Dora María Pérez Marroquín
Expediente 1297/2019 tramitado ante el Juzgado Séptimo de Distrito en Materia de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México. 6 actuaciones registradas, la última del 4 de noviembre de 2019.
Datos del expediente
- Expediente
- 1297/2019
- Año
- 2019
- Actuaciones
- 6
- Última actuación
- 04/11/2019
Partes del expediente
- Dora María Pérez Marroquín
Actuaciones
Las 4 más recientes de 6.
- Principal
Visto lo de cuenta, con sustento en el artículo 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria por disposición expresa del numeral 2, párrafo segundo, de la Ley de Amparo, se agrega el oficio signado por el secretario de acuerdos del Primer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Segundo Circuito, en Toluca, Estado de México, mediante el cual informa que admitió a trámite el recurso de revisión interpuesto por ********, el cual quedo registrado con el número *****; de lo anterior, este juzgado federal toma debido conocimiento para los efectos legales correspondientes.
- Principal
Se acuerda escrito Visto lo de cuenta, con sustento en el artículo 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria por disposición expresa del numeral 2, párrafo segundo, de la Ley de Amparo, se tiene por recibido el escrito signado por ******, por medio del cual interpone recurso de queja contra el acuerdo emitido por este juzgado el dieciséis de octubre de dos mil diecinueve, en el que se desechó de plano la demanda de amparo promovida por la parte quejosa. Se tiene por interpuesto el recurso Así las cosas, con fundamento en los artículos 97, fracción I, inciso a), 98, 99 y 100 de la Ley de Amparo, se tiene por interpuesto el recurso de queja que hace valer por la parte quejosa. Rendición de informe En ese sentido, con fundamento en el artículo 101, párrafo primero, de la Ley de Amparo, se rinde el informe sobre la materia de la queja en el sentido que es cierto que este juzgado federal emitió el acuerdo de dieciséis de octubre de dos mil diecinueve, en el que se desechó la demanda de amparo promovida por ******, por existir un motivo manifiesto e indudable de improcedencia, cuyos razonamientos se encuentran esbozados en el proveído combatido. Innecesario dar vista para señalar constancias Sin que sea aplicable al caso, lo establecido en el artículo 101, párrafo primero, de la Ley de Amparo, respecto a que se notifique a las demás partes la interposición del recurso de queja, para que en el plazo de tres días señalen las constancias que en copia certificada deben remitirse a la superioridad para resolverlo, puesto que en virtud de la naturaleza del auto combatido no existen demás partes en este asunto. Remisión del recurso El informe de la materia de la queja deberá estar acompañado de copia certificada de la totalidad del juicio de amparo indirecto ******, del índice de este juzgado de distrito, a fin de remitirlos al Tribunal Colegiado en Materia Civil del Segundo Circuito, con sede en esta ciudad, en turno, para la substanciación del referido medio de impugnación, anexando copia simple de las mismas para el agente del Ministerio Público Federal adscrito a ese órgano colegiado.
