Donato Ramon Rosas Velazquez

Expediente 1344/2019 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en Materias de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México. 5 actuaciones registradas, la última del 25 de noviembre de 2019.

Datos del expediente

Expediente
1344/2019
Año
2019
Actuaciones
5
Última actuación
25/11/2019

Partes del expediente

  • Donato Ramon Rosas Velazquez

Actuaciones

Las 4 más recientes de 5.

  1. Principal

    Toluca, Estado de México; veinticinco de noviembre de dos mil diecinueve. Con fundamento en el artículo 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, agréguese a los autos el oficio suscrito por el Secretario de Acuerdos del Cuarto Tribunal Colegiado en Materia Penal del Segundo Circuito; a través del cual informa que el órgano colegiado de su adscripción queda integrado por la Magistrada Irma Rivero Ortiz de Alcántara, el Licenciado Jorge Gómez Sánchez, secretario en funciones de Magistrado, designado por el Consejo de la Judicatura Federal y el Magistrado Mauricio Torres Martínez; en consecuencia, este órgano toma conocimiento para los efectos legales a que haya lugar. Notifíquese.

  2. Principal

    Toluca, Estado de México a ocho de noviembre de dos mil diecinueve. Por recibido el oficio signado por la Administradora Desconcentrada de Recaudación adscrito a la Administración General de Recaudación Administración Desconcentrada de Recaudación México "1" con sede en Metepec, Estado de México, por el que hace del conocimiento que se encuentra imposibilitada para poder hacer efectivo el cobro de la multa impuesta a Carlos Alberto González Gaytan, a través del Procedimiento Administrativo de Ejecución y devuelve la documentación remitida por este juzgado, por las consideraciones que expone. Atento a lo anterior, con fundamento en el artículo 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo, se agrega a los autos el oficio de cuenta, este juzgado toma conocimiento de lo informado, sin que se realice mayor pronunciamiento toda vez que mediante proveído de treinta de noviembre de dos mil quince, se ordenó el archivo del presente asunto. Notifíquese.

