Dora María Martínez Camarillo
Expediente 803/2023 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Michoacán. 10 actuaciones registradas, la última del 8 de agosto de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 803/2023
- Año
- 2023
- Actuaciones
- 10
- Última actuación
- 08/08/2023
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Michoacán · Michoacán
Partes del expediente
- Dora María Martínez Camarillo
Actuaciones
Las 4 más recientes de 10.
- Principal
Morelia, Michoacán, ocho de agosto de dos mil veintitrés. COMPETENCIA ACEPTADA. Vista la certificación secretarial de la que se advierte que en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes del Consejo de la Judicatura Federal, se encuentra registrado el juicio de amparo 1012/2023 del índice del Juzgado Noveno de Distrito en el Estado, con residencia en esta ciudad, formado con motivo el expediente de amparo 803/2023 del que deriva el cuaderno de antecedentes en que se actúa. Asimismo, que en el primero de los mencionados juicios de amparo, aquél órgano jurisdiccional además de aceptar la competencia planteada y ordenó acusar el recibo correspondiente, encontrándose en trámite ese asunto; en tal virtud, al tratarse del mismo juicio y que fue aceptada la competencia planteada, se hace innecesario solicitar el acuse de recibo. Constancias, que si bien no obran en el presente expediente ni fueron remitidas por el juez de Distrito en favor de quien se declinó la competencia, si se encuentran almacenadas y capturadas en el expediente electrónico del referido juicio de amparo 1012/2023, dentro del Sistema Integral de Seguimientos de Expedientes (SISE), consultable por este órgano judicial, en términos de lo que indica el acuerdo general 12/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio consejo. Apoya lo anterior la jurisprudencia P./J. 16/2018 (10a.), publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación. Libro 55, Junio de 2018, Tomo I, página 10, con número de registro digital 2017123, de rubro y texto siguiente: «HECHOS NOTORIOS. TIENEN ESE CARÁCTER LAS VERSIONES ELECTRÓNICAS DE LAS SENTENCIAS ALMACENADAS Y CAPTURADAS EN EL SISTEMA INTEGRAL DE SEGUIMIENTO DE EXPEDIENTES (SISE). Jurídicamente, el concepto de hecho notorio se refiere a cualquier acontecimiento de dominio público conocido por todos o casi todos los miembros de un cierto círculo social en el momento en que va a pronunciarse la decisión judicial, respecto del cual no hay duda ni discusión alguna y, por tanto, conforme al artículo 88 del Código Federal de Procedimientos Civiles, los hechos notorios pueden invocarse por el tribunal, aunque no hayan sido alegados ni probados por las partes. Por otro lado, de los artículos 175, 176, 177 y 191 a 196 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 15 de enero de 2015, se obtiene que es obligación de los Juzgados de Distrito y de los Tribunales de Circuito, capturar la información de los expedientes de su conocimiento y utilizar el módulo de sentencias del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE), en el cual deben capturar las versiones electrónicas de las resoluciones emitidas por ellos, a cuya consulta tienen acceso los restantes órganos jurisdiccionales del Poder Judicial de la Federación, lo cual otorga a las versiones electrónicas de las resoluciones emitidas por los Juzgados de Distrito y por los Tribunales de Circuito el carácter de hecho notorio para el órgano jurisdiccional resolutor y, por tanto, pueden invocarse como tales, sin necesidad de glosar al expediente correspondiente la copia certificada de la diversa resolución que constituye un hecho notorio, pues en términos del artículo 88 mencionado, es innecesario probar ese tipo de hechos. Lo anterior, con independencia de que la resolución invocada como hecho notorio haya sido emitida por un órgano jurisdiccional diferente de aquel que resuelve, o que se trate o no de un órgano terminal, pues todos los Juzgados de Distrito y Tribunales de Circuito deben capturar en el módulo de sentencias del SISE, la versión electrónica de las resoluciones que emiten, las cuales pueden consultarse por cualquier otro órgano jurisdiccional, lo que genera certeza de lo resuelto en un expediente diferente.» ARCHIVO. En virtud de lo anterior y con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, se ordena el archivo del expediente en que se actúa, por tratarse de un asunto totalmente concluido. DESTRUCCIÓN. Por otra parte, con apoyo en los artículos 12 y 19, fracción I, inciso b) del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, se determina que este asunto es susceptible de destrucción en razón de haberse declarado legalmente incompetente este juzgado para conocer del asunto. Por lo que una vez transcurridos seis meses del periodo de conservación que prevé el artículo 21 del Acuerdo General, dentro de los treinta días siguientes, destrúyase el juicio. ANOTACIONES. Háganse las anotaciones en el libro de gobierno respectivo. Notifíquese. Así lo proveyó y firma Omar Alejandro Elizalde Herrera, Juez Tercero de Distrito en el Estado, actuando con Marbella Juárez García, Secretaria que autoriza.- Doy fe.RclCon fundamento en el artículo 3ro, párrafo octavo, de la Ley de Amparo y 61 del supletorio Código Federal de Procedimientos Civiles, el que suscribe Secretaria CERTIFICA Y HACE CONSTAR que el presente documento impreso coincide en su totalidad con el que obra en el expediente electrónico relativo. Conste. Enseguida se pasan los presentes autos a la actuaría judicial de la adscripción. Conste.
