Dora María García Juárez

Expediente 757/2021 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Tabasco. 4 actuaciones registradas, la última del 29 de septiembre de 2021.

Datos del expediente

Expediente
757/2021
Año
2021
Actuaciones
4
Última actuación
29/09/2021

Partes del expediente

  • Dora María García Juárez

Actuaciones

  1. Principal

    VILLAHERMOSA, TABASCO, VEINTINUEVE DE SEPTIEMBRE DE DOS MIL VEINTIUNO. Visto; agréguese a los autos el oficio de cuenta recibido electrónicamente, signado por la Secretaria de Acuerdos del Tribunal Colegiado en Materia Civil del Décimo Circuito, con residencia en esta ciudad, mediante el cual devuelve los autos del presente juicio de amparo; asimismo adjuntó copia certificada del testimonio de la ejecutoria dictada en el recurso de queja civil 101/2021; en la cual el Tribunal de Alzada, resolvió en lo conducente: "ÚNICO. Se declara INFUNDADO el recurso de queja interpuesto por Dora María García Juárez, por medio de su autorizado licenciado Jesús Zurita Priego, contra el acuerdo de nueve de julio de dos mil veintiuno, que dictó en el juicio de amparo indirecto 757/2021-9, el Juez Tercero de Distrito en el Estado de Tabasco, con residencia en esta ciudad." En consecuencia, acúsese recibo; glósense únicamente las constancias originales que obran en el cuaderno de antecedentes derivado del juicio en que se actúa, toda vez que las demás son copias certificadas del propio expediente y carecen de valor institucional, por tanto, procédase a la destrucción de estas últimas, hágase del conocimiento de la parte quejosa, la ejecutoria de mérito para los fines legales a que hubiere lugar, realícense las anotaciones de rigor en el libro de gobierno correspondiente así como en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE) y archívese este expediente como asunto totalmente concluido. En términos del artículo Vigésimo Primero inciso b) del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que Establece las Disposiciones en Materia de Valoración, Depuración, Destrucción, Digitalización, Transferencia y Resguardo de los Expedientes Judiciales Generados por los Órganos Jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, se indica que el presente expediente es susceptible de destrucción y carece de relevancia documental, motivo por el cual debe conservarse en el archivo reciente de este órgano jurisdiccional tres años, al término de los cuales deberán seguirse los lineamientos establecidos en el numeral Vigésimo Segundo del propio acuerdo. En virtud de lo anterior, hágase saber a la parte quejosa que, en el presente asunto no se presentaron ni exhibieron documentos originales, por lo que, no le es aplicable el plazo de noventa días hábiles que dispone el párrafo segundo del artículo vigésimo primero del referido acuerdo general para recuperarlos. Asimismo, con fundamento en los artículos 14 y 25, segundo párrafo, del precitado acuerdo, se indica a la secretaria que, al realizar el archivo del expediente haga constar en la carátula la valoración del expediente y la fecha en que ordenó su archivo; de igual modo, realice la certificación respectiva, en el sentido de que las actuaciones del expediente físico coinciden fielmente con las que obran en el expediente electrónico. Notifíquese.

  2. Principal

    mesa VILLAHERMOSA, TABASCO, DIECISÉIS DE AGOSTO DE DOS MIL VEINTIUNO. Visto; agréguese a los autos el oficio de cuenta signado por el Actuario Judicial del Tribunal Colegiado en Materia Civil del Décimo Circuito, con residencia en esta ciudad, mediante el cual acusa recibo del juicio de amparo 757/2021-9, e informa que dicho Tribunal admitió a trámite el recurso de queja interpuesto por Jesús Zurita Priego, autorizado en términos amplios de la parte quejosa, el cual fue radicado bajo el número 101/2021; de lo que este órgano jurisdiccional se da por enterado para los efectos legales conducentes. Notifíquese.

