Dora Escobar Cinco

Expediente 181/2018 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito de Amparo y Juicios Federales en el Estado de Chiapas, con residencia en Tuxtla Gutiérrez. 2 actuaciones registradas, la última del 27 de febrero de 2018.

Datos del expediente

Expediente
181/2018
Año
2018
Actuaciones
2
Última actuación
27/02/2018

Partes del expediente

  • Dora Escobar Cinco

Actuaciones

  1. Principal

    Vista; la certificación que antecede de la que se advierte que ha transcurrido el término que establece el artículo 98, párrafo primero, en relación con el 97, fracción I, inciso a), de la Ley de Amparo vigente y apareciendo que la parte quejosa no se inconformó contra el proveído de quince de febrero del año en curso, en la que se desechó la demanda de amparo. Con fundamento en el numeral 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de la Materia, se declara que el mismo ha quedado firme para todos los efectos legales correspondientes. ARCHIVO Toda vez que no existe diligencia alguna por desahogar, con apoyo en lo dispuesto por el artículo 214 de la Ley de Amparo, interpretado a contrario sensu, se ordena el archivo definitivo de este expediente; háganse las anotaciones en el Libro de Gobierno respectivo. VALORACIÓN DEL EXPEDIENTE De conformidad con el Acuerdo General Conjunto 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito; este expediente es susceptible de destrucción, en virtud de que se ubica en la hipótesis establecida en la fracción II, del diverso punto Vigésimo Primero, ambos del Capitulo Quinto, de dicho acuerdo, pues se trata de un asunto que fue desechado; además a juicio del suscrito no tiene relevancia documental para su conservación. INCIDENTE DE SUSPENSIÓN Toda vez que, en el presente no se formó incidente de suspensión, se deja de proveer lo relativo. REGISTROS CORRESPONDIENTES Como lo disponen los puntos Décimo, fracción I, Primero, segundo párrafo, y Décimo Tercero, todos del Capítulo Tercero y Vigésimo Quinto, del Capítulo Quinto, del acuerdo en comento, háganse las anotaciones correspondientes en el presente juicio, en la carátula del mismo y en el libro de gobierno; y, una vez que transcurran tres años, deberán transferirse al Centro de Documentación y Análisis. DOCUMENTOS PARA DEVOLVER A LAS PARTES Toda vez que no se advierten documentos exhibidos por las partes, se deja de proveer lo relativo.