- Principal
Morelia, Michoacán, veinticuatro de julio de dos mil veintitrés. DIFERIMIENTO DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL. Visto el estado procesal que guardan los presentes autos, de los que se advierte que por auto de doce de julio en curso, este órgano jurisdiccional se declaró legalmente incompetente para seguir conociendo de la demanda de amparo presentada por Dora María Martínez Camarillo, al advertirse que el Juzgado Noveno de Distrito en el Estado, tenía el antecedente de amparo más reciente y que guarda relación en el en que se actúa, por lo que se ordenó remitir el juicio constitucional a dicho órgano, quien recibió el oficio correspondiente el día veinte de julio en curso, sin que hasta la fecha haya remitido comunicación alguna. En tal virtud, atendiendo al sentido del acuerdo inmediato anterior, se deja insubsistente la programación de la audiencia constitucional señalada para el día de hoy. Notifíquese. Así lo proveyó y firma Luis Felipe Sánchez Luna, Secretario del Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Michoacán, con sede en Morelia, encargado del despacho por ministerio de Ley, con motivo del primer periodo vacacional concedido al titular de este órgano jurisdiccional del veintiuno de julio al cuatro de agosto del año en curso, en términos del oficio CCJ/ST/3021/2023, signado por la Secretaria Técnica de Comisión Permanente del Consejo de la Judicatura Federal, quien actúa con Gustavo Allfadir Balanzá Kidnie Secretario que autoriza y da fe.Alm
- Principal
MEDIANTE LISTA NOTIFICO A LA PARTE QUEJOSA LO SIGUIENTE: Morelia, Michoacán, doce de julio de dos mil veintitrés. REMITEN INFORMES JUSTIFICADOS Con vista a las partes agréguense a los presentes autos los oficios de cuenta, con los que las autoridades que los suscriben rinden informes justificados en el presente juicio de amparo, en términos del artículo 117 de la Ley de Amparo. PRUEBA DOCUMENTAL Con fundamento en el artículo 119 de la ley de la materia, se tiene por desahogada en atención a su propia y especial naturaleza, la documental que la autoridad responsable ordenadora envía como sustento de su informe justificado, sin perjuicio de hacer relación de la misma en la audiencia constitucional. FORMAR CUADERNO DE PRUEBAS. Con las copias certificadas del juicio de origen que se remiten, fórmese cuaderno de pruebas por separado, para el menor manejo del presente expediente. PRECISÓN DE ACTOS RECLAMADOS Ahora, como la parte promovente del amparo reclama la orden de embargo que se pretende ejecutar en el expediente ********************, del Juzgado Cuarto, donde refiere como su domicilio que se ubica en la calle ******************** número ********************, del ********************, primera etapa en el municipio de ********************, Michoacán. Actos que atribuye entre otros al Juzgado Cuarto de Primera Instancia en Materia Oral Familiar en esta ciudad y actuario adscrito: Además, señaló como responsables al Juez y Actuario del Juzgado Cuarto de Primera Instancia en Materia Civil, Juez y Actuario del Juzgado Cuarto Menor Civil, todos de este Distrito Judicial, quienes al rendir su informe negaron el acto reclamado. ANÁLISIS DEL ACUERDO GENERAL DEL PLENO DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA FEDERAL QUE ESTABLECE LAS DISPOSICIONES EN MATERIA DE ACTIVIDAD ADMINISTRATIVA Ahora, atendiendo a la certificación que encabeza el presente acuerdo, así como del análisis de los artículos 45 y 46 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establecen las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales, los cuales en lo que interesa, precisan lo siguiente: "Artículo 45. Los asuntos se turnarán mediante el sistema automatizado de turno que administra la Dirección General de Gestión Judicial de la siguiente manera: I. Forma aleatoria: Una vez capturados los datos de registro del asunto que no cuente con antecedente alguno en el sistema automatizado de turno, éste lo distribuirá aleatoriamente, y de manera equilibrada entre los órganos jurisdiccionales; y II. Forma relacionada: Si al capturar los datos de registro del asunto, el sistema automatizado de turno arroja un antecedente que lo vincule con otro registrado con anterioridad dentro de una temporalidad de cinco años, atendiendo a la fecha de ingreso o recepción en la oficina de correspondencia común, ya sea por disposición expresa de la ley o conforme a un criterio de relación, con base en la información que proporcione el sistema y sin necesidad de consultar otros sistemas de gestión, se turnará al órgano jurisdiccional que tenga el último antecedente registrado, sin que para ello sea relevante si se abordó algún análisis del fondo del asunto. Tratándose de concentraciones de procedimientos, exclusiones de turno, turnos a órganos jurisdiccionales de guardia, y todos aquellos que no tengan relación con las fracciones I y II del presente artículo, el turno se realizará de manera automática, a través del sistema, a los órganos jurisdiccionales que corresponda, de conformidad con las disposiciones normativas aplicables o la determinación del órgano competente." "Artículo 46. Son criterios generales de relación, en aplicación de los cuales un asunto de nuevo ingreso deberá turnarse a un órgano que hace procedente la vinculación, los siguientes: I. La demanda de amparo adhesivo, que debe turnarse al órgano jurisdiccional que recibió el amparo principal; II. Los juicios de amparo directo o indirecto, promovidos contra actos provenientes del mismo expediente jurisdiccional o administrativo seguido en forma de juicio, originado en una misma secuela procesal, se turnará al órgano jurisdiccional que tenga el último juicio de amparo registrado en el sistema en relación con esos asuntos; III. Los recursos de revisión, queja y la inconformidad, relacionados con el mismo expediente