Dora Cecilia Diaz Vazquez

Expediente 1200/2020 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativo y de Trabajo y de Juicios Federales en el Estado de Nayarit, con residencia en el Rincón, Municipio de Tepic. 6 actuaciones registradas, la última del 14 de enero de 2022.

Datos del expediente

Expediente
1200/2020
Año
2020
Actuaciones
6
Última actuación
14/01/2022

Partes del expediente

  • Dora Cecilia Diaz Vazquez

Actuaciones

Las 4 más recientes de 6.

  1. Principal

    El Rincón, municipio de Tepic, Nayarit, catorce de enero de dos mil veintidós. Vista la certificación que antecede, de la que se aprecia que ha transcurrido el término que el artículo 98 de la Ley de Amparo, concede para interponer el recurso de queja en contra del proveído de veintitrés de noviembre de dos mil veintiuno, sin que se hubiere hecho uso de tal derecho; por tanto, con fundamento en el artículo 2°, de la ley invocada, en relación con los diversos 355 y 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la ley de la materia, se declara que dicho auto HA CAUSADO ESTADO, para todos los efectos legales; háganse las anotaciones en el libro de gobierno. En consecuencia, al no existir diligencias pendientes por realizar, archívese el presente expediente como asunto totalmente concluido. Ahora bien, conforme al Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, aprobado el diecinueve de febrero de dos mil veinte, publicado en el Diario Oficial de la Federación, el veinticinco de marzo de dos mil veinte, específicamente en lo relativo al capítulo octavo de expedientes destruibles, artículo 21, inciso d), se establece que este expediente ES SUSCEPTIBLE DE DESTRUCCIÓN, después de 05/08/23 10:28:40 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.01.a8.98 MARTIN NARVAEZ SOSA transcurridos tres años en razón de que se desechó el presente juicio de amparo. Se requiere a las partes para que de ser el caso acudan dentro del término de noventa días hábiles contado al día siguiente del en que surta efectos la notificación personal del presente proveído a recuperar los documentos originales que hubieren exhibido en el expediente apercibiéndoles de que en caso de no hacerlo, dichos documentos serán destruidos. Asimismo, háganse las anotaciones en el libro de gobierno correspondiente que se lleva en este Juzgado de Distrito, y las respectivas en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). Notifíquese, personalmente a la parte quejosa mediante el usuario "******". Así lo proveyó y firma Javier Arturo Herrejón Cedeño, Juez Tercero de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativo y de Trabajo y de Juicios Federales en el Estado de Nayarit, ante Martín Narváez Sosa, Secretario que autoriza y da fe

