Donata Guillermina González Hernández
Expediente 107/2018 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito de Amparo y Juicios Federales en el Estado de Chiapas, con residencia en Tuxtla Gutiérrez. 3 actuaciones registradas, la última del 15 de marzo de 2018.
Datos del expediente
- Expediente
- 107/2018
- Año
- 2018
- Actuaciones
- 3
- Última actuación
- 15/03/2018
Partes del expediente
- Donata Guillermina González Hernández
Actuaciones
- Principal
Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, quince de marzo de dos mil dieciocho. Agréguese a los autos el ocurso firmado por la quejosa Donata Guillermina González Hernández, por el que solicita la devolución de las documentales que anexó al escrito de demanda. Con fundamento en el artículo 280 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria por disposición del numeral 2 de la Ley de Amparo, hágase la devolución de las documentales a que hace alusión la promovente en el escrito de cuenta, teniéndose por autorizada para recibirlos a la persona que menciona, previa identificación y razón de recibo que se deje en autos, haciendo de su conocimiento que para tal efecto, deberá acudir a este Juzgado preferentemente dentro del horario comprendido entre las diez y trece horas en día hábil. Notifíquese.
- Principal
SE NOTIFICA POR LISTA A LA PARTE PROMOVENTE DEL AUTO QUE EN LO CONDUCENTE DICE: uxtla Gutiérrez, Chiapas, trece de febrero de dos mil dieciocho. Vista la certificación que antecede y con fundamento en los numerales 356, fracción II y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria, se declara que ha causado estado el acuerdo que desechó la demanda, considerando que la parte quejosa no interpuso recurso de queja contra dicho auto. Se ordena realizar las anotaciones correspondientes en el Libro de Gobierno respectivo y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE); archívese este juicio como asunto concluido, con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo. En cumplimiento a lo dispuesto en el segundo párrafo del punto décimo primero del Acuerdo General conjunto número 1/2009, de quince de octubre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, se ordena: 1. Destruir el expediente principal, ya que se actualiza la hipótesis de la fracción I del punto vigésimo primero, del citado Acuerdo General conjunto, al ser un juicio de amparo en el que se desechó la demanda de amparo y carece de relevancia documental; hecho que deberá realizarse una vez transcurridos cinco años a partir de esta fecha, previa formulación del acta y relación correspondiente para la plena identificación del expedientillo destruido, tal como lo dispone el punto vigésimo cuarto del acuerdo normativo. 2. Transferir el expediente principal una vez transcurrido tres años a partir de esta fecha, al Centro de Documentación y Análisis, previa anotación correspondiente en los libros de gobierno, tal y como lo disponen los puntos decimo y vigésimo quinto del acuerdo normativo. 3. Finalmente, de conformidad con los puntos Segundo, fracción XVIII, Capítulo I y Décimo Primero, párrafo último, Capítulo Tercero, de dicho acuerdo, requiérase a la parte quejosa, a fin de que acuda al local de este juzgado de Distrito dentro de un plazo de noventa días, a recoger los documentos exhibidos en el escrito inicial de demanda, apercibida que en caso de no hacerlo, podrá ser destruidos junto con las constancias judiciales Notifíquese personalmente a la parte quejosa.
