Donato Cruz Ortega
Expediente 278/2022 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Hidalgo. 3 actuaciones registradas, la última del 19 de mayo de 2022.
Datos del expediente
- Expediente
- 278/2022
- Año
- 2022
- Actuaciones
- 3
- Última actuación
- 19/05/2022
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Hidalgo · Hidalgo
Partes del expediente
- Donato Cruz Ortega
Actuaciones
- Principal
Pachuca de Soto, Hidalgo; diecinueve de mayo de dos mil veintidós. SOLICITUD DE CONSTANCIAS. Agréguese a los autos el oficio remitido por el Secretario del Juzgado Primero de Distrito de Amparo en Materia Penal en el Estado de Puebla; en atención a su contenido, mediante oficio que derive del presente, hágase de su conocimiento que a partir de esta data el presente asunto se hace disponible para ser vinculado al diverso juicio 462/2022 del índice del juzgado de su adscripción, por medio del Sistema Integral de Seguimiento de Expediente (SISE), ello, para efecto de que pueda realizar la consulta y, en su caso, obtener las impresiones de las constancias que requiera, para los efectos legales a que haya lugar. Se instruye a la Analista del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, para que realice las gestiones necesarias, a fin de hacer disponible el juicio en que se actúa para llevar a cabo la vinculación precisada en el párrafo precedente...VI
- Principal
Pachuca de Soto, Hidalgo; veintitrés de marzo de dos mil veintidós. CAUSA ESTADO DETERMINACIÓN. Vista la certificación que antecede, de la que se advierte que ha transcurrido el término a que se refiere el artículo 98 de la Ley de Amparo, para que la determinación adoptada mediante proveído de cuatro de marzo del año en curso tuviere la firmeza debida; en consecuencia, con fundamento en los numerales 355 y 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la ley de la materia, se declara que el auto que desechó la demanda de amparo ha causado ESTADO para todos los efectos legales correspondientes. ARCHIVO Y VALORACIÓN. Con fundamento en el dispositivo 214 de la Ley de Amparo, en su oportunidad, y ya que el expediente electrónico coincide con el expediente físico, con fundamento en el penúltimo párrafo del artículo 3, de la citada legislación, archívese el presente sumario como concluido. Con apoyo en lo dispuesto en los artículos 12, 14 y 21, inciso b), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, el presente expediente es destruible, al haberse desechado la demanda que le dio origen. SE PONEN A DISPOSICIÓN DOCUMENTOS. De conformidad con el artículo 21, segundo párrafo, del mencionado acuerdo general, se requiere a la parte quejosa para que, a través de persona debidamente autorizada para ello, comparezca a este juzgado federal, con identificación oficial vigente, a recuperar los documentos que exhibió en el presente juicio; apercibida que de no hacerlo, una vez que transcurra el término de noventa días, serán destruidos. Ahora bien, a fin de que pueda acudir a este juzgado federal por el documento que fue puesto a su disposición, de conformidad con los artículos 3 y 6, fracción II, del Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus COVID19, hágase del conocimiento de la parte requerida que deberá programar la cita correspondiente en el Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación, mediante el link: https://www.serviciosenlinea.pjf.gob.mx/ServiciosJurisdiccionales/ home...VI
- Principal
Pachuca de Soto, Hidalgo; cuatro de marzo de dos mil veintidós. Vista la demanda promovida por Donato Cruz Ortega, por propio derecho, contra actos del Director de Hospital Villa Ocaranza, perteneciente a la Dirección de Segundo Nivel de Atención de la Dirección General de Prestación de Servicios de la Dirección General de Servicios de Salud de Hidalgo, se acuerda: REGISTRO. Fórmese el cuaderno respectivo, regístrese en el libro de gobierno con el número 278/2022-VI-B, y dese de alta el expediente electrónico en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). DESECHAMIENTO. De un análisis general de la demanda se advierte que se actualiza una causal de improcedencia de forma manifiesta e indudable; por lo tanto, con