Dora María Estévez Andrade
Expediente 957/2019 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Veracruz. 3 actuaciones registradas, la última del 4 de noviembre de 2019.
Datos del expediente
- Expediente
- 957/2019
- Año
- 2019
- Actuaciones
- 3
- Última actuación
- 04/11/2019
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Veracruz · Veracruz
Partes del expediente
- Dora María Estévez Andrade
Actuaciones
- Principal
... el oficio signado por la Secretaria de Acuerdos del Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Séptimo Circuito, con sede en Boca del Río, Veracruz... por medio del cual informa que dicho órgano colegiado admitió el recurso de queja interpuesto por la parte quejosa ... radicándolo bajo el número de queja 401/2019 de su índice....
- Principal
... el escrito de expresión de agravios signado por Dora María Estévez Andrade en su carácter de parte quejosa, mediante el cual interpone recurso de queja contra el proveído de quince de octubre del año en curso, en el que se desechó de plano la demanda de amparo. En tal virtud, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 97 fracción I, inciso a), 98, 99, 100 y 101 de la Ley de Amparo, ríndase el informe relativo a la queja de que se trata y remítase al Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Séptimo Circuito, en turno, por conducto de la Oficina de Correspondencia Común de esos órganos colegiados, con sede en Boca del Río, Veracruz, el escrito original de expresión de agravios y así como copias certificadas de las constancias relativas necesarias para su resolución, manifestándole a la Superioridad que es cierto el acto reclamado, cuya legalidad se sostiene por sus propios fundamentos y consideraciones.
- Principal
Xalapa-Enríquez, Veracruz, a quince de octubre de dos mil diecinueve. Téngase por recibido el oficio signado por la Juez Tercero de Distrito en el Estado de Veracruz, con sede en Boca del Río, al que se anexa el juicio de amparo 903/2019/III de su índice y once copias del escrito de demanda promovida por Dora María Estévez Andrade, contra actos del Gobernador Constitucional del Estado de Veracruz y otras autoridades. RADICACIÓN DE DEMANDA. Fórmese expediente y anótese en el libro uno de juzgado relativo al registro de juicios de amparo, con el número 957/2019/II-B. ACEPTA LA COMPETENCIA. Ahora bien, con apoyo en lo dispuesto por el numeral 37 y 48 de la ley reglamentaria de los artículos 103 y 107 Constitucionales, este Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Veracruz, con residencia en Xalapa, se acepta la competencia declinada; acúsese recibo de estilo vía interconexión. DESECHAMIENTO. Ahora, previo a que este órgano jurisdiccional se encuentre en condiciones de emitir un pronunciamiento sobre la admisión de la demanda que se intenta, en atención al artículo 113 de la Ley de Amparo, se analiza la procedencia de ésta, puesto que el citado precepto impone ante todo, la obligación de examinar dicho presupuesto procesal, para que, en caso de que se encuentre un motivo manifiesto e indudable de improcedencia se deseche de plano. En ese tenor, el concepto "motivo manifiesto e indudable de improcedencia", ha sido explicado en la jurisprudencia del Segundo Tribunal Colegiado del Quinto Circuito, la cual se comparte, publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Octava Época, tomo 68, agosto de 1993, página 77, de epígrafe: "DEMANDA DE AMPARO, DESECHAMIENTO DE LA. REQUISITOS." Esencialmente, el citado criterio jurisprudencial refiere que para el desechamiento de plano de una demanda de amparo, es necesario que se encuentre un motivo de improcedencia del juicio constitucional; además, que este motivo sea manifiesto, es decir, cuando se advierte en forma patente y absolutamente clara de la lectura del ocurso y, finalmente, que también sea indudable, lo cual resulta de la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trata es operante en el caso concreto. Ahora, es de precisarse que del escrito de demanda se advierte que los actos reclamados por la quejosa Dora María Estévez Andrade, lo constituyen: La ausencia de transparencia y publicitación de cada etapa del procedimiento para la selección de Magistrados del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Veracruz, así como la opacidad de los criterios de selección; Las sesiones privadas de la Diputación permanente del Congreso del Estado de Veracruz; y La negativa de democratizar, transparentar y racionalizar el proceso de selección de Magistrados del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Veracruz, así como los criterios que se utilizaron para su selección, en donde no se indicó la idoneidad del candidato para dicho cargo. Al respecto, se advierte que contra los actos reclamados, se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción VII, de la Ley de Amparo, toda vez que el juicio de amparo resulta improcedente, entre otros actos, contra las resoluciones de las Legislaturas de los Estados, por virtud de la cual se elija a un funcionario público en los casos en que las Constitución Local correspondiente, otorgan esa facultad de manera soberana o discrecional. Bajo ese contexto, la procedencia o improcedencia del juicio de amparo deriva ineludiblemente de que el acto o decisión del Congreso local, se emita en ejercicio de una facultad soberana o discrecional, es decir, estas últimas características son las condicionantes que el órgano de