Dony Emerson Perez Bocanegra
Expediente 388/2022 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Chiapas, con residencia en Tapachula. 5 actuaciones registradas, la última del 25 de abril de 2022.
Datos del expediente
- Expediente
- 388/2022
- Año
- 2022
- Actuaciones
- 5
- Última actuación
- 25/04/2022
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Chiapas, con residencia en Tapachula · Chiapas
Partes del expediente
- Dony Emerson Perez Bocanegra
Actuaciones
Las 4 más recientes de 5.
- Incidental
ÚNICO.- SE NIEGA SUSPENSIÓN DEFINITIVA
- Incidental
Tapachula de Córdova y Ordoñez, Chiapas, a diecinueve de abril de dos mil veintidós. Visto lo de cuenta, agréguese a sus antecedentes para los efectos legales conducentes, el informe previo correspondiente a la Directora General del Centro Federal de Readaptación Social Número Quince "CPS-CHIAPAS", con sede en Villa Comaltitlán. En tales condiciones, con fundamento en el artículo 140 de la Ley de Amparo, se ordena dar vista a la parte quejosa para que manifieste lo que a su derecho convenga, sin perjuicio de dar cuenta con el mismo al momento de celebrarse la audiencia incidental. Notifíquese. Así lo proveyó y firma Rosa Patricia Córdova Rangel, Jueza Primero de Distrito en el Estado de Chiapas, asistida de Mario Francisco García Cancino, Secretario del Juzgado con quien actúa y da fe. Doy Fe. MARIO FRANCISCO GARCÍA CANCINO
- Incidental
Tapachula de Córdova y Ordoñez, Chiapas, a ocho de abril de dos mil veintidós. ESTADO PROCESAL Y DIFERIMIENTO Visto el contenido de la certificación que antecede de la que se advierte que la autoridad responsable Directora General del Centro Federal de Readaptación Social Número Quince "CPS-CHIAPAS", con sede en Villa Comaltitlán, no ha rendido su informe previo, sin que obre en autos constancia de su recepción. Atento lo anterior, con apoyo en el artículo 140 de la Ley de Amparo, se difiere la fecha para la celebración de la audiencia incidental que está señalada para hoy, y se fijan las diez horas con quince minutos del veinticinco de abril de dos mil veintidós, para que tenga verificativo ese acto procesal. MARIO FRANCISCO GARCÍA CANCINO 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.01.74.7a 18/03/24 12:34:40 2 El señalamiento de la referida fecha, obedece a la necesidad de utilizar con eficiencia la agenda de este federal, tomando como base las medidas preventivas y lineamientos establecidos en el referido Acuerdo General 21/2020 del Pleno de Consejo de la Judicatura Federal, prorrogado en su vigencia por los Acuerdos Generales 25/2020, 37/2020 y 1/2021. Inscríbase esta determinación en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes de esta institución, para los efectos estadísticos correspondientes. INFORME PREVIO Finalmente glósese a los presentes autos el informe previo singado por el Juez de Distrito Especializado en el Sistema Penal Acusatorio del Centro de Justicia Penal Federal en el Estado de Chiapas, con sede en esta ciudad. En tales condiciones, con fundamento en el artículo 140 de la Ley de Amparo, se ordena dar vista a la parte quejosa para que manifieste lo que a su derecho convenga, sin perjuicio de dar cuenta con el mismo al momento de celebrarse la audiencia incidental. Notifíquese. Así lo proveyó y firma Rosa Patricia Córdova Rangel, Jueza Primero de Distrito en el Estado de Chiapas, asistida de Mario Francisco García Cancino, Secretario del Juzgado con quien actúa y da fe. Doy Fe.