fundamento en lo dispuesto en el numeral 113 de la Ley de Amparo, lo procedente es desechar la demanda que se provee en relación con el aludido acto impugnado. En efecto, el precepto citado es del tenor siguiente: "Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano." De lo transcrito se advierte la obligación del juez de distrito de realizar un examen integral de la demanda de amparo, con la finalidad de determinar si el juicio de derechos fundamentales es procedente, pues de lo contrario dicha demanda debe ser desechada, ya que la acción constitucional sólo está reservada 08/09/22 14:52:54 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.01.bf.e0 VERONICA GARCIA ALVAREZ para aquellos casos previstos en el numeral 107 de la Ley de Amparo. Además, debe tenerse en cuenta que el diverso 62 del cuerpo de leyes en cita impone la obligación al juzgador de amparo de analizar oficiosamente las causas de improcedencia que advierta, pues estas son de orden público y por ello su estudio es imperativo. No obstante, es necesario aclarar que el desechamiento de la demanda de garantías se encuentra condicionado a que la actualización de la o las causales de improcedencia sea manifiesta e indudable, es decir, que debe ser clara, evidente por sí misma, y que no pueda ser desvirtuado por ningún medio de prueba durante el juicio; tal como lo consideró el Segundo Tribunal Colegiado del Décimo Séptimo Circuito, en la jurisprudencia número XVII.2o. J/11, emitida por publicado en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo IX, Enero de 1999, página 648, Novena Época, cuyo rubro es: "DEMANDA DE AMPARO. DESECHAMIENTO DE LA. ALCANCE DE LA EXPRESIÓN MOTIVO MANIFIESTO E INDUDABLE DE IMPROCEDENCIA". Precisado lo anterior, se estima que se individualiza de forma manifiesta e indudable la causa de improcedencia derivada del artículo 61, fracción XXIII, de la Ley de Amparo, en relación con los preceptos 1, fracción I, y 5, fracción II, del mismo ordenamiento legal; ya que no proviene de una autoridad para los efectos del juicio constitucional. Los preceptos citados son del tenor siguiente: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] 08/09/22 14:52:54 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.01.bf.e0 VERONICA GARCIA ALVAREZ XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley." "Artículo 1. El juicio de amparo tiene por objeto resolver toda controversia que se suscite: I. Por normas generales, actos u omisiones de autoridad que violen los derechos humanos reconocidos y las garantías otorgadas para su protección por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como por los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte; [..]" "Artículo 5. Son partes en el juicio de amparo: [.] II. La autoridad responsable, teniendo tal carácter, con independencia de su naturaleza formal, la que dicta, ordena, ejecuta o trata de ejecutar el acto que crea, modifica o extingue situaciones jurídicas en forma unilateral y obligatoria; u omita el acto que de realizarse crearía, modificaría o extinguiría dichas situaciones jurídicas. Para los efectos de esta Ley, los particulares tendrán la calidad de autoridad responsable cuando realicen actos equivalentes a los de autoridad, que afecten derechos en los términos de esta fracción, y cuyas funciones estén determinadas por una norma general. [.]." De acuerdo con lo anterior, se considera que la acción constitucional es improcedente, porque de acuerdo a los hechos, que bajo protesta de decir verdad narró el quejoso en el escrito de demanda, el Director de Hospital Villa Ocaranza, perteneciente a la Dirección de Segundo Nivel de Atención de la Dirección General de Prestación de Servicios de la Dirección General de Servicios de Salud de Hidalgo, no tiene el carácter de autoridad para efectos del presente juicio, pues la obligación de dar cumplimiento a los mandatos de la autoridad 08/09/22 14:52:54 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.01.bf.e0 VERONICA GARCIA ALVAREZ judicial, no actualiza el supuesto normativo establecido en el artículo 5, fracción II, de la Ley de Amparo. Así se estima, en la especie, el citado director no actúa