas una ejecución que sea de imposible reparación. Pues bien, la interpretación del artículo 107, fracción III, inciso b), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, permite considerar que los actos procesales tienen una ejecución de imposible reparación, si sus consecuencias son susceptibles de afectar inmediatamente alguno de los llamados derechos sustantivos del gobernado, que tutela la Constitución por medio de los derechos fundamentales, como la vida, la libertad, la propiedad, las posesiones, etcétera, porque esa afectación o sus efectos, no se destruyen fácticamente con el sólo hecho de que quien la sufre obtenga un fallo definitivo favorable a sus pretensiones en el juicio; y los actos de ejecución reparable, o intraprocesales, no afectan ese tipo de valores, sino que producen la posibilidad de que esa afectación se pueda reflejar al resolverse la controversia, en la medida en que influyan para que la resolución sea adversa a los intereses de la parte agraviada. Bajo ese contexto, se considera que los actos de imposible reparación son aquellos que infringen derechos sustantivos que la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos tutela para los gobernados; en tanto que los que no son de imposible reparación sólo producen efectos de carácter formal o intraprocesal, e inciden en las posiciones que van tomando las partes dentro del procedimiento, con vista a obtener un fallo favorable, por lo que, cuando se logra este objetivo primordial, tales efectos o consecuencias se extinguen en la realidad de los hechos, sin haber originado afectación alguna a los derechos fundamentales del gobernado y sin dejar huella en su esfera jurídica. Pues bien, en la especie el acto reclamado consistente en el desechamiento del recurso de revocación interpuesto en contra del auto que declaró improcedente la caducidad de la instancia dentro del controvertido de origen; en el cual la parte quejosa tiene el carácter de demandada; se trata de actos que no revisten el carácter de ser de imposible reparación. En efecto, se puede concluir con claridad que se está en presencia de un acto, que por el momento no tienen sobre la persona o las cosas de la parte quejosa una ejecución de imposible reparación, puesto que no afecta de modo directo e inmediato alguno de los derechos sustantivos de los gobernados, tales como la vida, la libertad o sus posesiones, sino que la violación que, en su caso, produjeran, únicamente tiene efectos formales o intraprocesales, que no producen una situación de indefensión puesto que no atacan sus derechos sustantivos en forma tal que el perjuicio irrogado no pueda ser reparado por un acto jurídico posterior. Es decir, el acto reclamado podrá combatirse como violación procesal mediante el amparo directo que se interponga contra la sentencia definitiva que se dicte en el juicio de origen..... Auto de cuatro de marzo de dos mil veinte, emitido dentro del juicio ejecutivo mercantil que ordena girar oficio a la Jefatura del Departamento de Pensiones de Seguridad e Higiene de la Delegación del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE) a fin de que proceda a realizar el descuento del 30% treinta por ciento mensual, de las prestaciones ordinarias y extraordinarias que percibe la demandada aquí quejosa, en su fuente de trabajo. Pues bien, se estima que en relación con el auto de cuatro de marzo de dos mil veinte, el juicio de amparo deviene improcedente, al actualizarse la hipótesis normativa prevista en el primer párrafo de la fracción XVIII del numeral 61 de la Ley de Amparo, que protege el principio de definitividad en materia judicial, como enseguida se explica.... Cuando la procedencia del recurso o medio de defensa se sujete a interpretación adicional o su fundamento legal sea insuficiente para determinarla, el quejoso quedará en libertad de interponer dicho recurso o acudir al juicio de amparo;." La porción normativa transcrita prevé que el juicio de amparo es improcedente cuando no se respete el principio de definitividad respecto de actos derivados de autoridades jurisdiccionales. Dicho principio rector del amparo, en lo conducente, dispone que previo a la interposición de la demanda, el afectado por el acto de autoridad debe agotar los recursos ordinarios o medios de defensa legales que procedan contra el acto reclamado, siempre que tengan por