Donaldo Iván Rodríguez Flores
Expediente 500/2022 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Morelos. 17 actuaciones registradas, la última del 23 de noviembre de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 500/2022
- Año
- 2022
- Actuaciones
- 17
- Última actuación
- 23/11/2023
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Morelos · Morelos
Partes del expediente
- Donaldo Iván Rodríguez Flores
- Elda Flores León, Presidenta de la Sala del Segundo Circuito Judicial del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Morelos
Actuaciones
Las 4 más recientes de 17.
- Principal
Cuernavaca, Morelos, a veintitrés de noviembre de dos mil veintitrés. Vista la razón actuarial levantada en autos, en la cual, el fedatario adscrito a éste Órgano Jurisdiccional, hace constar su imposibilidad legal para notificar la resolución de veintidós de septiembre de dos mil veintidós, dictada en el juicio de amparo en el que se actúa, al tercero interesado Israel Rojas Tafolla; en consecuencia de lo anterior, y con fundamento en lo previsto por el artículo 29 de la Ley de Amparo, se ordena que la notificación a la parte tercero interesada de dicha sentencia, del presente proveído y las subsecuentes, se efectúen por medio de la lista que se fija en los estrados de este Juzgado Federal, toda vez que no obstante de encontrarse debidamente emplazada al presente juicio, hasta la fecha no se ha apersonado y en consecuencia no ha señalado domicilio para oír y recibir notificaciones. Notifíquese. Así lo proveyó y firma Óscar Alejandro López Cruz, Juez Tercero de Distrito en el Estado de Morelos, ante Jaime César Pereyra Román, Secretario quien autoriza y da fe. Doy fe. EN ACATAMIENTO A LO ORDENADO EN LÍNEAS QUE ANTECEDEN, SE PROCEDE A NOTIFICAR AL TERCERO INTERESADO ISRAEL ROJAS TAFOLLA POR MEDIO DE LISTA LA RESOLUCIÓN DE FECHA VEINTIDÓS DE SEPTIEMBRE DEL DOS MIL VEINTITRÉS EN LA QUE SE DETERMINÓ LO SIGUIENTE:: VISTO, para resolver el juicio de amparo 500/2022, promovido por DONALDO IVÁN RODRÍGUEZ FLORES, contra actos de los Magistrados Integrantes de la Sala del Segundo Circuito Judicial del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Morelos y otra autoridad, y; R E S U L T A N D O: PRIMERO. Mediante escrito presentado el diecinueve de abril de dos mil veintidós, en el buzón judicial de los Juzgados de Distrito en el Estado de Morelos y el veintiuno del mismo mes y año ante la oficina de correspondencia común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Morelos, remitido en su fecha, que por razón de turno correspondió conocer a este juzgado federal, DONALDO IVÁN RODRÍGUEZ FLORES, solicitó el amparo y protección de la justicia federal, contra la autoridad y por el acto siguiente: Autoridades responsables: ° MAGISTRADOS INTEGRANTES DE LA SALA DEL SEGUNDO CIRCUITO JUDICIAL DEL TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DEL ESTADO DE MORELOS. ° JUEZA DE PRIMERA INSTANCIA ESPECIALIZADA DE CONTROL, DEL ÚNICO DISTRITO JUDICIAL DEL ESTADO DE MORELOS. TODOS CON SEDE EN JOJUTLA, MORELOS. Acto reclamado: ".RESOLUCIÓN DE FECHA 31 DE MARZO DEL AÑO 2022, dictada por los MAGISTRADOS INTEGRANTES DE LA SALA DEL SEGUNDO CIRCUITO JUDICIAL DEL TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DEL ESTADO DE MORELOS, dentro del TOCA PENAL NÚMERO 34/2022-13-OP. (.) PRIMERO.- Se REVOCA el AUTO DE NO VINCULACIÓN A PROCESO, de fecha veintidós de febrero de dos mil veintidós, dictado por la Jueza de Control, del Distrito Judicial Único del Estado, YAREDY MONTES RIVERA, dentro de la causa penal JCJ/066/2022. SEGUNDO.- En consecuencia, se emite un AUTO DE VINCULACIÓN A PROCESO en contra del señor DONALDO IVÁN RODRÍGUEZ FLORES, por el hecho que la ley señala como delito de HOMICIDIO CALIFICADO EN GRADO DE TENTATIVA, previsto y sancionado en el artículo 106, 108, 126 fracción II inciso b) del Código Penal del Estado de Morelos cometido en agravio de ISRAEL ROJAS TAFOLLA. (.).". SEGUNDO. El veintidós de abril de dos mil veintidós, este juzgado radicó el asunto con el número de expediente 500/2022, admitió la demanda de amparo, requirió a las responsables su informe justificado, dio la intervención correspondiente al representante social adscrito en materia