unilateralmente, creando, modificando o extinguiendo una situación jurídica que afecte a un particular, mediante el ejercicio de facultades de imperio conferidas por una ley; sino que está supeditado a las órdenes y mandatos de la autoridad judicial, como órgano auxiliar de la administración de justicia. Para evidenciar este aserto, debe tenerse en cuenta el concepto de autoridad para efectos del juicio de amparo; y después el origen del acto jurídico cuyo registro se ordenó por una autoridad judicial, a efecto de definir si la negativa reclamada puede atribuirse a un órgano público, como autoridad para efectos de este juicio constitucional. Así, se tiene que el artículo 5, fracción II, de la Ley de Amparo, señala lo siguiente: "Artículo 5. Son partes en el juicio de amparo: (.) II. La autoridad responsable, teniendo tal carácter, con independencia de su naturaleza formal, la que dicta, ordena, ejecuta o trata de ejecutar el acto que crea, modifica o extingue situaciones jurídicas en forma unilateral y obligatoria; u omita el acto que de realizarse crearía, modificaría o extinguiría dichas situaciones jurídicas. Para los efectos de esta Ley, los particulares tendrán la calidad de autoridad responsable cuando realicen actos equivalentes a los de autoridad, que afecten derechos en los términos de esta fracción, y cuyas funciones estén determinadas por una norma general. (.)". 08/09/22 14:52:54 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.01.bf.e0 VERONICA GARCIA ALVAREZ De la porción legal transcrita se advierte que los órganos que tienen el carácter de autoridades responsables, con independencia de su naturaleza formal, son aquellos que dictan, ordenan, ejecutan o tratan de ejecutar un acto que cree, modifique o extinga situaciones jurídicas en forma unilateral y obligatoria, u omitan el acto que de realizarse tenga dichos efectos. Asimismo, que los particulares tendrán tal carácter cuando realicen actos equivalentes que afecten derechos en dichos términos y cuyas funciones estén determinadas por una norma general. La Suprema Corte de Justicia de la Nación fijó diversos precedentes en relación con el concepto de autoridad responsable para efectos del juicio de amparo y estableció que es aquella que, con fundamento en una norma legal, pueda emitir actos unilaterales a través de los cuales crea, modifica o extingue por sí o ante sí situaciones jurídicas que afecten la esfera legal de los gobernados; por tanto, las notas que distinguen a una autoridad para efectos del juicio de amparo son las siguientes: a) La existencia de un ente de hecho o de derecho que establece una relación de supra a subordinación con el particular, independientemente de su naturaleza formal; b) Que esa relación tenga su origen en la ley, lo que dota al ente de una facultad administrativa, cuyo ejercicio es irrenunciable, al ser pública la fuente de esa potestad; c) Que con motivo de esa relación emita actos unilaterales a través de los cuales cree, modifique o extinga por sí o ante sí, situaciones jurídicas que afecten la esfera legal del particular; y, d) Que para emitir esos actos no requiera acudir a los órganos judiciales ni precise del consenso de la voluntad del afectado. 08/09/22 14:52:54 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.01.bf.e0 VERONICA GARCIA ALVAREZ Lo anterior encuentra apoyo en la jurisprudencia 2a./J. 164/2011 de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXXIV, Septiembre de 2011, página 1089, Novena Época, de rubro y texto siguientes: "AUTORIDAD PARA LOS EFECTOS DEL JUICIO DE AMPARO. NOTAS DISTINTIVAS. Las notas que distinguen a una autoridad para efectos del juicio de amparo son las siguientes: a) La existencia de un ente de hecho o de derecho que establece una relación de supra a subordinación con un particular; b) Que esa relación tenga su nacimiento en la ley, lo que dota al ente de una facultad administrativa, cuyo ejercicio es irrenunciable, al ser pública la fuente de esa potestad; c) Que con motivo de esa relación emita actos unilaterales a través de los cuales cree, modifique o extinga por sí o ante sí, situaciones jurídicas que afecten la esfera legal del particular; y, d) Que