objeto revocar, modificar o nulificar la resolución materia de la impugnación. La razón del legislador para restringir el acceso de la acción constitucional mediante la presente causa de improcedencia, es para evitar la proliferación de juicios de amparo contra cualquier acto autoritario que, surgido en un procedimiento, pudiera válidamente oponerse sin que primeramente se intente su enmienda ante la potestad común, pues ello generaría una cadena interminable de juicios constitucionales y concomitantemente un retraso en la impartición de justicia, en contravención a lo dispuesto por el numeral 17 Constitucional. El motivo de improcedencia que se analiza no es absoluto, pues en ese mismo dispositivo se establece la salvedad de que no opera cuando se esté dentro de los casos de excepción, pues en dicha eventualidad el quejoso estará en aptitud de elegir entre hacer valer su acción constitucional o el recurso o medio de impugnación que conforme a la ley que rija o supla al acto reclamado sea procedente, pero en el caso que nos ocupa no se encuentra dentro de esa excepción como se demuestra enseguida. Debe notarse que la causal en estudio dispone el acatamiento al citado principio, sin distinguir la naturaleza del ente de autoridad responsable y del acto de autoridad reprochado, por lo que esta prohibición opera tratándose de tribunales judiciales (los del Poder del Judicial de la Federación actuando como autoridad de instancia, así como los del fuero local sea civiles, familiares, penales, etcétera), administrativos (tribunales federales, de justicia administrativa y fiscal, agrario, entre otros) o laborales (ya sea federales o locales o burocráticos). De manera que, el quejoso previo a instar a la Justicia Federal sobre la cuestión de constitucionalidad, derivada de un acto emanado de un ente con facultades jurisdiccionales, debe agotar todas las instancias procesales tendentes a revocar, modificar, anular o invalidar el acto que se combate, y una vez que a virtud de éstas no se hayan revertido los efectos del origen de inconformidad, procederá la demanda de amparo. Para los efectos de este principio, se entiende que un recurso o medio de defensa obliga a agotarse, únicamente cuando a través de dicho medio de impugnación el acto autoritario pueda ser revocado (cambiar en su totalidad el criterio de la resolución recurrida), modificado (hacer un cambio parcial de la resolución), anulado (dejar insubsistente el acto de autoridad); asimismo, se aclara que sólo se entenderá por cumplido este requisito de procedencia, cuando el recurso o instancia legal que se haga valer se haya substanciado en todos sus términos, hasta su sentencia o resolución que lo dé por terminado. El dispositivo legal 61, fracción XVIII, también prevé excepciones al principio de definitividad, en cuyo caso el quejoso podrá promover el recurso ordinario o el juicio de amparo; sin embargo, la Ley de Amparo es categórica en señalar que fuera de los casos de excepción, el juicio resulta improcedente si no se han agotado los recursos ordinarios o medios de defensa, a pesar de que no se hayan hecho valer oportunamente por el quejoso. Es decir, el gobernado que se duele de un acto de autoridad judicial, aun cuando lo considere inconstitucional, puede acudir en demanda de amparo, si y solo si agotó todas las instancias procesales que se regulen en la ley y que tiendan a revocar, modificar o nulificar la resolución o acto que lo lesiona jurídicamente. Así, no existe la obligación de acatar el principio de definitividad que rige el juicio de amparo indirecto, cuando se reclaman los siguientes actos:... Tal ordinal prevé que los autos que no fueren apelables pueden ser revocados por el Juez que los dictó o por el que lo substituya en el conocimiento del negocio. Así, se considera que el referido acto reclamado no es una sentencia definitiva, tampoco interlocutoria o auto definitivo que ponga fin al juicio de origen, por lo que, en la especie, contra el precisado auto no procede el recurso de apelación previsto en el Código de Comercio. Entonces, del análisis del precepto invocado se desprende que la revocación es un medio de defensa que el legislador instauró para el efecto de que el Juez de origen, revoque si así procede, los autos que emitió, en el supuesto de que, en contra de éstos no resulte procedente el diverso recurso de