Dora Luz Aguilar Jiménez

Expediente 574/2023 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Zacatecas. 11 actuaciones registradas, la última del 16 de octubre de 2023.

Datos del expediente

Expediente
574/2023
Año
2023
Actuaciones
11
Última actuación
16/10/2023

Partes del expediente

  • Dora Luz Aguilar Jiménez
  • Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda Para los Trabajadores (Infonavit)
  • Luz Aidé Hernández Aguilar

Actuaciones

Las 4 más recientes de 11.

  1. Principal

    Zacatecas, Zacatecas, a dieciséis de octubre de dos mil veintitrés. Visto el estado que guardan los presentes autos, la certificación de cuenta, se advierte que ha transcurrido el término señalado por el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que haya sido recurrida la sentencia dictada en este juicio el dieciocho de septiembre de dos mil veintitrés, en la que se concedió al quejoso el amparo y protección de la Justicia Federal solicitado; en tal virtud, con apoyo en lo previsto por los numerales 86 de la Ley de la Materia, 356, fracción II y 357, del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo, se declara que dicha sentencia HA CAUSADO EJECUTORIA. Por otra parte, téngase por recibido el oficio de cuenta signado por la autoridad responsable la Presidenta de la Junta Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Zacatecas, por el cual informa sobre el cumplimiento dado a la sentencia dictada en el presente juicio de amparo y adjunta la constancia con la que lo acredita. Por tanto, con apoyo en el artículo 196 de la Ley de Amparo, dese vista a las partes con el oficio de cuenta y anexo; para que dentro del término de tres días manifiesten lo que en su derecho corresponda, apercibidos que de no hacer manifestación alguna, de oficio, este órgano jurisdiccional resolverá sobre el referido cumplimiento, con base en los elementos que obran en el expediente y los datos aportados por la autoridad responsable. Notifíquese personalmente.

