Dora Luz Giron Berdeja y Otros.
Expediente 86/2019 tramitado ante el Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Guerrero. 13 actuaciones registradas, la última del 11 de abril de 2019.
Datos del expediente
- Expediente
- 86/2019
- Año
- 2019
- Actuaciones
- 13
- Última actuación
- 11/04/2019
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Guerrero · Guerrero
Partes del expediente
- Dora Luz Giron Berdeja y Otros.
- Dora Luz Giron Berdeja
Actuaciones
Las 4 más recientes de 13.
- Principal
Vistos; la certificación secretarial de cuenta y el estado de autos, se advierte que ya feneció el plazo de diez días previsto en el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que la parte quejosa interpusiera recurso de revisión en contra del acuerdo de veinte de marzo de dos mil diecinueve (fojas 160 a 163); en consecuencia, con fundamento en los preceptos 355, 356, fracción II y 357, primer párrafo, del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria, se declara que dicho auto que decretó el SOBRESEIMIENTO FUERA DE AUDIENCIA EN EL PRESENTE JUICIO DE AMPARO HA CAUSADO ESTADO, para todos los efectos legales correspondientes; háganse las anotaciones en el libro de gobierno respectivo y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. Con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, interpretado a contrario sensu, remítase el expediente al archivo de este órgano constitucional para su resguardo y, en el momento oportuno, conforme al procedimiento correspondiente, procédase a su transferencia al Centro Archivístico Judicial de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, déjese por separado el cuaderno original y duplicado del incidente de suspensión relativo al juicio de amparo de que se trata. En la inteligencia de que, en su oportunidad, y con fundamento en los puntos vigésimo, fracción III y vigésimo primero, fracción II, del Acuerdo General Conjunto 1/2009, del veintiocho de septiembre de dos mil nueve, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, que establece los lineamientos para la transferencia, digitalización, depuración y destrucción del acervo archivístico de los Juzgados de Distrito y el Manual para la Organización de los Archivos Judiciales Resguardados por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, aprobado el diez de diciembre de dos mil doce, por el Ministro Presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, el expediente es susceptible de destrucción el cual será destruido una vez que transcurra el término de cinco años, a partir de la fecha en que se haya ordenado su archivo, además como se desprende de la certificación de cuenta no existen documentos originales insustituibles, y este órgano jurisdiccional considera que el presente asunto no tiene relevancia documental, por la cual deba conservarse. En virtud de que se ha ordenado el archivo del expediente de mérito, y obran agregados documentos originales exhibidos por la quejosa; de conformidad con lo previsto en el punto décimo primero último párrafo y vigésimo, último párrafo del Acuerdo General Conjunto 1/2009, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, se pone a disposición por el término de noventa días contados a partir del siguiente al en que surta efectos la notificación del presente proveído, a fin de que se presente en el local de este Juzgado y recoja los mismos, con el apercibimiento que de no hacerlo dentro de dicho término, serán destruidos junto con el expediente. Finalmente, agréguese copia simple del presente proveído a los cuadernos del incidente de suspensión relativos al juicio de amparo de que se trata.
