Doncele Germán Toral Rodríguez
Expediente 1004/2020 tramitado ante el Juzgado Cuarto de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativa y de Trabajo y Juicios Federales en el Estado de Puebla. 3 actuaciones registradas, la última del 13 de enero de 2021.
Datos del expediente
- Expediente
- 1004/2020
- Año
- 2020
- Actuaciones
- 3
- Última actuación
- 13/01/2021
Partes del expediente
- Doncele Germán Toral Rodríguez
Actuaciones
- Principal
Vista la certificación que antecede y el estado procesal que guardan los autos, se advierte que la parte quejosa no se inconformó contra el auto de doce de noviembre de dos mil veinte, que desechó la demanda origen de este juicio; en tales condiciones, se declara que dicho auto ha quedado firme; en consecuencia, dense los avisos de rigor, háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno de este juzgado así como en el sistema integral de seguimiento de expedientes y archívese este juicio como asunto total y definitivamente concluido. En otro orden, el presente juicio de amparo es susceptible de destrucción.
- Principal
I. Creación del expediente. Con la demanda de amparo promueve ****, por propio derecho, contra actos atribuidos al Secretario de Gobernación del Estado de Puebla y otras autoridades; fórmese expediente y regístrese con el número ****/2020-I. II. Decisión sobre la procedencia de la demanda. Previo a proveer sobre la admisión de la demanda, es preciso mencionar que el artículo 113 de la Ley de Amparo, dispone que ésta se examine y si se encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia, se desechará de plano. Así, de su análisis, se tiene que, los actos reclamados consisten, en: ".La recisión del cargo, que desempeña como Juez del Registro Civil de las Personas en el Estado, adscrito al Hospital Integral del Municipio de Coxcatlán, Puebla." Señalado lo anterior, y conforme a la regla de procedencia del juicio de amparo indirecto establecida en el primer párrafo del artículo 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, con relación al artículo 61, fracción XXIII, en concordancia con los diversos 1, último párrafo y 5, fracción II, todos de la Ley de Amparo, se estima que contra los especificados actos reclamados es improcedente la demanda de amparo origen de este juicio, lo que conlleva a desecharla de plano ante su notoria improcedencia, por las siguientes consideraciones. Los citados numerales de la ley de la materia, disponen: "Artículo 1o. El juicio de amparo tiene por objeto resolver toda controversia que se suscite: I. Por normas generales, actos u omisiones de autoridad que violen los derechos humanos reconocidos y las garantías otorgadas para su protección por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como por los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte; " "Artículo 5o. Son partes en el juicio de amparo: II. La autoridad responsable, teniendo tal carácter, con independencia de su naturaleza formal, la que dicta, ordena, ejecuta o trata de ejecutar el acto que crea, modifica o extingue situaciones jurídicas en forma unilateral y obligatoria; u omita el acto que de realizarse crearía, modificaría o extinguiría dichas situaciones jurídicas. Para los efectos de esta Ley, los particulares tendrán la calidad de autoridad responsable cuando realicen actos equivalentes a los de autoridad, que afecten derechos en los términos de esta fracción, y cuyas funciones estén determinadas por una norma general." "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley." De lo dispuesto en la fracción XXIII del último de los preceptos en cita -61- se desprende que el juicio de amparo se torna improcedente cuando esa improcedencia surja de una disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de la propia Ley de Amparo. Al caso, resulta aplicable la jurisprudencia cuyo rubro se cita enseguida; en tanto que, si bien es cierto la misma se refirió a la interpretación de la fracción XVIII del artículo 73 de la anterior Ley de Amparo, la redacción de este precepto con el diverso 61, fracción XXIII; es idéntica. "IMPROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO. INTERPRETACIÓN DE LA FRACCIÓN XVIII DEL ARTÍCULO 73 DE LA LEY DE LA MATERIA, VIGENTE HASTA EL 2 