- Principal
Tapachula de Córdova y Ordoñez, Chiapas, a cuatro de abril de dos mil veintidós. EXPEDIENTE Y REGISTRO Vista la demanda promovida por Dony Emerson Pérez Bocanegra, Roberto Sánchez Partida, Carlos Adrián García Flores, Ricardo Contreras Hernández, Jaime de Jesús Corrales Romero, José Alberto Martínez Barrientos, Jorge Alberto Contreras Hernández, Domingo Medina Díaz, Carlos Moreno Martínez, Eduardo Sánchez Zúñiga, Francisco Javier Salazar Barrón y José Alfredo Pérez Zapotitla, contra actos del Juzgado de Distrito Especializado en el Sistema Penal Acusatorio en funciones de Ejecución en el Estado de Chiapas, con sede en esta ciudad y otra autoridad; fórmese el cuaderno correspondiente y regístrese en el libro de gobierno respectivo, así como en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE), bajo el número 388/2022-VII-A. DESECHAMIENTO Para estar en condiciones de proveer respecto a la admisión o no de la demanda de mérito, se debe considerar que el normativo 113 de la Ley de Amparo, estatuye: Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda; y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano. El citado precepto impone, ante todo, la obligación de examinar la demanda de derechos fundamentales para que en caso de que se encuentre un motivo manifiesto e indudable de improcedencia se deseche de plano. El concepto "motivo manifiesto e indudable de improcedencia", ha sido explicado en la tesis jurisprudencial V.2o.J/75 del Segundo Tribunal Colegiado del Quinto Circuito, publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Octava Época, tomo 68, agosto de 1993, página 77, cuyo rubro es: DEMANDA DE AMPARO, DESECHAMIENTO DE LA. REQUISITOS. Esencialmente, la tesis en cuestión explica que para el desechamiento de plano de una demanda de amparo, es necesario que se encuentre un motivo de improcedencia del juicio constitucional, el cual debe ser manifiesto, es decir, que se advierta en forma patente y absolutamente clara de la lectura del líbelo y, finalmente, que también sea indudable, lo cual resulta de la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trata es operante en el caso concreto. Ahora bien, este órgano jurisdiccional advierte de oficio, que se surte la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción X, de la Ley de Amparo, el cual dispone lo siguiente: "Artículo 61.- El juicio de amparo es improcedente: (.) (...) X. Contra normas generales o actos que sean materia de otro juicio de amparo pendiente de resolución promovido por el mismo quejoso, contra las mismas autoridades y por el propio acto reclamado, aunque las violaciones constitucionales sean diversas, salvo que se trate de normas generales impugnadas con motivo de actos de aplicación distintos. En este último caso, solamente se actualizará esta causal cuando se dicte sentencia firme en alguno de los juicios en la que se analice la constitucionalidad de las normas generales; si se declara la constitucionalidad de la norma general, esta causal no se actualiza respecto de los actos de aplicación, si fueron impugnados por vicios propios." Del citado precepto se desprende que el juicio de amparo es improcedente contra normas generales o actos que sean materia de otro juicio de amparo que se encuentre pendiente de resolución, cuando sea promovido por el mismo quejoso, contra las mismas autoridades y por el propio acto reclamado, aunque las violaciones constitucionales sean diversas. La causa de improcedencia a que se hace referencia, es conocida como litispendencia, la que ha sido definida como el estado del litigio que se halla pendiente de resolución ante un tribunal, o lo que es igual, el estado del juicio del que ya conocen los tribunales y no ha sido resuelto por sentencia ejecutoria. La figura jurídica de la litispendencia se funda en tres razones principales: en el principio de economía procesal que exige que se eviten dos procesos sobre el mismo litigio; en la necesidad de evitar dos sentencias diversas y aun contradictorias sobre el mismo litigio; y finalmente, en que sería injusto obligar al demandado a defenderse en dos procesos diversos respecto de una misma demanda. En esa tesitura, en términos del referido artículo 61, fracción X, de la Ley de Amparo, el juicio de amparo es improcedente cuando se actualizan los supuestos siguientes: a) Que la ley o acto que se reclamen en el juicio de amparo sean materia de otro juicio de amparo; b) Que ese diverso juicio esté pendiente de