  2. Principal

    ...El Rincón, municipio de Tepic, Nayarit, veintitrés de noviembre de dos mil veintiuno. Consideración previa. Es dable señalar que en el presente asunto se encuentra involucrado un menor de edad; por lo que acorde con el principio general de "Protección a MARTIN NARVAEZ SOSA 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.01.a8.98 05/08/23 10:28:40 la Intimidad", que la Presidencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha recogido en el Protocolo de Actuación para quienes Imparten Justicia en casos que afecten a Niñas, Niños y Adolescentes, todos aquellos datos relacionados con la identidad del menor deberán de ser suprimidos y únicamente se le identificará con sus iniciales J.L.A.T.. Cumple prevención Visto el escrito presentado por Dora Cecilia Díaz Vázquez en su carácter de quejosa y por Verónica Cecilia Tirado Díaz, en su carácter de madre del menor con iniciales J.L.A.T., se advierte que Dora Cecilia Díaz Vázquez cumple con las prevenciones emitidas dentro del presente juicio de amparo, mediante auto de veintisiete de octubre del presente año. Por lo que se le tiene indicando que la demanda de amparo presentada se hace por su propio derecho y en representación de su menor nieto de iniciales J.L.A.T. Desechamiento de Demanda Ahora bien, analizada en su integridad la demanda y el cumplimiento de pretensión, previo a cualquier otra cuestión, se procede a examinar la procedencia de la misma conforme a los artículos 112 y 113 de la Ley de Amparo. El Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, indica lo que debe entenderse por "motivo manifiesto e indudable", a través de la tesis jurisprudencial de registro 188643, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XIV, Octubre de dos mil uno, Materia Constitucional, página 803, que a la letra dice: "CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. ALCANCE DE LA EXPRESIÓN "MOTIVO MANIFIESTO E INDUDABLE DE IMPROCEDENCIA" PARA EL EFECTO DEL DESECHAMIENTO DE LA DEMANDA. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 25 de la Ley Reglamentaria de las Fracciones I y II del Artículo 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el Ministro instructor podrá desechar de plano la demanda de controversia constitucional si encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia. En este contexto, por "manifiesto" debe entenderse lo que se advierte en forma patente y absolutamente clara de la lectura de la demanda, de los escritos aclaratorios o de ampliación, en su caso, y de los documentos que se anexen a tales promociones; mientras que lo "indudable" resulta de que se tenga la certeza y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trate efectivamente se actualiza en el caso concreto, de tal modo que aun MARTIN NARVAEZ SOSA 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.01.a8.98 05/08/23 10:28:40 Amparo indirecto 1200/2020VII ??????????????? ??????????????? cuando se admitiera la demanda y se sustanciara el procedimiento, no sería factible obtener una convicción diversa." En razón de que las causas que generan la improcedencia del juicio de amparo son de orden público y de estudio preferente, con independencia de que las invoquen o no las partes, tal y como lo determina el artículo 62, último párrafo, de la Ley de Amparo; lo procedente es examinar si en el caso se actualiza algún motivo de improcedencia de manera manifiesta e indudable. Para sustentar lo anterior, es necesario citar los siguientes numerales: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.]. XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta ley". "Artículo 5. Son partes en el juicio de amparo. [.] II. La autoridad responsable, teniendo tal carácter, con independencia de su naturaleza formal, la que dicta, ordena, ejecuta o trata de ejecutar el acto que crea, modifica o extingue situaciones jurídicas en forma unilateral y obligatoria; u omita el acto que de realizarse crearía, modificaría o extinguiría dichas situaciones jurídicas". De acuerdo con la disposición contemplada en la fracción XXIII del artículo 61 transcrito, a diferencia de las veintidós fracciones que le preceden, no prevé de manera específica algún motivo de improcedencia del juicio de amparo, lo cual se debe a que el legislador no podía prever en forma casuística todas las causas de inejercibilidad de la acción constitucional, quien para no pasar por alto alguna disposición legal que debiera tomarse en consideración cuando se formulan los supuestos de improcedencia, culminó