- Principal
Visto lo de cuenta, con fundamento en el artículo 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria por disposición expresa del numeral 2, párrafo segundo, de la Ley de Amparo, se tiene por recibido el escrito de la directa quejosa ******, por medio del cual desahoga la prevención formulada por este órgano jurisdiccional mediante proveído emitido el uno de octubre de dos mil diecinueve, en el que se le previno a la parte quejosa para que adecuara su demanda de amparo conforme a los diversos puntos previstos en el artículo 108 de la Ley de Amparo, de igual forma, remitiera copias suficientes del escrito de desahogo para correr traslado a las partes. En consecuencia, agotados dichos puntos en el escrito con el que se da cuenta, téngase por cumplido el requerimiento formulado y sin efectos el apercibimiento respectivo. Domicilio Asimismo, en términos del artículo 27, fracción III, de la Ley de Amparo, se tiene como domicilio para oír y recibir notificaciones la lista que se fijan en un lugar visible de éste órgano de control constitucional, por así haberlo señalado expresamente la parte quejosa en su escrito de aclaración. Ahora, del escrito de demanda y del escrito de cuenta, se advierte que la parte quejosa, señala como acto reclamado y autoridad responsable las que enseguida se precisan: Acto reclamado La sentencia de veintiocho de agosto de dos mil diecinueve, dictada en el toca *******, a través de la cual se declaró infundado el recurso de queja interpuesto contra el auto de quince de agosto de dos mil diecinueve, emitido en el expediente *******, en el cual se desechó el recurso de apelación interpuesto contra el auto de seis de agosto de dos mil diecinueve, en el que se revocó de oficio el diverso de tres de julio de este año, en el cual se ordenó poner a la vista del juez de origen para dictar sentencia, para efecto de prevenir a la parte actora para que indique quien es el actual poseedor del inmueble que reclama en virtud de que falleció el demandado. Autoridades responsables Segunda Sala Civil en Toluca, Estado de México (ordenadora). Juez Sexto Civil de Toluca con residencia en Metepec, Estado de México (ejecutora). Desechamiento de plano de la demanda Ahora, previo a la admisión o desechamiento de la demanda de amparo, es necesario establecer que en términos de lo dispuesto en el artículo 113 de la Ley de Amparo, se debe analizar si existe o no un motivo manifiesto e indudable de improcedencia y, en tal supuesto, debe desecharse de plano la demanda. Al respecto, se considera necesario precisar que lo manifiesto se da cuando el motivo de improcedencia se advierte en forma patente y absolutamente clara de la lectura de la demanda; a su vez, lo indudable resulta de la certidumbre y plena convicción que se tenga de que la causa de improcedencia en estudio es operante en el caso concreto, de tal modo que aun cuando se admitiera la demanda y se substanciara el procedimiento no resultaría factible formarse convicción diversa, independientemente de los elementos que eventualmente pudieran allegar las partes. Es aplicable la jurisprudencia I.1o.A. J/4, aprobada por el Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primera Circuito, publicada en la página 890, del Tomo VII, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, mayo de mil novecientos noventa y ocho, Novena Época, con número de registro 196196, que establece: "DESECHAMIENTO DE LA DEMANDA DE GARANTÍAS. CAUSA DE IMPROCEDENCIA MANIFIESTA E INDUDABLE. De conformidad con el artículo 145 de la Ley de Amparo, el Juez de Distrito está obligado a examinar el escrito de demanda y si encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia la desechará de plano. Lo manifiesto se da cuando el motivo de improcedencia se advierte en forma patente y absolutamente clara de la lectura del libelo, de los escritos aclaratorios o de ampliación (cuando los haya) y de los documentos que se anexen a tales promociones; lo indudable resulta de que se tenga la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trate es operante en el caso concreto, de tal modo que aun cuando se admitiera la demanda y se sustanciara el procedimiento no resultara factible formarse una convicción diversa, independientemente de los elementos que eventualmente pudieran allegar las partes." Ahora, del contenido de la demanda de amparo se advierte que la sentencia de veintiocho de agosto de dos mil diecinueve, dictada en el toca 572/2019, a través de la cual se declaró infundado el recurso de queja interpuesto contra el auto de quince de agosto de dos mil diecinueve, emitido en el expediente 601/2017, en el cual se desechó el recurso de apelación interpuesto contra el auto de seis de agosto de dos mil diecinueve, en el que se revocó de oficio el diverso de tres de julio de este año, en el cual se ordenó poner