resolución, ya sea en primera o única instancia o en revisión; y c) Que ambos juicios de amparo sean promovidos por el mismo quejoso o quejosos, contra las mismas autoridades y por el mismo acto reclamado, aunque las violaciones constitucionales sean diversas. De lo expuesto se advierte con meridiana claridad, que la improcedencia del juicio de amparo, prevista en el artículo 61, fracción X, de la Ley de Amparo, no se encuentra condicionada a que además de que el acto reclamado en un juicio de garantías sea idéntico a aquel que el quejoso reclame en otro diverso juicio de amparo en trámite contra las mismas autoridades responsables, en cada uno de los juicios exista también identidad de pretensiones o causa de pedir del quejoso, pues en dicho precepto legal se establece que no obsta para que se configure la improcedencia en cuestión que las violaciones constitucionales sean diversas. De ahí que si el legislador no estableció tal condición, el juzgador de amparo tampoco puede hacerlo, atento al principio de que donde el legislador no distinguió el juzgador no puede establecer alguna distinción. Sobre el particular, conviene citar el criterio sustentado por el Tribunal Pleno del Más Alto Tribunal del País, visible en la página cuarenta y uno, Primera Parte, Tomo XCIX, publicada en el Semanario Judicial de la Federación, materia común, Sexta Época, que dice: "IMPROCEDENCIA, CAUSALES DE. La fracción IV del artículo 73 de la ley reglamentaria del juicio de garantías, establece: 'El juicio de amparo es improcedente: IV. Contra leyes o actos que hayan sido materia de otra ejecutoria en otro juicio de amparo en los términos de la fracción anterior'. La fracción III a que alude la disposición transcrita señala: 'El juicio de amparo es improcedente, contra leyes o actos que sean materia de otro juicio de amparo que se encuentre pendiente de resolución, ya sea en primera o única instancia, o en revisión, promovido por el mismo quejoso, contra las mismas autoridades y por el propio acto reclamado, aunque las violaciones constitucionales sean diversas'. Se establece estrecha relación entre ambas causales de improcedencia, porque la señalada en la fracción IV establece como elemento fundamental, que la ejecutoria se haya pronunciado en otro juicio de amparo, en los términos de la fracción anterior, que no puede tomarse en su integridad sino sólo en la parte en que se refiere a otro juicio de amparo promovido por el mismo quejoso, contra las mismas autoridades y por los propios actos reclamados. Esta limitación hace que no se confundan ambas causales y que su aplicación corresponda a momentos diferentes, pues en tanto que la causal de la fracción III se contrae a lo que debe llamarse litis pendencia procesal que en el juicio constitucional da origen a su sobreseimiento, cualquiera que sea la instancia en que se encuentre, la de la fracción IV sólo puede aplicarse para el mismo efecto de sobreseer, cuando se haya producido la cosa juzgada por la ejecutoria que se pronuncia en el otro juicio en el que exista la identidad en los sujetos y en el objeto; entendiendo como cosa juzgada en el caso concreto de esta causa de improcedencia, aquella verdad legal que no admite ulterior recurso." De igual manera, resulta aplicable la tesis sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página ciento cuarenta y dos, Tomo 205-216 Primera Parte, publicada en el Semanario Judicial de la Federación, materia común, que dice: "LITISPENDENCIA Y COSA JUZGADA, IMPROCEDENCIAS DEL JUICIO DE AMPARO POR. EN SU CONFIGURACIÓN NO INFLUYEN LAS VIOLACIONES CONSTITUCIONALES ALEGADAS EN LAS DOS DEMANDAS DE GARANTÍAS. Debe sobreseerse en los autos del juicio constitucional de acuerdo con lo que se ordena en el texto de los artículos 73, fracciones III o IV (según corresponda), y 74, fracción III, de la Ley de Amparo, cuando los actos reclamados sean materia de un diverso juicio de garantías promovido por la misma quejosa y en contra de las mismas autoridades, independientemente de las violaciones constitucionales alegadas, cuestión que no influye en la configuración de estas causales de improcedencia." Ahora bien, es un hecho notorio para este órgano jurisdiccional, que con fecha uno de abril del presente año, se recibió el escrito de demanda promovido por el quejoso Carlos Adrián García Flores, en los mismos términos en que promovió el escrito de demanda de cuenta, esto es, en contra de las mismas autoridades penitenciarias, narrando los mismos antecedentes y en contra de los mismos actos reclamados, a la cual le correspondió el número de juicio 370/2022, misma que se admitió a trámite en auto de uno de abril del presente año. Apoya a lo anterior, la jurisprudencia número 103/2007, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 285, Tomo XXV, junio de 2007, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, cuyos rubro y texto son los siguientes: "HECHO NOTORIO. PARA QUE SE INVOQUE COMO TAL LA EJECUTORIA DICTADA CON ANTERIORIDAD POR EL PROPIO ÓRGANO JURISDICCIONAL, NO ES NECESARIO QUE LAS CONSTANCIAS RELATIVAS DEBAN CERTIFICARSE.