para emitir esos actos no requiera acudir a los órganos judiciales ni precise del consenso de la voluntad del afectado." Así como la diversa tesis aislada P. XXVII/97 del Pleno de aquel Alto Tribunal, publicada en el mismo órgano oficial de difusión que la anterior, Tomo V, Febrero de 1997, página 118, Novena Época, de contenido siguiente: "AUTORIDAD PARA EFECTOS DEL JUICIO DE AMPARO. LO SON AQUELLOS FUNCIONARIOS DE ORGANISMOS PÚBLICOS QUE CON FUNDAMENTO EN LA LEY EMITEN ACTOS UNILATERALES POR LOS QUE CREAN, MODIFICAN O EXTINGUEN SITUACIONES JURÍDICAS QUE AFECTAN LA ESFERA LEGAL DEL GOBERNADO. Este Tribunal Pleno considera que debe interrumpirse el criterio que con el número 300 aparece publicado en la página 519 del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-1988, Segunda Parte, que es del tenor siguiente: "AUTORIDADES PARA EFECTOS DEL JUICIO DE AMPARO. El término 'autoridades' para los efectos del amparo, comprende a todas aquellas personas que disponen de la fuerza pública en virtud de circunstancias, ya legales, ya de hecho, y que, por lo mismo, estén en posibilidad material de obrar como individuos que ejerzan actos públicos, por el hecho de ser pública la fuerza de que disponen.", cuyo primer precedente data de 1919, dado que la realidad en que se aplica ha sufrido cambios, lo que obliga a esta Suprema Corte de Justicia, máximo intérprete de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a 08/09/22 14:52:54 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.01.bf.e0 VERONICA GARCIA ALVAREZ modificar sus criterios ajustándolos al momento actual. En efecto, las atribuciones del Estado Mexicano se han incrementado con el curso del tiempo, y de un Estado de derecho pasamos a un Estado social de derecho con una creciente intervención de los entes públicos en diversas actividades, lo que ha motivado cambios constitucionales que dan paso a la llamada rectoría del Estado en materia económica, que a su vez modificó la estructura estadual, y gestó la llamada administración paraestatal formada por los organismos descentralizados y las empresas de participación estatal, que indudablemente escapan al concepto tradicional de autoridad establecido en el criterio ya citado. Por ello, la aplicación generalizada de éste en la actualidad conduce a la indefensión de los gobernados, pues estos organismos en su actuación, con independencia de la disposición directa que llegaren a tener o no de la fuerza pública, con fundamento en una norma legal pueden emitir actos unilaterales a través de los cuales crean, modifican o extinguen por sí o ante sí, situaciones jurídicas que afecten la esfera legal de los gobernados, sin la necesidad de acudir a los órganos judiciales ni del consenso de la voluntad del afectado. Esto es, ejercen facultades decisorias que les están atribuidas en la ley y que por ende constituyen una potestad administrativa, cuyo ejercicio es irrenunciable y que por tanto se traducen en verdaderos actos de autoridad al ser de naturaleza pública la fuente de tal potestad. Por ello, este Tribunal Pleno considera que el criterio supracitado no puede ser aplicado actualmente en forma indiscriminada sino que debe atenderse a las particularidades de la especie o del acto mismo; por ello, el juzgador de amparo, a fin de establecer si a quien se atribuye el acto es autoridad para efectos del juicio de amparo, debe atender a la norma legal y examinar si lo faculta o no para tomar decisiones o resoluciones que afecten unilateralmente la esfera jurídica del interesado, y que deben exigirse mediante el uso de la fuerza pública o bien a través de otras autoridades." También debe precisarse que la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver el amparo directo en revisión 904/2014, determinó que existen tres tipos fundamentales de relaciones, a saber: las de supra a subordinación, las de supraordinación y las de coordinación. Las relaciones de supra a subordinación son las que descansan sobre una dualidad cualitativa subjetiva, es decir, que surgen entre dos entidades colocadas en distinto plano o posición entre el Estado como persona jurídico-política y sus órganos de 08/09/22 14:52:54 