Dora Marcela Sarmiento Romero

Expediente 659/2020 tramitado ante el Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de Baja California, con residencia en Tijuana. 20 actuaciones registradas, la última del 9 de febrero de 2022.

Datos del expediente

Expediente
659/2020
Año
2020
Actuaciones
20
Última actuación
09/02/2022

Partes del expediente

  • Dora Marcela Sarmiento Romero
  • Delegado Municipal la Presa Abelardo L. Rodriguez del H. Xxiii Ayuntamiento de Tijuana, Baja California

Actuaciones

Las 4 más recientes de 20.

  1. Principal

    Tijuana, Baja California, nueve de febrero de dos mil veintidós. Visto el estado de autos, así como el contenido de la certificación de cuenta, de los que se advierte que transcurrió el término de diez días previsto en el artículo 86 de la Ley de Amparo, para que las partes interpusieran recurso de revisión, en contra de la sentencia dictada el treinta de junio de dos mil veintiuno, en la que por una parte se sobreseyó en el presente juicio y por la otra se negó el amparo y la protección de la Justicia Federal, sin que se haya hecho uso de ese derecho; en consecuencia, con fundamento en los artículos 356, fracción II y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria de la Ley de Amparo, se declara que dicha sentencia ha causado ejecutoria. Comuníquese a las partes lo anterior, y háganse las anotaciones correspondientes en el libro de Gobierno, así como en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes "SISE". Por otra parte, visto el estado que guardan los presentes autos, de los que se obtiene que el presente juicio se encuentra totalmente concluido, ya que no existe promoción ni diligencia pendiente de acordar; por tanto, con apoyo en el artículo 214 de la Ley de Amparo, se ordena su archivo. En conformidad con los artículos 12 y 14 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, se establece que el expediente principal por haberse sobreseído y negado la protección constitucional, es susceptible de depuración, al situarse en la hipótesis establecida en el artículo 18, fracción I, inciso b), del referido Acuerdo General. Por tanto, indíquese la ********************que corresponda en la carátula del expediente. Háganse las anotaciones correspondientes en el libro de Gobierno, así como en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes "SISE". Notifíquese.Así lo acordó y firma Alexis Manríquez Castro, Juez Primero de Distrito en Materia de Amparo y de Juicios Federales en el Estado de Baja California, ante Jesús Daniel Meza Arrayales, Secretario que autoriza y da fe. Doy fe. AMC/JDMA/OGN

  2. Principal

    Tijuana, Baja California, quince de diciembre de dos mil veintiuno. Visto el estado que guardan los autos, se advierte que no obra la constancia de notificación a la parte tercero interesada de la sentencia dictada el treinta de junio de dos mil veintiuno; por tanto, requiérase a la Actuaria adscrita a fin de que realice la notificación antes señalada. Notifíquese y cúmplase.Así lo acordó y firma Alexis Manríquez Castro, Juez Primero de Distrito en Materia de Amparo y de Juicios Federales en el Estado de Baja California, ante Jesús Daniel Meza Arrayales, Secretario que autoriza y da fe. Doy fe. AMC/JDMA/OGN