apelación. Esto es, el auto combatido en el presente sumario constitucional, considerando que la quejosa es parte demandada en el juicio de origen y al no ser apelable conforme con la legislación mercantil en vigor, es revocable en términos del artículo 1334 del Código de Comercio..... Por tanto, la quejosa, previamente a instar la acción constitucional, estaba obligada a agotar el aludido recurso de revocación, en cumplimiento al principio de definitividad, ya que a través de ese medio de defensa, la autoridad respectiva podría estar en aptitud de revocar, modificar o confirmar la determinación reclamada, y al no hacerlo, el presente juicio de amparo se torna improcedente en términos de la fracción XVIII del artículo 61 de la Ley de Amparo. En consecuencia, por lo que, con fundamento en lo dispuesto por el diverso ordinal 113 de la propia ley de la materia, SE DESECHA DE PLANO la demanda que nos ocupa. Exhortación para que las partes señalen medios de contacto vías electrónica y telefónica. Por otra parte, acorde con lo previsto en el artículo 22 del Acuerdo General 21/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, se exhorta a las partes, para proporcionen un correo electrónico y un número telefónico para facilitar la comunicación durante el trámite del presente asunto; lo que podrán realizar en cualquier momento. Consulta física de expedientes. De igual forma, hágase del conocimiento de las partes, que en el evento de que requieran consultar físicamente el presente expediente y/o sus constancias, deberán agotar el procedimiento de activación de atención al público, que a partir del tres de agosto del dos mil veinte estará disponible en el Portal de Servicios en línea micrositio sobre "Servicios jurisdiccionales", en el cual además de encontrar los teléfonos de los órganos jurisdiccionales, encontrara el sistema de "Agenda OJ" en la cual aparecerán las fechas y horarios disponibles de cada órgano jurisdiccional para la generación de citar para consultar expedientes, en la cual se generara un Código QR, que permitirá su acceso al órgano, en los términos previstos por los artículos 3 a 8, Acuerdo General 21/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal. Exhortación para continuar el trámite del presente juicio, en la modalidad en línea. Por otra parte, conforme con lo previsto en los artículos 28 a 31 del multicitado Acuerdo General 21/2020, se exhorta a las partes para que, una vez realizados los trámites necesarios, se continué el presente sumario constitucional en la modalidad de juicio en línea, con el fin de salvaguardar la salud de las partes, ante la contingencia provocada por el virus COVID-19. Uso de aparatos electrónicos. Con fundamento en el artículo 210-A del Código Federal de Procedimientos Civiles y con la circular 12/2009 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, de fecha dieciocho de marzo de dos mil nueve, se faculta a las partes así como a sus autorizados, para imponerse de los acuerdos dictados en el juicio de amparo en que se actúa, a través de su reproducción con el uso de aparatos electrónicos de uso personal; esto es desde luego bajo el cuidado y vigilancia del personal judicial que designe el Secretario de acuerdos respectivo, salvo que se trate de información confidencial o reservada. Hágase saber a las partes, la posibilidad de fotografiar o utilizar cualquier medio electrónico para consulta del expediente, debe ajustarse a la disponibilidad de un tiempo prudente para no vulnerar las cargas de trabajo o distraer innecesariamente a las labores que esencialmente debe prestar. Lo anterior, previa constancia que se deje en autos. Notificaciones. Con fundamento en el artículo 21, último párrafo, de la Ley de Amparo, se habilita a los Actuarios Judiciales adscritos a este Órgano Jurisdiccional, para que de ser necesario, realicen las notificaciones que deban hacerse en forma personal, en horas y días inhábiles. Transparencia Luego, en cumplimiento a lo dispuesto por los artículos 8º, 18, fracción II y 21 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública y Gubernamental y artículos 34 y 35 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de transparencia, acceso a la información pública, protección de datos personales y archivos, hágase del conocimiento de las partes que tienen derecho a oponerse a que se publiquen sus datos personales, en caso de que se publique la sentencia que se dicte en el presente asunto, por lo que, de no hacer manifestación alguna, se entenderá que se oponen a la publicación de sus antecedentes. Notifíquese personalmente...
