Dora Elsa Espizona Castro

Expediente 122/2018 tramitado ante el Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Sinaloa. 4 actuaciones registradas, la última del 18 de julio de 2018.

Datos del expediente

Expediente
122/2018
Año
2018
Actuaciones
4
Última actuación
18/07/2018

Partes del expediente

  • Dora Elsa Espizona Castro

Actuaciones

  1. Principal

    Visto el oficio firmado por Licenciado Gregorio Rodríguez García, con domicilio en Culiacán, Sinaloa, mediante el cual rinde su respectivo informe justificado; agréguese sin mayor proveído toda vez que el presente juicio ya se encuentra resuelto con sentencia ejecutoriada.

  2. Principal

    Visto el estado que guardan los presentes autos de los que se advierte que la licenciada Yibielvart Valencia García, autorizada legal de la parte quejosa, en su escrito presentado el ocho de marzo de dos mil dieciocho, comunicó que en el presente asunto cesó el acto reclamado en virtud de que el veinte de febrero del año en curso, la autoridad responsable Consejo Consultivo de la Delegación Estatal en Sinaloa del Instituto Mexicano del Seguro Social, dio contestación a la petición formulada por la aquí quejosa Dora Elsa Espinoza Castro, en su escrito formulado el veintiséis de octubre de dos mil diecisiete, en el expediente C.C.SIN. 519/2017, asimismo anexó copia de dicha contestación y de la constancia de su notificación; agréguese a sus autos para que surta sus efectos legales. Ahora bien, de las constancias que se anexan al escrito de cuenta se advierte que la autoridad responsable Consejo Consultivo de la Delegación Estatal en Sinaloa del Instituto Mexicano del Seguro Social, el veinte de febrero del año en curso, dio contestación a la petición formulada veintiséis de octubre de dos mil diecisiete, en el expediente C.C.SIN. 519/2017, cuya abstención consiste el acto reclamado en el presente asunto. Lo cual fue debidamente notificado. Por tanto, este órgano de control constitucional advierte que en la especie se actualiza la causal de improcedencia prevista en la fracción XXI del artículo 61, 62 y 63 fracción V, y 65 de la Ley de Amparo que disponen lo siguiente: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado;". "Artículo 62. Las causas de improcedencia se analizarán de oficio por el órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo.". "Artículo 63. El sobreseimiento en el juicio de amparo procede cuando: V. Durante el juicio se advierta o sobrevenga alguna de las causales de improcedencia a que se refiere el capítulo anterior.". "Artículo 65. El sobreseimiento no prejuzga sobre la constitucionalidad o legalidad del acto reclamado, ni sobre la responsabilidad de la autoridad responsable al ordenarlo o ejecutarlo y solo podrá decretarse cuando no exista duda de su actualización.". De lo que se colige que procede el sobreseimiento cuando durante el juicio de amparo aparezca alguna de las causales de improcedencia y que este es improcedente cuando han cesado los efectos del acto reclamado. Ciertamente, de las constancias allegadas por la licenciada Yibielvart Valencia García, autorizada legal de la parte quejosa, se advierte que fue contestada la petición formulada por la aquí quejosa el veintiséis de octubre de dos mil diecisiete, en el expediente C.C.SIN. 519/2017, lo que fue debidamente notificado, cuya omisión constituye el acto reclamado. De tal suerte que el acto de autoridad que combate el solicitante del amparo, dejó de surtir sus efectos durante la tramitación de la presente contienda constitucional; consecuentemente, en