Dora Evelia Ortega Verdugo

Expediente 818/2021 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Sonora. 4 actuaciones registradas, la última del 29 de septiembre de 2021.

Datos del expediente

Expediente
818/2021
Año
2021
Actuaciones
4
Última actuación
29/09/2021

Partes del expediente

  • Dora Evelia Ortega Verdugo

Actuaciones

  1. Principal

    Auto. Hermosillo, Sonora, veintinueve de septiembre de dos mil veintiuno. Declaración de ejecutoria. De la certificación que antecede y del estado que guardan los autos, se advierte que ha transcurrido el plazo previsto en el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que la parte quejosa (quien es la facultada para hacerlo) interpusiera revisión en contra de la sentencia por la que se sobreseyó en el presente juicio de amparo. En consecuencia, con fundamento en los artículos 355 y 356 fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la ley de la materia, se declara que dicha resolución ha causado ejecutoria. Háganse las anotaciones correspondientes en el libro uno d Juzgado relativo al registro de juicios de amparo, así como las capturas en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. Archivo y valoración del expediente. Con fundamento en los artículos 3, fracción VII y artículo 21, inciso a), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal archívese este asunto como concluido y destrúyase una vez transcurridos tres años. Notifíquese; y mediante oficio a las autoridades responsables. Así lo acordó y firma Fernando Alcázar Martínez, juez Primero de Distrito en el Estado de Sonora, ante José Enrique Ayala García, secretario que autoriza y da fe. Doy fe.