  3. Principal

    MESA VILLAHERMOSA, TABASCO, VEINTIDÓS DE JULIO DE DOS MIL VEINTIUNO. Visto; el escrito signado por Jesús Zurita Priego, autorizado en términos amplios de la parte quejosa, por medio del cual interpone recurso de queja y expresa agravios en contra del proveído de nueve de julio de dos mil veintiuno, mediante el cual se desechó la demanda de amparo. En consecuencia, agréguese a los presentes autos, copia del escrito que se provee y en términos del artículo 97, fracción I, inciso a) y 98, de la Ley de Amparo, con apoyo en el párrafo segundo del artículo 101, de la ley de la materia, remítase el medio de impugnación, así como el expediente original del presente juicio de amparo y el informe sobre la materia de la queja, al Tribunal Colegiado en Materia Civil del Décimo Circuito, con sede esta ciudad, para su substanciación. En ese contexto, me permito rendir INFORME SOBRE LA MATERIA DE LA QUEJA, en los siguientes términos: Es cierto, ya que mediante proveído de nueve de julio de dos mil veintiuno, este órgano jurisdiccional desechó la demanda de amparo indirecto interpuesta por Dora María García Juárez, contra actos de la Segunda Sala Civil del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Tabasco y otras autoridades, en razón de que se actualizó la causal de improcedencia prevista en la fracción XXIII, del artículo 61, de la Ley de Amparo, en relación con el artículo 107, fracción V, de la misma legislación, interpretado en sentido contrario. Para sustentar lo anterior se remite el cuaderno original del presente juicio de amparo, para que esté en aptitud de resolver lo conducente. Fórmese cuaderno de antecedentes con copia certificada de las constancias necesarias que permitan conocer su historia procesal completa. Notifíquese.