- Conforme al artículo 88 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, los órganos jurisdiccionales pueden invocar hechos notorios aun cuando no hayan sido alegados ni demostrados por las partes. Así, los titulares de los órganos jurisdiccionales pueden válidamente invocar como hechos notorios las resoluciones que hayan emitido, sin que resulte necesaria la certificación de las mismas, pues basta con que al momento de dictar la determinación correspondiente la tengan a la vista". Con lo anterior, queda evidenciado que el acto reclamado en la demanda que dio origen a este asunto, es materia de otro juicio de amparo previamente promovido por la misma parte quejosa, contra las mismas autoridades, que aún se encuentra pendiente de definición, pues como se indicó, en el juicio de amparo 370/2022, se admitió la demanda en auto de uno de abril del año en curso; por lo tanto, es inconcuso que en el caso se actualiza la figura de litispendencia. Resulta aplicable al caso, la tesis VII.P.83 K, emitida por el entonces Tribunal Colegiado en Materia Penal del Séptimo Circuito, visible en la página doscientos sesenta, Tomo XV, enero de mil novecientos noventa y cinco, Octava Época, del Semanario Judicial de la Federación, que prevé: "LITISPENDENCIA, INTERPRETACIÓN DE LA FRACCIÓN III DEL ARTÍCULO 73 DE LA LEY DE AMPARO. Es improcedente, en términos de lo preceptuado por el artículo 73, fracción III de la Ley de Amparo, el juicio de garantías que se promueve en contra de un acto que fue materia de un diverso juicio de amparo que se encuentra pendiente de resolución en primera o única instancia, o en revisión, si éste se interpone por el mismo quejoso, contra las mismas autoridades y por el propio acto reclamado, con independencia de las fechas que ostenten las resoluciones tachadas de inconstitucionales, si en ambos casos existe identidad en el fondo sustancial u objeto materia del juicio." En esas condiciones, al actualizarse la causal de improcedencia antes analizada, es indudable la improcedencia del presente juicio, en términos del artículo 61, fracción X, de la Ley de Amparo, lo que impone desechar de plano la demanda de amparo que dio origen a este biinstancial. Apoya a lo anterior, la jurisprudencia I.1º.A. J/4, sustentada por el Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, visible en la página ochocientos noventa, Tomo VII, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, correspondiente al mes de mayo de mil novecientos noventa y ocho, Novena Época, que dice: "DESECHAMIENTO DE LA DEMANDA DE GARANTÍAS. CAUSA DE IMPROCEDENCIA MANIFIESTA E INDUDABLE.- De conformidad con el artículo 145 de la Ley de Amparo, el Juez de Distrito está obligado a examinar el escrito de demanda y si encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia la desechará de plano. Lo manifiesto se da cuando el motivo de improcedencia se advierte en forma patente y absolutamente clara de la lectura del libelo, de los escritos aclaratorios o de ampliación (cuando los haya) y de los documentos que se anexen a tales promociones; lo indudable resulta de que se tenga la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trate es operante en el caso concreto, de tal modo que aun cuando se admitiera la demanda y se sustanciara el procedimiento no resultara factible formarse una convicción diversa, independientemente de los elementos que eventualmente pudieran allegar las partes." ADMISIÓN DE LA DEMANDA Por otro lado, en relación con los diversos quejosos Dony Emerson Pérez Bocanegra, Roberto Sánchez Partida, Ricardo Contreras Hernández, Jaime de Jesús Corrales Romero, José Alberto Martínez Barrientos, Jorge Alberto Contreras Hernández, Domingo Medina Díaz, Carlos Moreno Martínez, Eduardo Sánchez Zúñiga, Francisco Javier Salazar Barrón y José Alfredo Pérez Zapotitla, con fundamento en los artículos 103, fracción I, 