  3. Principal

    CON FUNDAMENTO EN EL ARTICULO 27 FRACCION I, INCISO C, DE LEY DE AMPARO, SE NOTIFICA A LA PARTE TERCERO INTERESADA POR MEDIO DE LISTA QUE SE FIJA EN LOS ESTRADOS DE ESTE ORGANO JURISDICCIONAL, LA SENTENCIA DICTADA EN TREINTA DE JUNIO DE DOS MIL VEINTIUNO. "Vistos, para resolver el juicio de amparo indirecto 659/2020-VIII, promovido por Dora Marcela Sarmiento Romero, por su propio derecho, contra actos del Director de Administración Urbana del Ayuntamiento de Tijuana, Baja California y de otras autoridades. R E S U L T A N D O Primero. Por escrito depositado en el buzón judicial el veintisiete de octubre de dos mil veinte, recibido ese mismo día por la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en Materia de Amparo y de Juicios Federales en el Estado de Baja California, con sede en esta ciudad y, finalmente, receptado el veintiocho siguiente en este Juzgado Primero de Distrito en Materia de Amparo y de Juicios Federales en el Estado de Baja California, Dora Marcela Sarmiento Romero, por su propio derecho, solicitó el amparo y la protección de la Justicia Federal, contra el acto reclamado a las autoridades responsables que a continuación se precisan: Autoridades responsables Director de Administración Urbana, Director del Departamento de Administración Urbana y Protección al Ambiente y Delegada Municipal La Presa Abelardo L. Rodríguez, todos del Ayuntamiento de Tijuana, Baja California. Acto reclamado "El ACTA DE COMPARECENCIA de fecha 22 de octubre del 2020, firmada por el Arq. Mario Elías Padilla Vega, Jefe del Departamento de Administración Urbana Municipal del H. Ayuntamiento de Tijuana, Baja California." Mediante escrito recibido en este Juzgado el dieciocho de noviembre de dos mil veinte, la parte quejosa aclaró su demanda en los términos siguientes: "Contestando al primero de los puntos, se reclama de todas las autoridades responsables la falta de motivación y fundamentación para destruir el cerco y bardas del bien inmueble que posee la quejosa en calidad de legítima posesionaria; mismo inmueble que lo tiene bien delimitados (sic) y cercado. De la misma forma se solicita el amparo de la Justicia Federal para detener la utilización de maquinaria pesada para derribar las bardas y cercos que delimitan la propiedad de la impetrante. Respecto a la contestación del punto segundo, deseamos (sic) señalar como autoridad responsable al Jefe del C. (sic) Departamento de la Dirección de Administración Urbana Municipal del H. XXIII Ayuntamiento de Tijuana, Baja California. Mismo que suscribe el acta que en esta vía se reclama." Segundo. La parte quejosa señaló infringidos los derechos fundamentales contenidos en los artículos 14 y 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y formuló los conceptos de violación que estimó pertinentes, los cuales no se transcriben, sin que ello cause agravio alguno, dado que no existe disposición que obligue a este órgano de control constitucional a realizar su transcripción. Tercero. El nueve de diciembre de dos mil veinte, previa aclaración y ratificación del escrito correspondiente, se admitió a trámite la demanda relativa quedando registrada bajo el expediente 659/2020-VIII; se solicitó informe justificado a las autoridades responsables; se dio la intervención que legalmente corresponde a la agente del Ministerio Público de la Federación adscrita a este Juzgado; y, se fijó hora y fecha para el desahogo de la audiencia constitucional respectiva. Cuarto. Con motivo de las circulares CAP/3/2020 y SECNO/1/2021 de veinte de diciembre de dos mil veinte y ocho de enero de dos mil veintiuno, respectivamente, se determinó regresar al esquema de contingencia previsto en el Acuerdo General 13/2020 emitido por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, a fin de dar trámite y seguimiento sólo a los asuntos calificados como "urgentes" así como a los casos de excepción ahí previstos; por lo que se suspendieron los plazos y términos procesales del presente asunto durante el periodo comprendido del veintiuno de diciembre de dos mil veinte al dieciocho de enero de dos mil veintiuno. Mediante circular SECNO/4/2021 , de dieciséis de enero de dos mil veintiuno, se determinó que la actividad jurisdiccional se sujetaría a las reglas establecidas en Acuerdo General 21/2020 emitido