tal enumeración con una regla como la que estatuye la fracción analizada, que en la especie es justificada, porque existen causas de improcedencia establecidas en la constitución y en la propia Ley de Amparo, que no encuadran en ninguno de los supuestos específicos que prevé el citado artículo 61. En relación con el contenido de la fracción II del artículo 5° de la Ley de Amparo, éste se refiere a las características que debe tener un ente para ser considerado autoridad responsable como aquella que dicta, ordena, ejecuta o trata de ejecutar el acto que crea, modifica o extingue situaciones jurídicas en forma unilateral y obligatoria; u omita el acto que de realizarse crearía, modificaría o extinguiría dichas situaciones jurídicas. MARTIN NARVAEZ SOSA 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.01.a8.98 05/08/23 10:28:40 Así, debe precisarse que las relaciones del Estado descansan sobre una dualidad subjetiva, es decir, entre dos entidades colocadas en distinto plano o posición, entre el Estado como persona jurídica política y sus órganos de autoridad por un lado y el gobernado por el otro (relaciones de supra a subordinación). La relación jurídica de supra a subordinación debe tener como características: unilateralidad, coercitividad e imperatividad. Establecido lo anterior, debe decirse que el juicio de amparo únicamente es procedente respecto de actos de autoridad que violen los derechos humanos de los gobernados. La Suprema Corte de Justicia de la Nación ha precisado que autoridad para efectos del juicio de amparo, es la persona que, con fundamento en una norma legal, puede emitir actos unilaterales a través de los cuales crea, modifica o extingue situaciones jurídicas que afectan la esfera legal de los gobernados, sin necesidad de acudir a los órganos jurisdiccionales ni tomar en consideración el consenso de la voluntad del afectado. El anterior criterio se encuentra previsto en la diversa tesis con registro 199459, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Novena Época, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo V, Febrero de 1997, Materia Común, Página 118, de rubro y contenido siguientes: "AUTORIDAD PARA EFECTOS DEL JUICIO DE AMPARO. LO SON AQUELLOS FUNCIONARIOS DE ORGANISMOS PUBLICOS QUE CON FUNDAMENTO EN LA LEY EMITEN ACTOS UNILATERALES POR LOS QUE CREAN, MODIFICAN O EXTINGUEN SITUACIONES JURIDICAS QUE AFECTAN LA ESFERA LEGAL DEL GOBERNADO. Este Tribunal Pleno considera que debe interrumpirse el criterio que con el número 300 aparece publicado en la página 519 del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-1988, Segunda Parte, que es del tenor siguiente: "AUTORIDADES PARA EFECTOS DEL JUICIO DE AMPARO. El término 'autoridades' para los efectos del amparo, comprende a todas aquellas personas que disponen de la fuerza pública en virtud de circunstancias, ya legales, ya de hecho, y que, por lo mismo, estén en posibilidad material de obrar como individuos que ejerzan actos públicos, por el hecho de ser pública la fuerza de que disponen.", cuyo primer precedente data de 1919, dado que la realidad en que se aplica ha sufrido cambios, lo que obliga a esta Suprema Corte de Justicia, máximo intérprete de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a modificar sus criterios ajustándolos al momento actual. En efecto, las atribuciones del Estado Mexicano se han incrementado con el curso del tiempo, y de un Estado de derecho pasamos a un Estado social de derecho con una creciente intervención MARTIN NARVAEZ SOSA 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.01.a8.98 05/08/23 10:28:40 Amparo indirecto 1200/2020VII ??????????????? ??????????????? de los entes públicos en diversas actividades, lo que ha motivado cambios constitucionales que dan paso a la llamada rectoría del Estado en materia económica, que a su vez modificó la estructura estadual, y gestó la llamada administración paraestatal formada por los organismos descentralizados y las empresas de participación estatal, que indudablemente escapan al concepto tradicional de autoridad establecido en el criterio ya citado. Por ello, la aplicación generalizada de éste en la actualidad conduce a la indefensión de los gobernados, pues estos organismos en su actuación, con independencia de la disposición directa que llegaren a tener o no de la fuerza pública, con fundamento en una norma legal pueden emitir actos unilaterales a través de los cuales crean, modifican o extinguen por sí o ante sí, situaciones jurídicas que afecten la esfera