- Principal
Se emite el siguiente acuerdo por escrito y vía remota, en términos del artículo 13 del Acuerdo General 21/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus COVID-19. Visto el estado procesal que guardan los autos, como de los mismos se advierte que transcurrió el término de tres días que se concedió a la quejosa Dora María Zamarrón Martínez, para que compareciera a ratificar el contenido y firma del escrito presentado ante este Juzgado el diez de marzo del año en curso, por lo que hoy se procede a acordar al respecto. Precisión del acto reclamado La demanda de amparo formulada por la quejosa y sus escritos aclaratorios, revelan que como actos destacados precisa los siguientes: Del Juez Segundo de lo Mercantil en esta ciudad: El acuerdo de veinticuatro de febrero de dos mil veinte, emitido dentro del juicio ejecutivo mercantil expediente 982/2018 seguido en contra de la quejosa, mediante el cual desecha el recurso de revocación interpuesto en contra del auto de siete de febrero de la presente anualidad que declaró improcedente la caducidad de la instancia planteada por la parte demandada (aquí quejosa) dentro de dicho controvertido. El auto de cuatro de marzo de dos mil veinte, emitido dentro del juicio ejecutivo mercantil expediente 982/2018, en el que ordena girar oficio a la Jefatura del Departamento de Pensiones de Seguridad e Higiene de la Delegación del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE) a fin de que proceda a realizar el descuento del 30% treinta por ciento mensual, de las prestaciones ordinarias y extraordinarias que resulte del excedente del monto del salario mínimo que percibe la demandada aquí quejosa, en su fuente de trabajo, y sea puesta a disposición del Juzgado responsable para que a su vez sea entregada al actor. Es pertinente puntualizar que este último acto no lo precisa como acto reclamado la quejosa en su escrito aclaratorio de diez de marzo de esta anualidad, sin embargo del análisis de dicho libelo como un todo, se advierte que los conceptos de violación que precisa en el mismo con motivo de la ampliación demanda que plantea respecto al auto de veinticuatro de febrero de este año, van orientados a controvertir el precisado auto de cuatro de marzo de dos mil veinte, por tanto se le tiene como acto reclamado. Desechamiento de demanda En ese contexto, una vez analizada la demanda de amparo de que se trata, como el respectivo escrito aclaratorio, se arriba a la conclusión de que la misma deviene improcedente. Acuerdo de veinticuatro de febrero de dos mil veinte, emitido dentro del juicio ejecutivo mercantil expediente 982/2018, mediante el cual se desecha el recurso de revocación interpuesto en contra del auto de siete de febrero de la presente anualidad que declaró improcedente la caducidad de la instancia planteada por la parte demandada. En el caso concreto, por lo que hace al acto reclamado consistente en el acuerdo de veinticuatro de febrero de dos mil veinte, emitido dentro del juicio ejecutivo mercantil expediente 982/2018, mediante el cual se desecha el recurso de revocación interpuesto en contra del auto de siete de febrero de la presente anualidad que declaró improcedente la caducidad de la instancia planteada por la parte demandada, aquí quejosa, se actualiza una causa de improcedencia de un modo manifiesto e indudable, esto es la prevista por el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el 107, fracción V, interpretado a contrario sensu, ambos de la Ley de Amparo, que a la letra establecen:... De la transcripción de los artículos y fracciones que contiene la causa de improcedencia invocada, se advierte que el amparo solicitado ante un Juez de Distrito, cuando se reclamen actos dentro de un juicio seguido ante una autoridad jurisdiccional, solo será procedente cuando esos actos tengan sobre las personas o las cosas una ejecución que sea de imposible reparación. Pues bien, la interpretación del artículo 107, fracción III, inciso b), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, permite considerar que los actos procesales tienen una ejecución de imposible reparación, si sus consecuencias