- Principal
Visto; el estado procesal que guardan los presentes autos, se advierte que la autoridad responsable Juez Cuarto de Primera Instancia en Materia Civil del Distrito Judicial de Tabares, con sede en esta ciudad, en alcance a su informe justificado, remitió copia certificada de diversas constancias que obran en el expediente ****, entre ellas del oficio 199/2019, signado por el Delegado del Registro Público de la Propiedad y del Comercio de Acapulco, Guerrero, en el que le informó que procedió a realizar la cancelación de embargo en el Folio Registral Electrónico **** del Distrito Judicial de Tabares. En consecuencia, con fundamento en el artículo 75, de la Ley de Amparo, requiérase al Delegado del Registro Público de la Propiedad y del Comercio de Acapulco, Guerrero, para que en el plazo de tres días siguientes al en que le surta efectos la notificación del presente proveído, remita copia certificada del Folio Registral Electrónico ****** del Distrito Judicial de Tabares. Apercibido que de no hacerlo, o de no manifestar la imposibilidad que tenga, en términos de los numerales 237, fracción I y 259, de la Ley de Amparo, y de conformidad con los artículos primero, segundo y tercero transitorios del Decreto por el que se declaran reformadas y adicionadas diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de desindexación del salario mínimo , se le impondrá una multa de cincuenta días del valor diario de la Unidad de Medida y Actualización vigente a la fecha que en su caso se haga efectiva la medida de apremio
- Principal
CITATORIO. SE NOTIFICA A LAS QUEJOSAS POR MEDIO DE LISTA EL AUTO DEL 7 DE MARZO DE 2019. CITATORIO. SE NOTIFOICA AL TERCERO INTERESADO POR MEDIO DE LISTA EL AUTO DEL 7 DE MARZO DE 2019, QUE DICE: Visto; el estado procesal que guardan los presentes autos, se advierte que se encuentra señalada para el día de hoy la audiencia constitucional en el presente asunto; sin embargo, no se está en aptitud de celebrarla, toda vez que en proveído de uno de marzo actual (foja 105), se tuvo por rendido el informe justificado del Juez Cuarto de Primera Instancia del Ramo Civil del Distrito Judicial de Tabares, con residencia en esta ciudad, y con su contenido se dio vista a las partes para que manifiesten lo que a su interés legal convenga, acuerdo que se notificó por lista el cuatro de marzo del año curso (foja 106), surtiendo efectos el cinco siguiente, lo que evidencia que aún no fenece el término de ocho días que señala el párrafo segundo del artículo 117 de la Ley de Amparo, para que las partes se imponga de su contenido. Tiene aplicación al respecto la Jurisprudencia número P./J. 54/2000, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, derivada de la contradicción de tesis 29/98-PL, de rubro y texto siguiente: "AUDIENCIA CONSTITUCIONAL. DEBE, EN PRINCIPIO, DIFERIRSE DE OFICIO CUANDO LOS INFORMES JUSTIFICADOS NO SE RINDEN CON OCHO DÍAS DE ANTICIPACIÓN A LA PRIMERA FECHA SEÑALADA PARA SU CELEBRACIÓN, SI EL QUEJOSO O EL TERCERO PERJUDICADO NO TIENEN CONOCIMIENTO DE SU CONTENIDO. Cuando la autoridad responsable no rinda su informe justificado al menos ocho días antes de la celebración de la audiencia, y el quejoso o el tercero perjudicado no comparezcan a ésta a solicitar su diferimiento o suspensión, no debe verificarse tal actuación con apoyo en una aplicación aislada y restringida de la parte final del párrafo primero del artículo 149 de la Ley de Amparo ("... el Juez podrá diferir o suspender la audiencia, según lo que proceda, a solicitud del quejoso o del tercero perjudicado, ..."), sino relacionándolo de una manera lógica, sistemática y armónica con el párrafo último del propio precepto ("Si el informe con justificación es rendido fuera del plazo que señala la ley para ello, será tomado en cuenta siempre que las partes hayan tenido oportunidad de conocerlo y de preparar las pruebas que lo desvirtúen."); por lo tanto, el Juez de Distrito debe diferir, de oficio y por una sola vez, la celebración de la audiencia constitucional, con la finalidad de que las partes (principalmente el quejoso) se impongan del contenido del informe con justificación y estén en aptitud de preparar, ofrecer y desahogar las pruebas que, en su caso, estimen convenientes para desvirtuarlo. De esta manera se equilibra procesalmente a las partes y, a la vez, se podrá aplicar cabalmente el párrafo último del referido numeral de la ley de la materia, en virtud de que el Juez de Distrito, al dictar la sentencia correspondiente, tomará en cuenta los informes justificados, aun cuando se hayan rendido sin la anticipación debida, pero ya con el pleno conocimiento del quejoso y del tercero perjudicado que les haya permitido defenderse de resultar necesario. (Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Abril de 2000, Tomo