legal de los gobernados, sin la necesidad de acudir a los órganos judiciales ni del consenso de la voluntad del afectado. Esto es, ejercen facultades decisorias que les están atribuidas en la ley y que por ende constituyen una potestad administrativa, cuyo ejercicio es irrenunciable y que por tanto se traducen en verdaderos actos de autoridad al ser de naturaleza pública la fuente de tal potestad. Por ello, este Tribunal Pleno considera que el criterio supracitado no puede ser aplicado actualmente en forma indiscriminada sino que debe atenderse a las particularidades de la especie o del acto mismo; por ello, el juzgador de amparo, a fin de establecer si a quien se atribuye el acto es autoridad para efectos del juicio de amparo, debe atender a la norma legal y examinar si lo faculta o no para tomar decisiones o resoluciones que afecten unilateralmente la esfera jurídica del interesado, y que deben exigirse mediante el uso de la fuerza pública o bien a través de otras autoridades." De igual forma, la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación estableció que las notas distintivas de los actos de autoridad son las siguientes: A) La existencia de un ente de hecho o de derecho que establece una relación de "supra a subordinación" con un particular; B) Que la relación tenga su nacimiento en la norma legal que dota al ente de una facultad administrativa, cuyo ejercicio resulta irrenunciable, al ser de naturaleza pública la fuente de donde emana; C) Que emita actos unilaterales por virtud de los cuales cree, modifique o extinga, por sí o ante sí, situaciones jurídicas que afectan la esfera jurídica del particular; y, D) Que para emitir esos actos no requiera acudir a los órganos judiciales, ni precisar del consenso de la voluntad del afectado. Lo anterior se consideró en la jurisprudencia sustentada por la Segunda Sala del Alto Tribunal y publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, bajo el registro 161133, Novena Época, Tomo XXXIV, Septiembre de 2011, Materia Común, página 1089, que en rubro y texto señala: MARTIN NARVAEZ SOSA 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.01.a8.98 05/08/23 10:28:40 "AUTORIDAD PARA LOS EFECTOS DEL JUICIO DE AMPARO. NOTAS DISTINTIVAS. Las notas que distinguen a una autoridad para efectos del juicio de amparo son las siguientes: a) La existencia de un ente de hecho o de derecho que establece una relación de supra a subordinación con un particular; b) Que esa relación tenga su nacimiento en la ley, lo que dota al ente de una facultad administrativa, cuyo ejercicio es irrenunciable, al ser pública la fuente de esa potestad; c) Que con motivo de esa relación emita actos unilaterales a través de los cuales cree, modifique o extinga por sí o ante sí, situaciones jurídicas que afecten la esfera legal del particular; y, d) Que para emitir esos actos no requiera acudir a los órganos judiciales ni precise del consenso de la voluntad del afectado. En el caso concreto, del estudio de la demanda de amparo en su integridad, así como de los anexos que la acompañan, se advierte que la parte quejosa acude a esta instancia constitucional a reclamar lo siguiente: 1. El aviso verbal de corte, suspensión o cancelación del suministro de energía; 2. Los actos de verificación ajuste y posterior cobro excesivo en relación al servicio eléctrico; y, 3. La omisión de procurar el mejoramiento de la productividad con sustentabilidad para minimizar los costos de la industria eléctrica en beneficio de la población y contribuir con ello al desarrollo nacional; así como la ejecución de dichos actos. Al respecto, la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación emitió un criterio en el que estableció que en las relaciones y actos derivados del contrato de suministro de energía eléctrica, a raíz de la llamada reforma energética, la Comisión Federal de Electricidad no actúa en ejercicio de una potestad administrativa que le otorgue atribuciones de tal magnitud que actualicen una relación de supra a subordinación frente a los particulares, ni realice actos equiparables a dicha relación. Esto es así, porque en su carácter de suministrador, los actos que lleva a cabo, en virtud del contrato de suministro de energía eléctrica tienen como origen un acuerdo de voluntades de naturaleza comercial, incluido el inherente corte, suspensión o desconexión, habida cuenta que la participación regulatoria en ello se constriñe a otorgar bases mínimas que garanticen el cumplimiento del compromiso de suministro que es de orden