amparo debe verificar se actualicen para decidir si la demanda de amparo debe desecharse de plano al concretizarse una causal de improcedencia notoria y manifiesta o bien, debe admitirse y dársele el trámite correspondiente. Así, es indispensable definir qué se entiende por decisión soberana o discrecional, a efecto de estar en posibilidad de concluir si la elección de un Magistrado integrante del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Veracruz se erige como un acto con esas características emitido por el Congreso del Estado y, en consecuencia, si resulta improcedente el juicio de amparo cuando el acto reclamado lo constituye dicha designación. En se orden de ideas, la palabra "soberano" se entiende como el poder que no tiene otro superior del que se encuentre obligado a cumplir órdenes o mandatos, que es autoridad autónoma e independiente de otra, mientras que "discrecional" se refiere a la resolución de un órgano dada en el ejercicio de una potestad de esa naturaleza, es decir, que le es libre en su emisión, pero bajo parámetros de prudencia. Ahora bien, conforme los artículos 33, fracción XIX y 59, de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Veracruz de Ignacio de la Llave, el Constituyente local otorgó al Congreso del Estado la facultad exclusiva de designar a los Magistrados integrantes del Tribunal Superior de Justicia de la Entidad. En esos términos, este órgano jurisdiccional considera que esa decisión se constituye como una decisión soberana y, en consecuencia, contra aquélla no procede el juicio de amparo en términos del precepto 61, fracción VII, de la Ley de Amparo. La facultad de nombrar a un Magistrado del Tribunal Superior de Justicia, conferida por la Constitución local a la Legislatura del Estado, es de naturaleza autónoma, en tanto que la propia Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Veracruz de Ignacio de la Llave no exige, bajo ningún supuesto, que la decisión del órgano legislativo referido deba ser avalada o sometida a la aprobación, sanción o ratificación de persona u organismo diverso. Además, que los Diputados que integran el Congreso del Estado de Veracruz se constituyen como un órgano de representación conformado por la elección de los ciudadanos, con base en los principios de mayoría relativa y de representación proporcional y, por tanto, se trata de un órgano colegiado que, al ejercer sus facultades, expresa la voluntad popular, lo que es un rasgo característico de las democracias constitucionales, en que el pueblo soberano está representado por el órgano legislativo. Así, cuando el Congreso del Estado de Veracruz elige a un Magistrado del Tribunal Superior de Justicia, lo hace en ejercicio de una facultad exclusiva y en aras de un gobierno democrático porque, en su carácter de representante popular, tiende a integrar debidamente a un órgano constitutivo de uno de los Poderes Estatales -Poder Judicial- ello en cumplimiento al mandato de la Ley Fundamental local. En consecuencia, la decisión del órgano legislativo, en este caso, se encuentra revestida de significación constitucional relevante y del mayor grado de representatividad, lo que denota que la actuación del órgano legislativo es de naturaleza soberana y no está sujeta al control de autoridad diversa. Lo anterior, aunado a que la decisión de la Legislatura del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave se constituye como soberana en los términos apuntados, cierto es también que se configura como discrecional, en tanto que, aun cuando la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Veracruz constriñe al aludido órgano a emitir un acto decisorio a partir de una propuesta por el Titular del Poder Ejecutivo, le concede la libertad de decidir a la persona que, bajo un ejercicio prudencial, considera la más apta para ocupar el cargo de Magistrado. Es decir, la discrecionalidad de la decisión del Congreso del Estado no radica en la posibilidad de emitir o no un acto determinado, sino en que, dentro de la atribución exclusiva que le otorga el Constituyente local en los artículos 33, fracción XIX, y 59 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Veracruz de Ignacio de la Llave, puede decidir cuál, dentro de los candidatos propuestos por el Gobernador, a su juicio, reúne la idoneidad requerida para desempeñarse como Magistrado del Tribunal Superior de Justicia; sin que dicha discrecionalidad sea arbitraria, en tanto que es la propia Constitución Estatal la que establece parámetros de decisión (requisitos para ser Magistrado, procedimiento de elección, etapas o temporalidad de la elección, etcétera) que la aludida Legislatura debe ponderar, en un ejercicio democrático, para elegir a la persona que desempeñará el cargo de Magistrado del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Veracruz. En consecuencia, en opinión de esta juzgadora, es claro y evidente, que la elección de un Magistrado del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Veracruz como facultad exclusiva del Congreso local se traduce en una decisión soberana y discrecional contra la cual no procede el juicio de amparo, es decir, se constituye como una causa notoria y manifiesta de improcedencia. No es óbice a lo anterior, que la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Veracruz de Ignacio de la Llave no establezca de manera expresa que la multicitada facultad del Congreso local es inherentemente soberana y