por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, cuya vigencia fue ampliada por los diversos Acuerdos Generales 25/2020 y 37/2020 , con el objetivo de reanudar en su totalidad las actividades jurisdiccionales dentro del Poder Judicial de la Federación. En ese tenor, el veintidós de enero del año en curso, se determinó reanudar el procedimiento en este juicio. Quinto. En términos del artículo 9º fracción I inciso e) del Reglamento Interno de la Secretaría de Desarrollo Territorial, Urbano y Ambiental del Municipio de Tijuana, Baja California , se desprende que, para el ejercicio de sus funciones y atribuciones, la Dirección de Administración Urbana, tendrá bajo su cargo y adscripción, entre otros, un Departamento de Administración Urbana y Protección al Ambiente en las cada una de las Delegaciones. Por tanto, es pertinente precisar que la denominación correcta de las autoridades que la parte quejosa señaló como "Director del Departamento de Administración Urbana y Protección al Ambiente del H. XXIII Ayuntamiento de Tijuana, Baja California" y "Jefe del C. (sic) Departamento de la Dirección de Administración Urbana Municipal del H. XXIII Ayuntamiento de Tijuana, Baja California", es Jefe del Departamento de Administración Urbana y Protección al Ambiente de la Delegación Municipal La Presa Abelardo L. Rodríguez. Circunstancia que se corrobora con el contenido del acta de comparecencia de veintidós de octubre de dos mil veinte, aquí reclamada, y el informe justificado rendido por la citada autoridad responsable. En ese orden de ideas, en el presente fallo se hará referencia a la autoridad en su denominación correcta, a saber, Jefe del Departamento de Administración Urbana y Protección al Ambiente de la Delegación Municipal La Presa Abelardo L. Rodríguez. C O N S I D E R A N D O Primero. Este Juzgado Primero de Distrito en Materia de Amparo y de Juicios Federales en el Estado de Baja California, es competente para conocer y resolver este juicio de amparo, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 103 y 107 constitucionales; 1º, 33, 35 y 37, de la Ley de Amparo; y, 48 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, así como el Acuerdo General 3/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal. Segundo. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 74 fracción I de la Ley de Amparo, se procede a fijar de manera clara y precisa los actos reclamados que constituyen la litis efectivamente planteada por la parte quejosa en este juicio de derechos fundamentales, por lo que del análisis integral del escrito de demanda y su aclaración, se aprecia que sustancialmente el acto reclamado en esta vía consiste en: El acta de comparecencia de veintidós de octubre de dos mil veinte, identificada con folio 344, en la que el Jefe del Departamento de Administración Urbana y Protección al Ambiente de la Delegación Municipal La Presa Abelardo L. Rodríguez, otorgó a la quejosa el plazo de cinco días para retirar un cerco. Tercero. No es cierto el acto reclamado a las autoridades responsables Director de Administración Urbana y Delegada Municipal La Presa Abelardo L. Rodríguez, ambos del Ayuntamiento de Tijuana, Baja California, ya que así lo manifestaron al rendir sus informes justificados, sin que la parte quejosa haya aportado prueba alguna tendente a desvirtuar dicha negativa. Por el contrario, de la documental ofrecida por la propia quejosa, consistente en copia simple del acta de comparecencia de veintidós de octubre de dos mil veinte, identificada con folio 344 cuyo contenido se encuentra corroborado con las constancias que en copia certificada remitió la autoridad responsable Jefe del Departamento de Administración Urbana y Protección al Ambiente de la Delegación Municipal La Presa Abelardo L. Rodríguez, a las que se otorga valor probatorio pleno en términos de los artículos 197, 202 y 207 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se desprende que sólo dicho Jefe de Departamento tuvo intervención en el acta de comparecencia reclamada. Entonces, al no estar demostrada la participación de las autoridades responsables Director de Administración Urbana y Delegada Municipal La Presa Abelardo L. Rodríguez, ambos del Ayuntamiento de Tijuana, Baja California, en la diligencia de veintidós de octubre de dos mil veinte, es claro