Donato Mendoza Morales
Expediente 1293/2017 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Morelos. 15 actuaciones registradas, la última del 16 de febrero de 2018.
Datos del expediente
- Expediente
- 1293/2017
- Año
- 2017
- Actuaciones
- 15
- Última actuación
- 16/02/2018
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Morelos · Morelos
Partes del expediente
- Donato Mendoza Morales
Actuaciones
Las 4 más recientes de 15.
- Principal
Cuernavaca, Morelos, dieciséis de febrero de dos mil dieciocho. Visto el estado de los autos en el juicio de amparo 1293/2017-III, tomando en cuenta que ha transcurrido el término establecido por el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que ninguna de las partes hubieran recurrido la sentencia terminada de engrosar el ocho de enero de dos mil dieciocho; en consecuencia, con fundamento en los artículos 2°, 24 y 34 de la Ley de Amparo antes invocada, en relación con el 355 y 356 fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria, se declara que dicha sentencia que en el único resolutivo determinó negar el amparo y protección a la parte quejosa; HA CAUSADO EJECUTORIA, para todos los efectos legales correspondientes. En consecuencia, previas las anotaciones que se hagan en el libro de gobierno, archívese el presente juicio de amparo como totalmente concluido. Por otra parte, en acatamiento a lo ordenado en el Acuerdo General Conjunto 1/2009, publicado en el Diario Oficial de la Federación el once de septiembre de dos mil nueve, relativo a la Transferencia, Digitalización, Depuración y Destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que deroga el diverso Acuerdo General 1/2001; en términos de lo establecido en el punto DÉCIMO PRIMERO, se determina que conforme a los criterios establecidos en el acuerdo en mención, el presente juicio no es de relevancia documental, ya que no se refiere a delitos contra la seguridad de la Nación, contra el derecho internacional, contra la humanidad, contra la administración de justicia, y contra el ambiente y gestión ambiental; además que no se contienen resoluciones que hayan sido impugnadas ante organismos públicos internacionales; ni se trata de conflictos laborales colectivos trascendente o que las resoluciones adoptadas en ellos tengan o hayan tenido especial trascendencia jurídica, política, social o económica. Ahora, tomando en consideración que en el presente juicio de amparo se negó el amparo de la Justicia Federal a la parte quejosa, por consiguiente, de acuerdo al supuesto previsto en la Disposición General Vigésimo Primero, del Capítulo Quinto, fracción IV, del Acuerdo General Conjunto 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito; en esas condiciones, se declara que el presente expediente sí es susceptible de depuración. Finalmente, toda vez que el quejoso se encuentra interno el Centro Federal de Rehabilitación Psicosocial, en Ayala, Morelos; en esas condiciones, y toda vez que dicho centro de reclusión se encuentra fuera del lugar de residencia de este Juzgado, con fundamento en el artículo 298 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la ley de la materia y 158 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, gírese despacho al Juez Penal de Primera Instancia del Sexto Distrito Judicial del Estado, con residencia en Cuautla, Morelos, para que en auxilio de las labores de este Juzgado, proceda notificar al quejoso DONATO MENDOZA MORALES, el presente acuerdo, corriendo traslado con copia simple del mismo. De igual forma hágase del conocimiento del juez requerido que el auxilio que se solicita es únicamente para notificar al quejoso de referencia el presente proveído y, en su caso, para que el actuario de su adscripción asiente las manifestaciones que haga el impetrante únicamente respecto de la notificación que se realiza; por lo tanto, si la persona que es notificada desea hacer peticiones adicionales, deberá hacerlas llegar por correo, mediante escrito dirigido a este juzgado. NOTIFÍQUESE. Así lo proveyó y firma CARLOS ANUAR JAIMES TORRES, Juez Segundo de Distrito en el Estado de Morelos, ante el Secretario Manuel Alexander Vázquez Falcón, quien autoriza y da fe.