a la vista del juez de origen para dictar sentencia, para efecto de prevenir a la parte actora para que indique quien es el actual poseedor del inmueble que reclama en virtud de que falleció el demandado. Establecido lo anterior, este Órgano de Control Constitucional advierte que, en la especie, advierte que en la especie se actualiza de manera manifiesta e indudable la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el diverso 107, fracción V, esta última interpretada a contrario sentido, ambos de la Ley de Amparo, que disponen: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley." "Artículo 107. El amparo indirecto procede: (.) V. Contra actos en juicio cuyos efectos sean de imposible reparación, entendiéndose por ellos los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte;." Del análisis de la disposición normativa citada en segundo término, se advierte que el juicio de amparo indirecto, excepcionalmente, procede en contra de actos o resoluciones dictadas dentro de juicio. Se afirma que tal procedencia es excepcional en virtud de que mediante una fórmula legal, el legislador estableció que los actos intra-procesales, para ser calificados como irreparables, necesitarían producir una afectación material a derechos sustantivos, es decir, sus consecuencias deberían ser de tal gravedad que impidieran en forma actual el ejercicio de un derecho, y no únicamente que produzcan una lesión jurídica de naturaleza formal o adjetiva que no necesariamente llegará a trascender al resultado del fallo; además de que debían recaer sobre derechos cuyo significado rebasara lo puramente procesal, lesionado bienes jurídicos cuya fuente no proviniera exclusivamente de leyes adjetivas. Esta interpretación se deduce de las dos condiciones que el legislador secundario dispuso para la promoción del amparo indirecto contra actos de imposible reparación dictados en el proceso o el procedimiento: la primera, consistente en la exigencia de que se trate de actos "que afecten materialmente derechos", lo que equivale a situar el asunto en aquellos supuestos en los que el acto autoritario impide el libre ejercicio de algún derecho en forma presente, incluso antes del dictado del fallo definitivo; y la segunda, en el sentido de que estos "derechos" afectados materialmente revistan la categoría de derechos "sustantivos", expresión antagónica a los derechos de naturaleza formal o adjetiva, derechos estos últimos en los que la afectación no es actual -a diferencia de los sustantivos- sino que depende de que llegue o no a trascender al desenlace del juicio o procedimiento, momento en el cual sus secuelas pueden consumarse en forma efectiva. Ahora, como se dijo, del análisis de la demanda de garantías, se advierte que la parte quejosa, reclama la sentencia de veintiocho de agosto de dos mil diecinueve, dictada en el toca ******, a través de la cual se declaró infundado el recurso de queja interpuesto contra el auto de quince de agosto de dos mil diecinueve, emitido en el expediente ******, en el cual se desechó el recurso de apelación interpuesto contra el auto de seis de agosto de dos mil diecinueve, en el que se revocó de oficio el diverso de tres de julio de este año, en el cual se ordenó poner a la vista del juez de origen para dictar sentencia, para efecto de prevenir a la parte actora para que indique quien es el actual poseedor del inmueble que reclama en virtud de que falleció el demandado. La determinación referida no es un acto de imposible reparación, por lo que se hace evidente que no se surte la hipótesis de procedencia establecida en el ordinal 107, fracción V, de la Ley de Amparo, ya que no afecta irremediablemente algún derecho sustantivo, sino que sólo genera la posibilidad de que ello ocurra, en la medida en que influya para el dictado de un fallo adverso a los intereses de la parte quejosa. En efecto, el acto que se impugna no es de aquellos que contempla la fracción V, del artículo 107 de la Ley de Amparo, en virtud que, como se afirmó, no causa un agravio de imposible reparación, ni se afectan derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos o en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte, pues existe la posibilidad de que la parte quejosa obtenga una resolución favorable a sus intereses dentro del juicio de origen; y en tal evento, ninguna huella quedaría en sus derechos de la posible violación procesal que ahora reclama. Por ello, aun cuando se estime inexacta dicha determinación, al no tener carácter irreparable, por no afectar de manera directa e inmediata garantía individual alguna, no es reclamable en amparo indirecto. En consecuencia, el acto reclamado de que se trata es la sentencia de veintiocho de agosto de dos mil diecinueve, dictada en el toca *******, a través de la cual se declaró infundado el recurso de queja interpuesto