que no es cierto el acto que se les atribuye. En tales condiciones, ante la inexistencia del acto reclamado a las autoridades antes precisadas, sin prueba en contrario, lo procedente es decretar el sobreseimiento en el presente juicio, con fundamento en el artículo 63 fracción IV de la Ley de Amparo. Cuarto. Es cierto el acto reclamado a la autoridad responsable Jefe del Departamento de Administración Urbana y Protección al Ambiente de la Delegación Municipal La Presa Abelardo L. Rodríguez, toda vez que así lo manifestó al rendir su informe justificado; además, ello quedó corroborado con las documentales que exhibió y que fueron previamente valoradas. Quinto. Las partes no hicieron valer causales de improcedencia y este órgano jurisdiccional, de oficio, no advierte la actualización de ellas, por lo que se procede al examen de los motivos de inconformidad. Sexto. El único concepto de violación es inoperante, sin que en la especie se actualice alguna de las hipótesis previstas en el artículo 79 de la Ley de Amparo, que permite suplir la queja deficiente. En su motivo de inconformidad, la quejosa sostiene que el acta de comparecencia reclamada carece de debida fundamentación y motivación, ya que en ella únicamente se expuso lo siguiente "las violaciones a los siguientes preceptos jurídicos artículo 16 (a)". En efecto -explica- en el acto de autoridad, por lo que respecta al ordenamiento jurídico invocado sólo aparece un señalamiento con pluma haciendo alusión a tal o cual artículo, en este caso el artículo 16 (a), sin especificar a qué cuerpo de leyes pertenece dicha disposición. Según se anticipó, dicho argumento deviene inoperante, en virtud de que su construcción parte de una premisa que no resulta verdadera, pues en el acta de comparecencia de veintidós de octubre de dos mil veinte, no se advierte que se haya citado como fundamento algún artículo 16 y, menos aun, que éste se plasmara con pluma. Para demostrar lo anterior, se reproduce el acta de comparecencia impugnada, que es del tenor siguiente: "ACTA DE COMPARECENCIA FOLIO: 344 TIJUANA B.C. A 22/OCT/20 2020 (SIC) POR MEDIO DE LA PRESENTE SE HACE CONSTAR QUE COMPARECIÓ ANTE ESTE DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACIÓN URBANA Y PROTECCIÓN AL AMBIENTE Dora Marcela Sarmiento QUIEN MANIFESTÓ SER propietaria IDENTIFICÁNDOSE CON CRED. FED. DANDO SEGUIMIENTO AL CITATORIO 950 DE FECHA 21/OCT/20 CON RELACIÓN A: Reporte #67 EN PREDIO PRIV. Trinidad #4 Dorado SE MANIFIESTA LO SIGUIENTE: Se otorga un plazo de 5 días hábiles para retirar cerco del área verde, presentará fotos para el día 3 de nov./20 donde retira invasión. LO ANTERIOR DE CONFORMIDAD CON LO QUE DISPONE EL ART. 73 DEL REGLAMENTO INTERNO DE LA SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGÍA MUNICIPAL DE TIJUANA, BAJA CALIFORNIA, LA LEY DE DESARROLLO URBANO, LEY DE EDIFICACIONES, REGLAMENTO A LA LEY DE EDIFICACIONES, REGLAMENTO DE RÓTULOS, ANUNCIOS Y SIMILARES PARA EL MUNICIPIO DE TIJUANA, BAJA CALIFORNIA, REGLAMENTO PARA EL FUNCIONAMIENTO DE ACTIVIDADES COMERCIALES, INDUSTRIALES Y DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PARA EL MUNICIPIO DE TIJUANA, BAJA CALIFORNIA, REGLAMENTO DE ZONIFICACIÓN Y USOS DEL SUELO DEL CENTRO DE POBLACIÓN DE TIJUANA BAJA CALIFORNIA, SEGÚN SEA EL CASO, EN VIRTUD DE LO CUAL Y SIENDO LAS 2:00 HORAS, SE DA POR TERMINADA LA PRESENTE DILIGENCIA FIRMANDO AL CALCE PARA CONSTANCIA. CONSTE." De la reproducción que antecede, claramente se desprende que el único artículo que citó la autoridad responsable fue el 73 del Reglamento Interno de la Secretaría de Desarrollo Urbano y Ecología Municipal de Tijuana, Baja California; de modo que, contrario a lo que aduce la quejosa, no existe alguna referencia al numeral 16 (a) a que alude y, menos aun, a la manifestación consistente en "Las violaciones a los siguientes preceptos jurídicos artículo 16 (a)", que indicó en su escrito inicial de demanda. En ese orden de ideas, es claro que la premisa de la que parte el concepto de violación no resulta verdadera y, por ende, aquel deviene inoperante, ya que a ningún fin práctico conduciría su análisis y calificación, pues al partir de una suposición que resultó falsa, su conclusión resulta ineficaz para demostrar la inconstitucionalidad del acto reclamado. Por