son susceptibles de afectar inmediatamente alguno de los llamados derechos sustantivos del gobernado, que tutela la Constitución por medio de los derechos fundamentales, como la vida, la libertad, la propiedad, las posesiones, etcétera, porque esa afectación o sus efectos, no se destruyen fácticamente con el sólo hecho de que quien la sufre obtenga un fallo definitivo favorable a sus pretensiones en el juicio; y los actos de ejecución reparable, o intraprocesales, no afectan ese tipo de valores, sino que producen la posibilidad de que esa afectación se pueda reflejar al resolverse la controversia, en la medida en que influyan para que la resolución sea adversa a los intereses de la parte agraviada. Bajo ese contexto, se considera que los actos de imposible reparación son aquellos que infringen derechos sustantivos que la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos tutela para los gobernados; en tanto que los que no son de imposible reparación sólo producen efectos de carácter formal o intraprocesal, e inciden en las posiciones que van tomando las partes dentro del procedimiento, con vista a obtener un fallo favorable, por lo que, cuando se logra este objetivo primordial, tales efectos o consecuencias se extinguen en la realidad de los hechos, sin haber originado afectación alguna a los derechos fundamentales del gobernado y sin dejar huella en su esfera jurídica. Pues bien, en la especie el acto reclamado consistente en el desechamiento del recurso de revocación interpuesto en contra del auto que declaró improcedente la caducidad de la instancia dentro del controvertido de origen; en el cual la parte quejosa tiene el carácter de demandada; se trata de actos que no revisten el carácter de ser de imposible reparación. En efecto, se puede concluir con claridad que se está en presencia de un acto, que por el momento no tienen sobre la persona o las cosas de la parte quejosa una ejecución de imposible reparación, puesto que no afecta de modo directo e inmediato alguno de los derechos sustantivos de los gobernados, tales como la vida, la libertad o sus posesiones, sino que la violación que, en su caso, produjeran, únicamente tiene efectos formales o intraprocesales, que no producen una situación de indefensión puesto que no atacan sus derechos sustantivos en forma tal que el perjuicio irrogado no pueda ser reparado por un acto jurídico posterior. Es decir, el acto reclamado podrá combatirse como violación procesal mediante el amparo directo que se interponga contra la sentencia definitiva que se dicte en el juicio de origen..... Auto de cuatro de marzo de dos mil veinte, emitido dentro del juicio ejecutivo mercantil que ordena girar oficio a la Jefatura del Departamento de Pensiones de Seguridad e Higiene de la Delegación del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE) a fin de que proceda a realizar el descuento del 30% treinta por ciento mensual, de las prestaciones ordinarias y extraordinarias que percibe la demandada aquí quejosa, en su fuente de trabajo. Pues bien, se estima que en relación con el auto de cuatro de marzo de dos mil veinte, el juicio de amparo deviene improcedente, al actualizarse la hipótesis normativa prevista en el primer párrafo de la fracción XVIII del numeral 61 de la Ley de Amparo, que protege el principio de definitividad en materia judicial, como enseguida se explica.... Cuando la procedencia del recurso o medio de defensa se sujete a interpretación adicional o su fundamento legal sea insuficiente para determinarla, el quejoso quedará en libertad de interponer dicho recurso o acudir al juicio de amparo;." La porción normativa transcrita prevé que el juicio de amparo es improcedente cuando no se respete el principio de definitividad respecto de actos derivados de autoridades jurisdiccionales. Dicho principio rector del amparo, en lo conducente, dispone que previo a la interposición de la demanda, el afectado por el acto de autoridad debe agotar los recursos ordinarios o medios de defensa legales que procedan contra el acto reclamado, siempre que tengan por objeto revocar, modificar o nulificar la resolución materia de la impugnación. La razón del legislador para restringir el acceso de la acción constitucional mediante la presente causa de improcedencia, es para evitar la proliferación de juicios de amparo contra cualquier acto autoritario