Dora Hilda Espinoza Nájera
Expediente 1376/2022 tramitado ante el Juzgado Decimoprimero de Distrito en el Estado de México. 2 actuaciones registradas, la última del 8 de diciembre de 2022.
Datos del expediente
- Expediente
- 1376/2022
- Año
- 2022
- Actuaciones
- 2
- Última actuación
- 08/12/2022
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Decimoprimero de Distrito en el Estado de México · Estado de México
Partes del expediente
- Dora Hilda Espinoza Nájera
Actuaciones
- Principal
V... Vista la certificación de cuenta, se advierte que feneció el término de cinco días establecido en el artículo 98 de la Ley de Amparo, sin que la parte agraviada interpusiera recurso de queja contra el auto que desechó la demanda; en consecuencia, con apoyo en los preceptos 356, fracción II, y 357, del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria, se declara que ha causado estado. Háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno, así como en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedites (SISE), y archívese el presente sumario como asunto concluido. ... este expediente se considera susceptible de destrucción. En razón de lo expuesto, una vez transcurridos más de tres años a partir de esta fecha, el juicio principal deberá destruirse conforme a los lineamientos que establece el acuerdo en cuestión.
- Principal
V.... Vista la demanda de amparo promovida por Dora Hilda...., por propio derecho, contra actos de la Primera Sala Colegiada Civil de Ecatepec del Tribunal Superior de Justicia Administrativa del Estado de México; regístrese su ingreso en el libro de gobierno con el número de expediente 1376/2022-V. DESECHAMIENTO. Ahora, es menester verificar si existe algún motivo manifiesto e indudable de improcedencia, en términos del artículo 113 de la Ley de Amparo. Del estudio integral de la demanda se advierte que se reclama el siguiente acto: - La sentencia de veintiocho de octubre de dos mil veintidós dictada por la Primera Sala Colegiada Civil de Ecatepec en el toca ... que confirmó la resolución de doce de septiembre del mismo año emitida en el juicio ordinario civil ... donde se declaró improcedente la excepción de falta de personalidad, y señaló que no era procedente resolver en relación a la excepción de cosa juzgada, pues adujo sería motivo de análisis en la sentencia definitiva, aunado a que el expediente ********************no se encontraba de manera física y la promovente no exhibió copia del mismo. Ahora, los actos precisados se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, con relación al artículo 107, fracción V, todos de la Ley de Amparo a contrario sensu; en atención a las siguientes consideraciones. Al respecto, es dable destacar que para efectos de la procedencia de la acción constitucional, los actos dentro de juicio a que refiere el numeral en comento, han sido precisados por la Suprema Corte de Justicia de la Nación como aquellos que afectan de modo directo e inmediato los derechos sustantivos consagrados en la Constitución, y no en los casos en que sólo afecten derechos adjetivos o procesales. Por lo que, la distinción entre un derecho sustantivo y un adjetivo, para determinar cuándo se está en presencia de un acto de imposible reparación, versa en la afectación sufrida por el gobernado en relación con sus derechos fundamentales y los actos procesales que se dicten dentro del procedimiento respectivo. Los numerales 107 Constitucional, fracción III, inciso b), y 107 fracción V, de la Ley de Amparo, disponen que cuando se reclamen actos dentro del juicio, el amparo sólo procederá contra aquéllos cuya ejecución sea de imposible reparación, los cuales han sido precisados por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, como aquellos que afectan de modo directo e inmediato derechos sustantivos consagrados en la Constitución y no en los casos en que se refieran a aquellos adjetivos o procesales, criterio que debe aplicarse siempre que se estudie la procedencia del amparo indirecto respecto de actos dentro del juicio. Es decir, procede el juicio de amparo solamente en contra de actos autoritarios que lesionen de manera directa derechos sustantivos de las partes y trasciendan del ámbito puramente procesal para incidir en la esfera de derechos materiales de los gobernados, resultando improcedente el que se promueva en contra de los que únicamente producen violaciones de carácter formal dentro del proceso, que atañen a las posiciones que las partes van adquiriendo, con vista a la obtención de un fallo favorable, pues cuando este objetivo se obtiene, se extinguen aquéllas, sin vulnerar los derechos fundamentales. De modo tal, que el concepto de irreparabilidad