el caso se actualiza la causal de improcedencia prevista en la fracción XXI, del artículo 61 de la nueva Ley de Amparo. Mayormente al considerarse de la interpretación relacionada de lo dispuesto por los artículos 61, fracción XXI y 77 de la Ley de Amparo, que para que se surta la causal de improcedencia consistente en la cesación de los efectos del acto reclamado, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque tal acto, sino que es necesario que destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiese otorgado el amparo, es decir, como si el acto de autoridad no hubiese invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí ninguna huella, puesto que el motivo que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia de la Unión. Es aplicable la Jurisprudencia número 2a./J. 59/99, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 38 del Tomo IX del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, cuyo contenido es: "CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL. De la interpretación relacionada de lo dispuesto por los artículos 73, fracción XVI y 80 de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción de que para que la causa de improcedencia del juicio de garantías consistente en la cesación de efectos del acto reclamado se surta, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque tal acto, sino que es necesario que, aun sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí ninguna huella, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal.". Razones por las que se concluye improcedente la contienda constitucional que nos ocupa, y por ello se impone decretar el sobreseimiento fuera de audiencia de conformidad con los artículos 61, fracción XXI, 62, 63, fracción V y 65, todos de la nueva Ley de Amparo. Por ello, la audiencia constitucional señalada para las nueve horas con treinta minutos del veintiocho de marzo de dos mil dieciocho, no habrá de celebrarse. Es aplicable la Jurisprudencia 2a./J. 10/2003, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 386, del Tomo XVII del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Marzo de 2003, Materia Común, Novena Época, que dice: "SOBRESEIMIENTO. PROCEDE DECRETARLO FUERA DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL, CUANDO SE ACTUALICE UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, MANIFIESTA E INDUDABLE. De lo dispuesto en los artículos 74, fracción III y 83, fracción III, ambos de la Ley de Amparo, se desprende que el legislador previó la posibilidad que durante el juicio sobreviniera alguna de las causales de improcedencia previstas por el artículo 73 de la ley de la materia, tan es así que en el segundo de los preceptos mencionados estableció la procedencia del recurso de revisión contra los autos de sobreseimiento; éstos son precisamente los que el Juez pronuncia cuando, durante el trámite conoce de la existencia de una causal de improcedencia. Conforme a lo anterior, cuando la causal de improcedencia sea notoria, manifiesta e indudable, de manera que con ningún elemento de prueba pueda desvirtuarse, procede decretar el sobreseimiento en el juicio de garantías, sin necesidad de esperar la audiencia constitucional; estimar lo contrario traería consigo el retardo en la impartición de justicia, lo que es contrario al espíritu que anima al artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en la parte que establece que toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por los tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial.".