  3. Principal

    Toluca, Estado de México; cinco de noviembre de dos mil diecinueve. Con fundamento en el artículo 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria la Ley de Amparo, agréguese a los autos el oficio de cuenta a través del cual el Juez Primero de Distrito en el Estado de Morelos, con residencia en Cuernavaca, devuelve el juicio de amparo 1344/2019-IV, del índice de este órgano jurisdiccional y comunica el proveído de veinticuatro de octubre pasado, en el que determinó no aceptar la competencia declinada por este juzgado para conocer de la demanda de amparo promovida por Donato Ramón Rosas Velázquez, contra actos del Agente del Ministerio Público Investigador Primer Turno, área de Atención Temprana, de la Fiscalía Regional Oriente perteneciente a la Fiscalía General de Justicia de Cuernavaca, Morelos, y otras autoridades. Atento a lo anterior, el homólogo oficiante para no aceptar la legal competencia planteada, en esencia, expresó lo siguiente: "(.) Así, al versar el acto reclamado en una orden de aprehensión, ciertamente requiere de ejecución material y dada su naturaleza eso puede ocurrir en cualquier lugar donde se localice el quejoso para ser aprehendido, lo que de suyo significa la posibilidad de que dicha ejecución puede ocurrir en más de un distrito y con eso basta para que sea competente el juez de distrito ante el que presentó la demanda, el Juez Segundo de Distrito en Materia de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México. Aunado a que el quejoso en el escrito aclaratorio manifestó bajo protesta de decir verdad "que está enterado que la autoridad señalada como ejecutora cuenta con un oficio de colaboración", lo que implica que si bien las autoridades señaladas como responsables tienen su residencia en esta ciudad, también lo es que dicho acto -orden de aprehensión- se ejecutará en la ciudad de Toluca, Estado de México, lugar que corresponde a la circunscripción territorial del juez de distrito ante quien se presentó la demanda de amparo; y, por ende, en ese contexto es competente la autoridad oficiante para conocer del juicio de amparo en la medida en que ante él se promovió, tal y como lo ordena el artículo 37, párrafo segundo, de la Ley de Amparo." En mérito de lo anterior, este órgano de control constitucional no comparte el criterio del homólogo y sostiene la incompetencia para conocer del asunto, pues los argumentos vertidos por este juzgador en declaratoria de incompetencia en auto de veintiuno de octubre de dos mil diecinueve, son sólidos y suficientes para fincar la competencia al Juez Primero de Distrito en el Estado de Morelos, pues en dicha determinación se estableció: "(.) Incompetencia. Ahora, este Juzgado declara carecer de competencia legal para conocer de la demanda de amparo en estudio, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 37, de la ley reglamentaria de los artículos 103 y 107 constitucionales. Al respecto, el artículo 37 de la vigente Ley de Amparo, establece: "Artículo 37. Es juez competente el que tenga jurisdicción en el lugar donde el acto que se reclame deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se esté ejecutando o se haya ejecutado. Si el acto reclamado puede tener ejecución en más de un distrito o ha comenzado a ejecutarse en uno de ellos y sigue ejecutándose en otro, es competente el juez de distrito ante el que se presente la demanda. Cuando el acto reclamado no requiera ejecución material es competente el juez de distrito en cuya jurisdicción se haya presentado la demanda. Cuando el acto recamado no requiera ejecución material es competente el juez de distrito en cuya jurisdicción se haya presentado la demanda." Del precepto legal transcrito se deducen tres reglas para fijar la competencia de los jueces de Distrito en los asuntos cuyo conocimiento les corresponda, a saber: 1. Si el acto reclamado requiere ejecución material, será competente el juez en cuyo ámbito territorial deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se ejecute o se haya ejecutado el acto reclamado; 2. Si el acto reclamado ha comenzado a ejecutarse en un distrito, pero continúa ejecutándose en otro, será competente el juez de cualquiera de ellos, a prevención; y 3. Si el acto reclamado no requiere ejecución material, será competente el Juez de Distrito en cuya jurisdicción se haya presentado la demanda. La competencia por razón de territorio en materia de amparo se fija en atención a un criterio unitario, relativo a la naturaleza del acto que