que, surgido en un procedimiento, pudiera válidamente oponerse sin que primeramente se intente su enmienda ante la potestad común, pues ello generaría una cadena interminable de juicios constitucionales y concomitantemente un retraso en la impartición de justicia, en contravención a lo dispuesto por el numeral 17 Constitucional. El motivo de improcedencia que se analiza no es absoluto, pues en ese mismo dispositivo se establece la salvedad de que no opera cuando se esté dentro de los casos de excepción, pues en dicha eventualidad el quejoso estará en aptitud de elegir entre hacer valer su acción constitucional o el recurso o medio de impugnación que conforme a la ley que rija o supla al acto reclamado sea procedente, pero en el caso que nos ocupa no se encuentra dentro de esa excepción como se demuestra enseguida. Debe notarse que la causal en estudio dispone el acatamiento al citado principio, sin distinguir la naturaleza del ente de autoridad responsable y del acto de autoridad reprochado, por lo que esta prohibición opera tratándose de tribunales judiciales (los del Poder del Judicial de la Federación actuando como autoridad de instancia, así como los del fuero local sea civiles, familiares, penales, etcétera), administrativos (tribunales federales, de justicia administrativa y fiscal, agrario, entre otros) o laborales (ya sea federales o locales o burocráticos). De manera que, el quejoso previo a instar a la Justicia Federal sobre la cuestión de constitucionalidad, derivada de un acto emanado de un ente con facultades jurisdiccionales, debe agotar todas las instancias procesales tendentes a revocar, modificar, anular o invalidar el acto que se combate, y una vez que a virtud de éstas no se hayan revertido los efectos del origen de inconformidad, procederá la demanda de amparo. Para los efectos de este principio, se entiende que un recurso o medio de defensa obliga a agotarse, únicamente cuando a través de dicho medio de impugnación el acto autoritario pueda ser revocado (cambiar en su totalidad el criterio de la resolución recurrida), modificado (hacer un cambio parcial de la resolución), anulado (dejar insubsistente el acto de autoridad); asimismo, se aclara que sólo se entenderá por cumplido este requisito de procedencia, cuando el recurso o instancia legal que se haga valer se haya substanciado en todos sus términos, hasta su sentencia o resolución que lo dé por terminado. El dispositivo legal 61, fracción XVIII, también prevé excepciones al principio de definitividad, en cuyo caso el quejoso podrá promover el recurso ordinario o el juicio de amparo; sin embargo, la Ley de Amparo es categórica en señalar que fuera de los casos de excepción, el juicio resulta improcedente si no se han agotado los recursos ordinarios o medios de defensa, a pesar de que no se hayan hecho valer oportunamente por el quejoso. Es decir, el gobernado que se duele de un acto de autoridad judicial, aun cuando lo considere inconstitucional, puede acudir en demanda de amparo, si y solo si agotó todas las instancias procesales que se regulen en la ley y que tiendan a revocar, modificar o nulificar la resolución o acto que lo lesiona jurídicamente. Así, no existe la obligación de acatar el principio de definitividad que rige el juicio de amparo indirecto, cuando se reclaman los siguientes actos:... Tal ordinal prevé que los autos que no fueren apelables pueden ser revocados por el Juez que los dictó o por el que lo substituya en el conocimiento del negocio. Así, se considera que el referido acto reclamado no es una sentencia definitiva, tampoco interlocutoria o auto definitivo que ponga fin al juicio de origen, por lo que, en la especie, contra el precisado auto no procede el recurso de apelación previsto en el Código de Comercio. Entonces, del análisis del precepto invocado se desprende que la revocación es un medio de defensa que el legislador instauró para el efecto de que el Juez de origen, revoque si así procede, los autos que emitió, en el supuesto de que, en contra de éstos no resulte procedente el diverso recurso de apelación. Esto es, el auto combatido en el presente sumario constitucional, considerando que la quejosa es parte demandada en el juicio de origen y al no ser apelable conforme con la legislación mercantil en vigor, es revocable en términos del artículo 1334 del Código de Comercio..... Por