Donato de Aquino Pacheco
Expediente 1022/2016 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Guerrero. 2 actuaciones registradas, la última del 26 de septiembre de 2016.
Datos del expediente
- Expediente
- 1022/2016
- Año
- 2016
- Actuaciones
- 2
- Última actuación
- 26/09/2016
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Guerrero · Guerrero
Partes del expediente
- Donato de Aquino Pacheco
Actuaciones
- Principal
Visto el estado de los autos, así como la certificación secretarial de cuenta, de la que se aprecia que ha transcurrido el término a que se refiere el artículo 98 de la Ley de Amparo, sin que la parte quejosa hubiera recurrido el proveído de ocho de septiembre de dos mil dieciséis; en consecuencia, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 355 y 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria al procedimiento en que se actúa, en términos del numeral 2 de la ley de la materia, se declara que dicho auto que desechó la demanda de amparo promovida por ***********, por propio derecho, ha causado estado. En virtud de lo anterior, háganse las anotaciones en el libro de gobierno respectivo, y con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, archívese el presente asunto como totalmente concluido. En cumplimiento al Acuerdo General Conjunto número 1/2009 de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los juzgados de Distrito, se determina: De acuerdo, con el supuesto que prevé el punto vigésimo primero, fracción I del citado acuerdo, el cuaderno de antecedentes transcurridos cinco años a partir de que surta efectos la notificación del presente proveído, será SUSCEPTIBLE DE SER DESTRUIDO, toda vez que se dictó un acuerdo que sin decidir el juicio en lo principal concluyó el presente asunto. En términos de los puntos 11, párrafo segundo, 20 y 21 del señalado Acuerdo General Conjunto, este expediente no es de relevancia documental, jurídica ni histórica.
- Principal
Visto el escrito de demanda promovida por ***********, por propio derecho, contra actos del Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Guerrero, con sede en esta ciudad; fórmese expediente y regístrese con el número ********** en el libro de gobierno respectivo. Ahora bien, de la lectura del mencionado escrito, se aprecia la existencia de una causa manifiesta e indudable de improcedencia, sobre de la cual el que suscribe considera procedente desechar la demanda de amparo presentada con base a las consideraciones siguientes: El artículo 113 de la Ley de Amparo , dispone la facultad de los juzgadores para desechar una demanda de amparo, cuando encuentre un motivo manifiesto e indudable de improcedencia, entonces, es ineludible precisar que conforme al diccionario de la Real Academia Española de la Lengua, por manifiesto debe entenderse lo que se advierte en forma patente, notoria y absolutamente clara; y por indudable, que se tiene la certeza y plena convicción de alguna idea o hecho, esto es, que no puede ponerse en duda por lo claro, seguro y evidente que es, o sea, ni aun cuando se admitiera la demanda fuera posible desvirtuar con probanzas la causal de improcedencia advertida desde el auto de desechamiento. Ahora bien, analizada la demanda de amparo en su integridad, con apoyo en lo establecido por el artículo 113 de la Ley de Amparo, en virtud del acto reclamado de la autoridad responsable, en términos del artículo 61, fracción XXIII, en relación con el numeral 107, fracción IV, segundo párrafo, interpretada en sentido contrario, ambos de la Ley de Amparo, que en su orden disponen: "Artículo 61.