puede tener ejecución material o bien, tratarse de actos de naturaleza meramente declarativa. Para que un órgano jurisdiccional tenga competencia respecto de un caso específico, este último debe hallarse dentro de la órbita de actuación que la ley expresamente le reserva, dado que sobre el particular impera el derecho de legalidad, propia de un Estado de Derecho, que determina que las autoridades sólo pueden hacer lo que la ley les permite, y para el caso que nos ocupa, al atender al artículo 37 de la actual Ley de Amparo, se contemplan limitativamente los supuestos en que se actualiza la competencia territorial de los jueces de distrito para conocer de un amparo indirecto, pues es desacertado pretender deducir otros no previstos expresamente. Corolario a lo expuesto, éste juzgado federal que actúa, sostiene carecer de competencia para conocer de la demanda de amparo promovida por Donato Ramón Rosas Velázquez, contra actos del Agente del Ministerio Público Investigador, Primer Turno, Área de Atención Temprana, de la Fiscalía Regional Oriente perteneciente a la Fiscalía General de Justicia de Cuernavaca, Morelos, y Comisario General de la Policía Ministerial de la Fiscalía General de Justicia de Cuernavaca, Morelos, en razón de que el accionante, en la demanda de amparo "bajo protesta de decir verdad", manifiesta que las dos autoridades que señala en su carácter de ordenadora y ejecutora, tienen su residencia en Cuernavaca, Morelos. Máxime que este órgano jurisdiccional le previno, para el efecto de que informará si había alguna diversa autoridad que tuviese participación con el acto reclamado y cuya jurisdicción se encontrara dentro de la residencia asignada a este Juzgado; siendo que en su desahogo, Donato Ramón Rosas Velázquez, bajo protesta de decir verdad, manifestó que no existe ninguna autoridad responsable con el carácter de ordenadora o ejecutora, con residencia en la Ciudad de Toluca, Estado de México, que tenga participación con el acto reclamado. En las condiciones expuestas, en el caso concreto se actualiza la primera de las reglas que fijan la competencia a los jueces de Distrito, para el conocimiento del asunto referida en líneas que anteceden, pues se evidencia que el acto reclamado, consistente en la orden de detención y su ejecución dictada en contra del quejoso, tendrá ejecución en Cuernavaca, Morelos. De ahí que se estime que atendiendo a la normatividad aplicable, la ejecución de los actos reclamados se materializarán en el territorio en que aquél juzgador de amparo ejerce jurisdicción, por tanto, es incuestionable que en el caso rige lo dispuesto por el primer párrafo del artículo 37 de la Ley de Amparo, bajo la hipótesis relativa a que el juzgado competente será aquél en cuya jurisdicción trate de ejecutarse, se ejecute o se haya ejecutado el acto reclamado. Ello pues el propósito del legislador fue facilitar al gobernado el acceso a la justicia constitucional para que el afectado disponga de mejores posibilidades de defensa, por ello estableció las referidas reglas de competencia para que el particular esté en condiciones de atender adecuada y permanentemente el desenvolvimiento del juicio que promueva. Sirve de apoyo el criterio que aparece publicado en la página 97 del Informe de 1972, Parte II, Materia Común, de la anterior Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Séptima Época, de rubro y texto: "COMPETENCIA DE LOS JUECES DE DISTRITO EN MATERIA DE AMPARO. LA TIENE EL DEL LUGAR DE EJECUCIÓN DEL ACTO RECLAMADO. Al instituir la Ley Suprema de la República, en su artículo 107, las bases generales del juicio de garantías, estableció en su fracción IX, a la que corresponde ahora el número VII, como norma general de competencia la de que el juicio de amparo contra los actos de autoridad a que se refiere se interpondrá ante el Juez de Distrito en cuya jurisdicción se encuentre el lugar en que se ejecute o trate de ejecutarse el acto reclamado. Aunque la autoridad que dicta u ordena el acto desempeña un papel principalísimo, la ejecutora tiene en su actuación importancia y trascendencia capitales ya que se encarga de llevar, hasta su último extremo, la ejecución ordenada y, por tanto, es la que directamente se enfrenta al particular agraviado. Seguramente por ser la autoridad ejecutora la que materialmente afecta al gobernado hasta en sus últimas consecuencias, en el lugar en que vive, se tomó como base para fijar la competencia, ya que el propósito del Constituyente ha sido facilitar al máximo el acceso