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.01.bf.e0 VERONICA GARCIA ALVAREZ autoridad, y el gobernado, por actuar los primeros en beneficio del orden público y del interés social. Este tipo de relaciones se caracteriza por la imperatividad, la coercitividad y la unilateralidad, lo cual supone la posibilidad legal de que la propia autoridad, mediante el uso de sus facultades, venza cualquier tipo de resistencia que pudiera presentar el cumplimiento voluntario de los actos de autoridad correspondientes. Por cuanto hace a las relaciones de supraordinación, debe decirse que son las que se llevan a cabo entre los órganos del propio Estado, en las que éstos actúan en un plano de igualdad superior, por encima de los particulares. Finalmente, las relaciones de coordinación son las entabladas entre sujetos que actúan en un plano de igualdad y bilateralidad, es decir, son los vínculos que se forman con motivo de una variedad de causas entre dos o más sujetos físicos o morales dentro de su condición de gobernados, por lo que para dirimir sus diferencias e impedir que se hagan justicia por ellos mismos, se han instituido procedimientos jurisdiccionales a esos efectos. Ahora bien, de acuerdo a lo narrado por el quejoso en su escrito inicial de demanda, inició dos procedimientos especiales de estado de interdicción, que quedaron registrados con los números 815/2018 y 1059/2019, del índice del Juzgado Tercero Civil y Familiar del Distrito Judicial de Tulancingo de Bravo, Hidalgo; dentro de los cuales se requirió al titular del Hospital Villa Ocaranza, perteneciente a la Dirección de Segundo Nivel de Atención, de la Dirección General de Prestaciones de Servicios, de la Dirección General de Servicios de Salud, a fin de que exhibiera los resultados de los estudios que le fueron 08/09/22 14:52:54 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.01.bf.e0 VERONICA GARCIA ALVAREZ practicados al quejoso en dicho lugar, en materia de psicología y psiquiatría, por resultar necesarios para la debida integración de los citados procedimientos. El quejoso agregó que, ante la omisión del citado hospital para emitir los documentos que le fueron solicitados, presentó la petición correspondiente el dieciocho de noviembre de dos mil veintiuno, sin que se haya emitido la contestación correspondiente; lo que estima es violatorio del derecho de petición tutelado por el artículo 8 constitucional. Como se ve, en el caso a estudio, resulta indudable que el Director de Hospital Villa Ocaranza, perteneciente a la Dirección de Segundo Nivel de Atención de la Dirección General de Prestación de Servicios de la Dirección General de Servicios de Salud de Hidalgo, no tiene el carácter de autoridad responsable para los efectos del juicio de amparo, ya que no existe una relación de supra a subordinación en la que la quejosa se coloque como titular de sus derechos fundamentales frente al acto atribuido a dicho funcionario. Esto es así, porque las violaciones alegadas giran en torno a la obligación de acatar las ordenes emitidas por una autoridad judicial, en este caso el Juez Tercero Civil y Familiar del Distrito Judicial de Tulancingo de Bravo, Hidalgo, en los procedimientos familiares especiales de estado de interdicción 815/2018 y 1059/2019, obligación respecto de la cual el citado director actúa únicamente como auxiliar de la administración de justicia, ya que se encuentra vinculado a dar cumplimiento a los requerimientos que emita la autoridad judicial, en términos de lo dispuesto en los artículos 3 y 4 de la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado de Hidalgo, que a la letra dicen: 08/09/22 14:52:54 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.01.bf.e0 VERONICA GARCIA ALVAREZ "ARTÍCULO 3. Son auxiliares de la impartición de justicia, los servidores públicos Estatales, Municipales y todas aquellas personas cuya participación sea necesaria en la impartición de justicia." "ARTÍCULO 4. Los auxiliares de la impartición de justicia están obligados a realizar los actos, funciones y trabajos para los que fueran requeridos legalmente por las Autoridades Judiciales. La falta de cumplimiento de estas obligaciones será