  2. Principal

    Juicio de amparo 818/2021 Audiencia y resolución constitucional En la ciudad de Hermosillo, Sonora, a las once horas con cuarenta y ocho minutos del treinta y uno de agosto de dos mil veintiuno, en audiencia pública Fernando Alcázar Martínez, juez Primero de Distrito en el Estado de Sonora, ante Luis Felipe Escalante Pasos, secretario con quien autoriza y da fe, declaró abierta la presente audiencia, sin la asistencia de las partes. Abierta la audiencia de ley, el secretario relaciona las constancias que obran en autos y da cuenta al juez con el escrito inicial de demanda, con las constancias de emplazamiento a juicio de las partes y con el informe justificado rendido por las responsables. A lo que el juez acuerda: téngase por hecha la certificación que antecede. Además, de la certificación que antecede, se advierte que en auto de radicación, se reservó proveer respecto del emplazamiento de la parte tercera interesada. El juez acuerda: no constituye obstáculo para la celebración de la presente audiencia, la falta de emplazamiento al presente asunto, a quien constituye la parte demandada en el procedimiento natural, pues la resolución que se pronunciará no lesiona sus derechos ni tampoco le irroga perjuicio alguno. Asimismo, aún no les transcurre a las partes el plazo de ocho días previsto en el artículo 117 de la Ley de Amparo, a fin de que se impongan del contenido del informe rendido por las autoridades responsables; empero, debe precisarse que no es necesario esperar a que acontezca tal circunstancia. Se explica: No se inadvierte que el artículo sexto transitorio de la Ley de Amparo dispone: "La jurisprudencia integrada conforme a la ley anterior continuará en vigor en lo que no se oponga a la presente Ley", en tanto que, en el caso, el artículo 149 de la Ley de Amparo abrogada, que guarda similar redacción con la del precepto 117 de la ley de la materia vigente, fue interpretado por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la jurisprudencia 54/2000, de rubro: "AUDIENCIA CONSTITUCIONAL. DEBE, EN PRINCIPIO, DIFERIRSE DE OFICIO CUANDO LOS INFORMES JUSTIFICADOS NO SE RINDEN CON OCHO DÍAS DE ANTICIPACIÓN A LA PRIMERA FECHA SEÑALADA PARA SU CELEBRACIÓN, SI EL QUEJOSO O EL TERCERO PERJUDICADO NO TIENEN CONOCIMIENTO DE SU CONTENIDO.". En dicho criterio, el Alto Tribunal sostuvo esencialmente que cuando la autoridad responsable no rinda el informe justificado al menos con ocho días de anticipación al de la celebración de la audiencia constitucional y, el quejoso o el tercero perjudicado no comparezcan a ésta a solicitar su diferimiento o suspensión, no debe verificarse tal actuación; ello, con el objeto de que las partes tengan la posibilidad de preparar, ofrecer y desahogar las pruebas que estimen convenientes para desvirtuarlo. Sin embargo, la circunstancia de que no mediará el mencionado plazo, este juzgador considera que, en la especie, no se contraviene el artículo transitorio apuntado, en razón de que el alcance del referido artículo 117 se obtiene al adminicularlo con el diverso 93, fracción IV, de la propia ley, el cual regula la hipótesis concerniente a que las violaciones procesales cometidas en sede constitucional, deben ser reparadas siempre que su trascendencia impacte en la sentencia; hipótesis que no se contenía en la Ley de Amparo anterior en el numeral 91, fracción IV, que disponía que la reposición sólo era procedente cuando "hubiere dejado sin defensa al recurrente o pudiere influir en la sentencia que deba dictarse en definitiva". Es decir, la aludida jurisprudencia interpretó el numeral 149 de la Ley de Amparo abrogada, donde no había disposición expresa por parte del legislador que colocara una condicionante a las reposiciones del procedimiento cuando era patente que durante la substanciación del juicio de amparo el juzgador había incurrido en una infracción de carácter procesal, como sí ocurre con la ley que la sustituyó. Ciertamente, la expedición de la actual Ley Reglamentaria de los artículos 103 y 107 Constitucionales, mediante decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el dos de abril de dos mil trece, incorporó al sistema del derecho de amparo instituciones novedosas y trascedentes cambios que, como en el caso que nos ocupa, obligan a construir una nueva forma de concebir el medio de control constitucional por excelencia. Así, por conducto del nuevo ordenamiento se buscó la actualización de algunos de los postulados que rigen dicho mecanismo jurisdiccional, en aras de ciudadanizarlo mediante la agilización del trámite, la des-tecnificación de sus reglas, el mejoramiento y fortalecimiento de sus efectos, y la ampliación de su ámbito de protección. En conclusión, con motivo de la nueva