al procedimiento jurídico político del juicio de garantías. Si se han establecido las normas de competencia teniendo en consideración el lugar en que radican la autoridad ejecutora y el afectado con el acto -quien en ocasiones puede desconocer por el momento la intervención de la autoridad ordenadora-, ello se debe a que con tal medida dispondrá éste de mejores medios y posibilidades de defensa, pues podrá atender y vigilar personalmente el desenvolvimiento del juicio que promueva, y rendir con mayor facilidad en él las pruebas que a su derecho importen, cuando el Juez que ha de conocer del asunto se encuentra en su mismo lugar de residencia o, por lo menos, dentro de la misma entidad federativa. Además, si el Juez de Distrito radica en el lugar donde la autoridad ejecuta el acto, contará con más amplias facilidades en el desempeño de su función y obtendrá mayor rapidez en el trámite del juicio; ventajas que son apreciables no sólo en materia de desahogo de pruebas sino especialmente en lo que ve al cumplimiento de los fallos que se dicten tanto en el incidente de suspensión como en el fondo del amparo, al evitarse las dilaciones que ocasionaría el tener que librar exhortos o despachos a tribunales distantes para la práctica de notificaciones y otras diligencias que no podría realizar el juzgado del conocimiento. El artículo 36 de la Ley de Amparo, en su primer párrafo, reproduce el principio de que será competente para conocer del juicio el Juez en cuya jurisdicción se ejecute o trate de ejecutarse el acto reclamado; regla que tiene la excepción consignada en el párrafo final del precepto, mismo que determina la competencia del Juez de Distrito dentro de cuyo territorio resida la autoridad ordenadora, cuando requiriendo el acto reclamado ejecución material, con su solo dictado viole alguna garantía individual, siempre que la demanda se presente antes de que aquél haya comenzado a ejecutarse. La segunda situación que prevé la ley es la que se presenta cuando existen dos o más autoridades ejecutoras radicadas en territorios sometidos a la jurisdicción de otros tantos Jueces, caso en el cual cualquiera de ellos será competente, a prevención, conforme al párrafo segundo del aludido artículo 36; de lo que se desprende que aun agotada la ejecución en la parte encomendada a una de esas autoridades ejecutoras, el Juez que tiene jurisdicción en ese territorio sigue siendo competente, a prevención. La última hipótesis legal prevista se refiere al caso de que el acto reclamado no requiera ejecución material; entonces el amparo deberá promoverse ante el Juez de Distrito dentro de cuyo territorio resida la autoridad que lo hubiese dictado, según lo dispone el párrafo tercero del artículo 36 invocado. Ahora bien, no puede aceptarse que exista analogía entre la situación que se presenta cuando se reclama un acto que no exige ejecución material y la que se da cuando sí la requiere, pero se ocurre al juicio de garantías después de haberse ejecutado dicho acto. El que la ejecución se haya o no consumado, no hace variar los motivos que informan la regla general de competencia establecida en el párrafo primero del artículo 36, de la citada Ley de Amparo, regla que sólo admite la excepción a que se refiere el párrafo cuarto del propio dispositivo, de acuerdo con el principio de que las excepciones son de estricta interpretación y no pueden hacerse extensivas por analogía a situaciones diversas de las expresamente previstas; y es obvio que hay diversidad esencial entre el acto que no precisa ejecución material -caso en el que no interviene autoridad ejecutora alguna-, y el que sí la requiere -hipótesis en la que sí se da o se dio esa intervención de la autoridad-. De todo lo expuesto debe concluirse que la regla general de competencia relativa a que el juicio debe promoverse ante el Juez de Distrito en cuya jurisdicción se ejecute o trate de ejecutarse el acto reclamado, es aplicable cuando el acto esté pendiente de ejecutarse, se esté ejecutando o se haya ya ejecutado; hipótesis esta última en la que la autoridad ejecutora no deja de tener participación en el curso del juicio y aun después de concluido, al cumplimentar la sentencia de amparo". Asimismo, es aplicable, por mayoría de razón la tesis I.15o.A.41 K, consultable en la página 2288 del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXXIII, Marzo de 2011, Materia(s): Común, Novena Época, del Décimo Quinto Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, del rubro y texto siguientes: "COMPETENCIA PARA CONOCER DEL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO EN EL QUE SE RECLAMA UN ACTO SUSCEPTIBLE DE EJECUTARSE. SE SURTE A FAVOR DEL JUEZ DE DISTRITO EN CUYA JURISDICCIÓN SE VINCULE LA EJECUCIÓN, CON INDEPENDENCIA DE QUE ÉSTA NO SE RECLAME. Del examen de lo dispuesto en el artículo 36 de la Ley de Amparo se desprenden dos reglas básicas para determinar a qué Juez de Distrito corresponde conocer de un juicio de amparo indirecto, distinguidas por la existencia o inexistencia de la ejecución material del acto reclamado. La primera pondera la actualización de una ejecución e indica que será competente el Juez en cuya jurisdicción deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se ejecute o se haya ejecutado el acto reclamado; pero precisa que si el acto ha comenzado a ejecutarse en un distrito y sigue ejecutándose en otro, cualquiera de los jueces de esas jurisdicciones, a prevención, deberá conocer. La segunda, parte de la premisa de que el acto reclamado no requiere ejecución material, hipótesis en la que señala como competente al juzgador en cuya jurisdicción resida la autoridad que hubiese dictado la resolución reclamada. Ahora bien, la interpretación teleológica de esas reglas pone de manifiesto que fue voluntad del legislador que se atienda a la facilidad con que cuenta el agraviado para ocurrir al Juez de amparo del lugar en que deba tener ejecución el acto reclamado, poniendo a su alcance un medio eficaz para dilucidar sobre la violación a sus garantías. Por tales razones, ante un acto susceptible de ejecutarse debe aplicarse aquella primera regla para definir la competencia a favor del Juez de Distrito en cuya jurisdicción se vincule la ejecución, a pesar de que ésta no se reclame o no se impugne por vicios propios, pues la observancia de esa norma resulta acorde con la finalidad legislativa enunciada; además, el precepto legal no condiciona su observancia a la reclamación de la ejecución y, en todo caso, la competencia del juzgador de garantías no puede subordinarse a la voluntad del quejoso de impugnar o no la ejecución, pues una vez fijada la naturaleza del acto reclamado y establecida la consideración referente a si requiere ejecución material o no, se está en posibilidad de determinar la competencia de mérito. En consecuencia, lo procedente es declarar la legal incompetencia por territorio de este órgano de control constitucional para conocer de la demanda de amparo promovida por Donato Ramón Rosas Velázquez, declinándola en favor del Juez de Distrito en el Estado de Morelos, con residencia en Cuernavaca, en turno. Ello, acorde con lo previsto en el Acuerdo General 3/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los circuitos en que se divide el territorio de la República Mexicana; y, al número, a la jurisdicción territorial y a la especialización por materia de los Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito y de los Juzgados de Distrito. (.)" Argumentos que se reiteran en este acto por considerar que este órgano jurisdiccional es legalmente incompetente por razón de territorio para conocer de la demanda de amparo, toda vez que el acto reclamado tiene ejecución material en la circunscripción territorial en que ejerce jurisdicción el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Morelos. Ahora, este juzgador no comparte el criterio del homologo federal, en cuanto a que no se tiene certeza respecto del lugar de ejecución de los actos reclamados, si no hasta que se tengan las constancias del juicio de origen y que la autoridad pueda sustentar las afirmaciones que justifiquen el no conocer de la demanda que se sometió a su consideración, toda vez que el mismo quejoso refiere en su escrito de desahogo presentado ante este Juzgado el dieciocho de octubre del año en curso, que no existe ninguna autoridad responsable con el carácter de ordenadora y ejecutora, con residencia en la ciudad de Toluca, Estado de México, que tenga participación con el acto reclamado. En ese orden, se advierte que el acto reclamado -orden de aprehensión-, tiene ejecución material en el Estado de Morelos, puesto que las autoridades ordenadora y ejecutoras, tienen jurisdicción dentro de dicha entidad federativa. Pero además, conforme al diseño competencial por territorio previsto en la Ley de Amparo, al existir un acto que tiene ejecución, a efecto de no dividir la continencia de la causa, debe conocer del asunto el Juez de Distrito que precisamente ejerza jurisdicción en el lugar en que se