  4. Principal

    mesa 9 VILLAHERMOSA, TABASCO, NUEVE DE JULIO DE DOS MIL VEINTIUNO. Visto, con la demanda de cuenta se tiene a Dora María García Juárez, solicitando el amparo y la protección de la Justicia Federal, contra el acto que reclama de la Segunda Sala Civil del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Tabasco y otras autoridades, con sede en esta ciudad, que estima violatorio de los artículos 1, 14, 16, 17 y 20 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Fórmese cuaderno de amparo y regístrese en el libro de gobierno correspondiente y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE) con el número 757/2021-9. DESECHAMIENTO En la especie, conviene establecer que para la admisión o no de una demanda de derechos fundamentales, el Juez de Amparo debe analizar si ésta cumple con los requisitos de procedencia previstos en la ley de la materia, ya que de no ser así lo procedente es aplicar el artículo 113 de la Ley de Amparo, que establece: "Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano." Tomando en consideración que el citado precepto impone ante todo, la obligación de examinar la demanda de amparo para que en caso de que se encuentre un motivo manifiesto e indudable de improcedencia se deseche de plano, a continuación se procede a efectuar el análisis respectivo. El concepto "motivo manifiesto e indudable de improcedencia", ha sido explicado en la Tesis 2ª. LXXI/2002, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, localizable en la página 448, Tomo XVI, Julio 2002, Materia Común, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, cuyo rubro es: "DEMANDA DE AMPARO. DE NO EXISTIR CAUSA DE IMPROCEDENCIA NOTORIA E INDUDABLE, O TENER DUDA DE SU OPERANCIA, EL JUEZ DE DISTRITO DEBE ADMITIRLA A TRÁMITE Y NO DESECHARLA DE PLANO". Esencialmente la tesis en cuestión explica que para el desechamiento de plano de una demanda de amparo, es necesario que se encuentre un motivo de improcedencia del juicio constitucional, el cual debe ser manifiesto, es decir, que se advierta en forma patente y absolutamente clara de la lectura del escrito y, finalmente, que también sea indudable, lo cual resulta de la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trata es operante en el caso concreto. De esta manera, la improcedencia en el amparo es una institución jurídica procesal en la que al presentarse determinadas circunstancias previstas en la Constitución Federal, en la Ley de Amparo o en la Jurisprudencia, el órgano jurisdiccional se encuentra imposibilitado jurídicamente para analizar y resolver la cuestión de fondo planteada, o sea, para decidir el fondo de la controversia constitucional. En ese sentido, de acuerdo con lo anterior y con lo dispuesto en el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, se precisa que el acto reclamado es la resolución de cuatro de junio de dos mil veintiuno, dictada en el toca civil 295/2020-II, en la cual se desecharon las probanzas ofrecidas por la aquí quejosa, por no precisar los hechos que se pretendían demostrar con las pruebas que propuso en el expediente 277/2016, relativo al juicio ordinario civil de nulidad de escritura, del índice del Juzgado Mixto de Tacotalpa, Tabasco. Tiene aplicación a lo anterior el criterio sustentado por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la tesis 19, consultable en la página 17, del Tomo VI, Materia Común, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-2000, aplicado analógicamente y que a la letra dice: "ACTOS RECLAMADOS. DEBE ESTUDIARSE ÍNTEGRAMENTE LA DEMANDA DE AMPARO PARA DETERMINARLOS.". En ese contexto, después de analizar la demanda de amparo este órgano jurisdiccional advierte que, existe un motivo manifiesto e indudable de improcedencia del juicio de amparo, pues se actualiza la causa prevista en la fracción XXIII, del artículo 61, de la Ley de Amparo, en relación con el artículo 107, fracción V, de la misma legislación, interpretado en sentido contrario, que a la letra dicen: En efecto el artículo 61, fracción XXIII, de la Ley de Amparo, establece lo siguiente: "Artículo 61. El juicio de Amparo es improcedente: [.] XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta ley." Por su parte, el artículo 107, fracción V, del mismo ordenamiento legal preceptúa: "El amparo indirecto procede: [.] V. Contra actos en juicio cuyos efectos sean de imposible reparación, entendiéndose por ellos los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte; " Es preciso destacar que para efectos de la procedencia de la acción constitucional, los actos dentro de juicio a que se refiere el numeral en comento, han sido precisados por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, como aquellos que afectan de modo directo e inmediato los derechos sustantivos consagrados en la Constitución, y nunca en los casos en que sólo afecten derechos adjetivos o procesales. Las referidas disposiciones recogen las bases previstas para el juicio de amparo contenidas en el artículo 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que establece como regla general que tratándose de amparo indirecto este sólo procede contra actos dentro del juicio cuya ejecución sea de imposible reparación, entendidos como aquéllos que afectan directamente alguno de los derechos sustantivos fundamentales de la persona. Por otra parte, los actos intraprocesales que no reúnen estas características por sí mismos no afectan a los gobernados, puesto que sus efectos pueden o no manifestarse en el contenido de la sentencia que ponga fin al procedimiento, en cuyo caso podrá interponer los medios de defensa conducentes. Así, los actos procesales que tienen efectos sobre las cosas o las personas, no tienen el carácter de irreparables mientras la afectación no incida directamente en sus derechos sustantivos y en su caso exista la posibilidad legal que