contra el auto de quince de agosto de dos mil diecinueve, emitido en el expediente **********, en el cual se desechó el recurso de apelación interpuesto contra el auto de seis de agosto de dos mil diecinueve, en el que se revocó de oficio el diverso de tres de julio de este año, en el cual se ordenó poner a la vista del juez de origen para dictar sentencia, para efecto de prevenir a la parte actora para que indique quien es el actual poseedor del inmueble que reclama en virtud de que falleció el demandado; pues dicha determinación, sólo constituye una violación procesal reclamable a través del juicio de amparo directo en contra de la sentencia de fondo, si ésta fuere desfavorable para la quejosa, tal como lo establecen los artículos 170, fracción I, y 172, fracciones III y XII, ambos de la Ley de Amparo. "Artículo 170. El juicio de amparo directo procede: I.- Contra sentencias definitivas, laudos y resoluciones que pongan fin al juicio, dictadas por tribunales judiciales, administrativos, agrarios o del trabajo, ya sea que la violación se cometa en ellos, o que cometida durante el procedimiento, afecte las defensas del quejoso trascendiendo al resultado del fallo." "Artículo 172. En los juicios tramitados ante los tribunales administrativos, civiles, agrarios o del trabajo, se considerarán violadas las leyes del procedimiento y que se afectan las defensas del quejoso, trascendiendo al resultado del fallo, cuando: (.) III. Se desechen las pruebas legalmente ofrecidas o se desahoguen en forma contraria a la ley; (.) XII. Se trate de casos análogos a los previstos en las fracciones anteriores a juicio de los órganos jurisdiccionales de amparo." A mayor abundamiento, debe mencionarse que el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver la contradicción de tesis 377/2013, sostuvo en lo que es materia de estudio, que el artículo 107, fracción V, de la actual Ley de Amparo, ofrece mayor precisión para comprender el alcance de la expresión relativa a los actos de imposible reparación, al establecer que por dichos actos se entienden "...los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte." lo que implica que con esta aclaración el legislador secundario proporcionó mayor seguridad jurídica para la promoción del amparo indirecto contra actos de imposible reparación, ya que mediante una fórmula legal estableció que esos actos, para ser calificados como irreparables, necesitarían producir una afectación material a derechos sustantivos, es decir, sus consecuencias deberían ser de tal gravedad que impidieran en forma actual el ejercicio de un derecho, y no únicamente que produzcan una lesión jurídica de naturaleza formal o adjetiva que no necesariamente llegará a trascender al resultado del fallo. Criterio que se encuentra visible en la jurisprudencia identificada con la nomenclatura P./J. 37/2014 (10a.), visible en la Décima Época de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, libro 7, junio de 2014, tomo I, página 39, que dice: "PERSONALIDAD. EN CONTRA DE LA RESOLUCIÓN QUE DESECHA LA EXCEPCIÓN DE FALTA DE PERSONALIDAD SIN ULTERIOR RECURSO, ES IMPROCEDENTE EL AMPARO INDIRECTO, RESULTANDO INAPLICABLE LA JURISPRUDENCIA P./J. 4/2001 (LEY DE AMPARO VIGENTE A PARTIR DEL 3 DE ABRIL DE 2013). Este Tribunal Pleno interpretó en su jurisprudencia P./J. 4/2001 que en contra de la resolución que en el juicio laboral desecha la excepción de falta de personalidad sin ulterior recurso procedía el amparo indirecto, a pesar de que se tratara de una cuestión de índole formal o adjetiva, y aunque no lesionara derechos sustantivos, ya que con esa decisión de cualquier forma se afectaba a las partes en grado predominante o superior. Ahora bien, como a partir de la publicación de la actual Ley de Amparo, su artículo 107, fracción V, ofrece precisión para comprender el alcance de la expresión relativa a los actos de imposible reparación, al establecer que por dichos actos se entienden "... los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte;"; puede afirmarse que con esta aclaración el legislador secundario proporcionó mayor seguridad jurídica para la promoción del amparo indirecto contra actos de imposible reparación, ya que mediante una fórmula legal estableció que esos actos, para ser calificados como irreparables, necesitarían producir una afectación material a derechos sustantivos, es decir, sus consecuencias deberían ser de tal gravedad que impidieran en forma actual el ejercicio de un derecho, y no únicamente que produzcan una lesión jurídica de naturaleza formal o adjetiva que no necesariamente llegará a trascender al resultado del fallo; además de que debían recaer sobre derechos cuyo significado rebasara lo puramente procesal, lesionando bienes jurídicos cuya fuente no proviniera exclusivamente de las leyes adjetivas. Esta interpretación se