- El juicio de amparo es improcedente: [.] XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley. Artículo 107. El amparo indirecto procede: [.] IV. Contra actos de tribunales judiciales, administrativos, agrarios o del trabajo realizados fuera de juicio o después de concluido. Si se trata de actos de ejecución de sentencia sólo podrá promoverse el amparo contra la última resolución dictada en el procedimiento respectivo, entendida como aquélla que aprueba o reconoce el cumplimiento total de lo sentenciado o declara la imposibilidad material o jurídica para darle cumplimiento, o las que ordenan el archivo definitivo del expediente, pudiendo reclamarse en la misma demanda las violaciones cometidas durante ese procedimiento que hubieren dejado sin defensa al quejoso y trascendido al resultado de la resolución. En los procedimientos de remate la última resolución es aquella que en forma definitiva ordena el otorgamiento de la escritura de adjudicación y la entrega de los bienes rematados, en cuyo caso se harán valer las violaciones cometidas durante ese procedimiento en los términos del párrafo anterior; ." (énfasis añadido). De la lectura armónica de los preceptos parcialmente transcritos, deriva que el juicio de amparo resulta improcedente contra actos que no constituyan la última resolución dictada en el procedimiento de ejecución de sentencia. Sentado lo anterior, es de precisar que el peticionario del amparo reclama del Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Guerrero, con sede en esta ciudad, lo siguiente: ".el auto de fecha 10 de junio del 2016, emitida en el expediente laboral número 14/2012, en el que ilegal e inconstitucionalmente sigue aplicando el texto abrogado del artículo 95 de la Ley 51, Estatuto de los Trabajadores al Servicio del Estado, de los Municipios y de los Organismos Públicos Coordinados y Descentralizados del Estado de Guerrero." Asimismo, en el capítulo de antecedentes de su demanda de amparo, en la parte que interesa señaló: "1. Con fecha 13 de enero del 2012, presente demanda laboral ante el Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Guerrero, demandando al Ayuntamiento Municipal Constitucional del Municipio de Malinaltepec, Gro . 3. Seguido el juicio en sus etapas correspondientes, el 08 de mayo del 2015, se dictó laudo, condenando a la demandada al pago de las prestaciones reclamadas. 4. Con fecha 15 de enero del 2016, se decretó que el referido laudo ha quedado firme, y se dictó auto de ejecución, en el que se señaló fecha y hora para el requerimiento de pago a la demandada, el cual se realizó el día 13 de mayo del año en curso, en la que la demandada se negó a hacer el pago. 5. Ante tal negativa, la autoridad responsable, le impone a la demandada ahora tercero interesada, una multa de mil pesos, y la requiere de nueva cuenta hacer el pago, con el apercibimiento siguiente: "Requiérasele de nueva cuenta al H. Ayuntamiento. con el apercibimiento que de no hacerlo así se le aplicará nuevamente medida de apremio establecida en el artículo 95 de la Ley 51 del Estado, consistente en una multa por $1,000.00 (MIL PESOS 00/100 M.N.).", apercibimiento que resulta ilegal, por violar mis garantías constitucionales de igualdad, legalidad, seguridad y certeza jurídica, razón por la cual solicito el amparo y protección de la justicia federal." Sentado lo anterior, debe decirse que los actos reclamados constituyen una determinación dictada en ejecución de laudo del expediente de origen; empero, no se trata de aquellas con las cuales se haya puesto fin a ese procedimiento o bien, una a través de la que declarara la imposibilidad jurídica o material para tenerlo por cumplido o, incluso, que obstaculice esa finalidad, porque en el auto impugnado se está realizando un requerimiento a efecto de que se cumpla el laudo de origen; por tanto, el presente juicio de amparo resulta improcedente. Para fijar el alcance de la citada causal de improcedencia, conviene tener presente que la emisión de un determinado acto de autoridad, tratándose de actos meramente jurisdiccionales, conlleva una afectación en la esfera jurídica de una de las partes en la contienda que la legítima para acudir al juicio de amparo con el fin de obtener una sentencia que invalide el acto relativo, por estimarlo violatorio de garantías individuales, en su perjuicio. Sin embargo, siendo el juicio de amparo un medio de control de constitucionalidad, cuyo objeto es reparar las violaciones de garantías que un determinado acto de autoridad genera sobre la esfera jurídica de un gobernado que acuda a solicitar el amparo, con el fin de restituirlo en el goce pleno de las prerrogativas que le hayan sido violadas, el legislador ha establecido diversos mecanismos que condicionan la procedencia