  2. Principal

    Vista; la demanda de amparo promovida por +++, a través de su mandatario judicial, Rutilio Mandujano Román, contra actos de la Primera Sala Regional Colegiada en Materia Civil, Zona 01, Tuxtla, con residencia en esta ciudad y otra autoridad. Se ordena formar el expediente correspondiente, capturar su ingreso en el libro de gobierno de este juzgado bajo el número 181/2018-I, así como en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). ACTO RECLAMADO Así, de conformidad con el artículo 74, fracción I, de la ley de la materia, es obligación de este Juzgador, realizar la fijación clara y precisa del acto o actos reclamados, por lo que de la lectura integral de la demanda de amparo, se desprende que la parte quejosa reclama: Sentencia dictada por la Primera Sala Regional Colegiada en Materia Civil, Zona 01, Tuxtla, con residencia en esta ciudad, en el toca civil 667-B-1CO1/17, que revocó la decisión del Juez Tercero del Ramo Civil de Primera Instancia del distrito judicial de Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, dictada en el expediente civil 777/2017, relativo al Juicio Ordinario Civil de nulidad de contrato, de aceptar la competencia para tramitar el referido juicio y ordenó declinar los autos, al Juez de Distrito en el Estado de Chiapas en turno. CAUSA DE IMPROCEDENCIA. Ahora bien, la superioridad supeditó la admisión de la demanda de amparo, salvo que no exista otro motivo de improcedencia; sin embargo, respecto del acto reclamado, se advierte de manera manifiesta la actualización de la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en concordancia con el 107, fracción VIII, este último aplicado a contrario sensu; de la Ley de Amparo, como se demostrará a continuación: Conforme se dispone en el artículo 61, fracción XXIII, del citado ordenamiento, el juicio de garantías será improcedente precisamente cuando ello resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esa Ley. Por otro lado de acuerdo a lo establecido con el artículo 107 fracción VIII de la Ley de Amparo, el amparo indirecto procede contra actos de autoridad que determinen inhibir o declinar la competencia o el conocimiento de un asunto. Cabe precisar que dicho numeral fue interpretado por la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la contradicción de tesis 239/2014, en el que estableció que en la Constitución Federal se clasifican las reglas establecidas para regular la procedencia del juicio biinstancial en contra de actos dictados en juicio o en un procedimiento, según su carácter sustantivo y materia, en oposición a su carácter objetivo y formal, a que produzca una afectación real y actual a la esfera jurídica del gobernado y que dicho acto goce de definitividad, en congruencia con el principio de concentración de violaciones procesales previsto en la Ley de Amparo. Así, determinó que por más que en la fracción VIII del artículo 107 de la Ley de Amparo, de manera destacada el legislador introdujo la posibilidad de combatir actos de autoridad en los que se determine inhibir o declinar la competencia, ello no significa, de facto, que el juicio de amparo indirecto resulte procedente, pues antes debe definirse si el acto de que se trata produce una afectación real, actual y de manera inmediata en la esfera jurídica del gobernado, además debe constatarse si dicho acto es definitivo. En ese tenor, consideró necesario precisar que existen dos formas de cuestionar la competencia en un proceso administrativo o jurisdiccional aun cuando tienen la misma finalidad. Precisó que la declinatoria se plantea ante la autoridad que está conociendo del asunto, solicitando que se abstenga de conocer de este y envié el expediente correspondiente a la que se considera competente, mientras que la inhibitoria se plantea ante la autoridad que no está conociendo del asunto, pero que se estima competente, solicitándole que, mediante oficio, se dirija a la autoridad que está conociendo del asunto, pero que se estima incompetente, con el objeto de que se inhiba en su conocimiento, y remita los autos correspondiente. En ambos supuestos, se pueden dar diversos resultados, dependiendo de los cuales se determinará la procedencia o improcedencia del juicio de amparo indirecto. Los supuestos pueden ser los siguientes: 1.- Si la autoridad o tribunal ante el cual se planteó la declinatoria se declara incompetente, debe remitir los autos a la autoridad o tribunal que considere que lo es; sin embargo, esta última puede aceptar la competencia declinada o rechazarla. Si se da lo primero, se avocara al conocimiento del asunto. Si se da lo segundo, regresará el asunto a la autoridad declinante para que ella siga conocimiento del mismo. 2.-Por otro lado, en la cuestión de competencia por inhibitoria, si la autoridad o tribunal ante el cual se planteó considera que es competente, dirigirá un oficio a la autoridad o tribunal que esté conociendo del asunto, solicitándole que se abstenga de ello y remita los expedientes del caso; sin embargo, esta autoridad o tribunal también puede aceptar o rechazar inhibirse en el conocimiento respectivo. Si acepta, remitirá los autos a la primera. Si rechaza la inhibitoria, entonces continuara conociendo del asunto. De lo anterior, se desprende que ya sea una autoridad o tribunal que se declare incompetente para conocer de un determinado asunto, o bien, que ello sea consecuencia de la formulación de una cuestión competencial, como la referida, en cualquier caso existe un trámite que debe llevarse a cabo dentro del procedimiento o juicio e incluso, existen medios de defensa ordinarios que deben agotarse (cuando estén previstos), y no será hasta que la primera de las condiciones se actualice o, en su caso, se interpongan y se resuelvan los recursos correspondientes cuando podrá considerarse que el acto de que se trata es definitivo y, por ende ponderar si se produce una afectación personal, real y directa en la esfera de