el afectado obtenga una sentencia o resultado favorable a sus pretensiones, ya que en este caso los efectos intraprocesales producidos por aquellas actuaciones desaparecen, esto es, dichos actos únicamente producen efectos de carácter formal o intraprocesal e inciden en las posiciones que van tomando las partes dentro del procedimiento con vistas a obtener un fallo favorable. En efecto, conforme al artículo 107 de la Ley de Amparo, ahora ya se define con precisión lo que se debe entender por actos en procedimiento cuyos efectos sean de imposible reparación, al señalarse expresamente que son aquéllos que afectan materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte; por lo que ahora, en la ley en cita, el legislador no dejó a la interpretación del Poder Judicial de la Federación cuándo se produce una afectación de imposible reparación, como sucedió antaño, sino que, en la actualidad, fue taxativo al señalar qué debe entenderse por una cuestión jurídica y que es precisamente lo destacado con antelación. Por tanto, es evidente que tal actuación no puede considerarse como un acto cuya ejecución sea de imposible reparación, pues no produce de manera inmediata una afectación a algún derecho fundamental contenido en sus derechos públicos subjetivos, sino que en todo caso, la violación de derechos produce únicamente efectos formales en el procedimiento. Bajo ese contexto, para calificar ahora la procedencia del juicio de amparo indirecto respecto de aquellos actos de "imposible reparación" se atenderá a los efectos o consecuencias que estos produzcan, es decir, si la naturaleza de la violación afecta o no materialmente un derecho sustantivo protegido por la constitución y los Tratados Internacionales. De lo anterior expuesto, como se precisó en párrafos precedentes, el acto reclamado consiste en la resolución de cuatro de junio de dos mil veintiuno, dictada en el toca civil 295/2020-II, en la cual desecharon las probanzas ofrecidas por la aquí quejosa, por no precisar los hechos que se pretendían demostrar con las pruebas que propuso en el expediente 277/2016, relativo al juicio ordinario civil de nulidad de escritura, del índice del Juzgado Mixto de Tacotalpa, Tabasco. Por tanto, el acto tildado de inconstitucional, evidentemente, no genera una ejecución que sea de imposible reparación, pues sus efectos sólo se traducirán en violaciones procesales que, en su caso, afectarán derechos adjetivos susceptibles de ser reparados -de obtener sentencia favorable-, y en caso de que se llegue a dictar sentencia contraria a los intereses de aquélla, puede hacer valer las violaciones que esa resolución le causó mediante el juicio de amparo directo. De lo anterior, se evidencia que el acto reclamado en esta vía, por sí solo, no produce una afectación directa a los derechos sustantivos del gobernado, pues sólo implica una resolución en la cual se desecharon las probanzas ofrecidas por la aquí quejosa, por no precisar los hechos que se pretendían demostrar con las pruebas; pues aún se encuentra en trámite el juicio natural inherente al toca civil 295/2020-2 del que deriva el acto reclamado y, en el que, por tanto, aún no se ha dictado sentencia definitiva; lo cual hasta el momento no constituye, por sí solo, la vulneración a ninguno de sus derechos sustantivos, además, la parte quejosa al momento de promover este juicio de amparo, no tiene la certeza de que le será desfavorable o no, para así estar en condiciones de determinar si las indicadas violaciones trascendieron o no al resultado del fallo. Apoya lo anterior, la Jurisprudencia IV.2o.C. J/2 (10a.) del Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Cuarto Circuito, localizable en la página 1539, Libro 6, Mayo de 2014, Tomo III, Décima Época, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, que dice: "ACTOS DE IMPOSIBLE REPARACIÓN. NO LO SON LAS VIOLACIONES PROCESALES, AUN CUANDO PUEDAN CALIFICARSE COMO DE GRADO PREDOMINANTE O SUPERIOR, PARA EFECTOS DE LA PROCEDENCIA DEL AMPARO INDIRECTO (LEY DE AMPARO, PUBLICADA EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN DE 2 DE ABRIL DE 2013). De igual forma, resulta aplicable la Jurisprudencia I.7o.C. J/3, sustentada por el Séptimo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, visible en la página 49, Número 68, Agosto de 1993, Materia Común, Octava Época, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, que a la letra dice: "VIOLACIONES PROCESALES. EL JUICIO DE AMPARO ES IMPROCEDENTE CUANDO SE RECLAMAN ANTES DE QUE SE DICTE LA SENTENCIA DEFINITIVA, Y NO SE AFECTAN DERECHOS SUSTANTIVOS. La lectura integral de los artículos 158, primer párrafo, 161 y 166, de la Ley de Amparo, pone de relieve que los planteamientos relativos a cuestiones de índole procesal deben formularse a través de los conceptos de violación que se hagan valer en la demanda de amparo que en su caso y oportunidad se promueva en contra de la sentencia definitiva, lo que quiere decir que no pueden reclamarse en forma autónoma, ya que lo que da procedencia al juicio de garantías en la vía directa es precisamente la reclamación en contra del fallo que decidió el juicio en lo principal, respecto del cual no haya en la ley ordinaria ningún recurso o medio de defensa mediante el cual pueda ser modificado o revocado, razonamientos todos estos que cobran fuerza si se tiene en cuenta que es hasta dicho momento cuando se conocerá si la infracción trascendió o no, afectando las defensas del quejoso, pues casos hay en que aun ante la violación más inicua, si la sentencia definitiva es favorable a aquél en contra de quien se cometió, no tendrá legitimación para acudir al juicio; en consecuencia, al reclamar únicamente la violación procesal el juicio deviene improcedente en términos de lo dispuesto por el artículo 73, fracción XVIII, en relación con los artículos 158 y 166, fracción