jurisdiccional o administrativo seguido en forma de juicio, originado en una misma secuela procesal, se turnarán al órgano jurisdiccional que tenga el último antecedente registrado en el sistema, aun si se trata de otro recurso o un amparo directo; con excepción de la queja prevista en el artículo 97, fracción I, inciso b), de la Ley de Amparo; IV. Cuando se promuevan demandas de amparo o interpongan recursos, que se refieran a una misma carpeta de investigación o causa penal, al que tenga el último antecedente del asunto; [.].". De los preceptos trascritos se advierte que existen dos formas de turnar los asuntos, en forma aleatoria y relacionada, así como los criterios generales de relación. Por su parte, la fracción II del artículo 46 del citado Acuerdo Plenario, establece que tratándose de juicios de amparo promovidos contra actos provenientes de un expediente administrativo o jurisdiccional, averiguación previa o ejercicio de la acción penal, se turnarán al órgano jurisdiccional que haya conocido de otro amparo promovido contra actos derivados de esos mismos asuntos. Asimismo, en la fracción IV del aludido numeral, se determina que el turno corresponderá al órgano que tenga el último antecedente del asunto con el que guarde relación. De la interpretación de dichos preceptos se advierte que solo los asuntos que no tengan antecedentes, se turnarán en forma aleatoria por la Oficina de Correspondencia Común correspondiente. De este modo, el encargado de la citada oficina verificará si un asunto está relacionado con otro por provenir de un expediente administrativo, jurisdiccional o averiguación previa identificado con el mismo número de índice y autoridad que otro ya asignado, para turnarlo al juzgado que haya tenido previo conocimiento con anterioridad dentro de una temporalidad de cinco años. Al respecto, hay que acotar que la anterior disposición administrativa fue modificada en sesión ordinaria de tres de febrero de dos mil dieciséis, mediante el acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura General que reforma y adiciona su similar, que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales, en relación con el funcionamiento de las oficinas de correspondencia común; no obstante, la citada modificación no afectó en forma alguna las disposiciones normativas citadas en las fracciones II y IV del aludido numeral, pues solo afectó diversas fracciones. Precisados los supuestos o formas que existen de turnar los asuntos, se precisa que del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes del Consejo de la Judicatura Federal, se advierte que se registró el juicio de amparo ******************** del índice del Juzgado Noveno de Distrito en el Estado, con sede en esta ciudad, promovido por ********************, contra actos del Juez Cuarto de Primera Instancia en Materia Oral Familiar del Distrito Judicial de Morelia, Michoacán, derivados del juicio especial oral familiar número ********************, que sobre pensión alimenticia promovió en su contra ******************** en cuanto representante legal del menor de iniciales ******************** También en el referido sistema se registra en la estadística del indicado órgano jurisdiccional el diverso juicio de amparo ********************, gestionado por el mismo quejoso contra la misma autoridad respecto a actos derivados del propio expediente del orden familiar de origen. Ahora bien, en la demanda generadora del expediente en que se actúa ********************, se advierte que la quejosa ********************, reclama la orden de embargo que se ordenó en el expediente ********************, que se pretende ejecutar en el que refiere como su domicilio que se ubica en la calle ******************** número ********************, del ********************, primera etapa en el municipio de ********************, Michoacán. Acto que atribuye entre otras al Juzgado Cuarto de Primera Instancia en Materia Oral Familiar de esta ciudad y actuario adscrito; quienes aceptaron los actos reclamados. Mientras que las diversas responsables Juez y Actuario del Juzgado Cuarto de Primera Instancia en Materia Civil, Juez y Actuario del Juzgado Cuarto Menor Civil, todos del Distrito Judicial de Morelia, Michoacán, negaron los actos reclamados. De ahí que se estima que el asunto más reciente respecto a los actos reclamados en esta vía de amparo al Juez y Actuario del Juez Cuarto de Primera Instancia en Materia Oral Familiar del Distrito Judicial de Morelia, Michoacán, derivados del juicio oral especial número ********************, antes precisado, sea el Juzgado Noveno de Distrito en el Estado, atendiendo a los razonamientos expuestos con antelación, esto es, al haber reclamado actos derivados del mismo juicio oral familiar ya indicado, en los juicios de amparo ******************** y 647/202 de su estadística. Por tanto, si el Juzgado Noveno de Distrito en el Estado, conoció del juicio de amparo más reciente, en el oficio apuntado, esta potestad federal estima que el referido Juzgado es quien debe conocer del presente asunto al actualizarse el supuesto previsto por el artículo 46, fracciones II, IV y XIII, del Acuerdo General en aplicación. En mérito de lo anterior, obténgase copia certificada de este juicio y mediante oficio en el que se inserte esta determinación, remítase la demanda de cuenta y sus copias, al Juzgado Noveno de Distrito en el Estado, por tratarse de un asunto relacionado al que anteriormente ha conocido, a quien se le solicita de la manera más atenta que, de no tener impedimento legal o material alguno, informe a este juzgado la determinación que tome al respecto. Notifíquese y personalmente al quejoso. Así lo proveyó y firma Omar Alejandro Elizalde Herrera, Juez Tercero de Distrito en el Estado de Michoacán, quien actúa con Gustavo Allfadir Balanzá Kidnie, Secretario que autoriza.- Doy fe.