analogía, sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia 2a./J. 108/2012 (10a.), emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página mil trescientos veintiséis, tomo tres, libro XIII del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta de octubre de dos mil doce, Décima Época, registro 2001825, de rubro: "AGRAVIOS INOPERANTES. LO SON AQUELLOS QUE SE SUSTENTAN EN PREMISAS FALSAS." Es pertinente destacar que no es jurídicamente válido que este órgano jurisdiccional examine la fundamentación y motivación expuestas por la autoridad responsable en el acto reclamado, ya que en el caso concreto, la quejosa no adujo la falta de aquellas, es decir, la ausencia total de la cita de la norma en que se apoya y de las circunstancias especiales o razones particulares que se tuvieron en cuenta para su emisión, sino que, específicamente planteó que se trataba de una indebida fundamentación y motivación. Por tanto, realizar el estudio aludido, implicaría emprender un examen oficioso de su constitucionalidad, lo que no resulta válido atendiendo a que, en el caso concreto, opera el principio de estricto derecho, que limita la actuación judicial al análisis de los argumentos expresamente expuestos por la parte quejosa. En lo conducente, ilustra lo anterior, la jurisprudencia I.3o.C. J/47, emitida por el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, publicada en la página mil novecientos sesenta y cuatro, tomo XXVII del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta de febrero de dos mil ocho, Novena Época, registro 170307, que señala: "FUNDAMENTACIÓN Y MOTIVACIÓN. LA DIFERENCIA ENTRE LA FALTA Y LA INDEBIDA SATISFACCIÓN DE AMBOS REQUISITOS CONSTITUCIONALES TRASCIENDE AL ORDEN EN QUE DEBEN ESTUDIARSE LOS CONCEPTOS DE VIOLACIÓN Y A LOS EFECTOS DEL FALLO PROTECTOR. La falta de fundamentación y motivación es una violación formal diversa a la indebida o incorrecta fundamentación y motivación, que es una violación material o de fondo, siendo distintos los efectos que genera la existencia de una u otra, por lo que el estudio de aquella omisión debe hacerse de manera previa. En efecto, el artículo 16 constitucional establece, en su primer párrafo, el imperativo para las autoridades de fundar y motivar sus actos que incidan en la esfera de los gobernados, pero la contravención al mandato constitucional que exige la expresión de ambas en los actos de autoridad puede revestir dos formas distintas, a saber: la derivada de su falta, y la correspondiente a su incorrección. Se produce la falta de fundamentación y motivación, cuando se omite expresar el dispositivo legal aplicable al asunto y las razones que se hayan considerado para estimar que el caso puede subsumirse en la hipótesis prevista en esa norma jurídica. En cambio, hay una indebida fundamentación cuando en el acto de autoridad sí se invoca el precepto legal, sin embargo, resulta inaplicable al asunto por las características específicas de éste que impiden su adecuación o encuadre en la hipótesis normativa; y una incorrecta motivación, en el supuesto en que sí se indican las razones que tiene en consideración la autoridad para emitir el acto, pero aquéllas están en disonancia con el contenido de la norma legal que se aplica en el caso. De manera que la falta de fundamentación y motivación significa la carencia o ausencia de tales requisitos, mientras que la indebida o incorrecta fundamentación y motivación entraña la presencia de ambos requisitos constitucionales, pero con un desajuste entre la aplicación de normas y los razonamientos formulados por la autoridad con el caso concreto. La diferencia apuntada permite advertir que en el primer supuesto se trata de una violación formal dado que el acto de autoridad carece de elementos ínsitos, connaturales, al mismo por virtud de un imperativo constitucional, por lo que, advertida su ausencia mediante la simple lectura del acto reclamado, procederá conceder el amparo solicitado; y en el segundo caso consiste en una violación material o de fondo porque se ha cumplido con la forma mediante la expresión de fundamentos y motivos, pero unos y otros son incorrectos, lo cual, por regla general, también dará lugar a un fallo protector, sin embargo, será menester un previo análisis del contenido del asunto para llegar a concluir la mencionada incorrección. Por virtud de