  2. Principal

    V I S T O S, para resolver los autos del juicio de amparo número 574/2023; y, R E S U L T A N D O: PRIMERO. Demanda de amparo. Por escrito presentado el once de mayo de dos mil veintitrés, ante la oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Zacatecas, ********************, en su carácter de apoderada legal del ********************, demandó el amparo y protección de la justicia federal en contra de la autoridad y por el acto que más adelante se precisan. El quejoso estimó vulnerados en su perjuicio los artículos 14, 16 y 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; asimismo, narró en la demanda los antecedentes del acto reclamado y formuló los conceptos de violación que consideró pertinentes. SEGUNDO. Admisión. Por razón de turno, correspondió conocer de la referida demanda a este Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Zacatecas, se registró con el número 574/2023; por auto de quince de mayo de dos mil veintitrés, se admitió a trámite la demanda de amparo respecto del acto y la autoridad responsable que más adelante se precisarán, a quien se le solicitó rindiera su respectivo informe justificado; se dio la intervención legal que compete al agente del Ministerio Público de la Federación adscrito y se señaló hora y fecha para la celebración de la audiencia constitucional, la cual tuvo verificativo al tenor del acta que antecede. C O N S I D E R A N D O: PRIMERO. Competencia. Este Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Zacatecas resulta competente para resolver este juicio, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 94, 103, fracción I y 107, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 35 y 107 de la Ley de Amparo; 49 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación y el Acuerdo General 3/2013, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los circuitos en que se divide la República Mexicana, al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito y de los Juzgados de Distrito, porque el acto reclamado le es atribuido a una autoridad laboral cuyos efectos se materializarán dentro del territorio en el que este juzgado ejerce funciones de control constitucional. SEGUNDO. Precisión del acto reclamado y las autoridades responsables. De conformidad con lo establecido en la fracción I del artículo 74 de la Ley de Amparo, es indispensable que en toda sentencia se precise en forma clara el acto reclamado, porque se debe atender a lo que quiso decir la parte quejosa y no únicamente a lo que en apariencia dijo, pues sólo de esta manera se logra congruencia entre lo pretendido y lo resuelto. Es aplicable a lo expuesto, la tesis aislada P. VI/2004, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XIX, abril de 2004, página 255, registro digital 181810, de rubro y texto: "ACTOS RECLAMADOS. REGLAS PARA SU FIJACIÓN CLARA Y PRECISA EN LA SENTENCIA DE AMPARO. El artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo establece que las sentencias que se dicten en el juicio de garantías deberán contener la fijación clara y precisa de los actos reclamados, así como la apreciación de las pruebas conducentes para tenerlos o no por demostrados; asimismo, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido el criterio de que para lograr tal fijación debe acudirse a la lectura íntegra de la demanda sin atender a los calificativos que en su enunciación se hagan sobre su constitucionalidad o inconstitucionalidad. Sin embargo, en algunos casos ello resulta insuficiente, por lo que los juzgadores de amparo deberán armonizar, además, los datos que emanen del escrito inicial de demanda, en un sentido que resulte congruente con todos sus elementos, e incluso con la totalidad de la información del expediente del juicio, atendiendo preferentemente al pensamiento e intencionalidad de su autor, descartando las precisiones que generen oscuridad o confusión. Esto es, el juzgador de amparo, al fijar los actos reclamados, deberá atender a lo que quiso decir el quejoso y no únicamente a lo que en apariencia dijo, pues sólo de esta manera se logra congruencia entre lo pretendido y lo resuelto". Por tanto, del análisis de demanda de amparo, así como de las constancias de autos, revelan que las autoridades responsables y el acto reclamado por la parte quejosa son los siguientes: Autoridad responsable: Junta Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Zacatecas. Actos reclamados: 1) La resolución del incidente de competencia dictada en fecha doce de abril de dos mil veintitrés, derivada del expediente laboral ********************. TERCERO. Existencia del acto reclamado. La Junta Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Zacatecas, al rendir su informe justificado aceptó la existencia del acto reclamado, de ahí que se tenga acreditado el mismo. Lo anterior, se corrobora con las documentales que remitió en apoyo a su informe justificado, consistentes en la copia certificada del expediente laboral ********************, de cuyo contenido se aprecia el auto combatido, constancias que cuentan con valor probatorio