Dora Irma Carrizales Gallegos

Expediente 347/2019 tramitado ante el Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de San Luis Potosí. 5 actuaciones registradas, la última del 2 de mayo de 2019.

Datos del expediente

Expediente
347/2019
Año
2019
Actuaciones
5
Última actuación
02/05/2019

Partes del expediente

  • Dora Irma Carrizales Gallegos

Actuaciones

Las 4 más recientes de 5.

  1. Principal

    SE NOTIFICA POR LISTA A LA PARTE QUEJOSA LA DETERMINACIÓN DE ESTA FECHA QUE DICE: Vista la certificación que antecede y como de ella se advierte que ya transcurrió el término a que se refiere el primer párrafo del artículo 98 de la Ley de Amparo, sin que se haya interpuesto recurso de queja en contra del auto dictado en este asunto el día nueve de abril de dos mil diecinueve, en el que se desechó la demanda de garantías por notoria improcedencia; en consecuencia, con fundamento en el artículo 356, fracción II del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de la Materia, se declara que ha causado estado el proveído en mención, por tanto, háganse las anotaciones correspondientes en el libro respectivo y archívese este expediente como asunto concluido. Por otra parte, acorde a lo establecido en el punto vigésimo primero del Acuerdo General Conjunto 1/2009 de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la Transferencia, Digitalización, Depuración y Destrucción de los Expedientes generados en los Juzgados de Distrito, debido a que por proveído de nueve de abril de dos mil diecinueve, se desechó la demanda de amparo por notoria improcedencia, el cual causó estado en esta fecha, este expediente es susceptible de destrucción. Lo señalado con anterioridad, deberá efectuarse, una vez que transcurran más de cinco años conforme a lo previsto en el citado punto. Ahora bien, y toda vez que la parte quejosa anexo documento(s) en su escrito de demanda que por sus características deben ser devueltos (fojas 144 y 186); en consecuencia, con fundamento en el último párrafo, del punto décimo primero, del Acuerdo General Conjunto 1/2009 de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la Transferencia, Digitalización, Depuración y Destrucción de los Expedientes generados en los Juzgados de Distrito, requiérase a la parte quejosa para que dentro del término de noventa días contado a partir de la fecha en que surta efectos la notificación de este acuerdo, comparezca ante este Juzgado a recoger tal(es) documento(s), previa copia certificada que a su costa se deje en autos, así como razón de su recibo, y hecho lo anterior, sin ulterior acuerdo, devuélvanse los presentes autos al archivo; en la inteligencia que de no hacerlo, dicho(s) documento(s) podrá(n) ser destruido(s) junto con el expediente. Finalmente, y atendiendo a las particularidades del juicio en que se actúa, se considera que no es de relevancia documental, lo que deberá hacerse constar en la carátula del expediente, de conformidad con el Punto Décimo Primero del mencionado Acuerdo General Conjunto número 1/2009.

  2. Principal

    San Luis Potosí, San Luis Potosí, dieciséis de abril de dos mil diecinueve. Agréguense a los autos los oficios suscritos por la Juez Tercero de Distrito en el Estado y Secretaria del Juzgado Segundo de Distrito en el Estado, mediante los cuales informan que se avocaron del conocimiento del juicio de amparo 347/2019-I, del índice de este Juzgado de Distrito, única y exclusivamente por lo que hace a los actos reclamados a las Comisiones de Justicia y Gobernación dependientes del Congreso del Estado, Pleno del Poder Legislativo del Estado de San Luis Potosí, Pleno del Supremo Tribunal de Justicia del Estado de San Luis Potosí y Pleno del Consejo de la Judicatura del Estado de San Luis Potosí, respectivamente. Notifíquese

  3. Principal

    San Luis Potosí, San Luis Potosí, nueve de abril de dos mil diecinueve. Agréguese el oficio de cuenta, signado por el Presidente de la Junta Especial Número Treinta y Cuatro de la Federal de Conciliación y Arbitraje, por el que informa las gestiones que se encuentra realizando a efecto de dar cumplimiento a la sentencia pronunciada en este juicio. Notifíquese.

