Dora Irma Espinosa Guzmán
Expediente 737/2022 tramitado ante el Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de San Luis Potosí. 2 actuaciones registradas, la última del 27 de junio de 2022.
Datos del expediente
- Expediente
- 737/2022
- Año
- 2022
- Actuaciones
- 2
- Última actuación
- 27/06/2022
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de San Luis Potosí · San Luis Potosí
Partes del expediente
- Dora Irma Espinosa Guzmán
Actuaciones
- Principal
Visto el estado de autos, así como la certificación de cuenta, se advierte que en auto de diecisiete de junio del año en curso, se agregó el oficio signado por Zilka Alfaro Valencia, apoderada del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, mediante el cual, informó que en cumplimiento al auto de ocho de junio de este año, remitía el oficio U.J.2666/2022 de trece de junio de dos mil veintidós, signado por la Subdelegada de Administración en ausencia del Delegado Estatal de dicho Instituto, en el cual se instruyó al Jefe del Departamento de Pensiones y Seguridad e Higiene, a fin de que de manera inmediata diera cumplimiento a la ejecutoria dictada dentro del presente juicio de amparo y le informara si ya gestionaron a nivel central el ajuste respectivo a efecto de que impactara en la nómina más próximo de la parte quejosa, relativo a las operaciones aritméticas correspondientes a la cuota diaria que actualmente debe percibir, o en su caso la imposibilidad debidamente justificada para no hacerlo; sin que a la fecha informara al respecto. Por tanto, con fundamento en el artículo 192 de la Ley de Amparo, requiérase al Delegado del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, como superior jerárquico, también al Subdelegado de Prestaciones Económicas y al Jefe del Departamento de Pensiones, Seguridad e Higiene de la Delegación Estatal del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado en San Luis Potosí, para que dentro del plazo de tres días informen si ya gestionaron a nivel central el ajuste respectivo a efecto de que impacte en la nómina más próxima de la parte quejosa, relativo a las operaciones aritméticas correspondientes a la cuota diaria que actualmente debe percibir, o en su caso, la imposibilidad debidamente justificada para no hacerlo, de todo lo cual deberá remitir las constancias que lo acrediten. Bajo el apercibimiento que, de no cumplir con lo anterior, les será impuesta una multa de cien Unidades de Medida y Actualización vigentes, a cada uno, en términos del numeral 258 de la ley en cita y, se remitirá el expediente al Tribunal Colegiado correspondiente, para el trámite de la inejecución de sentencia.
- Principal
Agréguese el escrito signado por Carlos Alberto Angelino Barrón, representante común los quejosos, mediante el cual pretenden desahogar la prevención que se les formuló en acuerdo de veintisiete de abril del año en curso. 1. SEPARACIÓN DE JUICIOS. En primer término, resulta dable invocar como hecho notorio la ejecutoria dictada por el Octavo Tribunal Colegiado en Materia Penal del Primer Circuito, al resolver el conflicto competencial 1/2022, de conformidad con el artículo 88 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo y con sustento en la jurisprudencia P./J. 16/2018 (10a.). Lo anterior ya que, de manera coincidente con la ejecutoria precitada, a fin de privilegiar los principios de acceso a la justicia y la impartición, tutela pronta, expedita y completa en este expediente, se estima que los actos reclamados en este juicio constitucional no guardan relación entre ellos por provenir de distintas autoridades responsables las que los emiten -como se explicará más adelante-, se procede a la separación de juicios. Lo anterior, encuentra apoyo en la jurisprudencia P./J.76/972, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que dice: "SEPARACIÓN DE JUICIOS. SU PROCEDENCIA. Si en una demanda de amparo se reclaman actos emanados de juicios diversos, desvinculados entre sí, y dicha demanda ha sido admitida por el Juez de Distrito, o bien, tal circunstancia es advertida durante la tramitación del juicio (hasta antes de la celebración de la audiencia constitucional), con motivo de los informes justificados que rindan la o las autoridades responsables, podría iniciarse de oficio la separación de juicios, figura ésta, que al no estar específicamente regulada en la Ley de Amparo, debe por ello quedar contenida en la jurisprudencia, tomando como base el artículo 57 de esa ley, que establece la acumulación, deduciéndolo en sentido contrario, por lo que puede concluirse que, fuera de los casos que ahí se prevén, en cualquier otro supuesto se requiere hacer la separación". Del anterior criterio se advierte que si existe la posibilidad de acumular juicios de amparo (a fin de evitar resoluciones contradictorias, cuando los actos reclamados en éstos se encuentran vinculados entre sí); lo cual se constata con el contenido del artículo 72 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la ley de la materia; entonces, aplicado dicho precepto en sentido contrario, es procedente ordenar la separación de juicios cuando en uno mismo se reclamen a autoridades con naturaleza distinta, actos diversos uno de los otros; esto es que no tienen esa vinculación; lo anterior, con la finalidad de que se estudien en juicios por separado. Ahora bien, del análisis integral de la demanda de amparo, se advierte que se designaron como autoridades responsables y se señalaron como actos reclamados los siguientes: Autoridades responsables administrativas y administrativas penales Actos reclamados 1. Director de la Penitenciaria de la Ciudad de México. 