IV, de la Ley de Amparo, criterio este que tendrá aplicación siempre y cuando no se esté frente a infracción de derechos sustantivos, que como excepción la Corte Suprema ha considerado para dar procedencia al juicio de garantías." Así las cosas, atento a lo expuesto se concluye que el acto reclamado en el presente juicio por sí solo, no produce una afectación directa a los derechos sustantivos del gobernado, por lo que, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 61, fracción XXIII de la Ley de Amparo y 107, fracción V, de la misma legislación, el segundo de los citados interpretado en sentido contrario, el juicio de amparo instado en esta vía resulta improcedente y, por ende, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 113 de la Ley de la materia, se DESECHA DE PLANO la demanda de amparo promovida por Dora María García Juárez, por su manifiesta e indudable improcedencia. Sirve de apoyo a lo anterior, por su contenido, la jurisprudencia I.1º.A. J/4, sustentada por el Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, visible en la página 890, Tomo VII, Mayo de 1998, Materia Común, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, con número de registro 196196, con el rubro siguiente: "DESECHAMIENTO DE LA DEMANDA DE GARANTÍAS. CAUSA DE IMPROCEDENCIA MANIFIESTA E INDUDABLE". TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA Atento a lo previsto en el artículo 6o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en relación con los artículos 1, párrafo segundo, 7, 23, 24, 25, 31, 32, 33, 43, 44, 47 y 48, de la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados, publicada en la Primera Sección del Diario Oficial de la Federación, el veintiséis de enero de dos mil diecisiete; y, 1, 2, fracción XI, 4, 5, 6 y 7, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las Disposiciones en Materia de Protección de Datos Personales, publicado en la Tercera Sección del Diario Oficial de la Federación, el diez de octubre de dos mil dieciocho, hágase saber a las partes el derecho que les asiste para oponerse a la publicación de sus datos personales, así como para ejercer los derechos de acceso, rectificación y de cancelación de los datos personales que les conciernan en este expediente o en el sistema adoptado. Además de que, aun cuando no ejerzan su derecho de oposición, en la versión pública que se realice, se suprimirán los datos sensibles que puedan contener, así como la información legalmente reservada o confidencial que se encuentre en los supuestos de los numerales 1, 3, 24, fracción VI, 111, 112, 116 y 120, de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, publicada en el Diario Oficial de la Federación, el cuatro de mayo de dos mil quince. EXPEDICIÓN DE COPIAS Y USOS DE MEDIOS ELECTRÓNICOS. De conformidad con lo dispuesto en los artículos 3, párrafo tercero, de la Ley de Amparo, 278 y 279 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria de acuerdo con el numeral 2 del primero de los ordenamientos invocados, de solicitarse por las partes o sus autorizados, expídanse copias simples o certificadas de las constancias que integran este juicio; para lo cual se faculta la entrega de éstas por la Secretaría correspondiente, previa satisfacción de las formalidades legales. Atendiendo al contenido de la Circular 12/2009 de dieciocho de marzo de dos mil nueve, emitida por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal; se permite el uso de medios electrónicos en la consulta del presente asunto, y para el caso de que las partes lo soliciten, se ordena a la secretaría integrar al expediente el documento respectivo sin mayor proveído. DOMICILIO Y AUTORIZADOS DE LA PARTE QUEJOSA Se tiene como domicilio de la parte quejosa para oír y recibir citas y notificaciones el que indica en su escrito de demanda, y como autorizados en términos amplios a José de Jesús Hernández Cornelio y Jesús Zurita Priego, por tener registradas sus cédulas profesionales en el Registro Nacional de Profesionistas de la Secretaría de Educación Pública, y conforme al segundo párrafo del citado numeral a Lorenzo Alberto Bocanegra García, por así haberlo solicitado. HABILITACIÓN DE DÍAS Y HORAS INHÁBILES Ahora, en términos del artículo 21, tercer párrafo de la ley de la materia, se habilitan días y horas inhábiles a efecto de que cualquiera de los actuarios de este órgano de control constitucional realice las notificaciones personales que se le encomienden en este asunto. DIGITALIZACIÓN DE CONSTANCIAS En ceñimiento de lo que establece el penúltimo párrafo del artículo 3°, de la Ley de Amparo, se ordena a los (las) Oficiales Administrativos correspondientes de este Juzgado Federal, procedan a digitalizar la demanda, el presente proveído, las notificaciones que recaigan a este, así como las promociones y actuaciones subsiguientes, y hecho lo anterior las integren al expediente electrónico que para tal efecto se lleva en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. Asimismo, se instruye al (la) Secretario (a) que da fe proceda a realizar la certificación relativa exigida por el propio dispositivo legal. EXHORTO PARA CONTINUAR EL TRÁMITE DEL ASUNTO MEDIANTE EL ESQUEMA "JUICIO EN LÍNEA" Por último, con fundamento en el artículo 22 del Acuerdo 21/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la Reanudación de Plazos y Regreso Escalonado en los Órganos Jurisdiccionales ante la Contingencia por el Virus COVID-19, se les invita a las partes para lo siguiente: De estimarlo conveniente, transiten al esquema de actuación desde el Portal de Servicios en Línea. Propongan formas especiales de contacto, como correos electrónicos y servicios de mensajería instantánea, a través de las cuales se puedan establecer comunicaciones no procesales. Notifíquese personalmente a la parte quejosa.

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