pleno, de conformidad con lo establecido en los artículos 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo por disposición expresa de su numeral 2º, así como por la jurisprudencia 226, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que señala: "DOCUMENTOS PÚBLICOS, CONCEPTO DE, Y VALOR PROBATORIO. Tienen ese carácter los testimonios y certificaciones expedidos por funcionarios públicos, en el ejercicio de sus funciones, y, por consiguiente, hacen prueba plena." CUARTO. Análisis de causales de improcedencia. Sea que las partes lo aleguen o no, en el presente caso se examinará si en la especie opera alguna causal de improcedencia, por mediar el orden público en dicha cuestión, de acuerdo con el artículo 62 de la Ley de Amparo. Apoya a lo anterior, la jurisprudencia de rubro y texto siguiente: "IMPROCEDENCIA, CAUSALES DE. EN EL JUICIO DE AMPARO. Las causales de improcedencia del juicio de amparo, por ser de orden público deben estudiarse previamente, lo aleguen o no las partes, cualquiera que sea la instancia." Así, al haberse analizado y valorado previamente todas y cada una de las constancias que conforman el presente juicio, se concluye que no se actualiza algún motivo de improcedencia de manera obvia y objetiva, ni se advierte que las partes hubieran hecho valer alguna, por lo que procede el estudio del fondo del asunto. QUINTO. Estudio del asunto. Se omite la transcripción de los conceptos de violación hechos valer, en virtud de que no existe obligación de ello, pues los principios de congruencia y exhaustividad que rigen en las sentencias de amparo se satisfacen con la precisión de los puntos debatidos y derivados de la demanda de garantías. Lo anterior con apoyo en la jurisprudencia 2a./J. 58/2010 de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 830, Tomo XXXI, Mayo de 2010, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que dice: "CONCEPTOS DE VIOLACIÓN O AGRAVIOS. PARA CUMPLIR CON LOS PRINCIPIOS DE CONGRUENCIA Y EXHAUSTIVIDAD EN LAS SENTENCIAS DE AMPARO ES INNECESARIA SU TRANSCRIPCIÓN. De los preceptos integrantes del capítulo X "De las sentencias", del título primero "Reglas generales", del libro primero "Del amparo en general", de la Ley de Amparo, no se advierte como obligación para el juzgador que transcriba los conceptos de violación o, en su caso, los agravios, para cumplir con los principios de congruencia y exhaustividad en las sentencias, pues tales principios se satisfacen cuando precisa los puntos sujetos a debate, derivados de la demanda de amparo o del escrito de expresión de agravios, los estudia y les da respuesta, la cual debe estar vinculada y corresponder a los planteamientos de legalidad o constitucionalidad efectivamente planteados en el pliego correspondiente, sin introducir aspectos distintos a los que conforman la litis. Sin embargo, no existe prohibición para hacer tal transcripción, quedando al prudente arbitrio del juzgador realizarla o no, atendiendo a las características especiales del caso, sin demérito de que para satisfacer los principios de exhaustividad y congruencia se estudien los planteamientos de legalidad o inconstitucionalidad que efectivamente se hayan hecho valer." Una vez estudiada en su totalidad la demanda de amparo, se advierte que la moral quejosa hace valer un único concepto de violación, el cual se divide en los siguientes argumentos: Que la incidental que resolvió la excepción de incompetencia es incongruente, pues al momento de promover el incidente, señaló que era incompetente en virtud de que se le reclaman prestaciones principales, en tanto que la junta responsable señaló ser competente, porque a su juicio, al ******************** le reclama las aportaciones realizadas a dicho ********************. Que la resolución interlocutoria tiene una indebida fundamentación, pues las tesis que utiliza van encaminadas a la inscripción y las aportaciones que se realizan ante el ********************; en tanto que al referido ******************** se le está demandando un despido injustificado. El concepto de violación vertido por la moral quejosa es fundado. Para dar justificar la decisión de la concesión de amparo, se estudiarán las siguientes cuestiones: 1) Congruencia que debe regir en las sentencias, especialmente en materia laboral; 2) Fundamentación y motivación en las resoluciones de las autoridades; y, 3) Análisis de la congruencia y fundamentación al caso en específico. 