2. Subdirector Jurídico de la Penitenciaria de la Ciudad de México. 3. Subdirector de Seguridad de la Penitenciaria de la Ciudad de México. 4. Comité Técnico de la Penitenciaria de la Ciudad de México. 5. - Subdirectora de Apoyo Técnico de la Penitenciaria de la Ciudad de México. 6. Jefe de Unidad Departamental del Centro de Diagnóstico, Ubicación y Determinación del Tratamiento de la Penitenciaria de la Ciudad de México. 7. Subsecretario del Sistema Penitenciario de la Ciudad de México. 8. Secretario de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México. 9. Jefe de Gobierno de la Ciudad de México. 10. Jefatura de Unidad Departamental de Jurídico y Normatividad de la Penitenciaria de la Ciudad de México. - La orden de traslado de los quejosos de la Penitenciaría de la Ciudad de México a otro centro de reclusión, así como su ejecución. - La orden de reubicación de los quejosos de dormitorios a otros dormitorios de diversos módulos, módulos, que genera afectaciones psicofísicas y psicoemocionales. - Ataques y actos de coacción contra Carlos Alberto Angelino Barrón por ser defensor y promotor de derechos humanos de la comunidad LGBTI. - Desacato de cumplir órdenes judiciales. - Actos prohibidos del 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 15 de la Ley de Amparo. - Intimidación. -Discriminación. -Violación al principio pro persona. - Omisión de suspender de sus funciones a servidores públicos bajo investigación ministerial, por la comisión de actos constitutivos de delito. - Encubrimiento de actos constitutivos del delito de tortura. - Coacción y actos de intimidación contra Juan Manuel Espinosa González para elaboración del escrito de catorce de enero de dos mil veintidós. - Restricción de comunicación, contacto y convivencia entre los quejosos como medio de coacción, intimidación y represalias. 11. Fiscalía de Servidores Públicos de la Ciudad de México. - Omisión de investigar actos constitutivos de delitos cometidos por servidores públicos contra los quejosos. 12. Subsecretario del Sistema Penitenciario de la Ciudad de México. 13. Secretario de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México 14. Jefa de Gobierno de la Ciudad de México. 15. Contraloría de la Ciudad de México. 16. Consejo de Honor y Justicia de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México. - Omisión de suspender de sus funciones a los servidores públicos bajo investigación ministerial, por la comisión de actos constitutivos de delito. - Encubrimiento de actos constitutivos del delito de tortura. Autoridades responsables jurisdiccionales federales Actos reclamados - Jueces de Distrito de Amparo en Materia Penal en la Ciudad de México. - Jueces de Distrito de Amparo en Materia Administrativa y Civil en la Ciudad de México. - Jueces de Distrito de Aguascalientes, Colima, Chiapas, Campeche, Coahuila, Chihuahua, Durango, Estado de México, Guerrero, Guanajuato, Hidalgo, Jalisco, Nayarit, Nuevo León, Morelos, Michoacán, Oaxaca, Puebla, Querétaro, Quintana Roo, San Luis Potosí -excepto los de ciudad capital-, Sinaloa, Sonora, Tlaxcala, Veracruz, Yucatán, Tabasco y Zacatecas. - Violación al principio pro persona. - Inaplicación de criterios internacionales. De lo expuesto se observa que los actos reclamados a las autoridades formalmente administrativas y administrativas penales, se encuentran desvinculados de aquellos atribuidos a los Jueces Federales, porque como son de diversa naturaleza, necesariamente son autónomos ya sea de naturaleza administrativa o jurisdiccional, circunstancia que impide el conocimiento integral de la demanda en los términos planteados, como se explicará enseguida. Quedó ilustrado en líneas anteriores que de las autoridades administrativas (primer cuadro), se reclaman actos que los promoventes del amparo consideran atentan contra la "libertad personal" de los quejosos directos, por derivar de la reclusión a que éstos se encuentran sujetos, como son: el traslado y la reubicación (fuera de procedimiento), de los cuales derivan los actos que señalan como de los prohibidos del artículo 22 constitucional y 15 de la Ley de Amparo; así como las omisiones que reclaman. En cambio, debe destacarse que, en otra parte de la demanda (segundo cuadro), se acotó que, de los diversos Jueces de Distrito señalados como autoridades responsables, se reclama exclusivamente la violación al principio pro persona y la inaplicación de criterios internacionales. Señalamiento el cual permite advertir que dadas las funciones y actividad legalmente regulada de dichas autoridades por la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación y desde una óptica concreta de capacidad y potencialidad de accionar y afectación material realmente posible en relación con los actos específicamente a ellos atribuidos, resulta alejado o ajeno a la esfera jurídica de la parte quejosa