público y que los contratos de adhesión que se celebren no resulten leoninos, abusivos, lesivos o inequitativos para el usuario. Por tanto, se trata de una relación de coordinación, en virtud del contrato que celebre la empresa suministradora con el usuario en los términos que finalmente se pacten. MARTIN NARVAEZ SOSA 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.01.a8.98 05/08/23 10:28:40 Amparo indirecto 1200/2020VII ??????????????? ??????????????? Razones por las que, consideró la Segunda Sala, los conflictos que surjan con motivo de cuestiones comprendidas en los contratos de suministro de energía eléctrica no pueden considerarse como emanados de una relación de supra a subordinación, sino de un vínculo de coordinación en donde el citado organismo actúa desprovisto de imperio. Precisó que el hecho de que le hayan suspendido el suministro de energía eléctrica en el domicilio que señala el quejoso, posibilidad de que a solicitud de la suministradora, se deje de otorgar el servicio contratado por el incumplimiento del usuario de algún aspecto contenido en el contrato, no genera que la relación de coordinación se transforme en una de supra a subordinación, sino que sólo implica el ejercicio del legítimo derecho de retención de la prestación como cualquier relación contractual ante el incumplimiento de alguna de las partes como sucede tratándose de contratos de derecho privado, en materia de seguros, telefonía, tarjetas de crédito, entre otros; sin que el corte del suministro en tal supuesto pueda verse como un procedimiento de ejecución dirigido a obtener el cobro del adeudo mediante mecanismos coercitivos, como sería el embargo de bienes, ya que para ello el suministrador tendrá que acudir a los tribunales ordinarios de justicia. Por tanto, en los actos pactados en el contrato de suministro de energía eléctrica, incluido el corte, suspensión o desconexión del servicio, así como cobros derivados de la prestación de dicho servicio, a la Comisión Federal de Electricidad no le resulta carácter de autoridad responsable para efectos del juicio de amparo. La jurisprudencia aludida, aprobada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación se publicó en abril de dos mil dieciocho en el Semanario Judicial de la Federación, bajo el registro 2016656, Décima Época, Libro 53, Tomo I, página 532, y es del siguiente tenor: "COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD. NO ES AUTORIDAD PARA EFECTOS DEL JUICIO DE AMPARO CONTRA ACTOS PREVISTOS EN EL CONTRATO DE SUMINISTRO DE ENERGÍA. La interpretación teleológica del régimen jurídico especial que tutela esa actividad de la empresa productiva del Estado, lleva a considerar que su objetivo es garantizar que el servicio se preste, ello en un sistema de libre competencia. De ahí que no la ejerce en un plano de supra a subordinación porque el contrato de adhesión no somete arbitraria y unilateralmente la voluntad de los contratantes a las condiciones de la empresa; máxime que su contenido es verificado por la MARTIN NARVAEZ SOSA 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.01.a8.98 05/08/23 10:28:40 Comisión Reguladora de Energía y la Procuraduría Federal del Consumidor para asegurar que no contenga cláusulas leoninas, abusivas o inequitativas para el contratante, mientras se protege la actividad comercial de la sociedad. En esa virtud, tales actos, incluido el corte del suministro en términos del contrato, forman parte de esa relación comercial y la vía procedente para dirimir lo relativo es la ordinaria mercantil. Sin que esto impida que cuando la empresa realice actos que vulneren derechos humanos fuera de lo estipulado y aceptado por las partes, o cuando aplique normas que se estimen inconstitucionales, se le pudiera señalar como autoridad responsable. Cuestión que deberá ser analizada en cada caso concreto por el juzgador de amparo." Lo anterior, sin que se inadviertan las manifestaciones vertidas por la promovente en el sentido que cuenta con la edad de sesenta y cinco años y que pertenece al grupo de personas vulnerables ya que padece obesidad (sin especificar de qué clase, es decir, obesidad, obesidad Clase 1, Clase 2 o Clase 3), y que cuando presentó la demanda habitaba su menor nieto, quien estuvo en su domicilio en el periodo de diciembre de dos mil veinte a principios de enero de dos mil veintiuno, tomando las clases en línea, por lo que resulta necesario el servicio Sin embargo, de tales argumentaciones, no se aprecia se esté en los casos de excepción precisados