DE ABRIL DE 2013." Por su parte, el artículo 1º de la Ley de Amparo vigente a partir del tres de abril de dos mil trece, establece la procedencia del juicio de amparo contra actos u omisiones de autoridad, cuando éstas vulneren derechos humanos y garantías individuales, contenidos en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como por los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte. A su vez, el artículo 5°, fracción II, de la misma ley, se refirió a la autoridad responsable como parte en el juicio de amparo, la que dicte, ordene, ejecute o trate de ejecutar el acto que crea, modifica o extingue situaciones jurídicas en forma unilateral y obligatoria; u omita el acto que de realizarse crearía, modificaría o extinguiría dichas situaciones jurídicas; definiendo además en qué caso se podría considerar a un particular con tal carácter. Por lo que, de la interpretación sistemática de los citados arábigos se colige que el fundamento de la invocada causa de improcedencia descansa sobre la base de que en el juicio de amparo únicamente pueden analizarse aspectos relacionados con la violación de los derechos de los gobernados a causa de leyes o actos de autoridad. En esa tesitura, en el juicio de amparo no podrán analizarse actos que no revistan las características propias para considerar que es de autoridad, como es la imperatividad, coercitividad y unilateralidad, dado que para ello existen diversos medios de acción o de defensa ante instancias distintas a los órganos del Poder Judicial de la Federación (cuando funcionan como tribunales de amparo), y al no respetarse lo anterior, ello tiene como consecuencia la improcedencia de la acción constitucional. Precisado lo anterior, resulta conveniente señalar que, de la lectura a los antecedentes de los actos reclamados, manifestados por el quejoso bajo protesta de decir verdad, se tiene, que: "Desde el año dos mil dieciséis se desempeñó como Juez del Registro Civil de las Personas en el Estado, adscrito al Hospital Integral de Xalacapan, Zacapoaxtla, Puebla. En veintinueve de octubre del año en curso, le fue entregado el oficio número SG/CGA/****/2020 AVISO DE RECISIÓN. Del referido oficio se desprende lo siguiente: ".A partir del dieciséis de octubre del año en curso, no se presentó a laborar con normalidad, con motivo de las faltas injustificadas en que incurrió los días dieciséis, diecinueve, veinte, veintiuno y veintitrés de octubre de la presente anualidad, se actualiza la hipótesis contenida en el artículo 47 primer párrafo, fracción X, de la Ley Federal del Trabajo." Así, de acuerdo con lo expuesto, se advierte que la relación que existió entre el quejoso y las autoridades señaladas como responsables deriva de su cargo desempeñado en el Registro Civil de las Personas en el Estado, adscrito al Hospital Integral de Xalacapan, Zacapoaxtla, Puebla, como Juez. En ese sentido, el acto respecto del cual de manera destacada se duele el peticionario del amparo -"La recisión laboral"-, carece de las características de un acto de autoridad para efectos del juicio de amparo, definido en la citada fracción II, del artículo 5° de la ley de la materia, pues aquellos surgen en base a la relación de trabajo que sostiene el quejoso con el citado Registro. Esto, ya que los titulares de las dependencias tienen el carácter de patrón respecto de los funcionarios a su cargo y, por ende, no actúan como autoridad en lo que se refiere a cualquier conflicto individual, colectivo o intersindical surgido con sus trabajadores, sino como un particular susceptible de ser llamado a juicio con el carácter de patrón demandado. En este contexto, si el Estado contrata a una persona para que desempeñe cualquier labor dentro de una entidad pública, la actuación del titular del órgano de que se trate, frente a la persona contratada, no será una actuación investida de imperio, sino una verdadera relación laboral surgida en un plano de igualdad (coordinación) entre el Estado como contratante y la persona que va a desempeñar un servicio material, intelectual o de ambos géneros, en virtud del nombramiento que le fuere expedido o por el hecho de figurar en la nómina de los trabajadores. Además, el artículo 115, último párrafo, de la Constitución de los Estados Unidos Mexicanos, establece que las relaciones de trabajo entre los municipios y sus trabajadores se regirán por las leyes locales con base en lo dispuesto en el artículo 123 constitucional, cuyo apartado B estatuye en sus fracciones VIII, IX, X, XI y demás relativas, los derechos de los servidores de base, instituyendo un tribunal jurisdiccional para dirimir los conflictos individuales. Circunstancia que, en específico, se encuentra establecida en los artículos 2, 4, 8, 76 y 82 fracción I, de la Ley de Trabajadores al Servicio del Estado de Puebla: "Artículo 2.