y; por ende, al no advertir que los actos que reclama dependan unos de otros, precisamente por no derivar de un mismo hecho generador, ni incidir en cuestiones jurídicas que a su vez no dependen necesariamente una de la otra, entonces, resulta infactible la posible vinculación de causa efecto con los diversos actos que reclamó de las autoridades restantes, dado que no existe relación con la acción o ejecución de los mismos. Por tanto, bajo un criterio racional y en aras de una correcta administración de justicia, es dable establecer que al haberse reclamado en una sola demanda actos diversos unos de los otros y atribuírselos a autoridades con naturaleza distinta, lo procedente es ordenar la separación de los juicios. Resulta ilustrativo a lo anterior, la tesis II.2o.P.28 K (10a.) que dispone: "INDIVISIBILIDAD DE LA DEMANDA DE AMPARO. NO APLICA TRATÁNDOSE DE ACTOS RECLAMADOS TOTALMENTE DESVINCULADOS ENTRE SÍ, POR LO QUE PROCEDE LA SEPARACIÓN DE ÉSTOS DE ACUERDO CON LA COMPETENCIA DE CADA UNA DE LAS AUTORIDADES QUE DEBEN CONOCER DEL JUICIO CONSTITUCIONAL, SIN QUE ELLO IMPLIQUE DIVIDIR LA CONTINENCIA DE LA CAUSA. Si bien es cierto que el Máximo Tribunal del País ha establecido que las disposiciones relativas a la Ley de Amparo, manifiestan un claro espíritu en el sentido de la indivisibilidad de la demanda considerándola como un todo, también lo es que esta interpretación no debe tomarse como regla general de modo rígido, pues ello obedeció al supuesto en el que los actos reclamados se encuentren fuertemente ligados entre sí, formando una unidad que no es posible desmembrar; sin embargo, puede darse el caso de que existan varios actos que respecto a su cualificación asignada por la ley necesariamente deban conocer de unos, un Tribunal Unitario de Circuito y, de otros, un Juzgado de Distrito, verbigracia, tratándose de un acto consistente en la reposición del procedimiento ordenada por un Tribunal Unitario y, como consecuencia de ello, sobrevino el dictado de un auto de formal prisión por el Juez de Distrito, porque son actos totalmente desvinculados entre sí; de ahí la razón de la separación de los actos de acuerdo con la competencia de cada una de las autoridades que conocen del juicio de amparo, sin que ello implique dividir la continencia de la causa". La presente separación tiene sustento en lo determinado por el Octavo Tribunal Colegiado en Materia Penal del Primer Circuito, al resolver el conflicto competencial 1/2022, del que se advierte, en lo que interesa, lo siguiente: La Jueza Primero de Distrito en el Estado de Tlaxcala, con residencia en Apizaco, determinó la separación de los juicios, al advertir, como ahora lo hace este juzgado, que en el escrito inicial de demanda, los actos reclamados a distintas autoridades señaladas como responsables, no guardan vínculo entre sí; por tanto, consideró idónea la escisión de la controversia y el análisis por cuerda separada cada reclamo. El referido Tribunal Colegiado determinó que el análisis integral y acucioso de la demanda de amparo permitía apreciar dos apartados tácitamente diferenciados por su contenido, tal como lo hizo la Jueza Primero de Distrito en el Estado de Tlaxcala, quien para diferenciarlos destacó en dos distintos recuadros los actos y autoridades, en atención a la naturaleza jurídica que revisten. Primero, se destacaron las autoridades denominadas como "formalmente administrativas y administrativas penales", y actos específicos reclamados -entre los que destacan, el traslado de los impetrantes a distinto centro de reclusión, la reubicación de dormitorio, cualquiera de los prohibidos en el artículo 22 constitucional, intimidación y represalias-. En el segundo, fueron anotadas las autoridades "jurisdiccionales federales" y actos atribuidos -violación al principio pro persona, inaplicabilidad de criterios internacionales pro persona y discriminación-. Como precisó el Octavo Tribunal Colegiado en Materia Penal del Primer Circuito, la distinción destacada, por la Jueza Primero de Distrito en el Estado de Tlaxcala no fue discrecional o arbitraria, sino correspondiente y congruente con el escrito inicial. El citado Tribunal Colegiado adujo que de manera acertada se determinó que cada uno de los aspectos planteados en la demanda, administrativo y jurisdiccional, era factible atenderlo por cuerda separada, sin afectar la continencia de la causa, porque implicaba emprender un estudio distinto, debido al ámbito de atribuciones de las autoridades señaladas como responsables y a la naturaleza intrínseca de los actos que en específico se les reclamó; además, ninguna referencia se tenía que derivaran del mismo hecho generador. Estableció que situación contraria sería, si un mismo acto lo reclaman los impetrantes a todas las autoridades responsables, en ese caso, identificadas como administrativas y jurisdiccionales; porque en ese supuesto, predominaba la eventual posibilidad de que, de alguna forma tuvieron injerencia en su emisión o ejecución, y por ello sería necesario abordar su estudio en el mismo asunto; lo que en el particular no aconteció; lo que dejó en evidencia de que los actos reclamados en la demanda no guardaban relación, ni dependían entre sí; por lo que conllevan a un análisis distinto, que