de dicha vía. Esto, en virtud de que, en lo relativo al juicio de amparo, en consideración a los principios de celeridad y expeditez que deben regir todo proceso que resuelva una contienda entre partes para asegurar una pronta impartición de justicia y evitar el uso indiscriminado, el legislador determinó mecanismos de improcedencia de los cuales deriva, como elemento fundamental, evitar el retraso o entorpecimiento en la ejecución de una sentencia definitiva que haya adquirido el carácter de cosa juzgada. Proceder en sentido contrario redundaría en una franca contravención a la regla específica introducida por el legislador en los artículos 107, fracciones III, inciso b) y IV, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y, 107, fracción IV, segunda parte, de la ley de la materia. Ahora bien, de acuerdo con la redacción actual del numeral 107, fracción IV, de dicho ordenamiento, destaca el propósito del legislador en cuanto a la celeridad que debe darse al procedimiento de ejecución, porque su efecto es consolidar el derecho emanado de la sentencia en el menor tiempo posible, lo que acentúa la idea acerca de que una vez iniciado el trámite del juicio en su fase ejecutiva, no debe ser entorpecido, limitándose así la posibilidad de acceder al juicio de amparo indirecto contra resoluciones intermedias para las partes. Ello es así, pues en la intención del constituyente, plasmada en ese precepto legal, subyace la idea de que la sentencia ejecutoria debe cumplirse en un lapso perentorio, limitando la posibilidad de que los contendientes puedan acudir a su instauración, hasta que se dicte la última resolución en el procedimiento respectivo, lo que revela que la idea sustancial no es tanto el vedar la posibilidad de promover el juicio de amparo, sino que en realidad el procedimiento ejecutorio no se vea dilatado, independientemente de quien sea la parte que intente el juicio de amparo. Así, de conformidad con lo establecido por la fracción IV del numeral 107 transcrito, el juicio de amparo indirecto es procedente contra actos de tribunales judiciales, de los administrativos o del trabajo, después de concluido el juicio, los cuales no tienen como finalidad directa e inmediata ejecutar la sentencia dictada en ese juicio. No obstante, tratándose de actos de esa naturaleza, es decir, actos en ejecución de sentencia, el amparo sólo podrá promoverse contra la última resolución dictada en el procedimiento respectivo, con la posibilidad de reclamar en la demanda relativa las demás violaciones cometidas durante ese procedimiento que hubieren dejado sin defensa al gobernado y, si se trata de remates, sólo podrá instarse contra la resolución definitiva en que se otorgue la escritura y adjudicación de los bienes rematados. En relación con lo anterior, el Máximo Tribunal del País ha interpretado lo que debe entenderse por "última resolución" y, estableció, que constituye la que aprueba o reconoce de manera expresa o tácita el cumplimiento total de la sentencia o, bien, que declara la imposibilidad material o jurídica para darle cumplimiento, conforme al actual artículo 214 de la ley de la materia. Así, la procedencia del juicio de amparo en la forma planteada, sólo se justifica si se tiene en cuenta que no puede entorpecerse la ejecución de una sentencia que constituye cosa juzgada, dada la naturaleza propia del procedimiento, como una serie de actos concatenados entre sí, que culmina con una resolución. Esto es, dada la vinculación de causa-efecto entre una actuación judicial y otra, es posible que las violaciones cometidas durante el procedimiento de ejecución puedan analizarse cuando se reclame la última resolución, porque de acreditarse que hubo una infracción legal y que se dejó sin defensa al inconforme, tendrá que reponerse el procedimiento a partir de esa violación y, de lo contrario, de resultar infundada, no se habrá obstaculizado el cumplimiento de una ejecutoria, lo que equilibra el interés individual con el orden público y la finalidad del juicio de garantías, que no permite que sea utilizado como instrumento que dilate la administración de justicia. Pues bien, con la finalidad de sostener las