  3. Principal

    Visto el escrito firmado por la licenciada Yibielvart Valencia García, autorizada legal de la parte quejosa, mediante el cual informa que con fecha dos de marzo de dos mil dieciocho, fue notificada la respuesta a la petición formulada por su representad Dora Elsa Espinoza Castro, ante el Consejo Consultivo Delegacional, Delegación Sinaloa, del Instituto Mexicano Del Seguro Social, a través del acuerdo 61/2018 de fecha veinte de febrero de dos mil dieciocho, por lo tanto comunica que han cesado los efectos del acto que en esta vía reclama y anexa al mismo diversas documentales; agréguese a sus autos para que surta sus efectos legales y téngase por exhibidas las documentales que acompaña, a su escrito en términos del artículo 119 de la ley de la materia, sin perjuicio de poder hacer nuevamente relación de las mismas al momento de la celebración de la audiencia constitucional.

  4. Principal

    Visto el ocurso de cuenta, con fundamento en los artículos 1°, fracción I, 2º, 3º, 5º, 33, fracción IV, 37, párrafo primero, 107, 108, 110, 112, 115, 116, 117, y demás relativos de la Ley de Amparo, por reunir los requisitos necesarios, se admite a trámite la demanda de garantías promovida por Dora Elsa Espinoza Castro, en contra de los actos del Consejo Consultivo Delegacional, Delegación, Sinaloa del Instituto Mexicano del Seguro Social, con domicilio en Culiacán, Sinaloa, fórmese expediente y regístrese en el libro de gobierno correspondiente a los juicios de amparo con el número 122/2018-2; sin tramitarse incidente de suspensión por no haber sido solicitado; pídase informe justificado a la autoridad señalada como responsable, quienes deberán rendirlo por escrito o en medios magnéticos dentro del plazo de quince días siguientes al en que reciban los oficios en los que se les solicita, exponiendo las razones y fundamentos legales que estimen pertinentes para sostener la improcedencia del juicio y la constitucionalidad o ilegalidad del acto reclamado, debiendo acompañar, en su caso, copia certificada de las constancias necesarias para apoyarlo, apercibidas que de no rendir el informe justificado respectivo, o lo hacen sin remitir, en su caso, la copia certificada a que se refiere el párrafo cuarto del artículo 117 de la ley de la materia, en la sentencia respectiva, se le impondrá una multa de cien a mil días de salario mínimo general vigente en el Distrito Federal al momento de realizarse la conducta sancionada, en términos de los numerales 236, 237, 238 y 260, fracción II, de la ley de la materia. Cuando las partes tengan conocimiento de alguna causa de sobreseimiento deberán comunicarla de inmediato a este órgano y, de ser posible deberán acompañar las constancias que la acrediten, y si no cumplen con esa obligación, se les impondrá una multa de treinta a trescientos días, según las circunstancias del caso, en términos de los preceptos 64 y 251, de la Ley Amparo. Se señalan las nueve horas con treinta minutos del veintiocho de marzo de dos mil dieciocho para la celebración de la audiencia constitucional. De conformidad con lo que establece el precepto 5º, fracción IV, de la Ley de la materia, se tiene como parte en este juicio al Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito a este órgano. De igual forma, con fundamento en el artículo 119, segundo párrafo, de la Ley de Amparo, téngase por ofrecida la documental que exhibió la promovente del amparo, como anexo, la cual podrá ser tomada en consideración en la audiencia constitucional, conforme proceda. Como lo solicita la parte quejosa y, con fundamento en los numerales 14 y 17 Constitucionales, en relación con el 71 y 331, del Código de Procedimientos Civiles para el Distrito Federal, se le permite la reproducción en copia simple o fotostática de los documentos o resoluciones, mediante el uso del scanner, cámara fotográfica, lectores láser u otro medio electrónico para copiar constancias o reproducir el contenido de las resoluciones que obran en el expediente, sin que se requiera decreto judicial que así lo autorice, siempre que se deje constancia de su recepción en autos; en la inteligencia que no podrá reproducir documentos o textos cuya difusión esté reservada por disposición legal expresa, o si previamente debe mediar una notificación personal a la parte interesada en obtener la reproducción. Orienta el criterio, la Tesis I.3o.C.725 C., emitida por el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, visible en la página 2847, del Tomo XXIX del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Marzo de 2009, Materia Civil, Novena Época de los siguientes rubro y texto: "REPRODUCCIÓN ELECTRÓNICA DE ACTUACIONES JUDICIALES. LAS PARTES PUEDEN RECIBIR AUTORIZACIÓN AUNQUE NO EXISTA REGULACIÓN EXPRESA EN LA LEY DE AMPARO NI EN SU LEY SUPLETORIA. La petición de las partes de que se les autorice el uso de todos aquellos elementos aportados por los descubrimientos de la ciencia y la técnica para copiar o reproducir el acuerdo o resoluciones dictadas por los tribunales, encuentra fundamento en los derechos constitucionales de petición y de información; no obstante, la Ley de Amparo no contiene regulación al respecto, ni tampoco su ley supletoria