107, fracciones I, VII y XV, de la Constitución Federal, 1o, fracción I, 5o, 6o, 33, fracción IV, 35, 107, 108, 110, 112, 115, 116, 117, 119 y demás relativos de la Ley de Amparo, se admite la demanda de amparo en sus términos. INCIDENTE DE SUSPENSIÓN Con fundamento en el artículo 128 de la Ley de Amparo, tramítese por separado el incidente de suspensión solicitado por la parte quejosa. SOLICITUD DE INFORME JUSTIFICADO De acuerdo a lo dispuesto en el artículo 117 de la Ley de Amparo, se pide a las autoridades responsables que rindan su informe justificado dentro del término de quince días siguientes al en que reciba el oficio por el que se le comunica el presente acuerdo. Al tiempo, se hace del conocimiento de las aludidas potestades que: * En caso de que omitan rendir su informe se presumirán ciertos los actos reclamados que se le imputan. * En el informe deberá exponer las razones y fundamentos que estimen pertinentes para sostener la improcedencia del juicio, así como la constitucionalidad o legalidad de los actos reprochados, a los que deberán acompañar además, copias certificadas de las constancias necesarias para apoyarlo; pues de no hacerlo así, o de no remitir las aludidas documentales de manera completa y legible para la solución del presente asunto, se les sancionará con una multa de cien a mil unidades de medida y actualización, conforme lo dispuesto en la fracción II, del artículo 260 de la Ley de Amparo. Al efecto, se informa a las autoridades responsables que se encuentra a su disposición el correo electrónico oficial de este juzgado con la finalidad de hacer llegar los informes y documentos que así estimen conducentes 1jdo20cto@correo.cjf.gob.mx. * Fax: 962 62 61 84 1. En un horario comprendido de las ocho a las doce horas. * Telegrama a la dirección: Edificio Sede del Poder Judicial de la Federación en Tapachula, Predio Huerto Santa Isabel, Carretera a Cantón murillo No. km 0 450 Colonia Innominada, Tapachula, Chiapas C.P. 30785. Sin perjuicio de hacerlo además a través de la vía postal ordinaria. Tratándose de actos materialmente administrativos, cuando en la demanda se aduzca la falta o insuficiencia de fundamentación y motivación, en su informe justificado deberá complementar en esos aspectos el acto reclamado, en términos de lo dispuesto por el numeral 117, último párrafo de la ley de la materia; pues de no hacerlo, la consecuencia será la que dispone la parte final del diverso precepto 124 de la propia legislación. CAUSAS DE SOBRESEIMIENTO Con apoyo en el artículo 64 de la Ley de Amparo, se hace saber a las partes que cuando tengan conocimiento de alguna causa de improcedencia y/o sobreseimiento, así como la existencia de otro u otros juicios constitucionales que se relacionen con el presente, deberán comunicarlo de inmediato a este órgano jurisdiccional, incluso aun celebrada la audiencia constitucional o que el asunto se encuentre en revisión y, de ser posible, acompañarán las constancias que la acrediten. En caso contrario, se les impondrá multa de treinta a trescientas unidades de medida y actualización, en términos del numeral 251 de la invocada legislación. INTERVENCION DEL AGENTE DEL MINISTERIO PÚBLICO FEDERAL Con fundamento en los artículos 5, fracción IV, 26, fracción IV, 28 y 30 de la Ley de Amparo, se ordena dar la intervención que legalmente corresponde al Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito mediante oficio con copia de la demanda de amparo. ACUMULACIÓN Por otro lado, visto el estado que guardan los presentes autos, y el contenido de la certificación que antecede, de los que se advierte que se encuentra registrado el juicio de garantías 370/2022, promovido por Mario Ramón Cruz Martínes y otros, contra actos del Juez de Distrito Especializado en el Sistema Penal Acusatorio en funciones de Ejecución en el Estado de Chiapas, con sede en esta ciudad y otra autoridad, que los hicieron consistir en el incumplimiento de la sentencia dictada en la controversia 306/2021 y sus acumuladas, del índice de la referida autoridad judicial. Ahora bien, de la demanda de garantías que dio origen al presente asunto, se desprende que el acto que en este expediente se reclama consiste en el incumplimiento de la sentencia dictada en la controversia 306/2021 y sus acumuladas. Bajo esas circunstancias, es claro que los actos que se reclaman en ambos controvertidos constitucionales guardan relación directa entre sí, pues emanan de la misma controversia, que se ventila en