  4. Principal

    SE NOTIFICA POR LISTA A LA PARTE QUEJOSA LA DETERMINACIÓN DE ESTA FECHA QUE DICE: Vista la demanda de amparo que promueve Dora Irma Carrizales Gallegos, contra actos de las Comisiones de Justicia y Gobernación dependientes del Congreso del Estado y otras autoridades; anótese su ingreso en el libro de gobierno de este Juzgado, bajo el progresivo 347/2019-I, y fórmese el expediente respectivo. Ahora bien, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha establecido algunos lineamientos que el juzgador de amparo debe observar al momento de estudiar una demanda, a saber: a) Analizar en su integridad la demanda y anexos con un criterio amplio, no restrictivo, para determinar la verdadera intención del promovente, sin cambiar su alcance o contenido; b) Prescindir de los calificativos vinculados con la inconstitucionalidad que se hagan al enunciar los actos reclamados en el escrito inicial; y, c) Además de los datos que se adviertan de la demanda de amparo, se puede tomar en consideración la totalidad de la información del expediente del juicio, atendiendo la intención del quejoso, sin precisiones que generen oscuridad o confusión. Sobre el particular se invocan las tesis P./J. 40/2000 y P. VI/2004, sustentadas por el Pleno del Máximo Tribunal del País, de los títulos: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD." y "ACTOS RECLAMADOS. REGLAS PARA SU FIJACIÓN CLARA Y PRECISA EN LA SENTENCIA DE AMPARO.". Con base en estas premisas, de la lectura integral de la misiva de cuenta y sus anexos se advierte que la quejosa reclama en el presente asunto: 1. De las Comisiones de Justicia y Gobernación dependientes del Congreso del Estado, la omisión de proveer la petición formulada el veintisiete de diciembre de dos mil dieciocho, mediante la cual solicitó tuvieran a bien conformar debidamente el Pleno del Poder Judicial del Estado. De lo cual se sigue que respecto a tal acto reclamado se está ante una omisión de carácter administrativo, ante lo cual el estudio de la misma consistirá en analizar la existencia de una obligación por parte de las citadas comisiones de dar respuesta a la petición de la quejosa. Y, en caso de que se concediera el amparo solicitado, éste tendría como efecto constreñir a las Comisiones de Justicia y Gobernación dependientes del Congreso del Estado, a emitir una respuesta a la petición formulada el veintisiete de diciembre de dos mil dieciocho por la aquí quejosa. 2. Del Pleno del Poder Legislativo del Estado de San Luis Potosí, la omisión de ejercer la facultad contenida en el artículo 116 fracción III de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, correlacionada a los diversos 96, 97 y 99 de la Constitución Política del Estado de San Luis Potosí; esto es, la omisión de integrar debidamente el Pleno del Supremo Tribunal de Justicia del Estado, pues refiere la quejosa que fue nombrada como magistrada numeraria en sustitución de un diverso que no fue ratificado en el cargo, derecho que refiere le fue reconocido en autos del juicio de amparo 788/2015 del índice del Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de San Luis Potosí. Ante lo cual, la omisión reclamada tiene un carácter administrativo, que debe ser procedente su estudio, se realizará al tenor de los artículos constitucionales citados, así como del marco legal que rige tanto al Congreso del Estado como al Poder Judicial, ambos del Estado de San Luis Potosí. Y, en caso de que se concediera el amparo, se puede prever que este tendría por efecto vincular al Congreso del Estado a que realice un procedimiento de designación de magistrado del Poder Judicial del Estado o en su caso, que se designe a la quejosa como Magistrada. 