- Incidental
En Morelia, Michoacán, a las nueve horas con cincuenta y cinco minutos del diez de julio de dos mil veintitrés, hora y día señalados para la celebración de la audiencia en el incidente de suspensión 803/2023, promovido por Dora María Martínez Camarillo, se procede a celebrar ante la presencia del Juez Tercero de Distrito en el Estado, Omar Alejandro Elizalde Herrera, quien actúa asistido de Marbella Juárez García, Secretaria que autoriza y da fe. EL JUEZ: Con fundamento en lo dispuesto en el artículo 144 de la Ley de Amparo, se declara abierta la audiencia sin la asistencia de las partes. Secretaria, dé cuenta con las constancias que integran el presente asunto. LA SECRETARIA: Se da cuenta con los informes previos recibidos con antelación y rendidos, en su órden, por: ACTUARIA DEL JUZGADO CUARTO DE PRIMERA INSTANCIA CIVIL DEL DISTRITO JUDICIAL DE MORELIA, MICHOACÁN. JUEZ CUARTO DE PRIMERA INSTANCIA CIVIL DEL DISTRITO JUDICIAL DE MORELIA, MICHOACÁN. JUEZ CUARTO MENOR EN MATERIA CIVIL DEL DISTRITO JUDICIAL DE MORELIA, MICHOACÁN. ACTUARIA DEL JUZGADO CUARTO DE PRIMERA INSTANCIA CIVIL DEL DISTRITO JUDICIAL DE MORELIA, MICHOACÁN. ACTUARIA DEL JUZGADO CUARTO DE PRIMERA INSTANCIA ORAL FAMILIAR DEL DISTRITO JUDICIAL DE MORELIA, MICHOACÁN. JUEZ CUARTO DE PRIMERA INSTANCIA EN MATERIA ORAL FAMILIAR DEL DISTRITO JUDICIAL DE MORELIA, MICHOACÁN. EL JUEZ: Dichos informes se recibieron en este juzgado en día y hora hábil, por lo que con fundamento en el artículo 140 de la Ley de Amparo, se tienen por rendidos. Enseguida, se declara abierto el período probatorio. LA SECRETARIA: Hace constar que la parte quejosa ofreció como medios de prueba diversas pruebas documentales, las cuales se tienen por admitidas y desahogadas en atención a su propia y especial naturaleza en términos del artículo 143 de la Ley de Amparo. Al no existir prueba alguna pendiente que desahogar, se pasa al período de alegatos. Secretaria, dé cuenta con los que hayan formulado las partes. LA SECRETARIA: Se hace constar que la Fiscal Federal adscrita a este juzgado formuló alegatos. EL JUEZ: Téngase por hecha la relación que antecede, para los efectos legales a que haya lugar. Con lo anterior, se da por concluida la presente audiencia a fin de proceder a dictar la correspondiente resolución. Se levanta la sesión. Vistos para resolver los autos del incidente de suspensión X- 803/2023; y, R E S U L T A N D O: PRIMERO. Por escrito presentado el veintiséis de junio de dos mil veintitrés, DORA MARÍA MARTÍNEZ CAMARILLO, solicitó la suspensión provisional y definitiva del acto reclamado. SEGUNDO. Mediante proveído de veintisiete de junio de la presente anualidad, este órgano jurisdiccional concedió a la parte quejosa la suspensión provisional solicitada; y, C O N S I D E R A N D O: PRIMERO. COMPETENCIA. Este juzgado es competente para conocer y resolver el presente incidente, con fundamento en los artículos 107 fracción X, de la Constitución Federal, 49 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, 33 fracción IV, 35 y 37 de la Ley de Amparo; ya que la suspensión del acto reclamado es una medida cautelar que deriva del juicio de amparo. SEGUNDO. PRECISIÓN DEL ACTO RECLAMADO. La parte quejosa reclama en la presente vía de amparo, la orden de embargo que se pretende ejecutar en el que refiere como su domicilio que se ubica en la calle Clavel número 55, del conjunto habitacional denominado El Trébol, primera etapa en el municipio de Tarímbaro, Michoacán. TERCERO. INEEXISTENCIA DEL ACTO RECLAMADO. De los informes rendidos por las autoridades responsables ACTUARIA DEL JUZGADO CUARTO DE PRIMERA INSTANCIA CIVIL DEL DISTRITO JUDICIAL DE MORELIA, MICHOACÁN; JUEZ CUARTO DE PRIMERA INSTANCIA CIVIL DEL DISTRITO JUDICIAL DE MORELIA, MICHOACÁN; JUEZ CUARTO MENOR EN MATERIA CIVIL DEL DISTRITO JUDICIAL DE MORELIA, MICHOACÁN; ACTUARIA DEL JUZGADO CUARTO DE PRIMERA INSTANCIA CIVIL DEL DISTRITO JUDICIAL DE MORELIA, MICHOACÁN; se advierte que negaron la existencia del acto reclamado. Por su parte, la quejosa no aportó prueba alguna tendente a desvirtuar dicha negativa, por lo que SE NIEGA la SUSPENSIÓN DEFINITIVA solicitada en contra de los referidos actos a las autoridades citadas, por resultar inexistentes. Es aplicable a lo anterior, la jurisprudencia de la siguiente literalidad: "Época: Octava Época Registro: 231469 Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito Tipo de Tesis: Aislada Fuente: Semanario Judicial de la Federación Tomo I, Segunda Parte-1, Enero-Junio de 1988 Materia(s): Común Tesis: Página: 356 INFORME PREVIO. El informe de la autoridad señalada como responsable que niega la existencia del acto reclamado, debe tenerse como cierto si no existen pruebas contra la que en él se afirma y por tanto, debe negarse la suspensión si se negó la existencia del acto reclamado, no desvirtuado en autos." En efecto, ante la negativa de las autoridades responsables en cita, sobre la existencia del acto reclamado, sin que la promovente del amparo haya ofertado prueba alguna para desvirtuar dicha aseveración, es indudable que cobra firmeza el contenido de su informe previo y, en consecuencia, lo procedente