- Principal
Vistos los autos para resolver el juicio de amparo ********************promovido por ********************, por propio derecho; y RESULTANDO: PRIMERO. Demanda. Por escrito presentado el once de agosto de dos mil diecisiete (fojas 2 y 6), ante la Oficina de Correspondencia Común a los Juzgados de Distrito en el Estado de Morelos, y turnado ese mismo día ante este Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Morelos, donde se tiene al impetrante de amparo solicitando el amparo de la justicia federal contra los actos del Director General del Centro Federal de Rehabilitación Psicosocial (CEFEREPSI), con residencia en el municipio de Ayala, Estado de Morelos, y otras autoridades. SEGUNDO. Tramite. Por auto de once de agosto de dos mil diecisiete (fojas 8 a 14), se admitió la demanda y se registró con el número de amparo ********************; por lo que se solicitó a las autoridades señaladas como responsables su informe justificado, se dio la intervención legal a la Agente del Ministerio Público de la Federación adscrita. Finalmente, mediante auto de doce de diciembre de dos mil diecisiete (fojas 172 y 173), se señaló fecha y hora para la celebración de la audiencia constitucional, que inició en los términos del acta que antecede; y CONSIDERANDO: PRIMERO. Competencia. Este Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Morelos es competente para conocer y resolver el presente juicio de amparo, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 103, fracción I, y 107, fracción VII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 1°, 33 fracción IV, 35, 37, 114 y 116 de la Ley de Amparo; 1º, fracción V, 48 y 50 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, así como el Acuerdo General número 3/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece, en lo conducente, que los Juzgados de Distrito en el Estado de Morelos, con residencia en la ciudad de Cuernavaca, ejercerán jurisdicción en el Circuito Judicial conformado por el territorio de la propia Entidad Federativa; lo anterior, en virtud de que los actos reclamados tienen ejecución en el Estado de Morelos. SEGUNDO. Precisión del acto reclamado. Como está señalado en el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, el Juez de Distrito debe fijar de forma clara y precisa el acto reclamado. El Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación definió en la jurisprudencia P./J. 40/2000, que el juzgador debe interpretar el escrito de demanda en su integridad, con un sentido de liberalidad y no restrictivo, para determinar con exactitud la intención del promovente y, de esta forma, armonizar los datos y los elementos que lo conforman, sin cambiar su alcance y contenido, a fin de impartir una recta administración de justicia al dictar una sentencia que contenga la fijación clara y precisa del acto o actos reclamados. Debe atenderse de manera preferente, al pensamiento o intencionalidad del autor de la demanda y no únicamente a lo que en apariencia dijo, descartando las precisiones que generen oscuridad o confusión, para lograr congruencia entre lo pretendido y lo resuelto. Así, este es el acto reclamado de******************** a las autoridades responsables: La propuesta de ser trasladado a un diverso Centro Federal de Readaptación Social al que actualmente se encuentra recluido; así como la omisión de dar seguimiento y control del medicamento que requiere el impetrante de amparo. TERCERO. Inexistencia del Acto Reclamado. El Director General del Centro Federal de Rehabilitación Psicosocial, con residencia en Ayala, Morelos, por si y en representación del Comité Técnico, Coordinador del Área Médica, Coordinador del Área de Psiquiatría y del Coordinador del Área de Psicología, todos del Centro Federal de Rehabilitación Psicosocial (fojas 36 a 38), así como el Titular de la Unidad de Asuntos Legales y Derechos Humanos del Órgano Administrativo Desconcentrado Prevención y Readaptación Social, dependiente de la Comisión Nacional de Seguridad de la Secretaría de Gobernación, en representación del Coordinador de Centros Federales y del Comisionado del Órgano Administrativo Desconcentrado Prevención y Readaptación Social (fojas 170 y 176), al momento de rendir sus informes justificados todos manifestaron que no es cierto el acto que se les reclama consistente en la propuesta de ser trasladado a un diverso Centro Federal de Readaptación Social al que actualmente se encuentra recluido; sin que la parte quejosa aportara prueba alguna en aras de desvirtuar tal negativa. Dicha negativa se robustece, con las constancias enviadas por las autoridades responsables del Centro Federal de Rehabilitación Psicosocial, con residencia en Ayala, Morelos, ya que si bien en la valoración 3ª semestral de veinticinco de julio de dos mil diecisiete (fojas 251 a 253 anexo I), se propuso que se egresara e******************** de dicha institución ya que se encontraba controlado del padecimiento psiquiátrico, el cual fue motivo de su ingreso, lo cierto es que sesión ordinaria XXXI de dos de agosto de dos mil diecisiete, el Comité Técnico del Centro Federal de Rehabilitación Psicosocial, se propuso por unanimidad de votos que el impetrante de amparo continué en dicha institución (fojas 269 y 270 anexo I). Por otra parte, el Titular de la Unidad de Asuntos Legales y Derechos Humanos del Órgano Administrativo Desconcentrado Prevención y Readaptación Social, dependiente de la Comisión Nacional de Seguridad de la Secretaría de Gobernación, en representación del Coordinador de Centros Federales y del Comisionado del Órgano Administrativo Desconcentrado Prevención y Readaptación Social (fojas 170 y 176), al momento de rendir sus informes justificados manifestaron