razones por las cuales en el caso particular se surte la causal de improcedencia en comento, es necesario reiterar que el acto reclamado no constituye la última resolución que haya puesto fin de manera expresa o tácita al procedimiento de ejecución de laudo de origen, pues el auto de diez de junio de dos mil dieciséis, aquí reclamado, tiene como propósito precisamente lograr la ejecución del laudo de origen, a través de un nuevo requerimiento efectuado al Ayuntamiento demandado, para que cumpla el laudo de origen. Lo anterior se sostiene, pues basta imponerse de lo argumentado por la parte quejosa, para darse cuenta que se trata de un acto emitido en una fase de ejecución, por medio del cual la autoridad responsable requiere el pago al Ayuntamiento Municipal de Malinaltepec, Guerrero, producto de las prestaciones a que fue condenada en el juicio laboral de origen; con el apercibimiento de imponer la medida de apremio establecida en el artículo 95 de la Ley 51 de Estado, en caso de incumplimiento; por lo que dicha actuación no constituye la última resolución dictada en esa etapa de ejecución, es decir, con la que se haya culminado o reconocido de manera expresa o tácita el cumplimiento total del laudo. En ese contexto, como se ve la quejosa no se ostenta extraña, y lo requerido no es ajeno a la cosa juzgada; además, no se advierte que se le estén afectando de manera directa derechos sustantivos ajenos al asunto en el juicio de origen, pues lo que hizo la autoridad laboral en el auto impugnado, fue emitir un acuerdo como medida para lograr que se ejecute el laudo, dado que de manera voluntaria no lo ha realizado el Ayuntamiento demandado aquí quejoso, quien fue vencido en el juicio laboral de origen; por ende, con la admisión del amparo sólo se retardaría el procedimiento de ejecución, contrario a lo que trató de evitar el legislador. Es aplicable a lo expuesto la Jurisprudencia P./J. 108/2010, consultable en el tomo XXXIII, enero de 2011, materia común, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, de rubro y texto, siguientes: "EJECUCIÓN DE SENTENCIA. EL AMPARO INDIRECTO PROCEDE EXCEPCIONALMENTE CONTRA ACTOS DICTADOS EN EL PROCEDIMIENTO RELATIVO, CUANDO AFECTEN DE MANERA DIRECTA DERECHOS SUSTANTIVOS DEL PROMOVENTE. La fracción III del artículo 114 de la Ley de Amparo establece en principio una regla autónoma que permite la procedencia del juicio de amparo indirecto en contra de la última resolución dictada en el procedimiento de ejecución de sentencia; lo cual opera incluso en materia de extinción de dominio, o bien, respecto de los remates, supuesto en el cual sólo puede reclamarse la resolución definitiva en que se aprueben o desaprueben. Por su parte, la fracción IV del mismo precepto prevé dicha procedencia en contra de actos dictados en el juicio que tengan sobre las personas o las cosas una ejecución de imposible reparación. Ahora bien, la amplitud de la norma contenida en la fracción IV arriba citada, da pauta para interpretar la fracción III también descrita, y no a la inversa, de modo tal que debe estimarse que cuando existan actos emitidos en el procedimiento de ejecución de sentencia que afecten de manera directa derechos sustantivos, ajenos a la cosa juzgada en el juicio natural, puede aplicarse excepcionalmente por analogía la fracción IV para admitir la procedencia del juicio de amparo indirecto." En las relatadas condiciones, al quedar de manifiesto la actualización de la causal de improcedencia invocada prevista en la fracción XXIII, del artículo 61, en relación con la fracción IV, del numeral 107, ambos de la Ley de Amparo, y con apoyo en la fracción V, del numeral 63 de la legislación citada, lo que obliga a desechar la demanda en estudio por su manifiesta e indudable improcedencia. Finalmente téngase como domicilio para oír y recibir notificaciones el que indica la parte quejosa en su escrito de demanda; y, dada la materia del acto reclamado como sus autorizados en términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo a los profesionistas que indica, aunado a que se aprecia que el peticionario no es parte patronal.
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