XI, Materia Común, Novena Época, página 5) Ahora bien, del análisis minucioso de la demanda de amparo se desprende que las quejosas *****, se duelen de los siguientes actos reclamados: a) Las anotaciones preventivas de los embargos trabados sobre el inmueble identificado como ****, en los juicios ejecutivos mercantiles con números de expedientes ****, del índice de los Juzgados Primero y Cuarto de Primera Instancia en Materia Civil del Distrito Judicial de Tabares, respectivamente, en el Folio Registral Electrónico número ****; y b) Las consecuencias jurídicas que se deriven de los citados actos. Por otra parte, de los informes justificados rendidos por las autoridades responsables Jueces Primero y Cuarto, ambos de Primera Instancia del Ramo Civil del Distrito Judicial de Tabares, con residencia en esta ciudad, se aprecia que aceptaron los actos que se les reprochan consistentes en la orden de inscribir los embargos trabados sobre el aludido predio en el juicio ejecutivo mercantil ***, promovido por ****, en contra de ****, y en el diverso ****, promovido por ****, en su carácter de endosatario en procuración de *****, en contra de ****. En esa tesitura, debe precisarse que el presente asunto se rige por la Ley de Amparo publicada en el Diario Oficial de la Federación el dos de abril de dos mil trece, la cual entró en vigor al día siguiente, por lo que es necesario hacer referencia al artículo sexto transitorio de dicho ordenamiento, el cual señala: "SEXTO. La jurisprudencia integrada conforme a la ley anterior continuará en vigor en lo que no se oponga a la presente Ley." Pues bien, dentro de la jurisprudencia que se integró conforme a la anterior ley de la materia se encuentran aquellos criterios en los que se estableció la figura de la separación de juicios, misma que si bien no estaba prevista en la Ley de Amparo abrogada, como tampoco lo está en la hoy vigente, fue incorporada al juicio de amparo a través de los criterios jurisprudenciales números P./J.76/97, P.J.77/97 y P.J.78/97, pronunciados por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver la contradicción de tesis número 6/96, entre las sustentadas por el Primer y Segundo Tribunales Colegiados del Quinto Circuito, localizables en las páginas 117, 118 y 119, Tomo VI, Septiembre de 1997, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, cuyos rubros son: "SEPARACIÓN DE JUICIOS. SU PROCEDENCIA"; "SEPARACIÓN DE JUICIO. REGLAS PARA SU TRAMITACIÓN EN EL JUICIO DE GARANTÍAS; y, "SEPARACIÓN DE JUICIOS. EL JUEZ DE DISTRITO, AL DECRETARLA, DEBERÁ TOMAR LAS MEDIDAS Y SEÑALAR EL TRATO QUE A CADA UNO CORRESPONDA". Criterios de cuya lectura se colige que dicha figura jurídica tiene por objeto dividir la demanda de amparo, a efecto de analizar, en forma separada y autónoma, los actos desvinculados entre sí, reclamados a las autoridades responsables en una sola demanda, y que para determinar la separación de los juicios de amparo, los actos que se reclamen en una misma demanda deben ser distintos por derivar de diferentes procedimientos, o bien, porque se reclamen a las mismas autoridades responsables, distintos actos desvinculados entre sí, aunque sean las mismas partes. Es importante señalar que el objetivo primordial de las separación de juicios es que se logre una tramitación más diáfana en los juicios de amparo, para evitar que en lo futuro se dicten fallos complicados y confusos en su comprensión, además de evitar en lo posible las complicaciones en su cumplimiento y facilitar la tramitación de los recursos que llegaren a interponerse. Así pues, en el presente caso, y atento a que la Ley de Amparo vigente no contiene ninguna disposición en la que se prohíba la separación de juicios, este juzgado federal, con apoyo además en lo dispuesto en el artículo 66 de la citada ley, donde se nos da la posibilidad de determinar, atendiendo a las circunstancias de cada caso, si alguna cuestión incidental como la que aquí se presenta, se resuelve de plano, amerita un especial pronunciamiento o si se reserva para resolverlo en la sentencia, considera que procede declarar de plano la separación de la demanda de amparo que se analiza, pues como se ve, las quejosas *****, se duelen de las anotaciones preventivas de los embargos trabados sobre el inmueble identificado como ****, en los juicios ejecutivos mercantiles con números de expedientes ****, del índice de los Juzgados Primero y Cuarto de Primera Instancia en Materia Civil del Distrito Judicial de Tabares, respectivamente, en el Folio Registral Electrónico número ****. De modo que estamos ante la presencia de actos desligados e independientes, es decir, que no guardan una conexión entre sí, pues se trata de procedimientos diversos. Para mayor claridad en la exposición conviene precisar que por conexidad -del latín conexus, del