que no es cierto el acto que se les reclama consistente en la omisión de dar seguimiento y control del medicamento que requiere el impetrante de amparo; lo anterior es así, ya que el Coordinador General de Centros Federales, por conducto del Titular de la Unidad de Asuntos Legales y Derechos Humanos del Órgano Administrativo Desconcentrado Prevención y Readaptación Social, manifestó que de conformidad a los artículos 12 y 13 del Reglamento de los Centros Federales de Readaptación Social; 17, fracciones I y II del Reglamento del Órgano Administrativo Desconcentrado de Prevención y Readaptación Social, corresponde a los Directores Generales de cada Centro Federal, la administración, organización y operación, así como la seguridad de su Centro y la supervisión y tratamiento de las personas privadas de su libertad en el mismo, de acuerdo a los manuales y lineamientos que para el efecto se establezcan, por lo que no le corresponde a dicha autoridad la vigilancia de las labores de la Directora General encargada del Centro Federal de Readaptación Social Número 16. En esas condiciones, al no demostrarse la existencia del acto reclamado que se analiza, debe sobreseerse de conformidad con lo dispuesto por el artículo 63, fracción IV, de la ley reglamentaria de los artículos 103 y 107 Constitucionales. CUARTO. CERTEZA DE LOS ACTOS RECLAMADOS. Son ciertos los actos reclamados al Director General del Centro Federal de Rehabilitación Psicosocial, con residencia en Ayala, Morelos, por si y en representación del Comité Técnico, Coordinador del Área Médica, Coordinador del Área de Psiquiatría y del Coordinador del Área de Psicología, todos del Centro Federal de Rehabilitación Psicosocial (fojas 36 a 38); ello a pesar de que al rendir su informe justificado negaron la existencia de los actos que se les reclama, y al efecto exhibieron diversas constancias para acreditar que sí han proporcionado a la quejosa el servicio médico necesario. En efecto, en el caso no es factible tener como inexistentes dichos actos, pues se debe determinar mediante un estudio de fondo si se ha respetado o no el derecho fundamental a la salud, al ser este precisamente el acto reclamado, partiendo de la base de que la quejosa, al estar privada de su libertad, se encuentra bajo un estricto control del Estado y, por ende, en condición de vulnerabilidad; estimar lo contrario implicaría dejarla en estado de indefensión, al no poder decidirse sobre el tema planteado, a saber, si se le ha prestado el servicio médico y en qué condiciones. Sirve de sustento la jurisprudencia emitida por el Pleno en Materia Penal del Séptimo Circuito, de rubro: "ATENCIÓN MÉDICA EN LOS CENTROS FEDERALES DE READAPTACIÓN SOCIAL. NO DEBE SOBRESEERSE EN EL JUICIO DE AMPARO POR INEXISTENCIA DEL ACTO RECLAMADO, CUANDO EL INTERNO RECLAMA LA FALTA U OMISIÓN DE PROPORCIONARLE ATENCIÓN MÉDICA Y LA AUTORIDAD RESPONSABLE NIEGA EL ACTO Y EXHIBE CONSTANCIAS PARA DEMOSTRAR QUE SÍ LA HA PROPORCIONADO, PORQUE EL ESTUDIO SOBRE SU EXISTENCIA IMPLICA UNA DECISIÓN DE FONDO." QUINTO. PROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO. El artículo 62 de la Ley de Amparo, establece que las causales de improcedencia deberán ser examinadas de oficio por el órgano jurisdiccional que conozca del juicio. Por otra parte, cabe destacar que las autoridades responsables al rendir su informe justificado, así como la Agente del Ministerio Público adscrita a este órgano jurisdiccional (fojas 46 a 48), aducen que debe sobreseerse en el juicio de amparo de conformidad con la causa prevista en la fracción IV del artículo 63 de la Ley de la Materia; sin embargo tal alegación resulta inatendible en atención a las razones expuestas en el considerando anterior. Por otro lado, el juicio de amparo es procedente porque: ********************, promueve su demanda de amparo en carácter de interno, reclamando falta de atención médica respecto de los padecimientos manifestados en la demanda inicial; de ahí que la vía idónea resulta ser el juicio de amparo indirecto, de conformidad con lo dispuesto en la fracción II del artículo 107 de la Ley de Amparo. La demanda de amparo se presentó de manera oportuna, tomando en cuenta que en el presente asunto e******************** al dolerse de falta de atención médica, -lo que constituye un acto omisivo por parte de las autoridades responsables-, no corre el término establecido en el artículo 17 de la Ley de Amparo, ya que la abstención de actuar de las autoridades responsables, que es lo que produce el perjuicio al solicitante de amparo, no se consuma en un solo evento, sino que se prorroga en el tiempo de momento a momento, esto de conformidad con la tesis aislada de rubro: "DEMANDA DE AMPARO, TÉRMINO PARA INTERPONERLA TRATÁNDOSE DE ACTOS NEGATIVOS Y OMISIVOS" Asimismo resulta aplicable la tesis aislada de rubro "OMISIÓN DE PROPORCIONAR UNA ADECUADA ATENCIÓN MÉDICA. LA INTERPOSICIÓN DE LA DEMANDA DE AMPARO EN SU CONTRA NO SE ENCUENTRA SUJETA AL PLAZO DE QUINCE DÍAS PREVISTO EN EL ARTÍCULO 17 DE LA LEY DE LA MATERIA". SEXTO. ANÁLISIS DE LA CUESTIÓN EFECTIVAMENTE PLANTEADA. Los conceptos de violación consistentes en la omisión de dar seguimiento y control del medicamento que requiere el impetrante de amparo, son infundados por los motivos que enseguida se expresan. En efecto contrario a lo sustentado por el peticionario de amparo, durante su estadía dentro del Centro Federal de Rehabilitación Psicosocial, las autoridades responsables le han brindado la atención médica necesaria para cada una de sus enfermedades y padecimientos, con lo cual se ha garantizado su derecho fundamental a la salud, reconocido en el numeral 4º de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Ahora bien y a