es negar la medida suspensional solicitada por lo que ve a las referidas autoridades, toda vez que no hay materia sobre qué decretarla. Sirve de apoyo a lo anterior la jurisprudencia que enseguida se transcribe: "Época: Novena Época Registro: 204855 Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito Tipo de Tesis: Jurisprudencia Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta Tomo II, Julio de 1995 Materia(s): Común Tesis: VI.2o. J/19 Página: 133 INFORME PREVIO DEBE TENERSE COMO CIERTO SI NO EXISTEN PRUEBAS EN CONTRARIO. El informe previo debe tenerse como cierto si no existen pruebas contra lo que en él se afirma y, consecuentemente, negarse la suspensión si se negó la existencia del acto reclamado, a no ser que en la audiencia se rindan pruebas en contrario." CUARTO. EXISTENCIA DEL ACTO RECLAMADO. Del informe previo rendido por las autoridades responsables ACTUARIA DEL JUZGADO CUARTO DE PRIMERA INSTANCIA ORAL FAMILIAR DEL DISTRITO JUDICIAL DE MORELIA, MICHOACÁN y JUEZ CUARTO DE PRIMERA INSTANCIA EN MATERIA ORAL FAMILIAR DEL DISTRITO JUDICIAL DE MORELIA, MICHOACÁN; se advierte que sí existe el acto demandado. QUINTO. PROCEDENCIA DE LA MEDIDA CAUTELAR. Debe precisarse que la parte quejosa solicita la medida cautelar para los efectos de que no se ejecute el embargo reclamado en bienes de su propiedad, respecto de lo cual este órgano jurisdiccional proveerá lo conducente. Así las cosas, se procede a verificar en los siguientes apartados, que se cumplan todos los requisitos legales y jurisprudenciales para la procedencia de la suspensión del acto reclamado, esto es, i) que el quejoso la haya solicitado expresamente; ii) que haya certidumbre, al menos preliminarmente, sobre la existencia del acto cuya suspensión se solicita; iii) que el acto reclamado sea susceptible de suspensión; iv) que el quejoso cuente con interés jurídico o legítimo para efectos del incidente de suspensión; y v) que el asunto supere un análisis ponderado preliminar entre la apariencia del buen derecho y el interés social o las disposiciones de orden público. A juicio de este juzgado federal, el análisis de los requisitos para la procedencia de la suspensión debe hacerse en ese orden y con esa precisión, conforme a las siguientes jurisprudencias PC.IV.A. J/35 A (10a.)4, y XXVII.3o. J/2 (10a.)5 de rubros: "SUSPENSIÓN EN EL JUICIO DE AMPARO. TÉCNICA PARA ANALIZAR LOS REQUISITOS NECESARIOS PARA CONCEDERLA" y "SUSPENSIÓN A PETICIÓN DE PARTE. REQUISITOS DE PROCEDENCIA CONFORME A LA LEY DE AMPARO, VIGENTE A PARTIR DEL 3 DE ABRIL DE 2013". (i) Solicitud expresa. Conforme a la fracción I del artículo 128 de la Ley de Amparo, de la demanda de amparo se desprende que la suspensión fue solicitada expresamente por la parte quejosa. (ii) Certeza del acto reclamado. El acto de molestia es cierto, atendiendo a las manifestaciones que realizó la parte quejosa bajo protesta de decir verdad, así como a lo manifestado por las autoridades al rendir sus informes. (iii) Posibilidad de suspensión. En la especie, la parte quejosa solicita la suspensión para el efecto de que no se ejecute el embargo reclamado en su domicilio y no se embarguen bienes de su propiedad. Por su naturaleza, el embargo reclamado, si bien de existir por cuanto a su dictado revestiría el carácter de consumado, en sus efectos es susceptible a la medida cautelar, ya que de ejecutarse se podría privar a la parte quejosa de los derechos de posesión o propiedad de sus bienes, pues de las constancias que exhibe se advierte que es propietaria del inmueble que describe en su libelo. (iv) Interés jurídico o legítimo. En el caso, se advierte que la promovente de este juicio acude en defensa de un interés jurídico al pretender defender los derechos humanos que pudieran afectarse con motivo del embargo impugnado en esta vía de amparo, de ahí que el acto reclamado puede causar una afectación directa a su esfera jurídica. Sirve de apoyo a lo anterior, en lo conducente, la jurisprudencia 61/2016 (10a.), sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro y texto siguientes: "INTERÉS LEGÍTIMO. PARA EL OTORGAMIENTO DE LA SUSPENSIÓN PROVISIONAL EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 131 DE LA LEY DE AMPARO, BASTA QUE EL QUEJOSO LO DEMUESTRE DE MANERA INDICIARIA. El precepto citado prevé que cuando el quejoso que solicita la suspensión aduzca un interés legítimo, el órgano jurisdiccional la concederá cuando aquél acredite el daño inminente e irreparable a su pretensión en caso de que se niegue y el interés social que justifique su otorgamiento. Ahora bien, si tratándose de la suspensión provisional de los actos reclamados ha sido criterio de la Suprema Corte de Justicia de la Nación que el requisito relativo a que la suspensión sea solicitada por el agraviado, supone la demostración de su interés aunque sea de forma indiciaria, a fin de establecer con suficiente garantía de acierto que realmente es titular de un derecho; luego, tratándose de la suspensión provisional de los actos reclamados cuando el quejoso que la solicita aduce tener un interés legítimo, basta que de manera indiciaria acredite el daño inminente e irreparable