el Juzgado de Distrito Especializado en el Sistema Penal Acusatorio en funciones de Ejecución en el Estado de Chiapas, con sede en esta ciudad; amén de que los actos se reprochan en ambos juicio de amparo, se atribuyen a las mismas autoridades señaladas como responsables ordenadoras. Por lo que, con fundamento en los artículos 57, fracción II, y 59, de la Ley de Amparo, esta juzgadora considera procedente de oficio decretar la acumulación del juicio de garantías en que se actúa al diverso expediente 370/2022, del propio índice, por ser el que primeramente fue presentado ante la Oficina de Correspondencia Común a los Juzgados Distrito en el Estado, residente en esta ciudad, como se advierte de la boleta de turno que obra a foja 1, de los autos que integran el controvertido antes apuntado. Consecuentemente, una vez que se encuentren notificadas las partes, se ordena remitir copia autorizada del presente proveído a la Secretaría V-A, del área de Amparos de este tribunal, así como los autos originales que integran el cuaderno principal del juicio de amparo en que se actúa y, en cuanto sea resuelto, el original y duplicado del incidente de suspensión relativo, para los efectos legales procedentes. Apoya la anterior determinación, la Tesis de Jurisprudencia número P./J. 51/2004, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible a la página 5, del Tomo XX, Agosto de 2004, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que a la letra dice: "ACUMULACIÓN EN AMPARO. SE PODRÁ DECRETAR DE OFICIO CUANDO SE TRATE DE JUICIOS EN TRÁMITE ANTE UN MISMO JUZGADO DE DISTRITO, PUES EN EL CASO DE LOS TRAMITADOS ANTE JUZGADOS DISTINTOS, SÓLO PROCEDERÁ A INSTANCIA DE PARTE. De la interpretación de los artículos 57 a 60 de la Ley de Amparo se advierte que en los juicios de garantías que se encuentren en trámite ante los Jueces de Distrito podrá decretarse su acumulación, a instancia de parte o de oficio, en los casos que señala la ley; que será competente para conocer de la acumulación, así como de los juicios acumulados, el Juez que hubiere prevenido, y que el más reciente se acumulará al más antiguo; que la acumulación podrá decretarse tanto respecto de los juicios de amparo que se sigan ante un mismo juzgado, como de los que se sigan ante juzgados diferentes; y que es potestativo para los Jueces decretarla o no. Ahora bien, como la facultad de decretar la acumulación de oficio se ejerce unilateralmente, con potestad plena y sin tramitación alguna, no es factible que un Juez de Distrito pueda hacerlo respecto de juicios que se sigan ante otro Juez, porque en esta hipótesis la acumulación ya no sería de oficio, sino mediante la necesaria concurrencia de dos voluntades, una que inicia el trámite sin poder vinculante y otra que accede a la acumulación y que no obraría por impulso propio ni a instancia de parte; luego, no es posible que, de oficio, un Juez de Distrito le ordene a otro que esté conociendo de otros juicios de amparo, que le envíe los autos, porque este último está en libertad de negarse a hacerlo por virtud de la facultad discrecional de que goza. En consecuencia, la acumulación de oficio sólo puede ejercerse respecto de los juicios de amparo que se tramitan ante un mismo juzgado, mientras que la acumulación a instancia de parte podrá promoverse ante cualquiera de los Jueces que estén conociendo de los juicios relacionados; sin embargo, en caso de que el que reciba la solicitud advierta de las constancias de autos que otro previno, conforme al sello fechador impreso en las demandas por la oficialía respectiva, deberá declararse legalmente incompetente para conocer del incidente de acumulación y remitir las constancias necesarias a aquél, a fin de que lo resuelva.". PRUEBAS De acuerdo al contenido de los dispositivos 119 al 123 de la Ley de Amparo, se indica a las partes que en el juicio de amparo son admisibles toda clase de pruebas, excepto la confesional por posiciones. REPRESENTANTE COMÚN Con fundamento en el ordinal 13 de la Ley de Amparo, téngase como representante común de la parte quejosa a Dony Emerson Pérez Bocanegra, sin perjuicio de que sea sustituido posteriormente. DOMICILIO PARA OÍR Y RECIBIR NOTIFICACIONES De conformidad con lo dispuesto en el artículo 26, fracción I, inciso a), de la Ley de Amparo, dado que la parte quejosa se encuentra privada de su libertad, se ordena al actuario de la adscripción, le realice personalmente, en el lugar de su reclusión, la notificación de este