no consiste en la imposibilidad jurídica de que la violación pueda ser analizada nuevamente al dictar la resolución final, sino que con motivo de una sentencia favorable, no se actualice el daño o perjuicio, pues de acuerdo con los principios procesales de preclusión y firmeza de las resoluciones judiciales, no todas las actuaciones del procedimiento son reclamables en el amparo indirecto, ya que de otro modo, se contravendría la regla del inciso b), fracción III, del artículo 107 Constitucional. En ese orden de ideas, se actualiza la causal de improcedencia advertida, en razón que dicho acto no reviste el carácter de imposible reparación para considerar procedente el juicio constitucional, pues conforme a la regla de procedencia del juicio de amparo indirecto, establecida en el artículo 107, fracción III, inciso b) de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, con relación al artículo 107, fracción V, de la Ley de Amparo, dicha actuación tiene el carácter de intraprocesal y no trae como consecuencia una ejecución irreparable hacia la parte quejosa, en virtud que dicho acto, es de naturaleza procesal que no afecta directamente alguno de los derechos sustantivos de los gobernados como la vida, la libertad, la propiedad, entre otros, y que tutela la Constitución General de la República Mexicana. De ahí que, en el caso a estudio, la determinación reclamada no deja sin defensa a la parte quejosa, ni afecta sus derechos sustantivos, por lo que, de considerarlo violatorio deberá reclamarse como violación procesal mediante el juicio de amparo directo que se interponga en contra de la sentencia definitiva, si es contraria a sus intereses. Lo anterior es así, ya que los artículos 170 y 172 de la Ley de Amparo se apoyan en el principio de economía procesal, pues se evita la proliferación o una cadena interminable de juicios con motivo de diversas actuaciones procesales; es decir, el legislador ha pretendido evitar que las partes contendientes en un procedimiento seguido ante tribunales judiciales, laborales o administrativos puedan agotar el juicio constitucional tantas veces como violaciones se cometan en el procedimiento, pues con ello se ocasionaría, por un lado, una constante interposición de juicios y, por otro, una injustificada demora en la resolución del conflicto. Con lo anterior, se pretende que continúe el procedimiento sin mayores trabas y, que la parte afectada con el fallo correspondiente, al impugnarlo, pueda hacer valer al mismo tiempo las violaciones de fondo y tantas violaciones al procedimiento como estimara le hubieran sido cometidas. Por tanto, el acto reclamado no debe considerarse como emitido dentro de un procedimiento que tenga sobre las personas o las cosas una ejecución que sea de imposible reparación, ya que no afecta directamente alguno de los derechos sustantivos de los gobernados, protegidos por las garantías individuales consagradas en la Carta Magna; que deba impugnarse a través del amparo indirecto, de conformidad con lo establecido por la fracción V, del ordinal 107, de la ley reglamentaria del juicio de garantías, interpretado a contrario sensu, sino que en todo caso, se combatirán hasta que se dicte la sentencia correspondiente en la hipótesis que éste sea desfavorable al solicitante de amparo, mediante el juicio de amparo directo, a través del cual se podrá subsanar tal violación. Máxime que la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido como regla excepcional para la procedencia del amparo indirecto, tratándose de algunas violaciones formales, adjetivas o procesales que ordinariamente deben ser combatidas en amparo directo, cuando se reclame la sentencia definitiva o el laudo correspondiente; aquellos que por sus consecuencias, afectan de manera directa e inmediata alguno de los derechos sustantivos previstos en la Constitución Federal, y que la afectación no podría repararse aun obteniendo una sentencia favorable en el juicio de origen, por haberse consumado irreparablemente la violación a la garantía individual de que se trate; o aquellos actos procesales o formales, cuando afecten a las partes en grado predominante o superior, cuya violación sea de tal trascendencia y magnitud que justifique la procedencia del juicio de amparo biinstancial por tratarse de una acto de ejecución irreparable, hipótesis que en el caso a estudio tampoco se actualiza, de ahí la notoria improcedencia la demanda, en relación con dicho acto que se analiza. Además, en relación a que la autoridad responsable determinó no resolver respecto de la excepción de cosa juzgada, por considerar que es motivo de análisis en la sentencia definitiva, tampoco se afectan materialmente