a su pretensión en caso de que se le niegue, y el interés social que justifique su otorgamiento; en la inteligencia de que dicha concesión, en ningún caso puede tener por efecto modificar o restringir derechos ni constituir aquellos que no haya tenido el quejoso antes de presentar la demanda y, además, que esa demostración implicará la valoración que haga el juzgador, en cada caso concreto, de los elementos probatorios que hubiere allegado el quejoso y que lo lleven a inferir que efectivamente la ejecución de los actos reclamados le causará perjuicios de difícil reparación, derivado de su especial situación frente al orden jurídico, sin dejar de ponderar para ello la apariencia del buen derecho y del interés social pero, sobre todo, que de conceder la suspensión no se cause perjuicio al interés social ni se contravengan disposiciones de orden público." (v) Ponderación entre la apariencia del buen derecho y el interés social o el orden público. En el caso, no se advierte que mediante el otorgamiento de la medida cautelar se afecte el interés social o se contravenga el orden público; en cambio, sí se acredita la apariencia del buen derecho de la parte quejosa. Este órgano jurisdiccional debe hacer dicha ponderación en términos de la Jurisprudencia 204/2009, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, bajo el rubro y texto siguientes: "SUSPENSIÓN. PARA DECIDIR SOBRE SU OTORGAMIENTO EL JUZGADOR DEBE PONDERAR SIMULTÁNEAMENTE LA APARIENCIA DEL BUEN DERECHO CON EL PERJUICIO AL INTERÉS SOCIAL O AL ORDEN PÚBLICO. El Tribunal en Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la jurisprudencia P./J. 15/96, de rubro: ´SUSPENSIÓN. PARA RESOLVER SOBRE ELLA ES FACTIBLE, SIN DEJAR DE OBSERVAR LOS REQUISITOS CONTENIDOS EN EL ARTÍCULO 124 DE LA LEY DE AMPARO, HACER UNA APRECIACIÓN DE CARÁCTER PROVISIONAL DE LA INCONSTITUCIONALIDAD DEL ACTO RECLAMADO´, sostuvo que para el otorgamiento de la suspensión, sin dejar de observar los requisitos exigidos por el artículo 124 de la Ley de Amparo, basta la comprobación de la apariencia del buen derecho invocado por el quejoso, de modo que sea posible anticipar que en la sentencia de amparo se declarará la inconstitucionalidad del acto reclamado, lo que deberá sopesarse con el perjuicio que pueda ocasionarse al interés social o al orden público con la concesión de la medida, esto es, si el perjuicio al interés social o al orden público es mayor a los daños y perjuicios de difícil reparación que pueda sufrir el quejoso. Conforme a lo anterior, el juzgador debe realizar un estudio simultáneo de la apariencia del buen derecho y el peligro en la demora con la posible afectación que pueda ocasionarse al orden público o al interés social con la suspensión del acto reclamado, supuesto contemplado en la fracción II del referido artículo 124, estudio que debe ser concomitante al no ser posible considerar aisladamente que un acto pudiera tener un vicio de inconstitucionalidad sin compararlo de manera inmediata con el orden público que pueda verse afectado con su paralización, y sin haberse satisfecho previamente los demás requisitos legales para el otorgamiento de la medida." En efecto, si no se ejecutare el embargo reclamado hasta este momento, no parece, a partir de un análisis preliminar, que pueda producirse una contravención ineludible a disposiciones de orden público, ni que pueda privarse a la colectividad de un beneficio que le otorguen las leyes, ni se le causaría un daño que de otra manera no resentiría. En cambio, en caso de negarse la suspensión solicitada, se podrían causar a la parte quejosa daños y perjuicios de difícil y aún de imposible reparación, pues de efectuar el embargo reclamado, se privaría a la quejosa de sus bienes y en su caso, la privación de su propiedad, con lo que es posible que se ocasione a la quejosa una afectación de sus derechos sustantivos. Por lo tanto, se cumple en la especie con el requisito establecido en la fracción II del artículo 128 de la Ley de Amparo. De lo que se sigue que en relación con los efectos del acto reclamado, son susceptibles a la medida cautelar, dado que por su naturaleza, produce consecuencias hacia el futuro. Asimismo, las violaciones aducidas en la demanda de amparo tienen vinculación con algunos derechos establecidos en la constitución para su protección, ya que en esencia alega la violación a sus derechos contenidos en los artículos 14 y 16 constitucionales. Además de no otorgarse la medida cautelar solicitada, podrían ocasionarse a la parte quejosa daños y perjuicios de difícil reparación con los actos reclamados. En la especie se estima que con el otorgamiento de la medida cautelar solicitada, no se afecta el interés social ni se contravienen disposiciones del orden público, puesto que la suspensión de los efectos de los actos reclamados, no producen como consecuencia la actualización de alguna de las fracciones del artículo 129 de la Ley de Amparo o diversa situación equiparable. En ese orden de ideas, teniendo en consideración que la parte quejosa solicita la suspensión DEFINITIVA, actualizándose por tanto, la hipótesis prevista en el artículo 128, en relación con el