1) Congruencia que debe regir en las sentencias, especialmente en materia laboral. Para comenzar, es preciso señalar que la congruencia, junto con la exhaustividad, fundamentación y motivación, son unos de los componentes esenciales que deben regir en cualquier determinación emitida por las autoridades del Estado. Centrándonos en la congruencia, es necesario dejar en claro qué se refiere por congruencia, por lo cual, veamos la definición que emite el diccionario panhispánico del español jurídico, emitido por la Real Academia de la Lengua Española, a saber: "Argumentación o fundamentación en que se basa la parte dispositiva de una sentencia, ajustándose a las pretensiones sostenidas por las partes y respondiendo a la fundamentación establecida en los escritos procesales de las mismas." Ahora bien, de lo relevante de la congruencia también ha sido un motivo de estudio por el Poder Judicial de la Federación, en todos sus órganos, a través de lo cual ha dado origen a tesis en diversas materias. Centrándonos en materia laboral, por la naturaleza de este asunto, podemos traer a esta sentencia de amparo las siguientes tesis: "LAUDO, CONSIDERANDOS Y RESOLUTIVOS EN LOS. CONGRUENCIA. El artículo 842 de la Ley Federal del Trabajo establece el principio de congruencia que debe regir los laudos, según el cual éstos deben ser claros, precisos y acordes con la litis planteada; de ello se sigue que para determinar el alcance preciso del laudo, cuando exista contradicción entre lo considerado y lo resuelto, debe atenderse a los elementos fundamentales del fallo, constituidos por los razonamientos contenidos en los considerandos." "CONGRUENCIA Y EXHAUSTIVIDAD, PRINCIPIOS DE. SUS DIFERENCIAS Y CASO EN QUE EL LAUDO INCUMPLE EL SEGUNDO DE ELLOS. Del artículo 842 de la Ley Federal del Trabajo se advierte la existencia de dos principios fundamentales o requisitos de fondo que deben observarse en el dictado del laudo: el de congruencia y el de exhaustividad. El primero es explícito, en tanto que el segundo queda imbíbito en la disposición legal. Así, el principio de congruencia está referido a que el laudo debe ser congruente no sólo consigo mismo, sino también con la litis, tal como haya quedado establecida en la etapa oportuna; de ahí que se hable, por un lado, de congruencia interna, entendida como aquella característica de que el laudo no contenga resoluciones o afirmaciones que se contradigan entre sí y, por otro, de congruencia externa, que en sí atañe a la concordancia que debe haber con la demanda y contestación formuladas por las partes, esto es, que el laudo no distorsione o altere lo pedido o lo alegado en la defensa sino que sólo se ocupe de las pretensiones de las partes y de éstas, sin introducir cuestión alguna que no se hubiere reclamado, ni de condenar o de absolver a alguien que no fue parte en el juicio laboral. Mientras que el de exhaustividad está relacionado con el examen que debe efectuar la autoridad respecto de todas las cuestiones o puntos litigiosos, sin omitir ninguno de ellos, es decir, dicho principio implica la obligación del juzgador de decidir las controversias que se sometan a su conocimiento tomando en cuenta los argumentos aducidos tanto en la demanda como en aquellos en los que se sustenta la contestación y demás pretensiones hechas valer oportunamente en el juicio, de tal forma que se condene o absuelva al demandado, resolviendo sobre todos y cada uno de los puntos litigiosos que hubieran sido materia del debate. Por tanto, cuando la autoridad laboral dicta un laudo sin resolver sobre algún punto litigioso, en realidad no resulta contrario al principio de congruencia, sino al de exhaustividad, pues lejos de distorsionar o alterar la litis, su proceder se reduce a omitir el examen y pronunciamiento de una cuestión controvertida que oportunamente se le planteó, lo que permite, entonces, hablar de un laudo propiamente incompleto, falto de exhaustividad, precisamente porque la congruencia -externa- significa que sólo debe ocuparse de las personas que contendieron como partes y de sus pretensiones; mientras que la exhaustividad implica que el laudo ha de ocuparse de todos los puntos discutibles. Consecuentemente, si el laudo no satisface esto último, es inconcuso que resulta contrario al principio de exhaustividad que emerge del artículo 842 de la Ley Federal del Trabajo, traduciéndose en un laudo incompleto, con la consiguiente violación a la garantía consagrada en el artículo 17 de la Constitución Federal." De la definición y las tesis expuestas el común denominador tratándose de la congruencia, lo constituye la contestación clara que debe de darle la autoridad responsable a lo que las partes exponen; dicho en otras palabras, ser congruente con la litis. Esta obligación de resolver de manera congruente las resoluciones que se susciten en materia laboral, se encuentran insertas en el artículo 842 de la Ley Federal del Trabajo: "Artículo 842.- Las sentencias deben ser claras, precisas y congruentes con la demanda, contestación, y demás pretensiones deducidas en el juicio oportunamente." En conclusión, como se ha venido insistiendo, la congruencia en las resoluciones dictadas por las autoridades debe ser vital, pues es preciso dar contestación a todas aquellas pretensiones que los ciudadanos elevan ante la potestad, pues de no hacerlo así, se generaría una incertidumbre hacia la población. A continuación, es necesario ahondar en el tema de la fundamentación y la motivación. 2) Fundamentación y motivación en las resoluciones de las autoridades. En lo tocante a la fundamentación y motivación, estos también constituyen preceptos fundamentales que deben encontrarse en cualquier resolución que emita una autoridad. Como premisa, también conviene citar los artículos 14 y 16 de la norma fundamental, que en lo que interesa establecen: "Artículo 14.