en la jurisprudencia 2a./J. 30/2018 (10a.), en los que la Segunda Sala del Alto Tribunal estimó que "se le pudiera señalar como autoridad responsable", cuando "la empresa realice actos que vulneren derechos humanos fuera de lo estipulado y aceptado por las partes, o cuando aplique normas que se estimen inconstitucionales. Cuestión que deberá ser analizada en cada caso concreto por el juzgador de amparo", siendo tales excepciones, refirió la citada Segunda Sala en la ejecutoria de la que emanó esa jurisprudencia 2a/J.30/2018 (10a.), aplicables en aquellos casos en que se ponga en evidente riesgo la vida, la salud o la seguridad de las personas que se encuentran en una situación vulnerable y que de manera ejemplificativa indicó eran, entre otros, los siguientes: - Que la falta de energía eléctrica ponga en evidente peligro la vida (enfermos dependientes de instrumentos y máquinas que los mantienen con vida o en caso de grupos vulnerables). - Personas imposibilitadas para proveer su subsistencia (pueblos y comunidades indígenas, personas con discapacidad, entre otros). MARTIN NARVAEZ SOSA 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.01.a8.98 05/08/23 10:28:40 Amparo indirecto 1200/2020VII ??????????????? ??????????????? - Grupos que han solicitado el suministro de energía eléctrica y no se les haya proporcionado ni actuado en vías de superar una imposibilidad técnica. Relatado lo anterior, y del análisis del líbelo constitucional de mérito, se advierte que acorde a sus propios planteamientos, la parte impetrante no se encuentra en ninguna de las hipótesis referidas o en alguna otra que guarde cierta similitud. Es decir, si bien la quejosa cuenta con sesenta y cuatro años de edad, que padece obesidad (sin especificar de qué tipo) y que está bajo tratamiento médico sin especificar para que tipo de enfermedad, ello es insuficiente para acreditar que la falta de energía eléctrica ponga en peligro evidente la vida, la salud o su seguridad, ya que no existe prueba que se encuentren en situación de vulnerabilidad o imposibilitados para proveer su subsistencia, máxime que no se vincula con la necesidad de utilizar un instrumentos y máquinas que requiera el uso de electricidad para su funcionamiento y con ello mantener con vida a la quejosa, aunado a que la quejosa refiere ser pensionada del ISSSTE y contar con servicio médico. Tocante al menor de edad con iniciales J.L.A.T., de igual manera tampoco se encuentra en alguna de las hipótesis referidas o en alguna otra que guarde cierta similitud, ya que su estancia en dicha casa habitación según lo refiere la propia quejosa, es como visitante y lo hace en los periodos vacacionales que dicta el calendario oficial de la Secretaria de Educación Pública, como son los de "Semana Santa", "vacaciones de verano" y "vacaciones de navidad", por lo que es evidente que no se le esta privando del derecho a tener acceso a la educación y en su caso a las clases a distancia. Ahora bien, respecto al tópico que señala la quejosa, en el sentido de que la responsable es omisa en procurar el mejoramiento de la productividad con sustentabilidad para minimizar los costos de la industria eléctrica en beneficio de la población y contribuir con ello al desarrollo nacional. Lo anterior, resulta innecesario su estudio, ya que la quejosa carece de interés jurídico a favor de la población para controvertir los programas y proyectos que la responsable ha creado con la finalidad procurar el mejoramiento de la productividad con sustentabilidad para minimizar los MARTIN NARVAEZ SOSA 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.01.a8.98 05/08/23 10:28:40 costos de la industria eléctrica en beneficio de la población y contribuir con ello al desarrollo nacional. En consecuencia, es innegable que la actuación que se atribuye a las potestades designadas como responsables de la Comisión Federal de Electricidad, no constituye un acto de autoridad para efectos el juicio de amparo, respecto de la quejosa, porque las autoridades de mérito no actúan con las características previstas en el artículo 5°, fracción II, de la Ley de Amparo. Por tanto, se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, relacionado con el diverso artículo 5, fracción II, interpretado a contrario sensu, respecto de los actos atribuidos a las responsables de la Comisión Federal de Electricidad, pues no les asiste el carácter de autoridades dada la naturaleza de aquéllos; en consecuencia, con base en lo establecido en el numeral 113 de la ley de la