diverso precepto 139 de la Ley de Amparo, SE CONCEDE a Dora María Martínez Camarillo, la medida cautelar que solicita para el caso de que, de efectuarse el embargo de bienes muebles o inmuebles en el juicio de origen el que derive esa orden de embargo, y de efectuarse su remate y adjudicación, no se realice acto alguno que tienda a la traslación de dominio, ni se lleven a cabo la cancelación de inscripciones, ni se efectúen las escrituraciones o facturas relativas, ni se entregue la posesión material a su adjudicatario o adjudicatarios; ello a fin de mantener viva la materia en el juicio principal. Lo anterior hasta en tanto las responsables reciban notificación del auto que declare firma la sentencia que se dicte en el juicio de amparo principal. Tiene aplicación sobre el particular la jurisprudencia y tesis que dicen: "Época: Décima Época Registro: 2011840 Instancia: Segunda Sala Tipo de Tesis: Jurisprudencia Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación Libro 31, Junio de 2016, Tomo II Materia(s): Común Tesis: 2a./J. 61/2016 (10a.) Página: 956 INTERÉS LEGÍTIMO. PARA EL OTORGAMIENTO DE LA SUSPENSIÓN PROVISIONAL EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 131 DE LA LEY DE AMPARO, BASTA QUE EL QUEJOSO LO DEMUESTRE DE MANERA INDICIARIA. El precepto citado prevé que cuando el quejoso que solicita la suspensión aduzca un interés legítimo, el órgano jurisdiccional la concederá cuando aquél acredite el daño inminente e irreparable a su pretensión en caso de que se niegue y el interés social que justifique su otorgamiento. Ahora bien, si tratándose de la suspensión provisional de los actos reclamados ha sido criterio de la Suprema Corte de Justicia de la Nación que el requisito relativo a que la suspensión sea solicitada por el agraviado, supone la demostración de su interés aunque sea de forma indiciaria, a fin de establecer con suficiente garantía de acierto que realmente es titular de un derecho; luego, tratándose de la suspensión provisional de los actos reclamados cuando el quejoso que la solicita aduce tener un interés legítimo, basta que de manera indiciaria acredite el daño inminente e irreparable a su pretensión en caso de que se le niegue, y el interés social que justifique su otorgamiento; en la inteligencia de que dicha concesión, en ningún caso puede tener por efecto modificar o restringir derechos ni constituir aquellos que no haya tenido el quejoso antes de presentar la demanda y, además, que esa demostración implicará la valoración que haga el juzgador, en cada caso concreto, de los elementos probatorios que hubiere allegado el quejoso y que lo lleven a inferir que efectivamente la ejecución de los actos reclamados le causará perjuicios de difícil reparación, derivado de su especial situación frente al orden jurídico, sin dejar de ponderar para ello la apariencia del buen derecho y del interés social pero, sobre todo, que de conceder la suspensión no se cause perjuicio al interés social ni se contravengan disposiciones de orden público." Medida suspensiva que surte sus efectos desde luego, pero dejará de surtirlos, si la quejosa no cumple con las medidas de aseguramiento como otorgar garantía ante este juzgado federal, por la cantidad de $10,000.00 (diez mil pesos 00/100 moneda nacional), en billete de depósito del Banco del Bienestar, Sociedad Nacional de Crédito, Institución de Banca de Desarrollo, S.N.C., en el que deberá aparecer como depositante la propia quejosa, ante y a satisfacción de este juzgado, o bien, en cualquiera de las formas establecidas por la ley, tal como lo establece el artículo 136 de la Ley de Amparo. Garantía que deberá exhibir dentro del término de cinco días, contados a partir de su notificación, para reparar el daño e indemnizar los perjuicios que con la medida se pudieran ocasionar a la parte tercero interesada, en caso de que la parte solicitante del amparo no obtenga resolución favorable en el amparo al que este incidente corresponde. De lo contrario, quedará sin efectos la medida suspensional concedida, lo cual se hará del conocimiento de las autoridades responsables, las que quedarán en aptitud de ejecutar los actos reclamados, en sus consecuencias; suma que se fija de manera discrecional, en atención a la facultad que otorga el artículo 132 de la Ley de Amparo, toda vez que no existe dato alguno en autos que permita determinar con precisión el monto de ésta, sin perjuicio de aumentarla o disminuirla en vista de los datos que se aporten a los presentes autos por las partes. Tiene aplicación, en lo conducente, la jurisprudencia que sigue. "Época: Novena Época Registro: 202563 Instancia: Segunda Sala Tipo de Tesis: Jurisprudencia Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta Tomo III, Mayo de 1996 Materia(s): Común Tesis: III.3o.C. J./3 Página: 571 SUSPENSION PROVISIONAL, FIJACION DEL MONTO DE LA GARANTIA PARA LA. DEBE HACERSE ATENDIENDO A LAS CIRCUNSTANCIAS DEL CASO. El artículo 125, párrafo primero de la Ley de Amparo, establece la obligación de señalar a todo quejoso una garantía en caso de otorgársele la suspensión provisional siempre que haya tercero perjudicado, y que la concesión de