fin de sustentar la anterior conclusión, es importante señalar que el artículo constitucional en mención, en su tercer párrafo, establece que toda persona tiene derecho a la protección de la salud y que la ley definirá las bases y modalidades para el acceso a los servicios de salud, así como la concurrencia de la Federación y las entidades federativas en materia de salubridad general, conforme a lo que dispone el artículo 73, fracción XVI de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Por su parte, la Ley General de Salud en su artículo 1°, establece que dicha ley tiene el objetivo de reglamentar el derecho a la salud que tiene toda persona; además, fija las bases y modalidades para el acceso a los servicios de salud y la concurrencia de la federación y las entidades federativas en materia de salubridad general. El artículo 2, fracciones I a la VII del ordenamiento legal en cita, establece las finalidades de la ley, entre las que se encuentra el bienestar físico y mental del hombre para contribuir al ejercicio pleno de sus capacidades, la prolongación y mejoramiento de la calidad de la vida, la protección y acrecentamiento de los valores que coadyuven a la creación, conservación y disfrute de condiciones de salud que contribuyan al desarrollo social. De igual forma, el artículo 23 de la ley reglamentaria del artículo 4 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, refiere que por servicios de salud deben entenderse todas aquellas acciones realizadas en beneficio del individuo y de la sociedad en general, dirigidas a proteger, promover y restaurar la salud de la persona y la colectividad. A su vez, los servicios de salud se clasifican en tres tipos: de atención médica, de salud pública y de asistencia social (artículo 24, fracciones I, II y III de la Ley General de Salud). Por atención médica se entiende el conjunto de servicios que se proporcionan al individuo, con el fin de proteger, promover y restaurar su salud (artículo 32 de la Ley General de Salud). Las actividades de atención médica son: preventivas (incluyen las de promoción general y las de protección específica), curativas (que tienen como fin efectuar un diagnóstico temprano y proporcionar tratamiento oportuno), de rehabilitación (que incluyen acciones tendientes a corregir la invalidez física o mental) y paliativas (que incluyen el cuidado integral para preservar la calidad de vida del paciente, a través de la prevención, tratamiento y control del dolor y otros síntomas físicos y emocionales por parte de un equipo profesional multidisciplinario (artículo 33, fracciones I, II, III y IV de la Ley General de Salud). De lo anterior, se puede dilucidar que el derecho a la salud no se limita a la salud física del individuo, es decir, comprende el no padecer, prevenir y tratar una enfermedad. De ahí que el derecho a la salud se traduzca en la obtención de un determinado bienestar general integrado por el estado físico, mental, emocional y social de la persona. Siendo importante destacar que el derecho a la salud, no sólo se encuentra reconocido en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, sino también en diversos instrumentos internacionales, como lo son el artículo 25.1 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos; la Declaración Americana de los derechos y deberes del hombre, en su artículo XI; y, los Principios y Buenas Prácticas sobre la Protección de las Personas Privadas de Libertad en las Américas, en el principio X. De lo anterior se aprecia que la salud es una prerrogativa que, por pertenecer al conglomerado de derechos fundamentales del ser humano, consiste en la libertad de disfrutar de bienestar físico y mental, para contribuir al ejercicio pleno de sus capacidades, prolongación y mejoramiento de la calidad de vida, para lo cual, se posee el derecho de acceder a los servicios de salud y de asistencia social estatal, que satisfagan eficaz y de manera oportuna las necesidades de la población. Es decir, hay un doble sentido en la relación gobierno-gobernado, porque por un lado, implica una permisión al titular para acceder a los servicios de asistencia médica, con la acotación de que existen lineamientos a seguir, establecidos en la ley; por otra, el Estado se obliga a no interferir o impedir el acceso, de manera arbitraria, a los servicios, a realizar su adecuada prestación y supervisión, así como en la medida de sus posibilidades, a la creación de infraestructura institucional que se requiera para ese fin. El titular del bien jurídico de la salud, es todo ser humano, sin excepción alguna, pues aún y cuando una persona se encuentre privada de su libertad personal, tiene las mismas prerrogativas a la salud física y mental que cualquier hombre libre. En efecto, de conformidad con el artículo 49 del Reglamento de los Centros Federales de Readaptación Social, los servicios médicos del Centro Federal tendrán por objeto velar por la salud física y mental de los internos. Ahora bien, la Ley Nacional de Ejecución Penal, publicada en el Diario Oficial de la Federación, el dieciséis de junio de dos mil dieciséis dispone: "Artículo 9. Derechos de las personas privadas de su libertad en un Centro Penitenciario Las personas privadas de su libertad en un Centro Penitenciario, durante la ejecución de la prisión preventiva o las sanciones penales impuestas, gozarán de todos los derechos previstos por la Constitución y los Tratados Internacionales de los que el Estado mexicano sea parte, siempre y cuando estos no hubieren sido restringidos por la resolución o la sentencia, o su ejercicio fuese incompatible con el objeto de éstas. Para los efectos del párrafo anterior, se garantizarán, de manera enunciativa y no limitativa, los