- Principal
SE NOTIFICA POR LISTA A LA PARTE PROMOVENTE EL AUTO QUE DICE: Tuxtla Gutiérrez, Chiapas; treinta y uno de enero de dos mil dieciocho. Vista la demanda de amparo promovida por Donata Guillermina González Hernández, contra actos de la Comisión Federal de Electricidad de la División de Distribución Sureste, con residencia en esta ciudad; fórmese cuaderno de antecedentes y regístrese con el número 107/2018-II, que le correspondió en el libro de gobierno que al efecto se lleva en este Juzgado de Distrito. Ahora bien, una vez analizada la demanda de amparo, este juzgador advierte dos motivos manifiestos e indudables de improcedencia, con fundamento en el artículo 113 de la Ley de Amparo, procede desechar de plano la demanda de amparo de cuenta, pues, en primer término en este asunto, se actualiza de forma manifiesta e indudable la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XIV, en relación con los numerales 17, primer párrafo, y 18, de la Ley de Amparo, por las siguientes consideraciones. En efecto, los preceptos antes citados por su orden disponen: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XIV. Contra normas generales o actos consentidos tácitamente, entendiéndose por tales aquéllos contra los que no se promueva el juicio de amparo dentro de los plazos previstos. (.)" "Artículo 17. El plazo para presentar la demanda de amparo es de quince días." "Artículo 18. Los plazos a que se refiere el artículo anterior se computarán a partir del día siguiente a aquél en que surta efectos, conforme a la ley del acto, la notificación al quejoso del acto o resolución que reclame o a aquél en que haya tenido conocimiento o se ostente sabedor del acto reclamado o de su ejecución, salvo el caso de la fracción I del artículo anterior en el que se computará a partir del día de su entrada en vigor". De conformidad con los preceptos legales antes transcritos, el juicio de amparo es improcedente contra actos consentidos tácitamente, entendiéndose por tales aquellos contra los que no se promueve el juicio de amparo dentro del término de quince días, contados desde el día siguiente al en que haya surtido efectos, conforme a la ley del acto, la notificación al quejoso del acto reclamado; al en que haya tenido conocimiento del mismo o al en que se hubiese ostentado sabedor de los mismos. Del último de los preceptos reseñados se desprende que el juicio de amparo debe instarse dentro del término de quince días, lapso que se contabilizará: a) A partir del día siguiente al en que haya surtido efectos, conforme a la ley del acto, la notificación a la quejosa de la resolución o acuerdo que se reclame; b) A partir del día siguiente al en que la quejosa haya tenido conocimiento de la resolución o acuerdo que reclama, o de sus actos de ejecución; ó, c) A partir del día siguiente al en que la quejosa se haya ostentado sabedora de los referidos actos. Precisadas las características esenciales de las tres hipótesis previstas en los artículos 17 y 18 de la Ley de Amparo, debe señalarse que las mismas no guardan un orden de preferencia; sino que la intención del legislador fue la de establecer que el plazo para la promoción del juicio de amparo comenzará a computarse a partir del día siguiente al en que se verificara cualquiera de los tres supuestos establecidos en el invocado numeral. Bajo ese contexto, debe señalarse que de la propia demanda de amparo, se advierte, que la aquí quejosa bajo protesta de decir verdad manifiesta que el acto que tilda de inconstitucional le fue notificado el cinco de enero del año en curso, por lo que surtió sus efectos el ocho de enero siguiente, de conformidad con el artículo 1075 del Código de Comercio. En efecto, la manifestación de la quejosa en el capítulo de acto reclamado de la demanda de amparo, constituye una confesión que prueba plenamente en su contra, en términos de lo dispuesto en los artículos 199 y 200 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo vigente: "Artículo 199. La confesión expresa hará prueba plena cuando concurran, en ella, las circunstancias siguientes: I. Que sea hecha por persona capacitada para obligarse; II. Que sea hecha con pleno conocimiento, y sin coacción ni violencia, y III. Que sea de hecho propio o, en su caso, del representado o del cedente, y concerniente al negocio." "Artículo 200. Los hechos propios de las partes, aseverados en la demanda, en la contestación o en cualquier otro acto del juicio, harán prueba plena en contra de quien los asevere, sin necesidad de ofrecerlos como prueba." Sirve de apoyo a lo anterior, la tesis sustentada por la Segunda Sala de la anterior integración de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en las páginas 294 y 295 del Tomo LXXXIX, de la Quinta Época del Semanario Judicial de la Federación, cuyo sumario dice: "AMPARO, CONFESIÓN EN EL. Es