era conveniente atender por separado. Concluyó que la escisión de la contienda, en el caso, permitiría privilegiar el acceso a la justicia, y la impartición, tutela pronta, expedita y completa en el expediente que se apertura a virtud de la separación indicada; por lo que lo manifestado en la demanda, resulta suficiente para advertir que es viable y preferible, el análisis individualizado e independiente de los actos reclamados, mediante la separación de juicios; estando a cargo del órgano de control constitucional competente, en cada caso, garantizar el trámite debido y la resolución de la controversia. En este orden de ideas se puntualiza que la determinación de separar los juicios, en modo alguno deja en estado de indefensión a la parte quejosa, pues la totalidad de los actos será atendida en su integridad pero en diversos juicios de amparo donde podrá acceder y ejercer sus derechos; además, la separación de juicios resulta procedente en este momento procesal a efecto de evitar una posible reposición de procedimiento en perjuicio de los quejosos, como se advierte del criterio contenido en la tesis II.3o.P.29 K (10a.), que establece: "REPOSICIÓN DEL PROCEDIMIENTO EN EL AMPARO INDIRECTO. EL TRIBUNAL COLEGIADO DE CIRCUITO QUE CONOZCA DE LA REVISIÓN DEBE ORDENARLA PARA QUE SE TRAMITE EL INCIDENTE DE SEPARACIÓN DE JUICIOS, SI ADVIERTE QUE LOS ACTOS RECLAMADOS ESTÁN DESVINCULADOS ENTRE SÍ, Y SE SEÑALA COMO AUTORIDADES RESPONSABLES A TODOS LOS JUECES DEL CIRCUITO CON EXCEPCIÓN DE UNO, ASÍ COMO A DIVERSAS DE NATURALEZA DISTINTA, CON EL FIN DE ELUDIR EL SISTEMA DE TURNO DEL PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN. Si de la lectura de la demanda de amparo indirecto, el Tribunal Colegiado de Circuito que conoce de la revisión, advierte que los actos reclamados están desvinculados entre sí y que el quejoso intenta eludir el Sistema de Turno del Poder Judicial de la Federación, porque señala como autoridades responsables a diversas con naturaleza distinta, así como a todos los Jueces del Circuito, con excepción de uno (el que pretende que se vea obligado a conocer del asunto); ello permite al tribunal revisor ordenar la reposición del procedimiento hasta antes de la celebración de la audiencia constitucional, para que el a quo tramite el incidente de separación de juicios respecto de los actos desvinculados entre sí y, posteriormente, resuelva lo que en derecho corresponda en cada juicio, en aras de una correcta administración de justicia, aun cuando la Ley de Amparo no prevea la figura de separación de juicios, pues ello no impide su tramitación con apoyo en el Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a aquélla." Luego, a fin de que tales actos puedan analizarse a través de la instancia constitucional y por conducto de las autoridades competentes, se determina la separación de los actos en los términos precisados con antelación (cuadro uno y cuadro dos); procediéndose a emitir el pronunciamiento correspondiente. II. INCOMPETENCIA. En el caso se actualiza un motivo de incompetencia respecto de las autoridades responsables y actos reclamados siguientes: Autoridades responsables administrativas y administrativas penales Actos reclamados 1. Director de la Penitenciaria de la Ciudad de México. 2. Subdirector Jurídico de la Penitenciaria de la Ciudad de México. 3. Subdirector de Seguridad de la Penitenciaria de la Ciudad de México. 4. Comité Técnico de la Penitenciaria de la Ciudad de México. 5. - Subdirectora de Apoyo Técnico de la Penitenciaria de la Ciudad de México. 6. Jefe de Unidad Departamental del Centro de Diagnóstico, Ubicación y Determinación del Tratamiento de la Penitenciaria de la Ciudad de México. 7. Subsecretario del Sistema Penitenciario de la Ciudad de México. 8. Secretario de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México. 9. Jefe de Gobierno de la Ciudad de México. 10. Jefatura de Unidad Departamental de Jurídico y Normatividad de la Penitenciaria de la Ciudad de México. - La orden de traslado de los quejosos de la Penitenciaría de la Ciudad de México a otro centro de reclusión, así como su ejecución. - La orden de reubicación de los quejosos de dormitorios a otros dormitorios de diversos módulos, módulos, que genera afectaciones psicofísicas y psicoemocionales. - Ataques y actos de coacción contra Carlos Alberto Angelino Barrón por ser defensor y promotor de derechos humanos de la comunidad LGBTI. - Desacato de cumplir órdenes judiciales. - Actos prohibidos del 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 15 de la Ley de Amparo. - Intimidación. -Discriminación. -Violación al principio pro persona. - Omisión de suspender de sus funciones a servidores públicos bajo investigación ministerial, por la comisión de actos constitutivos de delito. - Encubrimiento de actos constitutivos del delito de tortura. - Coacción y actos de intimidación contra Juan Manuel Espinosa González para elaboración del escrito de catorce de enero de dos mil veintidós. - Restricción de comunicación, contacto y convivencia entre los quejosos como medio de coacción, intimidación y represalias. 11. Fiscalía de Servidores Públicos de la Ciudad de México. - Omisión de investigar actos constitutivos de delitos cometidos por servidores públicos contra los quejosos. 