el Código Federal de Procedimientos Civiles, que sólo previene en su artículo 278, la expedición de copias certificadas, lo que se debe a que ese numeral no se ha modificado desde su publicación original en el Diario Oficial de la Federación, el veinticuatro de febrero de mil novecientos cuarenta y tres; por tanto, debe acudirse a la analogía con una norma vigente en acatamiento al artículo 14 constitucional. Así, el Código de Comercio en su numeral 1067, y el Código de Procedimientos Civiles para el Distrito Federal, en los artículos 71 y 331, actualmente autorizan la reproducción en copia simple o fotostática de los documentos o resoluciones que obren en autos a petición verbal de la parte interesada, sin que se requiera decreto judicial que así lo autorice siempre que se deje constancia de su recepción en los autos, sin precisar el medio tecnológico permitido para su obtención; lo cual representa un gran cambio respecto de sus textos originales, sin embargo, no se dispuso expresamente respecto al uso por el propio interesado de los medios tecnológicos de reproducción para obtenerla y siendo un hecho notorio que en los dos últimos años la accesibilidad que algunos grupos sociales tienen a las innovaciones tecnológicas las que permiten a las partes el acceso a las constancias que obran en el expediente de una manera más ágil mediante el uso del scanner, la cámara fotográfica, lectores láser u otro medio electrónico para copiar constancias o reproducir el contenido de las resoluciones que obran en el expediente, lo que ha suscitado que soliciten autorización para copiar o tomar el acuerdo cotidiano de los expedientes, en los mismos términos en que se encuentran autorizados para consultarlos. De ahí que ante la falta de regulación expresa de esa situación, debe integrarse con una disposición vigente que regule una parecida en armonía con el principio general de derecho consistente en que quien puede lo más puede lo menos, y si de conformidad con la legislación procesal civil las partes y sus autorizados tienen acceso al expediente y tienen derecho a que se les expidan las copias simples que soliciten verbalmente sin que medie acuerdo, siempre que quede asentada su recepción, aunque no se precise que las partes directamente pueden obtener tales copias simples por el medio tecnológico que porten, ante la accesibilidad a las innovaciones tecnológicas que permiten la reproducción de las constancias que obran en el expediente de una manera más ágil mediante el uso del scanner, de la cámara fotográfica, de lectores láser u otro medio electrónico de reproducción portátil, no hay obstáculo legal que impida su utilización y debe ser permitida en aras de una impartición de justicia pronta y expedita, en términos del artículo 17 constitucional, sólo debe cuidarse que esas herramientas sean utilizadas con lealtad procesal y que no se reproduzcan documentos o textos cuya difusión esté reservada por disposición legal expresa o si previamente debe mediar una notificación personal a la parte interesada en obtener la reproducción; de modo que por regla general, sí procede autorizar la utilización de los avances de la ciencia, en integración de la laguna legal que padece la Ley de Amparo y su ley supletoria, para armonizar la situación actual científica y tecnológica y que en un futuro el legislador federal pudiera regular incluso con mayor alcance. Luego, bastará la solicitud verbal de la parte interesada, no se requerirá que recaiga proveído al respecto, pero en todo caso, por seguridad jurídica, se dejará constancia en autos de tal acto, sin que implique que la fe pública del secretario de Acuerdos quede comprometida respecto de la posterior reproducción o edición que hagan los interesados y, sólo para la hipótesis de que se solicite copiar sólo parte de un documento que obre en el expediente, deberá recaer acuerdo con vista a la contraparte para que manifieste lo que a su interés legal convenga.". Ahora bien, dada la carga de trabajo que prevalece en este órgano jurisdiccional, y a fin de no retardar la tramitación de este asunto, con fundamento en el artículo 21 de la Ley de Amparo y 282 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria en términos de su artículo 2°, se habilitan días y horas inhábiles, respecto a todas aquellas notificaciones que sean de carácter personal. Con apoyo en el artículo 305, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley actual de Amparo, por disposición expresa del numeral 2º, párrafo segundo de la misma ley, se tiene como domicilio del impetrante para oír y recibir notificaciones el ubicado en Bulevar Adolfo López Mateos esquina con Fuente de Artemisa número 2213, Norte, planta baja, Fraccionamiento Las Fuentes, en esta ciudad, y como sus autorizados para tales efectos, en términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo, a los licenciados Ylbielvart Valencia García, Jenny Elizabeth Medina y Luis Javier Jiménez González y, únicamente para oír y recibir notificaciones e imponerse de autos a los oficiales administrativos licenciados Adán Alberto Valdez León, Daisy Janitzia Aboyte Zazueta y Blanca Alicia Álvarez Montiel.

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