acuerdo y las que específicamente se señalen en el trámite de este asunto. AUTORIZACIÓN EN EL USO DE MEDIOS ELECTRÓNICOS Y COPIAS Desde ahora se autoriza a las partes el uso de medios electrónicos, como cámaras fotográficas, scanner y lectores láser para copiar constancias que obren en autos del presente expediente, siempre y cuando dichas herramientas sean utilizadas con lealtad procesal y no se reproduzcan documentos o textos cuya difusión esté reservada por disposición legal expresa. Por tanto, en el momento en que alguna de las partes, sus autorizados o delegados tengan la intención de hacer uso de ese derecho, deberán informar a la Secretaría del Juzgado para que se levante acta en la que se hagan constar y describan las actuaciones reproducidas. Sirve de apoyo a lo anterior la tesis I.3º.C725C1, sustentada por el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, de rubro: REPRODUCCIÓN ELECTRÓNICA DE ACTUACIONES JUDICIALES. LAS PARTES PUEDEN RECIBIR AUTORIZACIÓN AUNQUE NO EXISTA REGULACIÓN EXPRESA EN LA LEY DE AMPARO NI EN SU LEY SUPLETORIA. También se autoriza expedir, en un solo tanto, las copias simples o certificadas que a su costa solicite cualquiera de las partes al comparecer a este juzgado, previa toma de razón y recibo que de ello se deje en autos para constancia legal; lo anterior de conformidad con los artículos 278 y 279 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo. Ello, en el entendido de que, de encontrarse algún motivo por el que deba ampliarse esa prerrogativa, el compareciente deberá solicitarla por escrito en la oficialía de partes de este juzgado, la cual se acordará como legalmente corresponda. HABILITACIÓN DE DÍAS Y HORAS INHÁBILES En aras de una impartición de justicia pronta y expedita, como lo ordena el artículo 17 de la Constitución General de la República y con fundamento en el artículo 21, párrafo tercero, de la Ley de Amparo, para el caso de que en el presente asunto deban de realizarse notificaciones personales a cualesquiera de las partes que intervienen en el mismo, se habilitan los días y horas inhábiles que resulten necesarios para que el funcionario judicial de la adscripción pueda efectuar las mismas. SIGNATURA DE OFICIOS Se autoriza a los secretarios de este órgano jurisdiccional a firmar los oficios que se originen de la presente determinación. RESERVA DE INFORMACIÓN De conformidad con la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, publicada en el Diario Oficial de la Federación de once de junio del año dos mil dos, y con el artículo 34 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de transparencia, acceso a la información pública, protección de datos personales y archivos, publicado en el referido medio de difusión oficial el seis de febrero de dos mil catorce, en vigor al día siguiente, así como el artículo 8 del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal para la aplicación de la Ley antes mencionada, cabe señalar a las partes el derecho que les asiste para oponerse a hacerse públicas las sentencias, en relación con terceros, a la publicación de sus datos personales, en la inteligencia de que la falta de oposición conlleva su consentimiento para que la sentencia respectiva se publique sin supresión de datos. DATOS DE CONTACTO Y/O LOCALIZACIÓN Con fundamento en el artículo 22, fracción II, del acuerdo general 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, se propone y solicita a las partes que proporcionen como formas especiales y expeditas de contacto sus números telefónicos y correos electrónicos, a través de los cuales se pueda entablar comunicaciones no procesales cuyo contenido se registre y, de ser necesario, se incorpore al presente expediente previa certificación. Lo anterior, conforme al diverso ordinal 23, fracción I de la referida normatividad, propiciará el éxito y seguridad de la práctica de notificaciones personales, en estricto apego a los protocolos y lineamientos emitidos por la Dirección General de Servicios al Personal y por la Dirección General de Protección Civil y Salud en el Trabajo, para resguardar la integridad y salud de quienes intervengan en la diligencia concerniente. Notifíquese personalmente en el lugar de su reclusión. Así lo proveyó y firma Rosa Patricia Córdova Rangel, Jueza Primero de Distrito en el Estado de Chiapas, asistida de Mario Francisco García Cancino, Secretario del Juzgado con quien actúa y da fe. Doy Fe.
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