ejecute el acto reclamado. Sirve de apoyo la tesis 3a. XVIII/92. Publicada en la página 19, Semanario Judicial de la Federación. Tomo IX, Marzo de 1992, sustentada por la extinta Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Octava Época, con número de registro: 206851, de rubro y texto siguientes: "COMPETENCIA EN UN JUICIO DE AMPARO CUANDO SE RECLAMAN DIVERSOS ACTOS, DE LOS QUE SOLO UNO TIENE EJECUCION. CORRESPONDE AL JUEZ DE DISTRITO QUE TENGA JURISDICCION EN DONDE SE DA TAL EJECUCION. Conforme a lo establecido por el artículo 36 de la Ley de Amparo, es competente para conocer de un juicio de amparo, el juez de Distrito en cuya jurisdicción deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se ejecute o se haya ejecutado el acto y, si en un caso, la quejosa reclama diversos actos y sólo uno de ellos tiene ejecución material, es competente para conocer del juicio el juez de Distrito en cuya jurisdicción resida la autoridad que va a ejecutar el acto.". Así como la tesis I.15o.A.41 K, visible en la página 2288 del Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXXIII, Marzo de 2011, Novena Época, Registro: 162635, del contenido siguiente: "COMPETENCIA PARA CONOCER DEL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO EN EL QUE SE RECLAMA UN ACTO SUSCEPTIBLE DE EJECUTARSE. SE SURTE A FAVOR DEL JUEZ DE DISTRITO EN CUYA JURISDICCIÓN SE VINCULE LA EJECUCIÓN, CON INDEPENDENCIA DE QUE ÉSTA NO SE RECLAME. Del examen de lo dispuesto en el artículo 36 de la Ley de Amparo se desprenden dos reglas básicas para determinar a qué Juez de Distrito corresponde conocer de un juicio de amparo indirecto, distinguidas por la existencia o inexistencia de la ejecución material del acto reclamado. La primera pondera la actualización de una ejecución e indica que será competente el Juez en cuya jurisdicción deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se ejecute o se haya ejecutado el acto reclamado; pero precisa que si el acto ha comenzado a ejecutarse en un distrito y sigue ejecutándose en otro, cualquiera de los jueces de esas jurisdicciones, a prevención, deberá conocer. La segunda, parte de la premisa de que el acto reclamado no requiere ejecución material, hipótesis en la que señala como competente al juzgador en cuya jurisdicción resida la autoridad que hubiese dictado la resolución reclamada. Ahora bien, la interpretación teleológica de esas reglas pone de manifiesto que fue voluntad del legislador que se atienda a la facilidad con que cuenta el agraviado para ocurrir al Juez de amparo del lugar en que deba tener ejecución el acto reclamado, poniendo a su alcance un medio eficaz para dilucidar sobre la violación a sus garantías. Por tales razones, ante un acto susceptible de ejecutarse debe aplicarse aquella primera regla para definir la competencia a favor del Juez de Distrito en cuya jurisdicción se vincule la ejecución, a pesar de que ésta no se reclame o no se impugne por vicios propios, pues la observancia de esa norma resulta acorde con la finalidad legislativa enunciada; además, el precepto legal no condiciona su observancia a la reclamación de la ejecución y, en todo caso, la competencia del juzgador de garantías no puede subordinarse a la voluntad del quejoso de impugnar o no la ejecución, pues una vez fijada la naturaleza del acto reclamado y establecida la consideración referente a si requiere ejecución material o no, se está en posibilidad de determinar la competencia de mérito." (Lo subrayado no es de origen). Por lo que, este Juzgado Federal insiste en declinar la legal competencia para conocer del presente asunto, al Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Morelos, toda vez que el acto reclamado tiene ejecución en la jurisdicción del juzgado oficiante. Expuesto lo anterior, con fundamento en el párrafo tercero, del artículo 48 de la Ley de Amparo, este órgano de control constitucional considera pertinente remitir los autos al Tribunal Colegiado en Materia Penal del Segundo Circuito, en turno, para que tenga a bien resolver cuál Juez de Distrito es legalmente competente para conocer de la demanda de amparo promovida por Donato Ramón Rosas Velázquez. Comuníquese la anterior determinación al Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Morelos, para los efectos legales conducentes. Notifíquese.

  4. Principal

    Toluca, Estado de México; veintiuno de octubre de dos mil diecinueve. [...] Notifíquese personalmente a la parte quejosa.

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