deduce de las dos condiciones que el legislador secundario dispuso para la promoción del amparo indirecto contra actos de imposible reparación dictados en el proceso o el procedimiento: la primera, consistente en la exigencia de que se trate de actos "que afecten materialmente derechos", lo que equivale a situar el asunto en aquellos supuestos en los que el acto autoritario impide el libre ejercicio de algún derecho en forma presente, incluso antes del dictado del fallo definitivo; y la segunda, en el sentido de que estos "derechos" afectados materialmente revistan la categoría de derechos "sustantivos", expresión antagónica a los derechos de naturaleza formal o adjetiva, derechos estos últimos en los que la afectación no es actual -a diferencia de los sustantivos- sino que depende de que llegue o no a trascender al desenlace del juicio o procedimiento, momento en el cual sus secuelas pueden consumarse en forma efectiva. Consecuentemente, dada la connotación que el legislador aportó a la ley respecto de lo que debe entenderse por actos de "imposible reparación", no puede seguir siendo aplicable la citada jurisprudencia, ni considerar procedente en estos casos el juicio de amparo indirecto, ya que ésta se generó al amparo de una legislación que dejaba abierta toda posibilidad de interpretación de lo que debía asumirse por dicha expresión, lo cual a la fecha ya no acontece, de modo tal que en los juicios de amparo iniciados conforme la vigente Ley de Amparo debe prescindirse de la aplicación de tal criterio para no incurrir en desacato a este ordenamiento, toda vez que en la repetida jurisprudencia expresamente este Tribunal Pleno reconoció que era procedente el juicio de amparo indirecto "... aunque por ser una cuestión formal no se traduzca en la afectación directa e inmediata de un derecho sustantivo"; concepción que hoy resulta incompatible con el nuevo texto legal, porque en éste reiteradamente se estableció que uno de los requisitos que caracterizan a los actos irreparables es la afectación que producen a "derechos sustantivos", y que otro rasgo que los identifica es la naturaleza "material" de la lesión que producen, expresión esta última que es de suyo antagónica con la catalogación de cuestión formal o adjetiva con la que este Tribunal Pleno había calificado -con toda razón- a las resoluciones que dirimen los temas de personalidad en los juicios ordinarios." En ese orden de ideas, si en el caso concreto la parte inconforme reclama la sentencia de veintiocho de agosto de dos mil diecinueve, dictada en el toca **********, a través de la cual se declaró infundado el recurso de queja interpuesto contra el auto de quince de agosto de dos mil diecinueve, emitido en el expediente *********, en el cual se desechó el recurso de apelación interpuesto contra el auto de seis de agosto de dos mil diecinueve, en el que se revocó de oficio el diverso de tres de julio de este año, en el cual se ordenó poner a la vista del juez de origen para dictar sentencia, para efecto de prevenir a la parte actora para que indique quien es el actual poseedor del inmueble que reclama en virtud de que falleció el demandado; mismo que no afecta de manera directa alguno de los derechos sustantivos tutelados en la Constitución Federal o en los tratados internacionales celebrados por el Estado Mexicano, se concluye que la demanda de garantías es de manifiesta, notoria e indudable improcedencia, pues el acto reclamado sólo constituye, una infracción procesal que puede ser remediada en favor de la parte inconforme al momento de que se emita el fallo definitivo en el juicio de origen. Por tanto, en atención a que se actualizan las citadas causales de improcedencia, con fundamento en el artículo 113 de la Ley de Amparo, se desecha de plano la demanda de amparo.
- Principal
V.- Visto lo de cuenta, con apoyo en lo dispuesto por el artículo 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria por disposición expresa contenida en el numeral 2, párrafo segundo, de la Ley de Amparo, se tienen por recibidos los oficios 17434/2019 signados por la secretaria adscrita al Juzgado Decimocuarto de Distrito en Materia Civil en la Ciudad de México, a través del cual devuelve diligenciado el exhorto 270/2019, orden 299/2019, del índice de este órgano jurisdiccional, librado a fin de notificar a la parte quejosa el proveído emitido el uno de octubre de dos mil diecinueve, en el que se le previno para que adecuara su escrito de demanda conforme a lo previsto en el artículo 108 de la ley de Amparo. se ordena realizar las anotaciones en el libro de gobierno y el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE); sin que sea necesario acusar de recibo, en virtud de que la comunicación oficial en comento fue devuelta a través del sistema en cita.
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