siguientes derechos: (.). II. Recibir asistencia médica preventiva y de tratamiento para el cuidado de la salud, atendiendo a las necesidades propias de su edad y sexo en por lo menos unidades médicas que brinden asistencia médica de primer nivel, en términos de la Ley General de Salud, en el Centro Penitenciario, y en caso de que sea insuficiente la atención brindada dentro de reclusión, o se necesite asistencia médica avanzada, se podrá solicitar el ingreso de atención especializada al Centro Penitenciario o que la persona sea remitida a un Centro de Salud Público en los términos que establezca la ley; III. Recibir alimentación nutritiva, suficiente y de calidad, adecuada para la protección de su salud; (.)". "Artículo 34. Atención médica La Autoridad Penitenciaria en coordinación con la Secretaría de Salud Federal o sus homólogas en las entidades federativas y de acuerdo con el régimen interior y las condiciones de seguridad del Centro deberán brindar la atención médica en los términos de la Ley General de Salud. La Autoridad Penitenciaria deberá tomar las medidas necesarias para garantizar la atención médica de urgencia en los casos en que las personas privadas de la libertad o las hijas e hijos que se encuentren bajo la custodia de las madres en reclusión la requieran. Sólo en casos extraordinarios en que por su gravedad así lo requieran, podrán ser trasladados a instituciones públicas del sector salud para su atención médica, observándose las medidas de seguridad que se requieran. La Autoridad Penitenciaria, en coordinación con las instituciones públicas del Sistema Nacional de Salud competentes, garantizarán la permanente disponibilidad de medicamentos que correspondan al cuadro básico de insumos para el primer nivel de atención médica, y establecerán los procedimientos necesarios para proporcionar oportunamente los servicios e insumos requeridos para otros niveles de atención. Es obligación del personal que preste servicios médicos en los Centros Penitenciarios guardar la confidencialidad de la información a la que tengan acceso con motivo de los mismos. La Autoridad Penitenciaria sólo podrá conocer dicha información por razones de salud pública. La información clínica no formará parte del expediente de ejecución. Los exámenes para detectar si las personas privadas de la libertad cuentan con el síndrome de inmunodeficiencia adquirida o son portadores del virus de inmunodeficiencia humana sólo podrán aplicarse con su consentimiento. Las intervenciones psicológicas, psiquiátricas o médicas contarán con el consentimiento informado de la persona privada de la libertad, con excepción de los casos en los que, por requerimiento de autoridad judicial, se examine la calidad de inimputable o de incapaz de una persona privada de la libertad. Los servicios de atención psicológica o psiquiátrica se prestarán por personal certificado del Centro, o en su defecto, personal externo a los Centros Penitenciarios que dependa del Sistema Nacional de Salud (.)". "Artículo 76. Servicios Médicos Los servicios médicos tendrán por objeto la atención médica de las personas privadas de su libertad, desde su ingreso y durante su permanencia, de acuerdo a los términos establecidos en las siguientes fracciones: I. Realizar campañas permanentes de prevención de enfermedades; II. Otorgar el tratamiento adecuado mediante el diagnóstico oportuno de enfermedades agudas, crónicas y crónico-degenerativas, incluyendo las enfermedades mentales; III. Prescribir las dietas nutricionales en los casos que sea necesario, a fin de que la alimentación sea variada y equilibrada; IV. Suministrar los medicamentos y terapias básicas necesarias para la atención médica de las personas privadas de la libertad, y V. Contener en primera instancia y poner en aviso a las autoridades competentes en materia de salud en caso de brote de enfermedad transmisible que pueda ser fuente de epidemia. (.)" "Artículo 77. Características de los Servicios de Atención Médica. Los servicios de atención médica serán gratuitos y obligatorios para las personas privadas de su libertad. Éstos contemplarán actividades de prevención, curación y rehabilitación, en estricto apego a las disposiciones legales aplicables en materia de servicios de salud. Las instalaciones serán higiénicas y contarán con los espacios adecuados para garantizar el derecho a la salud de las personas privadas de su libertad en un Centro Penitenciario. (.)" "Artículo 78. Responsable Médico En cada uno de los Centros Penitenciarios existirá como mínimo atención de primer nivel en todo momento, procurada cuando menos por un médico responsable de cuidar la salud física y mental de las personas internas y vigilar las condiciones de higiene y salubridad. Asimismo, habrá por lo menos un auxiliar técnico-sanitario y un odontólogo. (.)" "Artículo 79. Medidas Terapéuticas Cuando del diagnóstico del área de servicios médicos se desprenda la necesidad de aplicar medidas terapéuticas que impliquen riesgo para la vida o la integridad física de la persona privada de su libertad, se requerirá del consentimiento por escrito del mismo, salvo en los casos de emergencia y en los que atente contra su integridad, podrá determinarlo la Autoridad Penitenciaria competente. Si la persona privada de su libertad no se encuentra en condiciones de otorgar su consentimiento, éste podrá requerirse a su cónyuge, familiar ascendiente o descendiente, o a la persona previamente designada por él. En caso de no contar con ningún consentimiento, será responsabilidad de la Autoridad Penitenciaria competente determinar lo conducente. (.)" "Artículo 80. Convenios con instituciones del sector salud Se deberán celebrar convenios con instituciones públicas