3. Del Pleno del Supremo Tribunal de Justicia del Estado de San Luis Potosí, la negativa de adscribirla como Magistrada Numeraria del Poder Judicial del Estado de San Luis Potosí, contenida en el oficio de quince de marzo de dos mil diecinueve. Lo cual, refiere la quejosa tiene relación con el diverso juicio de amparo 973/2016-I del índice del Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de San Luis Potosí, del que derivó el recurso de inconformidad 3/2019, del índice del Primer Tribunal Colegiado en Materias Civil y Administrativa del Noveno Circuito. De lo que se sigue que dicho acto de carácter negativo, igualmente tiene carácter administrativo, sin embargo, deberá ser analizado al tenor de la normativa que rige las adscripciones del Poder Judicial del Estado de San Luis Potosí. Y, en caso de concederse el amparo, se constreñiría al Pleno responsable a adscribir a la quejosa como Magistrada Numeraria del Supremo Tribunal de Justicia del Estado. 4. Del Pleno del Consejo de la Judicatura del Estado de San Luis Potosí, todos los derechos laborales que pueda generar el encargo de Magistrado Numerario adscrito al Poder Judicial del Estado de San Luis Potosí. Lo que, se advierte tiene una naturaleza de carácter laboral, al versar sobre diversos derechos laborales como magistrada numeraria y, de concederse el amparo, tendría como efecto que se le otorguen diversos derechos laborales a la quejosa. 5. De la Juez Tercero de Distrito en el Estado, la omisión de atender el párrafo segundo del artículo 1°; así como el párrafo segundo del párrafo del precepto 14 y los diversos artículos 16 y 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, dentro de los juicios de amparo 788/2015, 626/2015, 795/2016 y 973/2016. De lo que se sigue que dichas omisiones acontecieron dentro de diversos juicios de amparo. De lo anterior, resulta incuestionable que los aludidos actos y omisiones que por esta vía constitucional reclama, si bien se encuentran relacionados a su pretensión de ser nombrada Magistrada del Supremo Tribunal de Justicia del Estado de San Luis Potosí, por su naturaleza y objeto litigioso, se encuentran desvinculadas entre sí, pues versan sobre distintas materias, que deberán ser analizadas conforme a normativas distintas y que incluso generarían efectos distintos las resoluciones que eventualmente se emitieran al respecto. Lo que trae como consecuencia que técnicamente dichos actos no puedan ser analizados y resueltos en un solo juicio de amparo. En consecuencia, se ordena, de oficio, separar los autos del juicio de amparo en que se actúa, con fundamento en el artículo 217 de la Ley de Amparo que dispone: "Artículo 217. La jurisprudencia que establezca la Suprema Corte de Justicia de la Nación, funcionando en pleno o en salas, es obligatoria para éstas tratándose de la que decrete el pleno, y además para los Plenos de Circuito, los tribunales colegiados y unitarios de circuito, los juzgados de distrito, tribunales militares y judiciales del orden común de los Estados y del Distrito Federal, y tribunales administrativos y del trabajo, locales o federales. La jurisprudencia que establezcan los Plenos de Circuito es obligatoria para los tribunales colegiados y unitarios de circuito, los juzgados de distrito, tribunales militares y judiciales del orden común de las entidades federativas y tribunales administrativos y del trabajo, locales o federales que se ubiquen dentro del circuito correspondiente. La jurisprudencia que establezcan los tribunales colegiados de circuito es obligatoria para los órganos mencionados en el párrafo anterior, con excepción de los Plenos de Circuito y de los demás tribunales colegiados de circuito. La jurisprudencia en ningún caso tendrá efecto retroactivo en perjuicio de persona alguna". El citado artículo establece la obligatoriedad de la jurisprudencia del Pleno o de alguna de las Salas de la Suprema Corte de Justicia de la Nación o de los Tribunales Colegiados, para los Juzgados de Distrito, los tribunales militares y judiciales del orden común de los Estados y del Distrito Federal, y tribunales administrativos y del trabajo locales o federales. Lo anterior en relación con la jurisprudencia 76/97, sustentada por el Pleno del Máximo Tribunal del País, publicada en la página 118, Tomo VI, septiembre de mil novecientos noventa y siete, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, correspondiente a la Novena Época, dispone: "SEPARACIÓN DE JUICIOS. SU PROCEDENCIA. Si en una demanda de amparo se reclaman actos emanados de juicios diversos, desvinculados entre sí, y dicha demanda ha sido admitida por el