redimensión de la Ley de Amparo, que busca un efecto útil en la solución de las controversias que se planteen ante los órganos de control constitucional, es dable insistir que, en la especie, el hecho de que la parte quejosa no hubiese conocido del informe justificado con la anticipación de ocho días que marca la ley, no impacta en el resultado del fallo, como se explicará a continuación y, ante ese panorama, de ordenar el diferimiento de la audiencia constitucional para otorgar el plazo previsto en el artículo 117 de la Ley de Amparo, se llegaría al extremo de retardar el trámite y solución de los juicios de amparo sin ningún resultado práctico, sobre todo porque las propias actuaciones del juicio otorgan noticia de elementos suficientes para emitir la presente sentencia. A mayor abundamiento, la Suprema Corte de Justicia de la Nación, tanto al interpretar la Ley de Amparo abrogada como la vigente, ha establecido directrices que se decantan por privilegiar la solución del fondo de los asuntos cuando, a pesar de que existan violaciones procesales, el órgano de control constitucional no advierta que generen perjuicio en los justiciables; circunstancia que, desde luego, debe entenderse en el sentido de que el operador jurídico no debe constituirse en un autómata que, al detectar un posible quebrantamiento a las disposiciones reguladoras del procedimiento, como las previstas en el artículo 117 de la Ley de Amparo ordene el diferimiento de la audiencia constitucional, sino que debe examinar las particularidades de cada caso, para advertir si esa decisión es la más viable e impactará al resultado del fallo, puesto que sólo así se respetará el principio de justicia pronta reconocida en el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Jurisprudencia de la que deriva que, con independencia del sentido del fallo, aun cuando exista una violación procesal, si su resultado es intrascendente no resulta dable ordenar la reposición del procedimiento porque a ningún fin práctico conduciría y, por el contrario, retrasaría la impartición de justicia en contravención al postulado previsto en el precepto 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. En efecto, en este supuesto, el hecho de brindar a las partes la posibilidad de ofrecer pruebas traería en realidad un perjuicio para ellas al dilatar la solución del asunto, porque ese aparente derecho no podría ser ejercido por más tiempo que al efecto se les concediera, en la medida de que tendrían que demostrar que no es verdad que el acto reclamado subsiste y de ordenarse el diferimiento de la audiencia constitucional, lo único que produciría es el retardo en la solución del asunto en detrimento de la economía procesal y en perjuicio de la propia parte quejosa. A continuación, se declara abierto el periodo de pruebas y el secretario da cuenta con la documentales ofertadas por las autoridades responsables, así como la prueba de reconocimiento o inspección judicial ofertada por la parte quejosa en su escrito inicial de demanda. El juez acuerda: con fundamento en los artículos 119 y 123 de la Ley de Amparo, se tienen por admitidas y desahogadas por su especial naturaleza la primera prueba de referencia. Respecto de la prueba de reconocimiento o inspección judicial, con fundamento en el primero de los citados preceptos, se desecha al no resultar el medio idóneo para acreditar la existencia del acto reclamado; aunado a que resultaría ocioso el desahogo de ésta, toda vez que las documentales exhibidas por la autoridad responsable resultan suficientes para resolver la cuestión planteada. Cerrada la etapa de pruebas y abierta la de alegatos, el secretario hace constar que las partes no los formularon. El juez acuerda: con fundamento en lo dispuesto por el artículo 288 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado de manera supletoria a la Ley de Amparo, se tiene por perdido el derecho de las partes a formular alegatos, por lo que se declara cerrado dicho periodo. Acto seguido, se cierra esta fase y se procede a dictar la resolución respectiva. Vistos, para resolver, los autos del juicio de amparo 818/2021; y, Antecedentes y trámite del juicio de amparo Por escrito presentado el trece de julio de dos mil veintiuno, en la Oficina de Correspondencia Común a los Juzgados de Distrito en el Estado de Sonora, con sede en esta ciudad, y remitido al día hábil siguiente, por razón de turno, a este juzgado de Distrito, Dora Evelia Ortega Verdugo, solicitó el amparo y protección de la Justicia Federal contra el acto reclamado a la Junta Especial número Uno de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Sonora, con sede en esta ciudad, y otra autoridad. El veinte de julio siguiente, se admitió a trámite la demanda de