y privadas del sector salud en los ámbitos federal y local, a efecto de atender las urgencias médico-quirúrgicas cuya intervención no se pueda llevar a cabo en los Centros Penitenciarios, así como para la designación del personal médico que proporcione servicios de salud de manera continua y permanentemente en el Sistema Penitenciario Nacional. (.)" Dichos numerales prevén los derechos que tienen las personas privadas de su libertad dentro de un centro penitenciario, destacando el derecho a recibir asistencia médica preventiva y de tratamiento para el cuidado de su salud, y en caso de que sea insuficiente la atención brindada dentro de reclusión, o se necesite asistencia médica avanzada, se podrá solicitar el ingreso de atención especializada al Centro Penitenciario o que la persona sea remitida a un Centro de Salud Público en los términos que establezca la ley. Ahora bien, en el presente juicio de amparo, el impetrante de amparo ********************, reclama de las autoridades responsables del Centro Federal de Rehabilitación Psicosocial, con residencia en Ayala, Morelos, la omisión da dar seguimiento y control del medicamento que requiere el impetrante de amparo; sin embargo, las autoridades antes citadas al momento de rendir su informe justificado, remitieron copia certificada del expediente clínico de********************, del que se advierte lo siguiente. Las autoridades responsables han demostrado que ha cumplido con su obligación de otórgala a la impetrante de amparo, tal y como consta en la copia certificada del expediente médico que exhibió como prueba, del que se advierte la nota médica e indicación médica de fecha siete de agosto de dos mil diecisiete (foja 1 anexo III): Así como las notas médicas de diez de julio de dos mil diecisiete (foja 13 anexo III): Y de dos de julio de dos mil diecisiete (Foja 14 anexo III): Así como las de fechas treinta y uno de octubre de dos mil dieciséis (foja 2 anexo III), diecisiete de noviembre de dos mil dieciséis (foja 3 anexo III), uno de diciembre de dos mil dieciséis (foja 4 anexo III) y tres de diciembre de dos mil dieciséis (fojas 5 a 9), por mencionar algunas, a través de los cuales, se advierte que las autoridades responsables han brindado la atención médica requerida por el impetrante de amparo, antes y después de la presentación de la demanda de amparo. Documentos a los cuales se les concede valor probatorio pleno, en términos de los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición expresa de su numeral 2°, toda vez que fueron autorizados por un servidor público en el ejercicio de sus funciones, sin que además, haya sido objetada su autenticidad. Máxime que tampoco se advierte constancia alguna que acredite que ********************, haya -por sí o por conducto de su defensa- solicitado a las responsables la atención médica especializada que dice no se le ha dado o que la hubiere necesitado y se le haya negado, ya que aun y cuando así lo manifestó en la demanda de amparo, no se advierte ello, pues las autoridades responsables para acreditar su dicho de que no ha solicitado dicha atención, ofreció las notas médicas antes citadas. En ese contexto, si bien e******************** sostiene en su demanda que las responsables han omitido brindarle el medicamento correspondiente y el seguimiento debido, tal aserto es insuficiente para demostrar su existencia, pues como se ha relatado anteriormente, de las copias certificadas de su expediente clínico, se puede advertir ha sido atendido en relación a los padecimientos que fueron dictaminados por el médico tratante, y además, se le ha suministrado diversos medicamentos para cada uno de ellos, por lo que no puede imponerse a capricho del interno, sino que debe ser coherente con lo que se ha dictaminado, en principio, por el referido médico general, respetando su derecho humano a la salud en armonía con la regulación normativa que exige el centro de reclusión en el que se encuentra e********************. En lo conducente, se orienta lo anterior de la tesis que emitió el Octavo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, localizable en la Décima Época, con registro 2012470, publicada en el Semanario Judicial de la Federación, viernes 02 de septiembre de 2016 10:11 h, en Materia Constitucional, Tesis I.8o.A.2 CS (10a.), que dispone: "DERECHO A LA PROTECCIÓN DE LA SALUD. SU INSTRUMENTACIÓN RESPECTO DE INDIVIDUOS PRIVADOS DE LA LIBERTAD, DEBE OPERAR EN EL CONTEXTO REGULATORIO DE LOS CENTROS DE RECLUSIÓN EN DONDE SE ENCUENTREN. De conformidad con el artículo 4o., párrafo cuarto, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, toda persona tiene derecho a la protección de la salud, esto es, sin importar su situación personal o jurídica. En estas condiciones, la privación de la libertad de un individuo no es una circunstancia que justifique el desconocimiento de la oportunidad con la que cuenta, como cualquier persona, para la atención eficiente de su salud, aspecto que impone a la autoridad penitenciaria la obligación de emplear todos los recursos a su alcance para garantizar el bienestar y preservar la vida de los internos; sin embargo, en estos casos, no debe pasarse por alto que dicha prerrogativa se encuentra inserta en un marco normativo más amplio, cuya base constitucional deriva del artículo 18 de la Carta Magna, el cual tiene como finalidad esencial la reinserción de los procesados, así como la estabilidad de la seguridad pública. Por tanto, la instrumentación del derecho mencionado debe operar en el contexto regulatorio de los centros de reclusión en donde se encuentren, el cual admite las previsiones que, por razón de seguridad, adopten los órganos del Estado. Esta conclusión es congruente con el