materia, SE DESECHA DE PLANO LA DEMANDA DE AMPARO por notoriamente improcedente respecto a los actos y autoridades que fueron precisados en los incisos a) y b) de esta determinación. Por último, es importante hacer alusión a la siguiente jurisprudencia que avala el carácter manifiesto e indudable del motivo de improcedencia que se invoca y la posibilidad de realizar ahora este análisis, criterio sostenido por la segunda sala del más Alto Tribunal, publicado en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, Libro 63, Febrero de 2019, Tomo I, página 1008, registro número 2019230, la cual es del tenor siguiente: "COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD. LA EXISTENCIA DE JURISPRUDENCIA QUE DEFINA LA NATURALEZA DE SUS ACTOS, CONSTITUYE UNA CAUSA MANIFIESTA E INDUDABLE DE IMPROCEDENCIA, PARA DESECHAR LA DEMANDA DE AMPARO INDIRECTO PROMOVIDA EN CONTRA DE AQUÉLLOS. La Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha determinado que el Juez de Distrito debe desechar la demanda de amparo indirecto sólo cuando de ésta se advierta, sin lugar a dudas, un motivo manifiesto de improcedencia. Entonces, es factible el desechamiento de la demanda como causa notoria y manifiesta cuando se impugnen actos de la Comisión Federal de Electricidad cuya naturaleza ha sido definida mediante jurisprudencia por el Máximo Tribunal, pues dichos criterios son de observancia obligatoria en términos del artículo 217, párrafo primero, de la Ley de Amparo, para todos los órganos de menor jerarquía, vedando así cualquier posibilidad de que el obstáculo declarado por la Suprema Corte de Justicia de la Nación para entrar al estudio del fondo del asunto sea superado. Sostener lo contrario, implicaría MARTIN NARVAEZ SOSA 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.01.a8.98 05/08/23 10:28:40 Amparo indirecto 1200/2020VII ??????????????? ??????????????? admitir que un órgano de menor jerarquía puede revisar un criterio obligatorio que derivó de un ejercicio hermenéutico del contenido de una norma, lo que sería tanto como permitir distorsionar la certeza y la seguridad jurídica que genera la definición del tema vía jurisprudencia del máximo intérprete constitucional." Atento a la decisión adoptada en este pronunciamiento, es dable señalar que, de considerarlo conveniente a sus intereses, y llegado el caso de generarse un perjuicio directo en la esfera jurídica del hoy quejosa, podrá hacer valer sus derechos ante las autoridades jurisdiccionales mercantiles correspondientes. Domicilio de la parte quejosa y autorizado Se tiene Verónica Cecilia Tirado Díaz, en su carácter de madre del menor con iniciales J.L.A.T., designando como domicilio para oír y recibir todo tipo de notificaciones el que señala en su escrito de demanda; y como autorizado en términos del artículo 12 de la Ley de Amparo a Josué Alfonso Tirado Díaz, toda vez que de una revisión en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho, ante los órganos jurisdiccionales del Poder Judicial de la Federación, se advierte que cuenta con cédula profesional debidamente registrada, con número de registro único: 75609. Consulta expediente vía electrónica Referente a la autorización que solicita para poder consultar el expediente electrónico, dígase que se autoriza su utilización. Ahora bien, toda vez que proporciona el nombre de usuario generado por el sistema de consulta de expediente electrónico "alfonsotd", y solicita se envíen por el mismo medio las notificaciones respectivas, instrúyase a la Analista Jurídico de SISE, para que capture dichas autorizaciones en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. Asimismo, infórmese a la parte quejosa que queda en aptitud de consultar las actuaciones judiciales por medio de la página del Consejo de la Judicatura Federal. Instrúyase al actuario judicial adscrito a este órgano de control constitucional que con fundamento en la fracción IV del artículo 26 de la MARTIN NARVAEZ SOSA 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.01.a8.98 05/08/23 10:28:40 ley de la materia, realice las subsecuentes notificaciones, aún las de carácter personal, por vía electrónica. Notifíquese, personalmente a la parte quejosa mediante el usuario "alfonsotd"; y personalmente al Analista Jurídico S.I.S.E. Así lo proveyó y firma Javier Arturo Herrejón Cedeño, Juez Tercero de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativo y de Trabajo y de Juicios Federales en el Estado de Nayarit, ante Martín Narváez Sosa, Secretario que autoriza y da fe.