amparo; se solicitó a las autoridades responsables informe justificado; se dio a la agente del Ministerio Público de la Federación adscrita la intervención legal que le compete y se señaló hora y fecha para la celebración de la audiencia constitucional, misma que previo diferimiento se celebró en términos del acta que antecede y concluye con el dictado de esta sentencia, al tenor de los considerandos siguientes: Competencia Este juzgado de Distrito es competente para conocer y resolver el presente juicio, ello de conformidad con lo previsto en los artículos 103, fracción I, y 107, fracción III, inciso b), de la Constitución Federal; 33, fracción IV, 37, párrafo tercero, 107, fracción V, de la Ley de Amparo; y, 49 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación en vigor, en relación con el acuerdo 3/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, en razón de que se reclama un acto de autoridad que tiene su residencia dentro del ámbito territorial donde ejerce jurisdicción este Juzgado Federal. Precisión del acto reclamado Del estudio integral de la demanda de amparo, y con base en lo dispuesto en el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, se precisa como acto reclamado el siguiente: La omisión de desahogar pruebas en el juicio laboral 3405/18JE1. Existencia del acto reclamado Es cierto el acto reclamado a la junta laboral, cuya certeza se desprende de las propias manifestaciones vertidas por la responsable al rendir su informe justificado, así como de la constancia que remitió en apoyo, de la que se desprende la omisión reclamada. Causa de improcedencia actualizada En la especie se actualiza la causa de improcedencia prevista en la fracción XXIII del artículo 61, en relación con el diverso 77 de la Ley de Amparo, cuyo estudio es preferente y de oficio, conforme lo dispone el artículo 62 del ordenamiento en cita. El primer precepto citado prevé que el juicio de amparo es improcedente en los casos en que la causa resulte de alguna otra disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos o, en su caso, de la Ley de Amparo. En este sentido, del segundo numeral transcrito se obtiene que el juicio de amparo es un medio de control constitucional cuyo objeto es reparar las violaciones que un determinado acto de autoridad genera sobre la esfera jurídica del gobernado que lo promueva, con el fin de restituirlo en el goce pleno de sus derechos fundamentales que le hayan sido violados. Así, el efecto de la sentencia que conceda el amparo y protección de la Justicia de la Unión es la de restituir las cosas al estado en que se encontraban antes de la violación cuando sea jurídica y materialmente posible. En ese tenor, la causa en estudio se actualiza cuando existe imposibilidad jurídica para que la sentencia de amparo produzca efectos restitutorios de la garantía que la parte quejosa estima violadas en su perjuicio. Precisado lo anterior, debe decirse que en la especie, se actualizan tales supuestos, de acuerdo a las siguientes consideraciones: En la especie, la promovente de la acción constitucional reclama la omisión de las autoridades responsables de llevar a cabo el desahogo de las pruebas ofertadas por las partes dentro del juicio laboral 3405/18JE1, por ende, violatorias del artículo 17 constitucional. Por su parte, las autoridades responsables al rendir su informe justificado, hicieron del conocimiento de este órgano jurisdiccional, que en acatamiento a las diversas disposiciones emitidas en sesión del pleno de la junta responsable con motivo de la contingencia sanitaria COVID 19, en específico el acuerdo de nueve de agosto de dos mil veintiuno, determinó en lo que interesa suspender las audiencias de desahogo de pruebas, diligencias de remate y ejecución de laudos, esto en virtud que suponen la presencia física de más de tres personas y con ello se incrementa el riesgo de contagios del virus SARS-COV2. Con base en lo anterior, es dable concluir que se actualiza la causa de improcedencia prevista por la fracción XXIII del artículo 61 de la Ley de Amparo, pues se actualiza una suspensión del procedimiento en el juicio de origen, con motivo de la contingencia sanitaria COVID 19, a efecto de evitar la propagación de contagio del virus SARS-COV2. Lo anterior es así, pues de las manifestaciones y constancias remitidas por la responsable se advierte que el trámite en el referido expediente por lo que hace a dicho acto reclamado se encuentra materialmente suspendido, en virtud de la contingencia sanitaria COVID 19, a efecto de evitar la propagación de contagio del virus SARS-COV2, por lo que la autoridad responsable no está en condiciones de desahogar dichas diligencias. Dicho en otras palabras, la eventual concesión del amparo