derechos, ni el afectado reviste la categoría de sustantivo pues es un acto de manera procesal, por lo que no tiene una ejecución de manera irreparable. En consecuencia, al actualizarse de un modo manifiesto e indudable la causa de improcedencia advertida, con fundamento en el artículo 113 de la Ley de Amparo en relación con el 61, fracción XXIII, con relación al artículo 107, fracción V, a contrario sensu del mismo ordenamiento, se desecha de plano la demanda. DOMICILIO. Con fundamento en el ordinal 26, fracción III, en relación con el diverso 29 del citado ordenamiento legal, se tiene como domicilio para oír y recibir notificaciones la lista que se fije en lugar visible de este juzgado Federal. DÍAS Y HORAS INHÁBILES. En caso de ser necesario, practíquese las diligencias derivadas de este sumario, de conformidad con el numeral 21, último párrafo, de la ley de la materia. AUTORIZADOS. Se autoriza en términos del ordinal 12 de la Ley de Amparo a .... y ..., en virtud de que su cédula profesional se encuentra registrada en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales de Derecho, ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito; por lo que hace a los restantes profesionistas, únicamente en términos de la última parte del párrafo segundo del citado numeral, en relación con el diverso 24, párrafo segundo, de la misma norma, en virtud de que no acredita encontrarse legalmente facultado para ejercer la profesión de abogado, o tener registrada su cédula profesional en el sistema mencionado, por lo que una vez que realicen lo anterior y lo informen a este juzgado, en su momento se acordará lo conducente. EXHORTACIÓN PARA MEJORAR COMUNICACIÓN ENTRE LAS PARTES. Se exhorta a las partes a que de ser posible y tomando en consideración las dificultades para acceder a las herramientas tecnológicas necesarias para ello, continúen el trámite del caso mediante el esquema de "juicio en línea". Por lo cual, con fundamento en el artículo 3º de la Ley de Amparo, deberán informar el usuario registrado en el Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación, -el cual para su uso requiere de la Firma Electrónica Certificada del Poder Judicial de la Federación (FIREL) o la Firma Electrónica del Servicio de Administración Tributaria (FIEL o e.firma)-, a fin de que a través del mismo puedan consultar el expediente electrónico y notificarse de las resoluciones jurisdiccionales emitidas por este Juzgado de Distrito. Sin perjuicio de lo anterior, solicítese a las partes para que, a la brevedad posible, proporcionen a este órgano jurisdiccional un número de teléfono móvil y una cuenta de correo electrónico para entablar comunicaciones no procesales. USO DE MEDIOS ELECTRÓNICOS. Con sustento en la Circular 12/2009 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal se autoriza la toma de fotografías de constancias que obren en el sumario, siempre y cuando no se trate de aquellas que por su naturaleza sean de carácter confidencial o reservadas, debiéndose asentar la razón de recibo respecto de la actuación que se desea fotografiar, por persona previamente autorizada para ello, quien deberá dejar copia de su identificación en autos; en el entendido de que el uso de dichas reproducciones serán responsabilidad de quien las obtenga, así como de la persona que otorgue la autorización; por lo que queda expedito el derecho de las partes para oponerse o limitar esta permisión. TRANSPARENCIA. En términos de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, toda la información gubernamental es pública y los particulares tendrán acceso a ella y consecuentemente el Poder Judicial de la Federación como órgano del Estado está obligado a publicar las sentencias que emita una vez que hayan causado ejecutoria, hágase saber a las partes el derecho que tienen para oponerse a que se incluyan sus datos personales cuando se realice la publicación de que se habla; comuníqueseles que en caso de que llegaren a oponerse a la inclusión de sus datos personales, tal solicitud será calificada por la unidad administrativa que los tenga bajo su resguardo, quien determinará si es procedente o no, por contener información que se considere reservada, y en el primer supuesto, la versión pública de la sentencia aparecerá sólo con sus nombres sin incluir sus datos personales; y finalmente, infórmeseles que en caso de que la sentencia pudiera afectar de algún modo la dignidad personal o causar un daño irreparable a los interesados al publicarse la sentencia ejecutoria únicamente se insertarán sus nombres sin sus datos personales, y en tal caso, no se requiere de su oposición expresa.
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