sancionada en los términos de Ley. Los Poderes del Estado están obligados a garantizar y facilitar el ejercicio de las funciones de auxilio a la impartición de justicia a cargo del Poder Judicial." En ese sentido, la omisión que se atribuye al Director de Hospital Villa Ocaranza, perteneciente a la Dirección de Segundo Nivel de Atención de la Dirección General de Prestación de Servicios de la Dirección General de Servicios de Salud de Hidalgo, no deriva de una facultad unilateral que la ley establezca a su favor, sino que se encuentra vinculado al cumplimiento de los mandatos de la autoridad judicial. De ahí que cumplimiento o incumplimiento de los requerimientos emitidos en los juicios familiares se encuentra sujeto al imperium del juez o jueza familiar, quien puede hacer cumplir sus determinaciones a través del uso de los medios de apremio previstos en el Código de Procedimientos Familiares para esta entidad; desde luego, si existe una conducta contumaz o una negativa injustificada para cumplir. Sostener lo contrario y sujetar la negativa atribuida al funcionario señalado como autoridad responsable al control constitucional, implicaría una indebida invasión a la esfera de competencia de la autoridad judicial mencionada, al impedir que haga uso de su facultad de hacer valer sus determinaciones. Luego, al no tener el Director de Hospital Villa Ocaranza, perteneciente a la Dirección de Segundo Nivel de Atención de la Dirección General de Prestación de Servicios 08/09/22 14:52:54 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.01.bf.e0 VERONICA GARCIA ALVAREZ de la Dirección General de Servicios de Salud de Hidalgo, el carácter de autoridad para efectos del juicio de amparo, es inconcuso que se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, de la Ley de Amparo, en relación con el diverso 5, fracción II, de la misma legislación, y ello conduce a desecha la demanda promovida por Donato Cruz Ortega. CONTINUIDAD DEL TRABAJO A DISTANCIA O TELETRABAJO. Para preservar la salud de los servidores públicos y usuarios, como regla general el personal de este juzgado continuará laborando de manera remota a través de medios electrónicos y solo por excepción lo hará de manera presencial. Esto significa que las partes únicamente tendrán acceso a las instalaciones judiciales cuando ello resulte estrictamente necesario y se haya agendado la cita correspondiente, sobre la base que para la atención al público no se dispone de la plantilla completa del personal. ATENCIÓN DE MANERA PRESENCIAL Y CON PREVIA CITA. La presencia física de las partes únicamente se admitirá: a) cuando el órgano jurisdiccional lo determine genere la cita correspondiente y b) cuando las partes gestionen y obtengan la cita respectiva. EXHORTO A LAS PARTES PARA LA TRAMITACIÓN DEL JUICIO EN LÍNEA. Para facilitar la pronta resolución del juicio, las partes deben procurar su continuación en forma electrónica, bajo el esquema de juicio en línea, mediante el uso de Firma Electrónica Certificada del Poder Judicial de la Federación (FIREL) o Firma Electrónica Avanzada del Servicio de Administración Tributaria (e.firma, antes FIEL), indistintamente, por lo que se les previene para que a la mayor brevedad posible, de no haberlo hecho, formulen la solicitud respectiva. SE EXHORTA A LAS PARTES A MEJORAR LA COMUNICACIÓN PARA FACILITAR EL TRÁMITE DEL JUICIO. Se exhorta a las partes para 08/09/22 14:52:54 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.01.bf.e0 VERONICA GARCIA ALVAREZ que soliciten el acceso al expediente electrónico en el presente asunto y que las notificaciones se le practiquen vía electrónica, para lo cual deberán señalar el «nombre de usuario» que al efecto se le proporcione al registrarse en el Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación, acorde a los artículos 16, 17, 18, 35 y 55 del Acuerdo General 12/2020 relacionados con el diverso 22 del Acuerdo General 21/2020. REQUERIMIENTO DE NÚMERO TELEFÓNICO MÓVIL Y CORREO ELECTRÓNICO. Con fundamento en la fracción I del artículo 5 del acuerdo general de referencia, se requiere a las partes para que, dentro del término de tres días, proporcionen un número de teléfono móvil