derechos del interesado, lo que se actualizará, hasta que la autoridad a favor de la cual se declina competencia, la acepta (en el caso de la competencia por declinatoria), o bien, cuando el órgano requerido se inhibe en el conocimiento de un asunto (en el caso de la competencia por inhibitoria); lo anterior, es lo que debe considerarse conforme al artículo 107 fracción VIII de la Ley de Amparo, que es esa última decisión la que producirá la afectación personal y directa a la esfera de derechos del gobernado, misma que debe ser impugnada, en caso de que así proceda. En ese tenor cuando una de las partes en un procedimiento ordinario tiene la pretensión de que sea una determinada autoridad u órgano jurisdiccional el que conozca del asunto, la afectación se produce cuando la autoridad correspondiente llega a la determinación de que es competente y acepta la competencia declinada, o bien, acepta inhibirse en el conocimiento de un asunto. No obstante, la declaratoria o la solicitud en uno u otro caso, no constituyen aún determinaciones susceptibles de impugnarse a través del juicio de amparo indirecto, ya que ello se estaría supeditando a un acto cuya afectación no se ha materializado, porque las decisiones mediante las cuales una autoridad declina competencia a favor de otra, o requiere a otra para que se inhiba en el conocimiento de un asunto, no tiene como consecuencia forzosa la aceptación de la competencia, sea por declinatoria o inhibitoria, porque bien podría darse el caso de que se rechace y será hasta en ese momento cuando se produzca una afectación personal y directa a la esfera de derechos del gobernado. Precisada la premisa normativa que es aplicable al caso concreto, toca ahora analizarla a la luz de la premisa fáctica que en el caso se actualiza. En el caso particular, se advierte que el acto reclamado por la parte quejosa se hace consistir en Sentencia dictada por la Primera Sala Regional Colegiada en Materia Civil, Zona 01, Tuxtla, con residencia en esta ciudad, en el toca civil 667-B-1CO1/17, que revocó la decisión del Juez Tercero del Ramo Civil de Primera Instancia del distrito judicial de Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, dictada en el expediente civil 777/2017, relativo al Juicio Ordinario Civil de nulidad de contrato, de aceptar la competencia para tramitar el referido juicio y ordenó declinar los autos, al Juez de Distrito en el Estado de Chiapas en turno. Ahora, dicha resolución no tiene el carácter de definitiva, toda vez que el Juez de Distrito en el Estado de Chiapas en turno, con residencia en esta ciudad, a quien se ordenó declinar la competencia no se ha pronunciado respecto a la aceptación o no de la competencia declinada. Lo anterior es así, pues la impetrante de amparo, en su capítulo de hechos, manifestó bajo protesta de decir verdad, que el tribunal de Alzada ha ordenado al juez de origen que remitir el expediente 777/2017, de su índice, al juez de Distrito en el Estado de Chiapas en turno, con residencia en esta ciudad, el cual aún no se envía. Bajo tales circunstancias, se desprende que la resolución combatida por el solicitante del amparo no es una resolución definitiva susceptible de impugnarse en amparo indirecto toda vez que no le produce una afectación personal y directa a la esfera de sus derechos fundamentales; ello, es así, toda vez que el Juez de Distrito en el Estado de Chiapas en turno, con residencia en esta ciudad, al cual se ordenó declinar la incompetencia no se ha pronunciado al respecto, con lo que se acredita la causa de improcedencia en estudio. Apoya a lo anterior, el criterio sostenido por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del rubro y texto siguiente: AMPARO INDIRECTO. PROCEDE EN CONTRA DE LOS ACTOS DE AUTORIDAD QUE DETERMINEN DECLINAR O INHIBIR LA COMPETENCIA O EL CONOCIMIENTO DE UN ASUNTO, SIEMPRE QUE SEAN DEFINITIVOS (INTERPRETACIÓN DEL ARTÍCULO 107, FRACCIÓN VIII, DE LA LEY DE AMPARO VIGENTE A PARTIR DEL 3 DE ABRIL DE 2013). Aunque en la porción normativa indicada el legislador introdujo expresamente la procedencia del juicio de amparo indirecto contra actos de autoridad que determinen inhibir o declinar la competencia o el conocimiento de un asunto, aquélla no puede interpretarse literalmente y aseverar que, por ese solo hecho, el juicio de amparo procede indefectiblemente cuando se reclamen actos de tal naturaleza, soslayando para ello los principios constitucionales y legales que lo rigen, entre los que destacan los relativos a que el acto produzca una afectación real y actual a la esfera jurídica del interesado y a que éste cumpla con el principio de definitividad, pues bajo esa interpretación podrían desencadenarse consecuencias contrarias a la naturaleza del juicio de amparo y contravenirse la regularidad constitucional que se busca preservar con dicho medio extraordinario de defensa. En ese sentido, de la interpretación conforme del artículo 107, fracción VIII, de la Ley de Amparo con la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la cual exige optar por aquella de la que derive un resultado más acorde al Texto Supremo, a fin de garantizar la supremacía constitucional y, simultáneamente, permitir una adecuada y constante aplicación del orden jurídico, se concluye que los actos de autoridad susceptibles de impugnarse en el juicio de amparo indirecto, con fundamento en dicho precepto legal, deben entenderse referidos a aquellos en los que el órgano a favor del cual se declina la competencia la acepta (en el caso de la competencia por declinatoria), o bien, cuando acepta inhibirse en el conocimiento de un asunto (en el caso de la competencia por inhibitoria), porque es en este momento y no antes, cuando se produce la afectación personal y directa a la esfera de derechos de la parte interesada en términos del artículo 107, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y cuando se han producido todas las consecuencias del acto