discrecional, puesto que, la causa de improcedencia que se ha estimado actualizada, no exige que los actos emitidos, entre otros órganos, por los Congresos de los Estados en uso de facultades conferidas por sus Constituciones deba establecer, de manera expresa y sacramental, que la facultad que otorga al órgano legislativo posea esa naturaleza, puesto que las notas características de soberanía y discrecionalidad le son propias a la atribución constitucional, como en el caso que nos ocupa. En ese orden de ideas, por ser notoria e indudable la causa de improcedencia analizada, PROCEDE DESECHAR DE PLANO LA DEMANDA DE AMPARO que se provee, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 113 de la ley invocada. Sirve de apoyo a lo anterior, las consideraciones vertidas por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver el recurso de queja 108/2015 mediante ejecutoria de veinticinco de noviembre dos mil quince; en donde se confirmó el desechamiento de una demanda de amparo, interpuesta en contra de la designación de un Ministro del Máximo Tribunal del País, efectuada por la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, dentro de los candidatos propuestos por el Titular del Poder Ejecutivo Federal. Argumentos que se estiman aplicables por analogía al presente caso. No pasa inadvertida la jurisprudencia de rubro: MAGISTRADOS DEL SUPREMO TRIBUNAL DE JUSTICIA DEL ESTADO DE JALISCO. LOS PROCEDIMIENTOS PARA SU ELECCIÓN, RATIFICACIÓN O CESE EN FUNCIONES POR TÉRMINO DEL ENCARGO, NO SON ACTOS SOBERANOS Y DISCRECIONALES DEL CONGRESO LOCAL, POR LO QUE SU RECLAMO EN EL JUICIO DE GARANTÍAS NO ACTUALIZA LA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA PREVISTA EN LA FRACCIÓN VIII DEL ARTÍCULO 73 DE LA LEY DE AMPARO. [Época: Novena Época, Registro: 166361, Instancia: Segunda Sala, Tipo de Tesis: Jurisprudencia, Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXX, Septiembre de 2009, Materia(s): Administrativa, Tesis: 2a./J. 136/2009, Página: 616]; sin embargo, se estima no aplicable al presente caso, toda vez que el procedimiento previsto en la Constitución del Estado de Jalisco para la designación de un Magistrado de su Supremo Tribunal de Justicia, difiere sustancialmente al previsto por la Constitución de esta entidad federativa para el nombramiento de un Magistrado del Tribunal Superior de Justicia; por lo que la tesis se estima inaplicable al caso. Lo anterior, toda vez que el procedimiento de elección de magistrados del Supremo Tribunal de Justicia del Estado de Jalisco inicia con la convocatoria que para tales efectos realiza el Congreso local, a lo que le sigue el envío, por parte del Consejo General de Poder Judicial del Estado, de una lista, de cuando menos, el doble del número de magistrados a elegir, remitiendo los expedientes para acreditar que los ciudadanos propuestos cumplen con los requisitos establecidos para ello y tienen aptitud para ocupar dicho cargo, y que el Congreso del Estado, por acuerdo de las dos terceras partes de los diputados presentes, elegirá al magistrado que deba cubrir la vacante, dentro de un término improrrogable de treinta días. En caso de que el congreso no resolviere dentro de dicho término, se entenderá que rechaza la totalidad de los candidatos propuestos. En la hipótesis de que el congreso rechace la totalidad de los candidatos propuestos, el Consejo General del Poder Judicial someterá una nueva propuesta integrada por personas distintas a la inicial, en los términos precisados en el párrafo anterior; si también fuera rechazada, ocupará el cargo la persona que dentro de dichas listas hubiere obtenido mayor número de votos. Procedimiento que difiere notablemente del previsto por la Constitución del Estado de Veracruz y que, por el contrario, se equipara al de la designación de los Ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. DOMICILIO Y AUTORIZADOS. Se tiene como domicilio de la parte promovente para oír y recibir notificaciones, los estrados de este órgano jurisdiccional por así haberlo solicitado en el escrito inicial de demanda. PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES. Se comunica a las partes, con fundamento en los artículos 1º a 9º, 12 a 23, de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, así como lo dispuesto en los artículos 5º a 9º del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal para la Aplicación de la citada Ley; que las resoluciones que se dicten en el juicio, constituyen información pública y podrán ser consultados por cualquier persona con la salvedad de lo previsto en el artículo 113, fracción V, de la ley citada; en la inteligencia de que de existir alguna oposición en términos de los artículos 8º de dicha ley y 9º del citado reglamento, la unidad administrativa determinará si tal oposición puede surtir efectos, y se omitirá la publicación de los datos personales en listas de notificación que se publiquen por vía electrónica. OBJECIÓN A LA PUBLICACIÓN DE DATOS PERSONALES EN LAS LISTAS DE NOTIFICACIONES (FÍSICA Y ELECTRÓNICA). La parte quejosa no manifestó oposición a la publicación de sus datos personales en listas de notificación. Notifíquese por lista a la parte quejosa. Así lo acordó y firma la Juez Karina Juárez Benavides, Titular del Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Veracruz, ante el Secretario de Juzgado Odín Edgardo Bonastre Díaz, que autoriza y da fe.
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