indudable que en el juicio de amparo no se admite la prueba de confesión, porque el artículo que la prohíbe, quiere vedar la que se provoca por medio de posiciones; pero esto no quiere decir que no tenga eficacia probatoria la confesión que, de manera espontánea, hagan las partes en sus memoriales y sólo puede dejarse de considerar eficaz, si hay prueba de mayor fuerza que la desvirtúe". En consecuencia, es a partir del día siguiente de esa data -ocho de enero de dos mil diecisiete- al en que surtió efectos la notificación del acto reclamado, cuando debe empezarse a computar el término de quince días a que hace alusión el artículo 17 de la Ley de Amparo. En tales condiciones, se estima que la demanda de amparo, materia de análisis en esta instancia, fue presentada en forma extemporánea, esto es fuera del plazo de quince días, establecido en el artículo 17 de la Ley de Amparo. Ello es así, ya que el término para interponer la demanda amparo transcurrió del nueve al veintinueve de enero del año en curso, con exclusión de los días trece, catorce, veinte, veintiuno, veintisiete y veintiocho del citado mes, por ser inhábiles en términos del artículo 19 de la Ley de Amparo. Por consiguiente, si la parte quejosa promovió la demanda de amparo hasta el treinta de enero de dos mil diecisiete, según se advierte del sello impuesto por la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito de Amparo y Juicios Federales en el Estado de Chiapas, residente en esta ciudad, es inconcuso que lo hizo con posterioridad a la fecha en que había concluido el término para instar el juicio de amparo. Es así, pues desde el día siguiente al en que surtió efectos la notificación del acto reclamado (nueve de enero de dos mil diecisiete) hasta la fecha en que se presentó la demanda de amparo (treinta de enero de dos mil diecisiete), transcurrieron más de quince días. Lo anterior, implica que la parte quejosa consintió de manera tácita el acto reclamado, en virtud de que contaba con el plazo de quince días hábiles para promover el juicio de amparo, contado a partir del día siguiente al en que surtió efectos la notificación del acto que reclama; sin embargo, al no hacerlo la misma resulta extemporánea. Sirve de apoyo a lo anterior, por analogía, la tesis sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación que aparece en la página 652, Primera Parte, precedentes, del Apéndice en consulta, que dice: "DEMANDA DE AMPARO. TÉRMINO PARA PROMOVERLA CUANDO EXISTE MANIFESTACIÓN EXPRESA DE LA FECHA EN QUE SE TUVO CONOCIMIENTO DEL ACTO RECLAMADO. INTERPRETACIÓN DEL ARTÍCULO 21 DE LA LEY DE AMPARO. El artículo 21 de la Ley Reglamentaria de los Artículos 103 y 107 Constitucionales dispone que el término para la interposición de la demanda de garantías será de quince días que se computará desde el día siguiente al en que se haya notificado al quejoso la resolución o acuerdo que reclame; al en que haya tenido conocimiento de ellos o de su ejecución o al en que se hubiere ostentado sabedor de los mismos. Así pues, si los quejosos en la demanda de garantías expresamente manifiestan que tuvieron conocimiento pleno del acto reclamado determinado día, como esa confesión hace plena prueba de conformidad con lo dispuesto por los artículos 199 y 200 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria, de ello se sigue que si el Juez de Distrito con base en dicha manifestación realiza el cómputo del término de la presentación de la demanda y concluye que el amparo resulta improcedente, tal determinación es correcta, sin que sea necesario que exista constancia de la notificación personal del acto reclamado para efectuar el cómputo del término respectivo, debido precisamente a la citada confesión de la parte quejosa respecto a la fecha en que tuvo conocimiento del acto reclamado". II. Además, en el caso se actualiza de manera indudable, la diversa causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XIII, de la Ley de Amparo, virtud a las siguientes consideraciones. "Artículo 61. El Juicio de Amparo es improcedente: (.) XIII. Contra actos consentidos expresamente o por manifestaciones de voluntad que entrañen ese consentimiento;" Es así, pues la causa de improcedencia en cita acorde con la disposición expresa de la Ley de Amparo, en las fracciones XIII y XIV del artículo 61, establece como causas de improcedencia el reclamo de actos consentidos, ya sea de manera expresa o tácita; luego, sí el amparo contra actos de esa naturaleza no procede, menos lo será para aquellos que se deriven de los propios actos que se consintieron. Tiene aplicación a lo anterior, la tesis sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en el Semanario Judicial de la Federación, Volumen 217-228, Séptima época, página 9, que dice: "ACTOS DERIVADOS DE ACTOS CONSENTIDOS. SUPUESTOS PARA QUE OPERE