12. Subsecretario del Sistema Penitenciario de la Ciudad de México. 13. Secretario de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México 14. Jefa de Gobierno de la Ciudad de México. 15. Contraloría de la Ciudad de México. 16. Consejo de Honor y Justicia de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México. - Omisión de suspender de sus funciones a los servidores públicos bajo investigación ministerial, por la comisión de actos constitutivos de delito. - Encubrimiento de actos constitutivos del delito de tortura. Marco normativo. El artículo 37 de la Ley de Amparo, dice: "Artículo 37. Es juez competente el que tenga jurisdicción en el lugar donde el acto que se reclame deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se esté ejecutando o se haya ejecutado. Si el acto reclamado puede tener ejecución en más de un distrito o ha comenzado a ejecutarse en uno de ellos y sigue ejecutándose en otro, es competente el juez de distrito ante el que se presente la demanda. Cuando el acto reclamado no requiera ejecución material es competente el juez de distrito en cuya jurisdicción se haya presentado la demanda". De la disposición normativa transcrita se obtienen tres reglas básicas para determinar la competencia de los jueces de distrito, en cuanto al conocimiento de los juicios de amparo; dichas reglas para una mejor comprensión se puntualizan a continuación: a) La primera regla se caracteriza porque con independencia del lugar en el que radique la autoridad emisora del acto reclamado, el parámetro que se toma en consideración para determinar la competencia del juez de distrito consiste en que ejerza jurisdicción en el lugar donde deba tener ejecución, trate de llevarse a cabo, se realice o se haya ejecutado el acto reclamado, lo cual obviamente presupone que dicho acto es de aquellos que después de su emisión, por su índole, requieren de ejecución por parte de una autoridad diversa a la ordenadora. b) La segunda más que una regla diversa en cuanto a la temática en análisis, constituye más bien un matiz de la anterior pauta, ya que sobre el mismo criterio para la determinación de la competencia del correspondiente juez de distrito, a que se ha hecho alusión en el inciso precedente, se establece que en el caso de que el acto reclamado pueda tener ejecución en más de un distrito o haya comenzado a ejecutarse en uno de ellos y siga ejecutándose en otro, entonces cualquiera de los jueces federales de esas jurisdicciones, que haya prevenido, será el competente para conocer de la demanda de amparo. c) En el tercer párrafo del precepto en comento se establece la regla consistente en que cuando la resolución reclamada en el juicio de amparo no requiera de ejecución material, resulta competente el juez de distrito en cuya jurisdicción se haya presentado la demanda. Análisis del caso concreto. En el caso de la orden de traslado, la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación al resolver la contradicción de tesis 90/2007-PS, de la que derivó la jurisprudencia 1a./J. 35/2008, de rubro: "COMPETENCIA PARA CONOCER DEL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO INTERPUESTO CONTRA UNA ORDEN DE TRASLADO DE UN REO DE UN CENTRO PENITENCIARIO A OTRO. SE SURTE A FAVOR DEL JUEZ DE DISTRITO QUE PREVINO.", determinó que, la orden para trasladar a un reo de un centro de reclusión a otro, por su naturaleza jurídica, es un acto de tracto sucesivo, pues sus efectos no se agotan con su sola emisión, sino que se prolongan en el tiempo con motivo de su ejecución, la cual culmina hasta que es ingresado en el otro centro penitenciario; dicho criterio tomó como referencia lo dispuesto en el párrafo segundo del artículo 36 de la Ley de Amparo abrogada, cuyo contenido es similar a la regla competencial prevista en el segundo párrafo del artículo 37 de la Ley de Amparo vigente. Sin embargo, no se analizó si tal porción normativa resultaba aplicable para determinar qué Juez de Distrito es el legalmente competente por razón de territorio para conocer de una demanda de amparo indirecto promovida contra la orden de traslado de un interno de un centro penitenciario a otro, ubicado en un distrito judicial distinto, cuando sólo se tiene noticia cierta sobre el lugar donde comenzará la ejecución de ese acto, pero no del sitio donde continuará ejecutándose. En ese caso específico, la Primera Sala ha establecido que la competencia para conocer del asunto corresponderá al Juez de Distrito con residencia en el lugar donde el quejoso se encuentre recluido, en términos del párrafo primero del mencionado artículo 37, pues no hay duda de que ahí se iniciará a materializar ese acto de autoridad y no se sabe si tal traslado será o no a un Distrito Judicial distinto. De lo contrario, la delimitación de la competencia territorial quedaría a voluntad del quejoso, quien estaría en condiciones de presentar la demanda en un lugar distinto al sitio donde está recluido, bajo la sola manifestación, no corroborada, de que la citada orden de traslado "podría" ejecutarse en aquella demarcación territorial, sin importar si efectivamente esto será o no así. Las anteriores consideraciones tienen sustento en la Tesis 1a./J. 64/2019 (10a.), de contenido siguiente: "COMPETENCIA PARA CONOCER DEL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO CONTRA LA ORDEN DE TRASLADO DE UN INTERNO DE UN CENTRO DE RECLUSIÓN A OTRO, CUANDO SÓLO SE TIENE NOTICIA CIERTA DEL LUGAR DONDE COMENZARÁ LA EJECUCIÓN DE ESE ACTO, PERO NO DEL SITIO DONDE CONTINUARÁ EJECUTÁNDOSE. SE SURTE A FAVOR DEL JUEZ DE DISTRITO CON RESIDENCIA EN EL LUGAR DONDE EL QUEJOSO SE ENCUENTRE RECLUIDO. La Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación al resolver la contradicción de tesis 90/2007-PS, de la que derivó la jurisprudencia 1a./J. 35/2008, de rubro: "COMPETENCIA PARA CONOCER DEL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO INTERPUESTO CONTRA UNA ORDEN DE TRASLADO DE UN REO DE UN CENTRO PENITENCIARIO A OTRO. SE SURTE A FAVOR DEL JUEZ DE DISTRITO QUE PREVINO.", determinó que, la orden para trasladar a un reo de un centro de reclusión a otro, por su naturaleza jurídica, es un acto de tracto sucesivo, pues sus efectos no se agotan con su sola emisión, sino que se prolongan en el tiempo con motivo de su ejecución, la cual culmina hasta que es ingresado en el otro centro penitenciario; dicho criterio tomó como referencia lo dispuesto en el párrafo segundo del artículo 36 de la Ley de Amparo abrogada, cuyo contenido es similar a la regla competencial prevista en el segundo párrafo del artículo 37 de la Ley de Amparo vigente. En esa ocasión no se analizó si tal porción normativa resultaba aplicable para determinar qué Juez de Distrito es el legalmente competente por razón de territorio para conocer de una demanda de amparo indirecto promovida contra la orden de traslado de un interno de un centro penitenciario a otro, ubicado en un Distrito Judicial distinto, cuando sólo se tiene noticia cierta sobre el lugar donde comenzará la ejecución de ese acto, pero no del sitio donde continuará ejecutándose. Así, para esta Primera Sala en ese caso específico no puede aplicarse esa regla competencial, dado que su actualización parte de la existencia de datos objetivos que permitan colegir que el acto reclamado tendrá ejecución en un Distrito Judicial distinto del cual se tenga noticia cierta. De no constar esa información, la competencia para conocer del asunto corresponderá al Juez de Distrito con residencia en el lugar donde el quejoso se encuentre recluido, en términos del párrafo primero del mencionado artículo 37, pues no hay duda de que ahí se iniciará a materializar ese acto de autoridad y no se sabe si tal traslado será o no a un Distrito Judicial distinto. De lo contrario, la delimitación de la competencia territorial quedaría a voluntad del quejoso, quien estaría en condiciones de presentar la demanda en un lugar distinto al sitio donde está recluido, bajo la sola manifestación, no corroborada de que la citada orden de traslado "podría" ejecutarse en aquella demarcación territorial, sin importar si efectivamente esto será o no así. Por tanto, la regla prevista en el párrafo segundo del artículo 37 de la Ley de Amparo para decidir qué Juez de Distrito es el competente para conocer del asunto, a prevención, sólo es aplicable cuando el traslado: a) efectivamente sea a un centro de reclusión ubicado en un distinto Distrito Judicial; y b) se tenga noticia cierta del Distrito Judicial al que se trasladará." Pues bien, en el caso que nos ocupa, los quejosos están recluidos en un centro penitenciario ubicado en la Ciudad de México, es decir, en un distrito judicial distinto al en que este Juzgado de Distrito tiene competencia y jurisdicción. Además, de lo narrado en la demanda de amparo, se pone de manifiesto que los promoventes no tienen noticia del lugar al que serán trasladados. En consecuencia, cobra aplicación la regla a que se ha hecho mención, en cuanto a que la competencia para conocer del asunto corresponde al Juez de Distrito con residencia en el lugar donde los quejosos se encuentran recluidos, pues no hay duda de que ahí se iniciará a materializar ese acto de autoridad y no se sabe si tal traslado será o no a un Distrito Judicial distinto. Al estar estrechamente vinculados y derivar de la posible orden de traslado en perjuicio de los quejosos, lo mismo acontece respecto de los actos restantes consistentes en: - La orden de reubicación de los quejosos de dormitorios a otros dormitorios de diversos módulos, módulos, que genera afectaciones psicofísicas y psicoemocionales. - Ataques y actos de coacción contra Carlos Alberto Angelino Barrón por ser defensor y promotor de derechos humanos de la comunidad LGBTI. - Desacato de cumplir órdenes judiciales. - Actos prohibidos del 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 15 de la Ley de Amparo. - Intimidación. -Discriminación. -Violación al principio pro persona. - Omisión de suspender de sus funciones a servidores públicos bajo investigación ministerial, por la comisión de actos constitutivos de delito. - Encubrimiento de actos constitutivos del delito de tortura. - Coacción y actos de intimidación contra Juan Manuel Espinosa González para elaboración del escrito de catorce de enero de dos mil veintidós. - Restricción de comunicación, contacto y convivencia entre los quejosos como medio de coacción, intimidación y represalias. - Omisión de investigar actos constitutivos de