primer precepto constitucional citado, al determinar que la protección a la salud se desarrollará conforme a las bases y modalidades que defina la normativa aplicable, así como con lo establecido en los Principios Básicos para el Tratamiento de los Reclusos, adoptados por la Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas en la Resolución 45/111, de 14 de diciembre de 1990, en cuanto a que si bien los individuos sujetos a encarcelamiento gozan de todos los derechos reconocidos por la Declaración Universal de Derechos Humanos, su implementación debe ajustarse a las condiciones que sean evidentemente necesarias para atender su situación de reclusión." En ese sentido es inconcuso que las autoridades responsables no han trasgredido en modo alguno el derecho fundamental a la salud de******************** reconocido en el artículo 4º Constitucional, y que le han brindado una adecuada atención médica general y especializada en estricto apego a los numerales 9, 34, 76, 78, 79 y 80 de la Ley Nacional de Ejecución Penal. En tales condiciones, ante lo infundado de los conceptos de violación la Justicia de la Unión no ampara ni protege a ********************, en contra de los actos que reclamó del Director General del Centro Federal de Rehabilitación Psicosocial, con residencia en Ayala, Morelos, por si y en representación del Comité Técnico, Coordinador del Área Médica, Coordinador del Área de Psiquiatría y del Coordinador del Área de Psicología, todos del Centro Federal de Rehabilitación Psicosocial, consistentes en la omisión de dar seguimiento y control del medicamento que requiere el impetrante de amparo. SÉPTIMO. PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES. Protección de datos personales. En cumplimiento a lo dispuesto por la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, suprímase en la versión pública la información legalmente considerada como reservada y confidencial, y de conformidad con el artículo segundo transitorio de ese ordenamiento, suprímanse los datos personales, en términos del artículo 8 de la abrogada Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, en virtud de que se estima que sigue vigente la porción normativa del artículo 8 de la ley abrogada así como el precepto del reglamento en tanto que no existe normatividad en materia de datos personales, lo anterior, a efecto de que estén a disposición del público para su consulta en la página oficial de internet del Poder Judicial de la Federación, una vez que cause ejecutoria la presente sentencia. OCTAVO. Notificación a********************. Finalmente, toda vez que el aquí quejoso se encuentra recluido, en aras del principio de justicia pronta y expedita consagrado en el artículo 17 de la Constitución Federal y, además, con apoyo en el artículo 27 fracción II de la Ley de Amparo y 298 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la ley de la materia, gírese despacho al Juez Penal de Primera Instancia en turno del Sexto Distrito Judicial del Estado de Morelos, para que tan pronto obre en su poder el presente despacho, en auxilio de las labores de este juzgado notifique la presente resolución, a******************** ********************, quien está recluido en el Centro Federal de Rehabilitación Psicosocial, ubicado en Ayala, Morelos, y dentro de los tres días siguientes, remita las constancias que acrediten tal circunstancia. Bajo apercibimiento que de no hacerlo así, se les impondrá multa de cien Unidades de Medida y Actualización, con fundamento en la fracción I, del artículo 237, en relación con el 259, de la Ley de Amparo. Por lo anteriormente expuesto y fundado, y con apoyo en los artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en relación con los artículos 1, fracción I, 61 a 63, 73 a 79 y demás relativos y aplicables de la Ley de Amparo, se R E S U E L V E: PRIMERO. Se sobresee en el presente juicio de amparo promovido por ********************, respecto de los actos reclamados al Director General, Comité Técnico, Coordinador del Área Médica, Coordinador del Área de Psiquiatría y del Coordinador del Área de Psicología, todos del Centro Federal de Rehabilitación Psicosocial, así como el Coordinador de Centros Federales y del Comisionado del Órgano Administrativo Desconcentrado Prevención y Readaptación Social, respecto del acto consistente en la propuesta de ser trasladado a un diverso Centro Federal de Readaptación Social al que actualmente se encuentra recluido; por los motivos y razonamientos jurídicos expuestos en el considerando tercero. SEGUNDO. La Justicia de la Unión no ampara ni protege a ********************, respecto del acto reclamado al Director General, Comité Técnico, Coordinador del Área Médica, Coordinador del Área de Psiquiatría y del Coordinador del Área de Psicología, todos del Centro Federal de Rehabilitación Psicosocial, respecto del acto reclamado consistente en la omisión de dar seguimiento y control del medicamento que requiere el impetrante de amparo, por los motivos expuestos y para los efectos precisados en el considerando sexto. Notifíquese; y personalmente a la parte quejosa. Así lo proveyó y firma Aletia González Huerta, Secretaria del Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Morelos, encargada del despacho por vacaciones del Titular, en términos del artículo 161 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, autorizado por la Secretaría Técnica de la Comisión de Carrera Judicial del Consejo de la Judicatura Federal, en términos del oficio CCJ/ST/6345/2017 de fecha cinco de diciembre de dos mil diecisiete, ante Geovanni Ramírez Chabelas, hasta el día de hoy ocho de enero de dos mil dieciocho, que lo permitieron las labores de este órgano jurisdiccional. Doy fe.