ESA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA. De acuerdo con la jurisprudencia número 19 contenida en la página 38 de la Octava Parte del último Apéndice al Semanario Judicial de la Federación, los supuestos para que opere la causal de improcedencia cuando el amparo se endereza contra actos derivados de otros consentidos son, la existencia de un acto anterior consentido y la existencia de un acto posterior que sea una consecuencia directa y necesaria de aquél". En ese sentido, acorde a la interpretación que ha dado nuestro Máximo Tribunal del País, entendemos que los actos derivados de otros consentidos, de los que se refiere es improcedente el juicio de amparo, son aquellos que no son sino una consecuencia directa de otros que la ley refuta como consentidos; es decir, son acciones u omisiones de la autoridad, que por su propia naturaleza, fueron precedidos de otros que en su momento el propio quejoso consintió, pues a pesar del evidente perjuicio que le ocasionaron, no los controvirtió en su momento correspondiente, a pesar de que tuvo conocimiento de ellos. En el caso concreto, se estima que opera la causal de improcedencia invocada, porque la promovente se duele de: "ACTO RECLAMADO: Reclamo de la responsable ordenadora, el cobro indebido por la cantidad $34628.13, (treinta y cuatro mil seiscientos veintiocho pesos 13/00 moneda nacional), derivado de la notificación de fecha cinco de enero de dos mil dieciocho, realizado por la COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD, DE LA DIVISIÓN DE DISTRIBUCIÓN SURESTE, firmada por el Ingeniero RODRIGO ESTUDILLO MATUZ, supervisor comercial, donde se me requiere una cantidad que la quejosa dice no haber pagado. De la autoridad ordenadora, reclamo la ejecución de su cobro indebido". Asimismo, de los anexos de la demanda de amparo, se advierte la constancia de verificación folio 2913, la que fue realizada el veintidós de diciembre de dos mil diecisiete, en la que se dio a conocer el ajuste a su facturación en el consumo de energía eléctrica. De ese modo, es claro que, si con anterioridad al acto reclamado, la autoridad responsable le dio a conocer el ajuste de su servicio de energía eléctrica, y en el caso, la solicitante de amparo se duele del monto que arrojó ese ajuste "cobro indebido"; es inconcuso, que tal acto reclamado fue consentido por la quejosa al no promover en su contra el recurso ordinario que la ley de la materia prevé en contra del mismo. Con base en lo anterior, es dable concluir que el acto que es reclamado en el juicio de amparo es una consecuencia legal y directa de aquel que la solicitante de amparo consintió al no haber interpuesto el medio de impugnación idóneo para lograr su modificación o revocación, por ello, se establece que es un acto derivado de otro consentido. En consecuencia, se actualiza de manera manifiesta e indudable la causa de improcedencia establecida en el artículo 61, fracción XIII, de la Ley de Amparo. En ese tenor, resulta inconcuso que se actualizan las causales de improcedencia que se deducen de la interpretación del artículo 61, fracción XIV, en relación con los numerales 17, primer párrafo, y 18; y fracción XIII, de la Ley de Amparo; por lo que con apoyo en el artículo 113 del propio ordenamiento, SE DESECHA DE PLANO LA DEMANDA DE AMPARO promovida por Donata Guillermina González Hernández, contra actos de la Comisión Federal de Electricidad de la División de Distribución Sureste, residente en esta ciudad. Lo anterior es así, ya que a nada jurídicamente práctico se llegaría con dicho trámite si se conoce desde un inicio el resultado; además de que se contravendría lo dispuesto en el artículo 17 constitucional, al no impartir una justicia pronta y expedita. Sirve de apoyo a lo anterior el criterio sustentado por Décimo Tercer Tribunal Colegiado En Materia Administrativa Del Primer Circuito, que establece: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE DESECHARSE DE PLANO SI SE ADVIERTE UN MOTIVO "MANIFIESTO" DE IMPROCEDENCIA, EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 145 DE LA LEY DE AMPARO. El Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación sustentó en la tesis de jurisprudencia 4/95, que en términos del artículo 145 de la Ley de Amparo, el Juez de Distrito debe examinar, ante todo, el escrito de demanda, y si encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia, la desecharía de plano; sin embargo, para ello debe analizarse si en el caso se surte alguna de las dieciocho causas de improcedencia reguladas en el artículo 73 de la ley invocada. Ahora bien, atendiendo a lo considerado por nuestro Máximo Tribunal, es pertinente establecer que los términos "manifiesto" e "indudable" a los que se alude, no resultan sinónimos pues, por una parte, manifiesto es dar a conocer, poner a la vista los argumentos en los cuales