- Trabajador al servicio del Estado, es toda persona que presta a los Poderes Legislativo, Ejecutivo y Judicial un servicio material, intelectual o de ambos géneros mediante la percepción de un sueldo y en virtud de nombramiento a su favor legalmente expedido o por efecto de su inclusión en lista de raya. Artículo 4.- Para los efectos de esta Ley, los trabajadores al servicio del Estado se dividen en tres grupos: I.- Trabajadores de base. II.- Trabajadores supernumerarios, y III.- Trabajadores de confianza. Artículo 8.- Esta Ley no rige para los trabajadores supernumerarios y de confianza. Quedan también excluidos de sus disposiciones todos los trabajadores de la Educación que se rigen por sus Leyes específicas y los Magistrados y Jueces que se rigen por la Ley Orgánica del Departamento Judicial del Estado. Artículo 76.- Para los efectos de esta Ley se crea un Tribunal Colegiado, que se denominará Tribunal de Arbitraje y que se integra con un Magistrado, representante del Estado, designado por el Gobernador; un Magistrado, representante de los Trabajadores al Servicio del Estado, designado por el Sindicato, un Magistrado tercer árbitro, nombrado por los dos representantes anteriormente citados. Este último fungirá como Presidente. Artículo 82.- El Tribunal de Arbitraje será competente: I.- Para conocer de los conflictos individuales que se susciten entre alguno de los Poderes del Gobierno del Estado y sus trabajadores. " En mérito de lo anterior, debido a que los actos reclamados derivan de una relación de trabajo, aunado a que no tienen las características exigidas para ser considerados como actos de autoridad para efectos del juicio de amparo, y pueden ser revisados de oficio por diversa autoridad competente, conforme a las leyes que lo rigen, se desecha de plano la demanda origen de este juicio, por estimarse notoriamente improcedente, en términos del primer párrafo del artículo 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, con relación al artículo 61, fracción XXIII, en concordancia con los diversos 1, último párrafo y 5, fracción II, todos de la Ley de Amparo Además, esta determinación obedece a la prontitud y expeditez que impone el artículo 17 Constitucional, pues aun cuando se llegara a admitir la demanda y se tramitara el presente juicio, no podrían dejarse de observar las reglas de procedencia del juicio de amparo indirecto. III. Domicilio. Ahora bien, se tiene como domicilio para oír y recibir notificaciones el descrito en su escrito de demanda. Asimismo, téngase el correo electrónico proporcionado en el escrito de cuenta, como medios de comunicación no procesal, de conformidad a lo establecido en el artículo 22 fracción II Acuerdo General 21/20207, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, no así para recibir notificaciones, pues el ciado ordenamiento únicamente obliga a los titulares de los órganos jurisdiccionales a requerir a las partes a efecto de que proporcionen tales medios para que se establezca el contacto respectivo en los casos en que se estime necesario, por ejemplo, en casos urgentes para localizar a las partes, no así como medio para oír y recibir notificaciones. IV Habilitación de días y horas inhábiles. En otro aspecto, a fin que puedan practicarse todas las notificaciones ordenadas en el presente expediente, se faculta a los Actuarios Judiciales para que una vez agotadas sin éxito las visitas correspondientes a un domicilio señalado por las partes para oír y recibir notificaciones en días y horas hábiles, realicen las diligencias conducentes en días y horas inhábiles en términos del numeral 21 de la Ley de Amparo; lo cual encuentra sustento en