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Cuernavaca, Morelos, trece de diciembre de dos mil diecisiete. Agréguese a sus autos para que obre como legalmente corresponda el oficio que signa el Titular de la Unidad de Asuntos Legales y derechos Humanos del órgano Administrativo Desconcentrado Prevención y Readaptación Social, dependiente de la Comisión nacional de Seguridad de la Secretaria de Gobernación, en suplencia del Comisionado de Prevención y Readaptación Social, mediante el cual rinde su informe justificado; dése vista a las partes para que se impongan de su contenido y que manifiesten lo que a sus intereses convenga, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 117 de la Ley de Amparo. En términos del artículo 9° de la Ley de la Materia, se tienen como delegados de la autoridad oficiante a los profesionistas propuestos para tal efecto y, por señalado el domicilio que indica para oír y recibir notificaciones, por tratarse de su residencia oficial. Tomando en consideración que el quejoso se encuentra interno el Centro Federal de Rehabilitación Psicosocial, en Ayala, Morelos; en esas condiciones, y toda vez que dicho centro de reclusión se encuentra fuera del lugar de residencia de este Juzgado, con fundamento en el artículo 298 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la ley de la materia y 158 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, gírese despacho al Juez Penal de Primera Instancia del Sexto Distrito Judicial del Estado, con residencia en Cuautla, Morelos, para que en auxilio de las labores de este Juzgado, proceda notificar al quejoso DONATO MENDOZA MORALES, el presente acuerdo, corriendo traslado con copia simple del mismo. NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE...
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Cuernavaca, Morelos, doce de diciembre de dos mil diecisiete. Agréguense a sus autos para que obren como legalmente correspondan los oficios que signan el Titular de la Unidad de Asuntos Legales y derechos Humanos del órgano Administrativo Desconcentrado Prevención y Readaptación Social, dependiente de la Comisión nacional de Seguridad de la Secretaria de Gobernación, mediante los cuales en el primero registrado bajo el folio 057540, en representación del: 1.- Coordinador de Centros Federales; y, 2.-Comisionado del órgano Administrativo Desconcentrado Prevención y Readaptación Social. Rinden su informe respecto la suspensión de plano; atento a lo anterior, dése vista a las partes para que se impongan de su contenido y que manifiesten lo que a sus intereses convenga. Por otra parte, respecto de la diversa promoción registrada bajo el folio 57541 se tiene a la citada autoridad Titular de la Unidad de Asuntos Legales y derechos Humanos del órgano Administrativo Desconcentrado Prevención y Readaptación Social, dependiente de la Comisión nacional de Seguridad de la Secretaria de Gobernación, en suplencia del Coordinador de Centros Federales, rinde su informe justificado; de conformidad con lo dispuesto en el artículo 117 de la Ley de Amparo, dése vista a las partes para que se impongan de su contenido y que manifiesten lo que a sus intereses convenga,. En términos del artículo 9° de la Ley de la Materia, se tienen como delegados de las autoridades oficiantes a los profesionistas propuestos para tal efecto y, por señalado el domicilio que indica para oír y recibir notificaciones, por tratarse de su residencia oficial. Para dar tiempo a lo anterior, se difiere anticipadamente la audiencia constitucional señalada para las diez horas con trece minutos del veintiuno de diciembre de dos mil diecisiete, fijándose en su lugar las ONCE HORAS CON CINCUENTA Y TRES MINUTOS DEL OCHO DE ENERO DE DOS MIL DIECIOCHO, para que tenga verificativo. Tomando en consideración que el quejoso se encuentra interno el Centro Federal de Rehabilitación Psicosocial, en Ayala, Morelos; en esas condiciones, y toda vez que dicho centro de reclusión se encuentra fuera del lugar de residencia de este Juzgado, con fundamento en el artículo 298 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la ley de la materia y 158 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, gírese despacho al Juez Penal de Primera Instancia del Sexto Distrito Judicial del Estado, con residencia en Cuautla, Morelos, para que en auxilio de las labores de este Juzgado, proceda notificar al quejoso DONATO MENDOZA MORALES, el presente acuerdo, corriendo traslado con copia simple del mismo. NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE...
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