verbo conectarse, que significa estar juntos- debe entenderse la estrecha vinculación que existe entre dos o más procesos, por lo que la resolución que se dicte en uno de ellos, puede influir en los otros; por ello resulta conveniente que se sometan al mismo tribunal, para la acumulación de los juicios vinculados y su resolución en una sola sentencia, hipótesis que no se surte en la especie. En ese orden de ideas, de mantener la unidad de los juicios, la tramitación de los mismos, así como la resolución que se dicte en definitiva podría ser confusa al ser probable que en un mismo juicio, se conceda la protección constitucional, o bien, se niegue o sobresea el juicio, respecto de los actos de referencia, dificultándose en todo caso, los recursos que se llegaren a promover; por tanto, se estima necesario tramitar de forma independiente. En las relatadas condiciones, lo que procede es dividir los actos reclamados que derivan del presente asunto, a efecto de dar mayor celeridad, claridad y autonomía al trámite y resolución de la demanda de amparo. En la especie, cobra aplicación la jurisprudencia número P./J. 76/97, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo VI, Septiembre de 1997, Novena Época, página 118, que establece: "SEPARACIÓN DE JUICIOS. SU PROCEDENCIA. Si en una demanda de amparo se reclaman actos emanados de juicios diversos, desvinculados entre sí, y dicha demanda ha sido admitida por el Juez de Distrito, o bien, tal circunstancia es advertida durante la tramitación del juicio (hasta antes de la celebración de la audiencia constitucional), con motivo de los informes justificados que rindan la o las autoridades responsables, podría iniciarse de oficio la separación de juicios, figura ésta, que al no estar específicamente regulada en la Ley de Amparo, debe por ello quedar contenida en la jurisprudencia, tomando como base el artículo 57 de esa ley, que establece la acumulación, deduciéndolo en sentido contrario, por lo que puede concluirse que, fuera de los casos que ahí se prevén, en cualquier otro supuesto se requiere hacer la separación." Dicha jurisprudencia, como ya se dijo, resulta obligatoria para este órgano jurisdiccional, en términos del referido artículo sexto transitorio de la Ley de Amparo publicada en el Diario Oficial de la Federación el dos de abril de dos mil trece, la cual entró en vigor al día siguiente. En consecuencia, remítase oficio a la oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Guerrero, con residencia en esta ciudad, con copia certificada de todo lo actuado en el presente juicio de amparo y en los cuadernos incidentales relativos, así como el tomo de pruebas correspondiente, a efecto de que lo turne al órgano que corresponda y se provea lo conducente a los actos derivados del juicio ejecutivo mercantil 10-2/2014, del índice del Juzgado Primero de Primera Instancia en Materia Civil del Distrito Judicial de Tabares, con residencia en esta ciudad. En la inteligencia, que en el presente juicio se resolverá lo relativo a los actos reclamados que derivan del juicio ejecutivo mercantil ****, del índice del Juzgado Cuarto de Primera Instancia en Materia Civil del Distrito Judicial de Tabares, residente en esta ciudad. Por tanto, resulta procedente diferir la audiencia constitucional señalada para el día de hoy y en su lugar se fijan las DOCE HORAS DEL VEINTISIETE DE MARZO DE DOS MIL DIECINUEVE, para su celebración. Por otra parte, se tiene por recibido el oficio signado por el Juez Cuarto de Primera Instancia en Materia Civil del Distrito Judicial de Tabares, con sede en esta ciudad, mediante el cual en alcance a su informe justificado, remite copia certificada de diversas constancias que obran en el expediente 450/2011-III; por tanto, con fundamento en el artículo 117 de la Ley de Amparo, con su contenido dese vista a las partes para que manifiesten lo que a su derecho convenga, sin perjuicio de relacionarlo el día y hora en que tenga verificativo la audiencia constitucional.
- Principal
Visto; con fundamento en el artículo 117 de la Ley de Amparo, téngase por recibido el oficio de cuenta signado por el Juez Cuarto de Primera Instancia del Ramo Civil del Distrito Judicial de Tabares, con residencia en esta ciudad, por medio del cual rinde informe justificado; con su contenido dese vista a las partes para que manifiesten lo que a su derecho convenga, sin perjuicio de relacionarlo el día y hora en que tenga verificativo la audiencia constitucional. Con fundamento en lo dispuesto en el arábigo 119 de la Ley Reglamentaria de los artículos 103 y 107 Constitucionales, se tiene como prueba la documental que exhibe, misma que se desahoga por su propia y especial naturaleza, sin perjuicio de su relación en la audiencia constitucional.
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