el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, con el propósito de evitar dilaciones innecesarias en este juicio. V. Expediente electrónico. Con fundamento en el artículo 3° de la Ley de Amparo y en cumplimiento al Acuerdo General 12/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que Regula la Integración y Trámite de Expediente Electrónico y el Uso de Videoconferencias en Todos los Asuntos Competencia de los Órganos Jurisdiccionales a Cargo del Propio Consejo, se ordena la creación del expediente electrónico y la digitalización de las promociones, documentos, autos y resoluciones para su debida integración. Por tanto, en cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 3, quinto y séptimo párrafos, de la Ley de Amparo, así como 3 fracción III, del Acuerdo General 12/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que Regula la Integración y Trámite de Expediente Electrónico y el Uso de Videoconferencias en Todos los Asuntos Competencia de los Órganos Jurisdiccionales a Cargo del Propio Consejo, se comisiona al secretario que integre la presente en el expediente electrónico. En el entendido que no formarán parte del expediente electrónico las constancias que prevé el artículo 22 del Acuerdo General 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencia en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo, las cuales son: -Copias de traslado. -Hojas en blanco, folders, micas o cualquier tipo de material sin leyenda relevante alguna, cuya presentación se aprecie encaminada a la protección de los documentos que se ingresan. -Copias presentadas como "anexos" y que correspondan a actuaciones del propio órgano jurisdiccional. Sin embargo, es criterio de esta juzgadora que se digitalicen las pruebas, poderes, valores, garantías diversas, así como las constancias que sirvan de justificación al acto reclamado remitidas por las autoridades responsables, para el efecto de una debida integración del expediente electrónico. VI. Protección de datos personales. Conforme lo dispuesto en los artículos 9, 11, fracción VI, 113, fracciones I y III, y 118 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública; así como 34 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de transparencia, acceso a la información pública, protección de datos personales y archivos; hágase saber a las partes que los datos considerados como confidenciales habrán de salvaguardarse en cualquier caso, a efecto de evitar su publicidad.
- Principal
Visto el estado procesal que guardan las presentes actuaciones, se advierte que a la fecha transcurrió el plazo de tres días, concedido a las partes, para realizar manifestaciones respecto al cumplimiento que estimó haber dado la autoridad responsable a la ejecutoria dictada en este asunto. Al respecto, este Juzgado de Distrito procede a determinar, si conforme a las constancias que obran en autos, el fallo protector se encuentra cumplido, en términos del artículo 196, párrafo segundo, de la Ley de Amparo. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia de rubro siguiente: "PROCEDIMIENTO DE CUMPLIMIENTO Y EJECUCIÓN DE LAS SENTENCIAS DE AMPARO INDIRECTO". Por sentencia de veinticuatro de febrero de dos mil veinte, este órgano jurisdiccional concedió el amparo y protección de la justicia federal para los efectos siguiente: "[.] En mérito de lo expuesto, los conceptos de violación resultan sustancialmente fundados -aunque suplidos en su deficiencia-, por lo que resulta procedente otorgar el amparo y protección de la Justicia Federal solicitada por ****, por propio derecho y en representación de la menor ****, para el efecto que la Juez Cuarto de lo Familiar del Distrito Judicial de Puebla, realice lo siguiente: 1.