reclamado. De esta manera, la decisión del órgano de declararse incompetente o la solicitud de una autoridad a otra para que se inhiba en el conocimiento de un asunto no pueden considerarse determinaciones que justifiquen la procedencia del juicio de amparo indirecto con fundamento en el artículo 107, fracción VIII, aludido, sino en el caso de que aquéllas se tornen definitivas. Así también, resulta aplicable en la parte que interesa, la Jurisprudencia sustentada por la otrora Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del epígrafe y literalidad: AMPARO INDIRECTO. NO PROCEDE EN CONTRA DE RESOLUCION DICTADA EN APELACION, CUANDO ESTIMA FUNDADA LA EXCEPCION DE COMPETENCIA POR DECLINATORIA EN FAVOR DE UN JUEZ DE DISTRITO. Del análisis relacionado de los artículos 106 y 107, fracción III, inciso b) de la Constitución, 114, fracción IV de la Ley de Amparo y 32, 33, 35 y 36 del Código Federal de Procedimientos Civiles, se infiere que si bien es cierto que una resolución de esa naturaleza debe considerarse como un acto dentro del juicio que, conforme al artículo 114, fracción IV citado, puede ser reclamado en amparo indirecto, ello sólo acontece, en los términos del propio precepto, cuando es de imposible reparación, que ocurre cuando la resolución de segunda instancia estima fundada la excepción de incompetencia por declinatoria opuesta por el demandado y ordena remitir los autos a otro Juez común sujeto a la misma jurisdicción, pues en esta hipótesis, la decisión del Tribunal Superior tendrá que ser acatada por ambos Jueces. Sin embargo, ello no sucede cuando se declina la competencia a favor de un Juez común de otra jurisdicción o de un Juez de Distrito, pues al no obligarlos la resolución del Tribunal Superior ésta no causa perjuicio irreparable, ya que, tendrán que ser ellos los que acepten o rechacen la competencia. Por consiguiente, en este caso, no procede el amparo indirecto en contra de la determinación del Tribunal Superior. Por otra parte, si el Juez de Distrito o el Juez común, de otra jurisdicción a la del Tribunal Superior que dictó la resolución que estimó fundada la excepción de competencia por declinatoria, aceptan la misma, será su resolución, o la del recurso que la confirma, en caso de que proceda, la que causa perjuicio irreparable, pudiéndose combatir en amparo directo. Si, por el contrario, el Juez común o el Juez de Distrito no aceptan la competencia, así lo comunicarán al Juez requirente y, como éste se encuentra obligado por la resolución dictada en apelación, tendrá que remitir los autos a la Suprema Corte de Justicia de la Nación para que resuelva en definitiva el conflicto competencial. Si su decisión es en el sentido de la resolución del Tribunal Superior de Justicia, contra ella no procederá el amparo de acuerdo con lo dispuesto por el artículo 73, fracción I de la Ley de Amparo, pero ello resulta irrelevante puesto que el motivo de esta disposición radica en que la controversia es resuelta por el Máximo Tribunal ante el que pueden llegar los conflictos, independientemente de la vía que se haya ejercido. DESECHAMIENTO DE LA DEMANDA. Al actualizarse la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en concordancia con el 107, fracción VIII, este último aplicado a contrario sensu; de la Ley de Amparo, lo que procede es desechar la demanda por notoriamente improcedente, en términos del artículo 113, de la legislación en comento. DOMICILIO Y AUTORIZADOS En términos del artículo 108, fracción I, de la Ley de Amparo, téngase como domicilio para oír y recibir notificaciones el señalado en su escrito de cuenta; y como autorizados en términos del artículo 12, párrafo segundo, parte in fine, relacionado con el diverso 24, párrafo segundo, del citado ordenamiento legal, únicamente para oír y recibir notificaciones e imponerse de autos, a la persona que menciona, por así haberlo solicitado. HABILITACIÓN DE DÍAS Y HORAS INHÁBILES De conformidad con el artículo 21 de la Ley de Amparo, se habilitan días y horas inhábiles para que el Actuario o Secretarios adscritos a este juzgado puedan realizar las diligencias inherentes a sus funciones, cuando exista causa urgente que lo exija, debiendo hacerlo constar en el acta que se levante para tal efecto, cumpliendo con ello el imperativo previsto en el artículo 17 Constitucional. TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA De conformidad con los artículos 1, 5, 68 y 113 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, los datos personales concernientes a una persona física identificada o identificable; los secretos bancario, fiduciario, industrial, comercial, fiscal, bursátil y postal, cuya titularidad corresponda a particulares, sujetos de derecho internacional o a sujetos obligados cuando no involucren el ejercicio de recursos públicos, y aquella que presenten los particulares a los sujetos obligados, siempre que tengan el derecho a ello, conforme con lo dispuesto por las leyes o los tratados internacionales, será considerada como información confidencial, la que no estará sujeta a temporalidad alguna y solo podrán tener acceso a ella los titulares de la misma, sus representantes y los servidores públicos facultados para ello; por tanto, no será objeto de publicación. Por lo que para que este órgano jurisdiccional, en calidad de sujeto obligado, pueda permitir el acceso a dicha información particular clasificada, se deberá requerir el consentimiento de los particulares titulares de la misma; salvo las excepciones que para tal efecto prevé el diverso numeral 117 de la citada ley, o pueda ser elaborada una versión pública. Por tanto, para efectos de la publicación del expediente electrónico, se ordena al secretario que elabore en versión pública los acuerdos y resoluciones emitidos en el presente juicio, y la publique a través del módulo de captura del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes.

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