delitos cometidos por servidores públicos contra los quejosos. En ese sentido, es posible arribar al convencimiento de que este Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de San Luis Potosí, con residencia en la ciudad del mismo nombre, es legalmente incompetente por razón de territorio para conocer y resolver el presente asunto. Así es, cobra actualidad la regla contenida en el artículo 37, en cuanto a que es juez competente el que tenga jurisdicción en el lugar donde el acto que se reclame deba tener ejecución o se esté ejecutando; dado que, si los quejosos están recluidos en un centro carcelario de la Ciudad de México, es en ese lugar donde se ejecutan o donde tendrán ejecución los actos que se reclaman; en consecuencia, este juzgado DECLINA LA COMPETENCIA a favor del Juzgado de Distrito de Amparo en Materia Penal en la Ciudad de México, en turno; por lo que se le solicita acuse de recibo correspondiente e informe a este juzgado si acepta o no la competencia declinada a su favor. Sin soslayar que los Juzgados de Distrito en Materia Penal fueron señalados como autoridades responsables, sin embargo, los actos por los que se declina competencia, no son atribuidos a dichas autoridades jurisdiccionales como se explicó al inicio de esta determinación. Decisión. De tal suerte, en términos de lo dispuesto en los artículos 103, fracción I, y 107, fracción VII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 49 y 50 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, 37 de la Ley de Amparo; es competente para conocer del presente asunto el Juez de Distrito de Amparo en Materia Penal, con residencia en Ciudad de México, en turno, en cuya jurisdicción tiene ejecución el acto reclamado. Por consiguiente, con fundamento en los artículos 47 y 48 de la ley de la materia, remítase al Juez de Distrito de Amparo en Materia Penal, con residencia en Ciudad de México, en turno, por conducto de la Oficina de Correspondencia Común respectiva, copia certificada del presente juicio de amparo 470/2022-VII, a efecto de que se encuentre en aptitud de resolver lo que conforme a derecho proceda. Solicítese atentamente el acuse de recibo correspondiente. III.PREVENCIÓN. Por otra parte, respecto de los actos reclamados a los diversos jueces federales, se provee: Toda vez que de lo anterior, se advierte que se acordó la separación de juicios, respecto de los diversos actos reclamados por los quejosos; siendo que a este Juzgado, únicamente le corresponde conocer de los consistentes en: Violación al principio pro persona. Inaplicación de criterios internacionales. Por tanto, en cuanto al escrito de los quejosos en el que pretenden desahogar la prevención formulada en acuerdo de veintisiete de abril del año en curso, no se advierte qué acto le atribuye a cada uno de los Jueces de Distrito que señala como responsables. En estas condiciones, a efecto de determinar lo que en derecho proceda respecto de la demanda de mérito, con fundamento en el artículo 108, fracciones III y IV, en relación con el diverso 114, fracciones I, II y IV de la Ley de Amparo, prevéngase a los quejosos para que dentro del plazo de cinco días, contado a partir del siguiente al en que surta efectos la notificación del presente proveído, por escrito se sirvan aclarar su demanda de amparo en lo siguiente: Precisen de manera clara y concreta qué actos les reclaman a cada uno de los Jueces Federales que señalan como responsables en su escrito de demanda. Es aplicable la tesis número P./J.352001, visible a fojas 79, Tomo XIII, abril de 2001, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, registro 189979. Apercibimiento. Apercíbase a la parte quejosa que de no cumplir con las prevenciones indicadas dentro del término concedido, con fundamento en el citado artículo 114, penúltimo párrafo, de la Ley de Amparo, se tendrá por no presentada la demanda de Amparo. Notificación del presente acuerdo, gira primer exhorto. En atención a que los promoventes se encuentran recluidos en el Centro Penitenciario de la Ciudad de México, conocido también como el Polígono de Santa Martha, ubicado en la Zona oriente, Avenida Ermita Iztapalapa en el Kilómetro 17.5, de la carretera a México a Puebla de Zaragoza; de conformidad con lo dispuesto por los artículos 298 y 299 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de la materia, gírese atento exhorto al Juez de Distrito de Amparo en Materia Penal en turno, con residencia en Ciudad de México, para que en auxilio de las labores de este Juzgado, faculte al Actuario de su adscripción, a fin de que se constituya en dicho lugar, o bien agote todos los medios legales a su alcance para notificar la presente determinación a los quejosos Carlos Alberto Angelino Barrón, Juan Manuel Espinosa González, Edwin Daniel Guerra Córdova, Luis Gabriel Jop Corzo, José Othón Ramiro Hernández Lima, José Antonio Contreras Chávez, Enrique Mejía Bello, Enrique Alvarado Saucillo, Eduardo Ampudia Fraustro, Eduardo Flores Castro, Renan Hidalgo Echazarreta e Iván López Hinojosa. Para ello, se faculta al juez exhortado para que habilite al actuario judicial de su adscripción que corresponda, o a quien tenga que practicar la diligencia solicitada, días y horas inhábiles, para el efecto de agilizar el