esa nota distintiva, los efectos de la concesión del amparo, tratándose de una resolución jurisdiccional, son igualmente diversos en uno y otro caso, pues aunque existe un elemento común, o sea, que la autoridad deje insubsistente el acto inconstitucional, en el primer supuesto será para que subsane la irregularidad expresando la fundamentación y motivación antes ausente, y en el segundo para que aporte fundamentos y motivos diferentes a los que formuló previamente. La apuntada diferencia trasciende, igualmente, al orden en que se deberán estudiar los argumentos que hagan valer los quejosos, ya que si en un caso se advierte la carencia de los requisitos constitucionales de que se trata, es decir, una violación formal, se concederá el amparo para los efectos indicados, con exclusión del análisis de los motivos de disenso que, concurriendo con los atinentes al defecto, versen sobre la incorrección de ambos elementos inherentes al acto de autoridad; empero, si han sido satisfechos aquéllos, será factible el estudio de la indebida fundamentación y motivación, esto es, de la violación material o de fondo. TERCER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA CIVIL DEL PRIMER CIRCUITO. Amparo directo 551/2005. Jorge Luis Almaral Mendívil. 20 de octubre de 2005. Unanimidad de votos. Ponente: Neófito López Ramos. Secretario: Raúl Alfaro Telpalo. Amparo directo 66/2007. Juan Ramón Jaime Alcántara. 15 de febrero de 2007. Unanimidad de votos. Ponente: Neófito López Ramos. Secretario: Raúl Alfaro Telpalo. Amparo directo 364/2007. Guadalupe Rodríguez Daniel. 6 de julio de 2007. Unanimidad de votos. Ponente: Neófito López Ramos. Secretaria: Greta Lozada Amezcua. Amparo directo 513/2007. Autofinanciamiento México, S.A. de C.V. 4 de octubre de 2007. Unanimidad de votos. Ponente: Neófito López Ramos. Secretario: Raúl Alfaro Telpalo. Amparo directo 562/2007. Arenas y Gravas Xaltepec, S.A. 11 de octubre de 2007. Unanimidad de votos. Ponente: Neófito López Ramos. Secretario: Raúl Alfaro Telpalo." En tales condiciones, ante la ineficacia del único concepto de violación y sin que en la especie se actualice alguna de las hipótesis que permita suplir la queja deficiente, lo procedente es negar el amparo y la protección de la Justicia Federal solicitados, en contra del acto reclamado a la autoridad responsable Jefe del Departamento de Administración Urbana y Protección al Ambiente de la Delegación Municipal La Presa Abelardo L. Rodríguez, consistente en el acta de comparecencia de veintidós de octubre de dos mil veinte, identificada con folio 344. Por lo expuesto y fundado, se R E S U E L V E Primero. Se sobresee en el presente juicio de amparo promovido por Dora Marcela Sarmiento Romero, por su propio derecho, contra los actos reclamados a las autoridades responsables precisados en el considerando tercero, por las razones ahí expuestas. Segundo. La Justicia Federal no ampara ni protege a Dora Marcela Sarmiento Romero, por su propio derecho, contra el acto reclamado a la autoridad responsable precisados en el último considerando de este fallo, por los motivos que ahí se indican. Notifíquese personalmente.

  4. Principal

    Tijuana, Baja California, veinticinco de junio de dos mil veintiuno. Agréguese a los autos para que obre como corresponda el escrito de cuenta presentado por la Agente del Ministerio Público de la Federación adscrita a este Juzgado, atento a su contenido y toda vez que de la certificación de cuenta se advierte que de la revisión del módulo de consulta de autorizados del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, se encontró registro de coincidencia "CLPR8", correspondiente a Claudia Leticia Plascencia Romero, en el juicio de amparo en que se actúa, por tanto, se acuerda favorablemente la consulta del expediente electrónico del presente juicio. En virtud de lo anterior, se instruye a la Analista Jurídico SISE de la adscripción que lleve a cabo las gestiones necesarias para conceder el permiso de acceso al expediente electrónico. Notifíquese.Así lo acordó y firma Alexis Manríquez Castro, Juez Primero de Distrito en Materia de Amparo y de Juicios Federales en el Estado de Baja California, ante Jesús Daniel Meza Arrayales, Secretario que autoriza y da fe. Doy fe. AMC/JDMA/OGN

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