de amparo y señaló fecha y hora para la celebración de la audiencia constitucional, la que inició en términos del acta que antecede; y, C O N S I D E R A N D O: PRIMERO. Competencia. Este Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Morelos, con residencia en Cuernavaca, es competente para conocer y resolver el juicio, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 37 y 107 de la Ley de Amparo; 1°, fracción VI, 49 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en relación con el Acuerdo General 3/2013, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, de veintitrés de enero de dos mil trece, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los Circuitos Judiciales en que se divide la República Mexicana; y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales de Circuito y de los Juzgados de Distrito; en razón de que los actos reclamados emanan de autoridades que radican dentro del ámbito territorial donde este juzgado federal ejerce jurisdicción. SEGUNDO. Fijación del acto reclamado. Antes de establecer la certeza de los actos reclamados, es necesario precisar dichos actos, de conformidad con el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo. Conforme a dicho precepto, las sentencias dictadas en los juicios de amparo deben contener la fijación clara y precisa del acto o actos reclamados, así como de la apreciación de las pruebas conducentes para tenerlos o no por demostrados. Para lograr tal fijación debe acudirse a la lectura íntegra de la demanda, sin atender a los calificativos que en su enunciación se hagan sobre su constitucionalidad o inconstitucionalidad. Además, se deben armonizar los datos que emanen del escrito inicial de demanda, en un sentido que resulte congruente con todos sus elementos, e incluso con la totalidad de la información del expediente del juicio, por lo que debe atenderse preferentemente al pensamiento e intencionalidad de su autor, desentrañar lo que quiso decir el quejoso y no únicamente a lo que en apariencia dijo. Es aplicable al caso la tesis P. VI/2004, visible en la página 255, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, de la Novena Época, que es del rubro siguiente: "ACTOS RECLAMADOS. REGLAS PARA SU FIJACIÓN CLARA Y PRECISA EN LA SENTENCIA DE AMPARO. El artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo establece que las sentencias que se dicten en el juicio de garantías deberán contener la fijación clara y precisa de los actos reclamados, así como la apreciación de las pruebas conducentes para tenerlos o no por demostrados; asimismo, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido el criterio de que para lograr tal fijación debe acudirse a la lectura íntegra de la demanda sin atender a los calificativos que en su enunciación se hagan sobre su constitucionalidad o inconstitucionalidad. Sin embargo, en algunos casos ello resulta insuficiente, por lo que los juzgadores de amparo deberán armonizar, además, los datos que emanen del escrito inicial de demanda, en un sentido que resulte congruente con todos sus elementos, e incluso con la totalidad de la información del expediente del juicio, atendiendo preferentemente al pensamiento e intencionalidad de su autor, descartando las precisiones que generen oscuridad o confusión. Esto es, el juzgador de amparo, al fijar los actos reclamados, deberá atender a lo que quiso decir el quejoso y no únicamente a lo que en apariencia dijo, pues sólo de esta manera se logra congruencia entre lo pretendido y lo resuelto". En ese orden de ideas, del estudio integral que se efectúa a la demanda y el análisis de las constancias de autos, se desprende que la parte quejosa reclama la resolución del treinta y uno de marzo de dos mil veintidós, dentro de toca penal 34/2022-13-OP, índice de la autoridad señalada como responsable. TERCERO. Certeza del acto reclamado. Es cierto el acto reclamado a las autoridades responsables, pues así se advierte del contenido del informe justificado, pues al momento de rendirlo así lo manifestó. Tal afirmación se corrobora también con las copias certificadas del toca de apelación 34/2022-13-OP y un disco compacto. Pruebas a las cuales se les concede valor probatorio pleno, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 