- Acredite con las constancias correspondientes que se notificó el oficio sin número, de veintitrés de enero de dos mil veinte al representante legal de la moral ****, sociedad anónima de capital variable y para el caso de que haya transcurrido el plazo ahí señalado y la citada moral no haya dado cumplimiento, le haga efectiva la medida de apremio con la que se le previno en el auto de referencia y en lo subsecuente lo requiera con los apercibimientos que tiene a su alcance, imponiéndole las medidas disciplinarias correspondientes hasta que cumpla con lo ordenado en autos. [.] En auto de veintiuno de septiembre de dos mil veinte se declaró ejecutoriado dicho fallo y se requirió a la autoridad responsable diera cumplimiento al mismo. Mediante oficio y anexos recibidos en este Juzgado de Distrito el ocho de octubre de dos mil veinte, la autoridad responsable Juez Cuarto de lo Familiar del Distrito Judicial de Puebla, exhibió copia certificada del auto dictado el veintitrés de enero de dos mil veinte así como el diverso de diecisiete de marzo de dos mil veinte, dictados en los autos del expediente ****/2017, de su índice de los cuales se advierte que la responsable ordenó notificara el oficio de veintitrés de enero de dos mil veinte a la moral ****, sociedad anónima de capital variable, para reiterarle que debe descontar el treinta y cinco por ciento del salario y demás prestaciones que percibe mensualmente el deudor alimentario, hasta que se cubra la cantidad de ciento siete mil ciento sesenta y tres pesos con ochenta y nueve centavos moneda nacional. En respuesta a lo anterior, el representante legal de la moral ****, sociedad anónima de capital variable, señaló que a partir del uno de febrero de dos mil veinte, se realiza el descuento ordenado en autos al tercero interesado ****; cantidad que se deposita en la cuenta proporcionada por la quejosa ****, lo cual acreditó con las constancias correspondientes. Lo que este juzgado hizo saber de manera personal a las partes mediante acuerdo de dictado el nueve de octubre del presente año. En tales condiciones, este juzgado ha logrado el cumplimiento a la sentencia protectora; dado que como se adelantó la concesión de amparo fue para el efecto de que la responsable notificara el oficio de veintitrés de enero a la moral ****, sociedad anónima de capital variable, y en caso de no dar contestación en el plazo señalado, hacer efectivo las medidas de apremio, sin que esto fuera necesario pues la citada moral dio contestación en el plazo señalado, por tanto, con fundamento en el artículo 196, párrafo segundo, de la Ley de Amparo, se declara cumplida en su totalidad la ejecutoria dictada en este juicio de amparo, sin que se advierta que la responsables haya incurrido en exceso o defecto; por lo que se ordena el archivo del expediente, una vez que adquiera firmeza el presente proveído. Por otra parte, se precisa que la fecha del cumplimiento por parte de la autoridad responsable es el diecisiete de marzo de dos mil veinte; lo que se hizo del conocimiento de esta autoridad de amparo el ocho de octubre de dos mil veinte; fecha en que se recibió el oficio por el cual la autoridad responsable dio cumplimiento a la ejecutoria de amparo; lo anterior, con el objeto de registrar dicha información en los libros de gobierno y SISE (Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes). Con independencia de lo anterior, Agréguese a los autos, el escrito de la quejosa ****, en atención a su contenido se acuerda, con fundamento en el artículo 278 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición expresa de su artículo 2, expídanse al promovente copia certificada de la constancia que detalla en su escrito y entréguese a las personas que autoriza. Ahora bien, para la entrega de dichas constancias requiérase a la quejosa para que genere su cita en la modalidad del programa "Agenda OJ" el cual está disponible en el Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación, con el objeto de que acuda a liquidar el costo que generen las copias solicitadas en el centro de fotocopiado disponible al público, y con posterioridad, genere nueva cita para para recogerlas previa razón de entrega, ello a fin de dar oportunidad al personal de este juzgado a realizar el cotejo y certificación correspondiente. Lo anterior, atendiendo a las medidas de prevención y sana distancia necesarias para hacer frente a la pandemia por el virus SARS-CoV2 (COVID-19), y conforme a lo dispuesto en el artículo 2, fracción VII del Acuerdo General 21/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la Reanudación de Plazos y al Regreso Escalonado en los Órganos Jurisdiccionales ante la Contingencia por el Virus Covid-
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