Juez de Distrito, o bien, tal circunstancia es advertida durante la tramitación del juicio (hasta antes de la celebración de la audiencia constitucional), con motivo de los informes justificados que rindan la o las autoridades responsables, podría iniciarse de oficio la separación de juicios, figura ésta, que al no estar específicamente regulada en la Ley de Amparo, debe por ello quedar contenida en la jurisprudencia, tomando como base el artículo 57 de esa ley, que establece la acumulación, deduciéndolo en sentido contrario, por lo que puede concluirse que, fuera de los casos que ahí se prevén, en cualquier otro supuesto se requiere hacer la separación". Dando origen a cinco demandas de amparo en las que se reclama: 1. En la primera se reclama de las Comisiones de Justicia y Gobernación dependientes del Congreso del Estado, la omisión de proveer la petición formulada el veintisiete de diciembre de dos mil dieciocho, mediante la cual solicitó tuvieran a bien conformar debidamente el Pleno del Poder Judicial del Estado. 2. En la segunda se reclama del Pleno del Poder Legislativo del Estado de San Luis Potosí, la omisión de ejercer la facultad contenida en el artículo 116 fracción III de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, correlacionada a los diversos 96, 97 y 99 de la Constitución Política del Estado de San Luis Potosí; esto es, la omisión de integrar debidamente el Pleno del Supremo Tribunal de Justicia del Estado, pues refiere la quejosa que fue nombrada como magistrada numeraria en sustitución de un diverso que no fue ratificado en el cargo, derecho que refiere le fue reconocido en autos del juicio de amparo 788/2015 del índice del Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de San Luis Potosí. 3. En la tercera se reclama del Pleno del Supremo Tribunal de Justicia del Estado de San Luis Potosí, la negativa de adscribirla como Magistrada Numeraria del Poder Judicial del Estado de San Luis Potosí, contenida en el oficio de quince de marzo de dos mil diecinueve. Lo cual, refiere la quejosa tiene relación con el diverso juicio de amparo 973/2016-I del índice del Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de San Luis Potosí, del que derivó el recurso de inconformidad 3/2019, del índice del Primer Tribunal Colegiado en Materias Civil y Administrativa del Noveno Circuito. 4. En la cuarta se reclama del Pleno del Consejo de la Judicatura del Estado de San Luis Potosí, todos los derechos laborales que pueda generar el encargo de Magistrado Numerario adscrito al Poder Judicial del Estado de San Luis Potosí. 5. En la quinta se reclama de la Juez Tercero de Distrito en el Estado, la omisión de atender el párrafo segundo del artículo 1°; así como el párrafo segundo del párrafo del precepto 14 y los diversos artículos 16 y 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, dentro de los juicios de amparo 788/2015, 626/2015, 795/2016 y 973/2016. Por consiguiente, continúese el trámite ya descrito en relación con la demanda de amparo únicamente por lo que se refiere a la omisión reclamada de la autoridad precisada en el punto 5 que antecede. Asimismo, expídanse copias certificadas del juicio de amparo en que se actúa, inclusive hasta el presente auto, y con apoyo en la Jurisprudencia por contradicción P./J. 78/97, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo VI, Septiembre de 1997, Novena Época, página 117, de rubro: "SEPARACIÓN DE JUICIOS. EL JUEZ DE DISTRITO, AL DECRETARLA, DEBERÁ TOMAR LAS MEDIDAS Y SEÑALAR EL TRATO QUE A CADA UNO CORRESPONDA"; remítanse tales reproducciones, mediante oficio a la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de San Luis Potosí, para que por medio del sistema computarizado, registre las demandas identificadas en los puntos 1, 2, 3 y 4 y las turnen al Juzgado de Distrito que corresponda por razón de turno. Sin que lo aquí expuesto genere un impedimento para que el órgano jurisdiccional que conozca de los juicios de amparo derivados del que se actúa, provean lo que consideren adecuado sobre los actos y autoridades respecto de los cuales les corresponda conocer.

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