la medida se le pudieran causar daños y perjuicios en caso de que dicho agraviado no obtuviera sentencia favorable. Aunque el precepto citado no señala los motivos que deben tomarse en cuenta en la fijación de la garantía, se considera que la misma debe hacerse teniendo presentes los datos que se desprendan de las propias actuaciones de acuerdo a lo siguiente: no existe algún precepto de la citada ley que disponga lo contrario a lo que se afirma (o sea, que fije la garantía basándose el Juez de Distrito en los hechos o pruebas que existen en el amparo); por el contrario, el mismo ordenamiento faculta al juzgador para hacer la fijación "discrecionalmente" cuando con la suspensión pudieran afectarse derechos no estimables en dinero, lo que significa que dicho señalamiento debe hacerse atendiendo a las circunstancias del caso y sin tener que allegarse pruebas distintas de las que ya existen en el expediente; toda vez que la vigencia de la suspensión provisional únicamente perdura por setenta y dos horas (ese es el término máximo en que, por regla general, debe celebrarse la audiencia incidental y sabido es que en ella se decide sobre la suspensión definitiva que de inmediato hace cesar la provisional), es ilógico que para determinar la garantía que debiera exhibirse para que surtiera efectos dicha medida provisional, tuviera que recabarse un avalúo bancario, pues, atendiendo al referido plazo mínimo de vigencia de la suspensión de que se viene hablando, el quejoso no tendría oportunidad siquiera de recabarlo, podría objetarse y ofrecerse otro, no habría razón para dejar inaudito al tercero perjudicado al no brindársele la opción de poder exhibir él a su vez otro avalúo, etcétera." La medida que se concede no surte efecto alguno, en el supuesto de que a la fecha ya se hubiese efectuado el embargo reclamado, así como su remate, se hubieran realizado actos de traslación de dominio, inscripciones, escrituraciones o facturas y se haya realizado su entrega material al adjudicatario; tampoco en el caso de que los actos reclamados sean de fecha posterior a la presentación de la demanda, provengan de autoridad distinta a las señaladas como responsables o que los quejosos no sean los demandados en el juicio natural o a quienes se les embargaron bienes. Determinación anterior que habrá de notificarse a la parte tercera interesada cuyo carácter haya sido reconocido en el juicio de amparo principal. Sin que obste para lo anterior, las manifestaciones vertidas por la Fiscal Federal adscrita a este juzgado, toda vez que la procedencia o improcedencia de la suspensión definitiva de los actos reclamados no depende de los argumentos que al respecto viertan las partes, sino de la existencia y naturaleza del acto reclamado así como de la satisfacción de los requisitos previstos por el numeral 124 de la Ley de Amparo. Lo anterior tiene sustento jurídico en la tesis sustentada por el Primer Tribunal Colegiado del Décimo Segundo Circuito, publicada en la página 60, Tomo V, Segunda Parte-1, Enero a Junio de 1990 del Semanario Judicial de la Federación, que literalmente es como sigue: "ALEGATOS. NO ES INDISPENSABLE QUE EL JUEZ DE DISTRITO LOS ANALICE AL RESOLVER SOBRE LA SUSPENSIÓN DEFINITIVA. El artículo 131 de la Ley de Amparo no impone al juez de Distrito el deber de analizar directamente las argumentaciones que se hagan valer en los alegatos, pues la procedencia o improcedencia de la suspensión definitiva de los actos reclamados no depende de los argumentos que al respecto viertan las partes, sino que ésta depende de la existencia y naturaleza del acto reclamado y de la cabal concurrencia de los requisitos exigidos por el artículo 124 del ordenamiento legal en cita." Lo expuesto constituye un juicio de mera probabilidad, lo que significa que una vez integrado el expediente principal, y allegadas las pruebas pertinentes habrá de resolverse lo que conforme a derecho corresponda, con total independencia y libertad, por lo que el criterio de quien resuelve al ponderar los elementos anteriormente acotados no compromete el que deba sustentarse al decidir la controversia en lo principal. Los criterios jurisprudenciales o tesis que aparecen citados, se invocan aún y cuando hubieren sido integrados conforme a la Ley de Amparo anterior, pues el contenido de los mismos, no se opone a lo que la ley de la materia aplicable dispone en cuanto al tema de que tratan; ello con fundamento en el artículo sexto transitorio de la Ley de Amparo en vigor. Por lo expuesto y fundado en el artículo 144 de la Ley de Amparo, se resuelve: PRIMERO. SE NIEGA a DORA MARÍA MARTÍNEZ CAMARILLO, la SUSPENSIÓN DEFINITIVA DEL ACTO RECLAMADO, por los motivos precisados en el considerando TERCERO de la presente resolución. SEGUNDO. SE CONCEDE a DORA MARÍA MARTÍNEZ CAMARILLO, la SUSPENSIÓN DEFINITIVA DEL ACTO RECLAMADO, por los motivos precisados en el considerando QUINTO de la presente resolución. NOTIFÍQUESE. Lo proveyó y firma Omar Alejandro Elizalde Herrera, Juez Tercero de Distrito en el Estado, quien actúa con Marbella Juárez García, Secretaria que autoriza. Doy fe.
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