implicaría que el desahogo de dichas pruebas se llevasen a cabo al término de la contingencia sanitaria COVID 19, pues de lo contrario, la autoridad responsable estaría violando el derecho humano a la salud y a la vida de los usuarios y del personal adscrito a dicha junta; pues en el contexto del hecho notorio, histórico y excepcional que atraviesa el país, derivado de la enfermedad pandémica mencionada, la presente determinación protege la salud del quejoso y de las personas que toman parte en el desahogo de la probanza que se pretenda desahogar. De ahí que, es improcedente el presente juicio de amparo, de conformidad con la fracción XXIII del artículo 61, en relación con el diverso 77, ambos de la Ley de Amparo, por lo que hace a la omisión de las autoridades responsables de desahogar pruebas en el juicio laboral 3405/18JE1. Sirve de apoyo a lo considerado, la jurisprudencia P./J. 90/97 del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 9 del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta VI, diciembre de 1997, Novena Época, que a la letra dice: "IMPROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO. SE ACTUALIZA CUANDO EXISTE LA IMPOSIBILIDAD JURÍDICA DE QUE SE PRODUZCAN LOS EFECTOS RESTITUTORIOS DE LA SENTENCIA CONCESORIA QUE, EN SU CASO, SE DICTE. De acuerdo con lo establecido en el artículo 80 de la Ley de Amparo y en la tesis de jurisprudencia número 174, publicada en la página 297 de la Octava Parte del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación de 1975, con el texto siguiente: "SENTENCIAS DE AMPARO.- El efecto jurídico de la sentencia definitiva que se pronuncie en el juicio constitucional, concediendo el amparo, es volver las cosas al estado que tenían antes de la violación de garantías, nulificando el acto reclamado y los subsecuentes que de él se deriven."; y en virtud de que el juicio de garantías debe tener siempre una finalidad práctica y no ser medio para realizar una actividad meramente especulativa, para la procedencia del mismo es menester que la sentencia que en él se dicte, en el supuesto de que sea favorable a la parte quejosa, pueda producir la restitución al agraviado en el pleno goce de la garantía individual violada, de manera que se restablezcan las cosas al estado que guardaban antes de la violación cuando el acto reclamado sea de carácter positivo, o cuando sea de carácter negativo (o constituya una abstención), se obligue a la autoridad responsable a que obre en el sentido de respetar la garantía de que se trate y a cumplir, por su parte, lo que la misma garantía exija." No se soslaya, que el artículo 17 constitucional consagra a favor de los gobernados la garantía de acceso a la jurisdicción; sin embargo, éste cede ante la relevancia del interés social en respetar, proteger y garantizar el derecho humano a la salud, de conformidad con los principios constitucionales de protección de derechos humanos e interpretación pro persona, previstos en los artículos 1o. y 4o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. No está por demás señalar que la causa de improcedencia que aquí se estima actualizada, no causa afectación a la parte quejosa, pues no se trata de una improcedencia permanente, ya que al reclamarse una omisión, que se actualiza de momento a momento, basta que la autoridad reanude labores en su totalidad para que pueda analizarse si, a la luz de las modalidades o restricciones que se dicten conforme a la "nueva normalidad", puede plantearse una nueva demanda, si la parte quejosa estima que en ese momento se vulneran sus derechos. Decisión Al haberse actualizado la causa de improcedencia establecida en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el diverso 77, ambos de la Ley de Amparo, procede sobreseer en el presente juicio, en términos de lo dispuesto en la fracción V del artículo 63 de la Ley en cita. Por lo anteriormente expuesto y con fundamento en los artículos 73 al 77 y 217 de la Ley de Amparo, se: Resuelve Único. Se sobresee en el juicio de amparo promovido por Dora Evelia Ortega Verdugo, respecto del acto reclamado identificado en el apartado III, por las razones expuestas en los considerandos V y VI del presente fallo. Notifíquese. Así lo resolvió y firma Fernando Alcázar Martínez, juez Primero de Distrito en el Estado de Sonora, ante Luis Felipe Escalante Pasos, secretario que autoriza y da fe. Doy fe.

  3. Principal

    CON FECHA 10/08/2021: SE DIFIERE AUDIENCIA CONSTITUCIONAL, SE SEÑALAN LAS 11:48 DEL 31/08/2021 PARA SU CELEBRACIÓN.

  4. Principal

    SE ADMITE DEMANDA, SE REQUIERE A LAS AUTORIDADES POR INFORME JUSTIFICADO, SE SEÑALAN LAS 11:18 DEL 10/08/2021 PARA CELEBRACIÓN DE AUDIENCIA CONSTITUCIONAL.

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