el juzgador se va a apoyar para que de forma contundente, determine la causa de improcedencia que en la especie se actualiza y que, por ende, le permita desechar de plano la demanda de garantías, e "indudable" significa evidente, lo que no se puede poner en duda; entonces, al contener significados distintos, deben aplicarse en forma individual, esto es, para que cuando el juzgador ante un caso de manifiesta improcedencia, ya sea porque se actualiza plenamente cualquiera de las diecisiete causas de improcedencia establecidas en el artículo 73 de la ley de la materia o, en su caso, la última de las fracciones contempladas en dicho precepto en relación con cualquier otro artículo de la misma ley o de la Constitución, proceda a desechar de plano la demanda de garantías y no así, la admisión y tramitación del juicio, ya que a nada jurídicamente práctico se llegaría con dicho trámite si se conoce desde un inicio el resultado, sobre todo porque en nada beneficiaría a las partes, primordialmente al quejoso, al cual incluso se le podría dejar en estado de indefensión, además de que se contravendría lo dispuesto en el artículo 17 constitucional, al no impartir una justicia pronta y expedita". Es aplicable el criterio sustentado por el Segundo Tribunal Colegiado en Materias Civil y del Trabajo del Segundo Circuito, del contenido siguiente: "DEMANDA DE AMPARO. DESECHAMIENTO POR CAUSA NOTORIA Y MANIFIESTA DE IMPROCEDENCIA. ÉSTA DEBE ESTAR PLENAMENTE PROBADA. Para desechar una demanda de amparo por causa notoria y manifiesta de improcedencia se requiere que la causal sea indudable, esto es, que esté plenamente demostrada, pues en caso contrario, es indispensable admitir la demanda a trámite, para que en el curso del procedimiento se dilucide si efectivamente se actualiza o no la causal, pues no debe olvidarse que las causales de improcedencia deben estar debidamente acreditadas por ser denegatorias de justicia, y si al acordar sobre la admisión de la demanda tal causal no está fehacientemente probada, y pese a ello se desecha aquélla, se estaría privando al afectado de su derecho a instar el juicio constitucional sin posibilidad de prueba al respecto". Háganse las anotaciones respectivas en el Libro de Gobierno. DOMICILIOS Y AUTORIZADOS Se tiene a la parte quejosa señalando como domicilio para oír y recibir notificaciones el que indica en su escrito de demanda, y como autorizado en términos restringidos a que alude el artículo 12 de la Ley de Amparo, a Julio Alberto Bermúdez Coronel, toda vez que no se encuentra inscrito en el registro de cedulas profesionales de abogados postulantes acreditados ante el Poder Judicial de la Federación, en el entendido que una vez que se cumpla con tal requisito, podrá solicitar que se acuerde lo conducente. HABILITACIÓN DE DÍAS Y HORAS INHÁBILES PARA EL ACTUARIO En términos del tercer párrafo del artículo 21 de la Ley de Amparo, se habilitan los días y horas inhábiles para que el actuario adscrito a este Juzgado pueda realizar las diligencias inherentes a sus funciones, haciéndolo constar en el acta correspondiente. TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN Con fundamento en los artículos 1, 6, 8, 9, 16, 113, fracción I y 117 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, así como el numeral 73, fracción II, de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, referente a los criterios de clasificación y conservación de la información reservada o confidencial para garantizar el respeto a la privacidad; hágase saber a las partes la facultad que les asiste para oponerse a la publicación de sus nombres y datos personales en la sentencia respectiva, en el entendido que de no realizar manifestación alguna serán omitidos y solamente en caso de consentimiento expreso serán publicados. Por otra parte, dígase a la parte quejosa que la demanda de amparo digitalizada y demás proveídos relativos al expediente electrónico que al efecto se forme, se encontrarán disponibles para su consulta en el expediente electrónico de los órganos jurisdiccionales del Poder Judicial de la Federación, en la página de internet htlp://consultaexpedienteelectronico.cjf.gob.mx o para las autoridades responsables en el sistema informático de ingreso mediante la Firma Electrónica de Seguimiento de Expedientes (FESE) cuya liga es htlp://www.dgepj.cjf.gob.mx. respectivamente. En ese sentido y, para otorgar la autorización, así como el acceso a la parte quejosa al sistema de consulta aducido en primer término, deberá solicitarlo por escrito señalando el nombre de usuario y por única ocasión en el expediente principal; lo anterior con fundamento en el artículo 22 del Acuerdo General 1/2014 de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal. Notifíquese personalmente a la promovente.
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