tanto, la quejosa, previamente a instar la acción constitucional, estaba obligada a agotar el aludido recurso de revocación, en cumplimiento al principio de definitividad, ya que a través de ese medio de defensa, la autoridad respectiva podría estar en aptitud de revocar, modificar o confirmar la determinación reclamada, y al no hacerlo, el presente juicio de amparo se torna improcedente en términos de la fracción XVIII del artículo 61 de la Ley de Amparo. En consecuencia, por lo que, con fundamento en lo dispuesto por el diverso ordinal 113 de la propia ley de la materia, SE DESECHA DE PLANO la demanda que nos ocupa. Exhortación para que las partes señalen medios de contacto vías electrónica y telefónica. Por otra parte, acorde con lo previsto en el artículo 22 del Acuerdo General 21/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, se exhorta a las partes, para proporcionen un correo electrónico y un número telefónico para facilitar la comunicación durante el trámite del presente asunto; lo que podrán realizar en cualquier momento. Consulta física de expedientes. De igual forma, hágase del conocimiento de las partes, que en el evento de que requieran consultar físicamente el presente expediente y/o sus constancias, deberán agotar el procedimiento de activación de atención al público, que a partir del tres de agosto del dos mil veinte estará disponible en el Portal de Servicios en línea micrositio sobre "Servicios jurisdiccionales", en el cual además de encontrar los teléfonos de los órganos jurisdiccionales, encontrara el sistema de "Agenda OJ" en la cual aparecerán las fechas y horarios disponibles de cada órgano jurisdiccional para la generación de citar para consultar expedientes, en la cual se generara un Código QR, que permitirá su acceso al órgano, en los términos previstos por los artículos 3 a 8, Acuerdo General 21/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal. Exhortación para continuar el trámite del presente juicio, en la modalidad en línea. Por otra parte, conforme con lo previsto en los artículos 28 a 31 del multicitado Acuerdo General 21/2020, se exhorta a las partes para que, una vez realizados los trámites necesarios, se continué el presente sumario constitucional en la modalidad de juicio en línea, con el fin de salvaguardar la salud de las partes, ante la contingencia provocada por el virus COVID-19. Uso de aparatos electrónicos. Con fundamento en el artículo 210-A del Código Federal de Procedimientos Civiles y con la circular 12/2009 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, de fecha dieciocho de marzo de dos mil nueve, se faculta a las partes así como a sus autorizados, para imponerse de los acuerdos dictados en el juicio de amparo en que se actúa, a través de su reproducción con el uso de aparatos electrónicos de uso personal; esto es desde luego bajo el cuidado y vigilancia del personal judicial que designe el Secretario de acuerdos respectivo, salvo que se trate de información confidencial o reservada. Hágase saber a las partes, la posibilidad de fotografiar o utilizar cualquier medio electrónico para consulta del expediente, debe ajustarse a la disponibilidad de un tiempo prudente para no vulnerar las cargas de trabajo o distraer innecesariamente a las labores que esencialmente debe prestar. Lo anterior, previa constancia que se deje en autos. Notificaciones. Con fundamento en el artículo 21, último párrafo, de la Ley de Amparo, se habilita a los Actuarios Judiciales adscritos a este Órgano Jurisdiccional, para que de ser necesario, realicen las notificaciones que deban hacerse en forma personal, en horas y días inhábiles. Transparencia Luego, en cumplimiento a lo dispuesto por los artículos 8º, 18, fracción II y 21 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública y Gubernamental y artículos 34 y 35 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de transparencia, acceso a la información pública, protección de datos personales y archivos, hágase del conocimiento de las partes que tienen derecho a oponerse a que se publiquen sus datos personales, en caso de que se publique la sentencia que se dicte en el presente asunto, por lo que, de no hacer manifestación alguna, se entenderá que se oponen a la publicación de sus antecedentes. Notifíquese personalmente....
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