y una cuenta de correo electrónico a fin de que personal de este juzgado federal establezca contacto, en caso de ser necesario, en la inteligencia de que, por certeza jurídica, las notificaciones únicamente se practicarán por lista o de manera electrónica, a través del Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación; sin embargo, en caso de considerarlo necesario, se entablará comunicación no procesal con las partes, cuyo contenido deberá registrarse y de ser necesario incorporarse al expediente previa certificación, en términos de lo dispuesto por el artículo 22, fracción II, del Acuerdo General 21/2020, por lo que para tal efecto se tomarán en consideración los datos de contacto proporcionados por las partes, para acordar previamente la práctica de notificaciones personales o diligencias, siempre que ello se estime pertinente para el éxito de éstas y la seguridad de quienes intervengan en la misma, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 23, fracción I, del Acuerdo General 21/2020. PUBLICACIÓN DE LISTAS. Dado que aún no se permitirá la entrada normal de las personas justiciables a los órganos jurisdiccionales, las listas de acuerdos se publicarán en internet, adicionalmente este juzgado remitirá por correo electrónico a la 08/09/22 14:52:54 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.01.bf.e0 VERONICA GARCIA ALVAREZ administración las listas a publicar las cuales serán colocadas en la entrada del edificio para consulta de los interesados. DOMICILIO PROCESAL DEL PARTE QUEJOSA. Téngase como tal el ubicado en Boulevard Luis Donaldo Colosio número 4604, segundo piso, colonia El Palmar, código postal 42088, en esta ciudad. AUTORIZADOS. Se tiene a Ivón Nuñez Vite, Clemente Ernesto Salazar Peña, Maricruz González Meneses, Omar Veloz Barranco y Jenny de la Cruz López, como autorizada en los términos amplios previstos por el artículo 12 de la Ley de Amparo, así como a las personas que refiere únicamente para recibir notificaciones, imponerse de los autos y recibir documentos, lo anterior por así haberlo solicitado expresamente en su escrito de demanda. AUTORIZACIÓN PARA LA CONSULTA DEL EXPEDIENTE ELECTRÓNICO. Con fundamento en el artículo 3 de la Ley de Amparo, así como los diversos 35 y 36 del Acuerdo General 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo, se autoriza a la parte quejosa el acceso y consulta del expediente electrónico derivado del presente juicio, a través del nombre de los usuarios IvonNunezVite y juan2021. En atención a lo dispuesto por el numeral 39 de la citada disposición general, la autorización otorgada no implica el permiso para notificarse electrónicamente de las determinaciones judiciales, ya que no se solicitó expresamente esa autorización; por tanto, únicamente podrá consultar los acuerdos y las constancias relacionadas con este juicio, una vez que se haya practicado la notificación respectiva. HABILITACIÓN DÍAS Y HORAS INHÁBILES. Con fundamento en el numeral 21 de la Ley de Amparo, se habilitan días y horas 08/09/22 14:52:54 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.01.bf.e0 VERONICA GARCIA ALVAREZ inhábiles para efectuar las notificaciones que se ordenen realizar en el presente juicio de amparo. GLOSA DE PROMOCIONES SIN ACUERDO. Para efecto de hacer efectiva la justicia pronta, rápida y expedita, se ordena a la secretaria que proceda, bajo criterio limitado y hábil, únicamente a certificar y agregar a los autos aquellas promociones donde resulte inútil dictar acuerdo. Lo anterior procederá solo en las siguientes hipótesis: a) promociones ya acordadas en autos; b) duplicación de informes o comunicaciones recibidas; c) acuses de recibo; y, d) copias. USO DE MEDIOS ELECTRÓNICOS PARA LA REPRODUCCIÓN DEL EXPEDIENTE FÍSICO. En atención al principio de economía procesal y, de conformidad con la Circular 12/2009 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, desde este momento se autoriza a las partes para hacer uso de cámaras fotográficas, lectores de láser u otros medios electrónicos, para la reproducción de los acuerdos y resoluciones dictados en el presente sumario...VI
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