- (.) Nadie podrá ser privado de la libertad o de sus propiedades, posesiones o derechos, sino mediante juicio seguido ante los tribunales previamente establecidos, en el que se cumplan las formalidades esenciales del procedimiento y conforme a las Leyes expedidas con anterioridad al hecho." "Artículo 16.- Nadie puede ser molestado en su persona, familia, domicilio, papeles o posesiones, sino en virtud de mandamiento escrito de la autoridad competente, que funde y motive la causa legal del procedimiento. (.) No podrá librarse orden de aprehensión sino por la autoridad judicial y sin que preceda denuncia o querella de un hecho que la ley señale como delito, sancionado con pena privativa de libertad y obren datos que establezcan que se ha cometido ese hecho y que exista la probabilidad de que el indiciado lo cometió o participó en su comisión." Los artículos en comento refieren que al momento de emitir determinaciones que incidan en la libertad, propiedades, posesiones o derechos de las personas, la autoridad deberá cumplir con las formalidades esenciales del procedimiento, entendiéndose éstas como el proceso con el que la ley que las faculta para actuar refiera para cada caso concreto, sin apartarse de éste, debiendo además fundar y motivar conforme a la legislación aplicable al asunto en específico, siendo que además no podrá emitirse tal acto de molestia por una autoridad que no sea competente para ello. Inclusive, la Suprema Corte de Justicia de la Nación, ha establecido que la fundamentación y motivación de una resolución jurisdiccional se encuentra en el análisis exhaustivo de los puntos que integran la litis, es decir, en el estudio de las acciones y excepciones del debate, apoyándose en el o los preceptos jurídicos que permiten expedirla y que establezcan la hipótesis que genere su emisión, así como en la exposición concreta de las circunstancias especiales, razones particulares o causas inmediatas tomadas en consideración para la emisión del acto, siendo necesario, además, que exista adecuación entre los motivos aducidos y las normas aplicables al caso. Lo anterior tiene sustento en la jurisprudencia de texto y rubro: "FUNDAMENTACIÓN Y MOTIVACIÓN DE LAS RESOLUCIONES JURISDICCIONALES, DEBEN ANALIZARSE A LA LUZ DE LOS ARTÍCULOS 14 Y 16 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, RESPECTIVAMENTE. Entre las diversas garantías contenidas en el segundo párrafo del artículo 14 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, sustento de la garantía de audiencia, está la relativa al respeto de las formalidades esenciales del procedimiento, también conocida como de debido proceso legal, la cual se refiere al cumplimiento de las condiciones fundamentales que deben satisfacerse en el procedimiento jurisdiccional que concluye con el dictado de una resolución que dirime las cuestiones debatidas. Esta garantía obliga al juzgador a decidir las controversias sometidas a su conocimiento, considerando todos y cada uno de los argumentos aducidos en la demanda, en su contestación, así como las demás pretensiones deducidas oportunamente en el pleito, de tal forma que se condene o absuelva al demandado, resolviendo sobre todos los puntos litigiosos materia del debate. Sin embargo, esta determinación del juzgador no debe desvincularse de lo dispuesto por el primer párrafo del artículo 16 constitucional, que impone a las autoridades la obligación de fundar y motivar debidamente los actos que emitan, esto es, que se expresen las razones de derecho y los motivos de hecho considerados para su dictado, los cuales deberán ser reales, ciertos e investidos de la fuerza legal suficiente para provocar el acto de autoridad. Ahora bien, como a las garantías individuales previstas en la Carta Magna les son aplicables las consideraciones sobre la supremacía constitucional en términos de su artículo 133, es indudable que las resoluciones que emitan deben cumplir con las garantías de debido proceso legal y de legalidad contenidas en los artículos 14 y 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Así, la fundamentación y motivación de una resolución jurisdiccional se encuentra en el análisis exhaustivo de los puntos que integran la litis, es decir, en el estudio de las acciones y excepciones del debate, apoyándose en el o los preceptos jurídicos que permiten expedirla y que establezcan la hipótesis que genere su emisión, así como en la exposición concreta de las circunstancias especiales, razones particulares o causas inmediatas tomadas en consideración para la emisión del acto, siendo necesario, además, que exista adecuación entre los motivos aducidos y las normas aplicables al caso." Entonces, la autoridad jurisdiccional debe fundar y motivar el acto que emite conforme lo disponen los artículos 14 y 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, sea o no acorde a la pretensión de quien le solicita determinado actuar (i) conforme a la legislación vigente aplicable y (ii) conforme a las constancias que obren en autos, resolviendo todos los puntos que integran la litis. Es decir, considerando los conceptos que dan contenido al derecho de legalidad aludida, puede establecerse que la obligación que tiene toda autoridad de fundar y motivar sus actos, tiene las siguientes finalidades: a) Que se pongan de manifiesto las razones de la decisión, por el legítimo interés del justiciable y la comunidad en conocerlas; b) Que se pueda comprobar que la decisión adoptada responde a una determinada interpretación y aplicación del derecho; c) Que las partes tengan la información necesaria para recurrir, en su caso, la decisión; y, d) Que los tribunales de revisión tengan la información necesaria para vigilar la correcta interpretación y aplicación del derecho. Explicado a grandes rasgos la congruencia, la fundamentación y la motivación, procede a su aplicación en el caso concreto. 3) Análisis de la congruencia al caso en específico. En el caso que nos atañe, el ******************** como parte quejosa, señaló que la Junta responsable, al dictar la resolución interlocutoria del incidente de competencia, ésta carece de congruencia y a consecuencia de eso, contiene una inadecuada fundamentación. Como se adelantó, es correcta la apreciación de la moral quejosa. Es el caso, que la licenciada ********************, en su carácter de apoderada del ********************, se apersonó a la audiencia de conciliación, demanda y excepciones, celebrada en fecha diez de octubre de dos mil veintidós. Una vez que se le dio el uso de la voz, promovió incidente de competencia, el cual, hizo valer esencialmente en la idea principal de que el ********************, comparecía en carácter de codemandado; es decir, que se le reclamaban prestaciones que, de resultar fundadas, generarían un menoscabo en su patrimonio, esto al tenor del artículo 527 de la Ley Federal del Trabajo. Seguidos los trámites procesales, en fecha doce de abril de dos mil veintitrés, la Junta Local de Conciliación y Arbitraje del Estado resolvió el incidente de competencia como infundado. Para sostener la calificativa de infundado, se ciñó medularmente en argumentar que al ********************, no le corresponde el carácter de codemandado, pues únicamente se le reclama a la parte patronal la falta de aportaciones a dicho ********************, sin dar mayor argumento; sin embargo, la junta responsable es omisa en dar contestación al argumento toral expresado por dicho ********************. Es decir, no determinó de manera congruente y motivada, por qué no le corresponde el carácter de codemandado, pese a los señalamientos que hace la actora (aquí tercera interesada), y en su caso, fue omisa en señalar si dicha determinación causa un menoscabo o no al patrimonio del ********************. Consecuentemente la autoridad responsable, violenta lo establecido en el artículo 842 de la Ley Federal del Trabajo, pues no da contestación frontal al argumento relativo a que el ******************** es o no parte codemandada, atendiendo a las prestaciones principales que le reclama la actora, esto es, atribuyéndole los beneficios de los trabajos prestados; así, al no dar contestación a lo anterior, deviene en una fundamentación defectuosa. En consecuencia, y como se adelantó, resulta fundado el argumento relativo a la falta de congruencia de la resolución reclamada. SÉPTIMO. Efectos de la concesión de amparo. Al haberse impuesto la concesión del amparo, se hace para los efectos siguientes: Deje insubsistente la resolución de incidente de competencia de fecha doce de abril de dos mil veintitrés, dictada dentro del expediente ********************. En su lugar emita otra, en la que siguiendo los lineamientos de esta ejecutoria y con libertad de jurisdicción dé contestación de manera fundada y motivada al argumento expuesto por el ******************** relativo a su carácter de codemandado dentro del expediente ********************, teniendo en cuenta que se le demanda como beneficiaria de los servicios que prestó la parte actora. Por lo anteriormente expuesto y con apoyo además en los artículos 73, 124, 217 y demás relativos de la Ley de Amparo vigente, se SE RESUELVE ÚNICO. La Justicia de la Unión ampara y protege al ********************, contra el acto reclamado a la autoridad señalada como responsable, por lo motivos expuestos en el considerando quinto de la presente sentencia. Notifíquese, personalmente al quejoso, a los terceros interesados y al agente del ministerio público adscrito, y por oficio a la autoridad responsable.

  3. Principal

    TÉNGASE A LA AUTORIDAD SEÑALADA RINDIENDO SU INFORME JUSTIFICADO, CON EL MISMO DÉSE VISTA A LAS PARTES. SE AUTORIZA COMO DELEGADOS Y DOMICILIO PARA OÍR Y RECIBIR NOTIFICACIONES LOS QUE INDICA LA AUTORIDAD EN CITA.

  4. Principal

    POR LO EXPUESTO, LA CELEBRACIÓN DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL PROGRAMADA PARA EL DÍA DE HOY SE DIFIERE Y, EN SU LUGAR SE FIJAN LAS DIEZ HORAS DEL VEINTIOCHO DE AGOSTO DE DOS MIL VEINTITRÉS.

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