  3. Principal

    ...El Rincón, municipio de Tepic, Nayarit, veintisiete de octubre de dos mil veintiuno. Agréguese el oficio 478/2021-A firmado por el Secretario del Segundo Tribunal Colegiado del Vigesimocuarto Circuito, con sede en Tepic, con el que remite testimonio de la resolución dictada en los autos de la QUEJA 12/2021, formado con motivo del recurso de queja interpuesto por la parte quejosa en el presente asunto, así como los autos del presente juicio de amparo. Ejecutoria en la que se determinó: "ÚNICO. Es fundado el recurso de queja." Por tanto, acúsese el recibo de estilo correspondiente; y háganse las anotaciones en el Libro de Gobierno correspondiente; ahora bien, en acatamiento a la resolución del tribunal de alzada se provee lo siguiente. Vista la demanda de amparo promovida por Dora Cecilia Díaz Vázquez, contra actos del Director General de la Comisión Federal de Electricidad y otras Aspectos Generales ? Si bien la parte quejosa solicita la suspensión de los actos reclamados, por el momento este resolutor federal no emitirá pronunciamiento respecto de la medida cautelar peticionada, dado el sentido que se dará al presente acuerdo. Prevención por antecedentes del acto reclamado Con fundamento en los artículos 108 fracción V, en relación con el 114 fracción II de la Ley de Amparo, requiérase al promovente para que dentro del término de CINCO DÍAS contados a partir del día siguiente al en que surta efectos la legal notificación del presente proveído, bajo protesta de decir verdad y con copias suficientes de su escrito aclaratorio para correr traslado a las partes, realice lo siguiente: MARTIN NARVAEZ SOSA 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.01.a8.98 05/08/23 10:28:40 ? Que precise la quejosa, la calidad con la que acude al presente juicio, ello porque del proemio de la demanda de amparo se lee que acude por propio derecho; sin embargo del cuerpo de la demanda argumenta que los actor reclamados también afectarían a su menor nieto, que habita en forma temporal en el mismo domicilio y que recibe ahí clases virtuales. Lo anterior, para efecto de establecer si la promoverte también gestiona el juicio de amparo en representación de su nieto y, en su caso, si cuenta con representación legal para ese efecto. Ello se torna relevante, pues por un lado garantizaría una representaría adecuada del infante y concretaría la igualdad en el acceso a la justicia en el proceso de amparo, y también porque, sin duda el análisis del acto reclamado podría impactar en la forma en cómo se aprecie el acto reclamado desde la perspectiva del interés superior del menor. Sirve de apoyo a lo anterior, la tesis I.8o.A.10 K (10a.), emitida por el Octavo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, con número de registro 2011985, cuyo rubro y texto es el siguiente: "REPRESENTACIÓN DE UN MENOR EN EL AMPARO INDIRECTO. LA OMISIÓN DEL JUEZ DE DISTRITO DE VERIFICAR LA DEBIDA LEGITIMACIÓN DE QUIEN PROMOVIÓ EL JUICIO, CONSTITUYE UNA VIOLACIÓN AL PROCEDIMIENTO QUE AMERITA SU REPOSICIÓN. De conformidad con la fracción IV del artículo 93 de la Ley de Amparo, el órgano revisor deberá revocar la resolución recurrida cuando por acción u omisión se hayan violado las reglas fundamentales que norman el procedimiento, siempre que las violaciones hayan trascendido al resultado del fallo. Entre esas reglas se encuentra la relativa a verificar la debida legitimación de quien promueve el juicio de amparo en representación de un menor de edad, a fin de garantizar una representación adecuada del infante y concretar la igualdad en el acceso a la justicia en todo proceso judicial, en observancia al principio de interés superior del niño. En ese sentido, constituye una violación procesal en los términos descritos, que el Juez de Distrito deseche una demanda de amparo indirecto respecto de un menor, con motivo de que quien se ostentó como su representante incumplió con la carga procesal de acreditar su personalidad, la cual afirmó tener reconocida ante la autoridad responsable, sin que lo hubiera requerido para hacerlo y, en su caso, recabar de la autoridad responsable la constancia respectiva, pues ello implica que soslayó la normativa legal, constitucional e internacional, así como los criterios sustentados por la Suprema Corte de Justicia de la Nación para proteger el interés superior del menor y permitirle integrarse a la relación jurídica procesal, a fin de que tenga una participación efectiva, que asegure el ejercicio pleno de sus derechos. Por tanto, si se advierte que durante la secuela del amparo no se verificó la debida legitimación de la persona que promovió el juicio en representación del menor quejoso, debe reponerse el procedimiento." Apercibimiento al promovente MARTIN NARVAEZ SOSA 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.01.a8.98 05/08/23 10:28:40 Amparo indirecto 1200/2020VII ??????????????? ??????????????? ??????????????? ??????????????? Ahora, con el original de su escrito de desahogo deberá presentar copias suficientes del mismo, con el fin de que el suscrito esté en posibilidad de correr traslado a cada una de las partes que intervienen en el juicio: una para cada autoridad responsable y una para el agente del Ministerio Público Federal de la adscripción y dos para el incidente de suspensión. Es aplicable la jurisprudencia de rubro y texto siguiente: "DEMANDA DE AMPARO INDIRECTO. LA ACLARACIÓN DEL ESCRITO RELATIVO DEBE EXHIBIRSE CON EL NÚMERO DE COPIAS A QUE SE REFIERE EL ARTÍCULO 120 DE LA LEY DE AMPARO. Si bien el referido precepto establece que con la demanda se exhibirán las copias necesarias para correr traslado a las partes, y para integrar el incidente de suspensión, sin hacer referencia expresa al escrito aclaratorio, también lo es que dicha disposición le resulta aplicable, pues este último, junto con el escrito inicial, integran la demanda de amparo.".1 Se apercibe a la justiciable que transcurrido el plazo mencionado y de no desahogar la prevención ante indicada en los términos expuestos, se tendrá no presentada la demanda de amparo, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 114 de Ley de Amparo. Notifíquese; personalmente a la parte quejosa mediante el usuario "alfonsotd". Así lo proveyó y firma Javier Arturo Herrejón Cedeño, Juez Tercero de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativo y de Trabajo y de Juicios Federales en el Estado de Nayarit, ante Martín Narváez Sosa, Secretario que autoriza y da fe.

  4. Principal

    ...El Rincón, municipio de Tepic, Nayarit, a veintidós de febrero de dos mil veintiuno. Agréguense a los autos para que obre como corresponda, el oficio 5/2021, que remite el Segundo Tribunal Colegiado del Vigésimo Cuarto Circuito, con sede en Tepic, Nayarit, de cuyo contenido se advierte que acusa de recibo la boleta relativa a la queja interpuesta por la quejosa Dora Cecilia Díaz Vázquez, por conducto de su autorizado Josué Alfonso Tirado Díaz, en contra del proveído de diez de diciembre de dos mil veinte, dictado por esta autoridad en el presente juicio de amparo, radicado con el número de recurso de queja 12/2021 de su estadística; de lo anterior, se toma conocimiento para los efectos legales correspondientes. Notifíquese. Así lo proveyó y firma Javier Arturo Herrejón Cedeño, Juez Tercero de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativo y de Trabajo y de Juicios Federales en el Estado de Nayarit, ante Martín Narváez Sosa, Secretario que autoriza y da fe.

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