presente juicio, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 21 de Ley de Amparo, atento a los principios de economía procesal y de concentración en el proceso y a fin de dar puntual cumplimiento a la garantía consagrada en el artículo 17 constitucional. Quedando facultado el Juez exhortado para que dicte todos los acuerdos y acciones tendentes a la diligenciación del exhorto y, en su caso, agote los medios de apremio legales para llevar a cabo la encomienda correspondiente. El exhorto de mérito gírese a través del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE) como comunicación oficial electrónica, de conformidad con el artículo 79 del Acuerdo General 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite del expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo; sin que haya necesidad de requerir al Juzgado exhortado el acuse de recibo respectivo, en razón de que éste se genera automáticamente una vez enviada la comunicación oficial por la referida vía (SISE). En la inteligencia que no será necesario volver ingresar en la comunicación oficial generada, en el apartado de "autoridad a la que se envía" la firma electrónica del titular de este órgano jurisdiccional, dado que la misma será generada con motivo de la autorización del presente acuerdo a través del módulo "panel condensado" disponible en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. Se solicita asimismo la devolución de la comunicación oficial a través del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, en cumplimiento a la expedita impartición de justicia que prevé el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, con independencia de que considere realizarlo vía correo ordinario. Escrito folio 14941. Por otra parte, glósese el diverso escrito de Carlos Alberto Angelino Barrón, representante especial de los quejosos, mediante el cual señala como defensoras a Paula Abigail Durán Camargo, Claudia Ivonne Dañino López, Zaira Pérez Arellano, Esther Osnaya Osnaya y Adriana García García. Gira segundo exhorto. Por tanto, dado que Paula Abigail Durán Camargo, Claudia Ivonne Dañino López, Zaira Pérez Arellano, Esther Osnaya Osnaya y Adriana García García se encuentran adscritas a la Defensoría Pública en la Ciudad de México; de conformidad con lo dispuesto por los artículos 298 y 299 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la ley de la materia, gírese atento exhorto al Juez de Distrito de Amparo en Materia Penal en turno, con residencia en Ciudad de México, para que en auxilio de las labores de este Juzgado, faculte al Actuario de su adscripción, a fin de que se constituya en el domicilio oficial de la Defensoría Pública en la Ciudad de México y, en dicho lugar localice a Paula Abigail Durán Camargo, Claudia Ivonne Dañino López, Zaira Pérez Arellano, Esther Osnaya Osnaya y Adriana García García y las requiera para que, en el acto de la diligencia o en el término de tres días manifiesten por escrito si aceptan y protestan el cargo de defensoras de los quejosos, para lo cual se les remite copia del escrito de demanda y del escrito en el que el representante común de los quejosos las señala como defensoras. En caso de no entender la diligencia directamente con Paula Abigail Durán Camargo, Claudia Ivonne Dañino López, Zaira Pérez Arellano, Esther Osnaya Osnaya y Adriana García García, comuníquese al Juez exhortante que deberá cerciorarse que en dicho lugar se puede localizar a las nombradas y, de ser así, dejar el citatorio correspondiente para la notificación respectiva. Apercibimiento. Apercíbase a Paula Abigail Durán Camargo, Claudia Ivonne Dañino López, Zaira Pérez Arellano, Esther Osnaya Osnaya y Adriana García García que de no hacerlo o manifestar impedimento para ello, se les impondrá una multa, a cada una, equivalente a cincuenta Unidades de Medida y Actualización vigentes, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 237, fracción I, en relación con el 259 de la ley de la materia. Para ello, se faculta al Juez exhortado para que habilite al actuario judicial de su adscripción que corresponda, o a quien tenga que practicar la diligencia solicitada, días y horas inhábiles, para el efecto de agilizar el presente juicio, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 21 de Ley de Amparo, atento a los principios de economía procesal y de concentración en el proceso y a fin de dar puntual cumplimiento a la garantía consagrada en el artículo 17 Constitucional. Quedando facultado el Juez exhortado para que dicte todos los acuerdos y acciones tendentes a la diligenciación del exhorto y, en su caso, agote los medios de apremio legales para llevar a cabo la encomienda correspondiente. El exhorto de mérito gírese a través del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE) como comunicación oficial electrónica, de conformidad con el artículo 79 del Acuerdo General 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite del expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo; sin que haya necesidad de requerir al Juzgado exhortado el acuse de recibo respectivo, en razón de que éste se genera automáticamente una vez enviada la comunicación oficial por la referida vía (SISE). 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