129, 188, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición de su numeral 2°, al tratarse de actuaciones judiciales -asunto penal-, mientras que el disco óptico se considera como una documental pública y se le otorga el mismo valor pleno. Resulta aplicable la tesis de jurisprudencia PC.VI.P. J/7 P (10a.), del Pleno en Materia Penal del Sexto Circuito, localizable en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 81, Diciembre de 2020, Tomo II, página 1650, Materia Penal, Décima Época, de contenido literal siguiente: "VIDEOGRABACIONES DE LAS AUDIENCIAS DEL SISTEMA PENAL ACUSATORIO Y ORAL CONTENIDAS EN UN DISCO VERSÁTIL DIGITAL (DVD). LA CERTIFICACIÓN DE QUE SON COPIA AUTÉNTICA DEL REGISTRO AUDIOVISUAL NO REQUIERE QUE EL SELLO Y LA FIRMA CORRESPONDIENTES SE ENCUENTREN EN LA MATERIALIDAD DEL DISCO, SI EXISTEN OTRAS CIRCUNSTANCIAS QUE LE DAN CERTEZA. Las videograbaciones de las audiencias de referencia, conforme al artículo 61 del Código Nacional de Procedimientos Penales, contenidas en disco versátil digital (DVD), tienen el carácter de prueba instrumental de actuaciones, al tratarse de las diligencias o actos relativos al proceso penal acusatorio, guardadas en un archivo digital y, por ende, son aptas para acreditar la existencia de un acto procesal. Por tanto, aun cuando dicho disco carezca del sello y la firma correspondientes como signo de certificación, no debe ponerse en duda su contenido, si existen otras circunstancias que le den certeza a éste, como pudieran ser, en el caso del trámite del recurso de apelación, que el disco fuera remitido al tribunal de alzada por la autoridad del Poder Judicial a quien corresponde su resguardo y esa remisión se hiciera por conducto de las oficinas que pertenecen precisamente a dicho Poder mediante un oficio que cumple con las formalidades de ley, esto es, que contiene la firma autógrafa de la autoridad emisora, así como el sello correspondiente y, sobre todo, ante el hecho de que el órgano jurisdiccional que conoce del asunto de que se trata, corrobore que la diligencia respectiva, en efecto se encuentra registrada en el disco; y en el caso del trámite de un juicio de amparo, en que el disco fuera remitido por la autoridad responsable junto con el informe justificado, mediante un oficio con la firma autógrafa de la autoridad emisora y el sello correspondiente, se tiene la presunción de autenticidad de su contenido, considerando además que las partes tienen la oportunidad de objetarlo una vez que se les da la vista correspondiente." CUARTO. Causales de improcedencia y sobreseimiento. Por ser una cuestión de orden público y de estudio preferente, se impone analizar la procedencia del juicio, ya sea que lo hagan valer las partes o que este órgano jurisdiccional lo advierta de oficio, de acuerdo con lo previsto en el último párrafo del artículo 62 de la Ley Reglamentaria de los artículos 103 y 107 constitucionales. En el presente asunto, las partes no invocaron causas de improcedencia, tampoco este Juzgado advierte de oficio la actualización de alguna de las previstas en el artículo 61 de la Ley de Amparo, o bien alguna derivada de la propia legislación o la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, por lo cual, se analiza la constitucionalidad del acto reclamado. QUINTO. Estudio de los conceptos de violación. Antes de entrar al estudio de los conceptos de violación, es innecesario realizar su transcripción, al no existir algún precepto en la Ley de Amparo que así lo establezca. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia 2a./J. 58/2010 de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación de rubro y texto siguientes: "CONCEPTOS DE VIOLACIÓN O AGRAVIOS. PARA CUMPLIR CON LOS PRINCIPIOS DE CONGRUENCIA Y EXHAUSTIVIDAD EN LAS SENTENCIAS DE AMPARO ES INNECESARIA SU TRANSCRIPCIÓN. De los preceptos integrantes del capítulo X "De las sentencias", del título primero "Reglas generales", del libro primero "Del amparo en general", de la Ley de Amparo, no se advierte como obligación para el juzgador que transcriba los conceptos de violación o, en su caso, los agravios, para cumplir con los principios de congruencia y exhaustividad en las sentencias, pues tales principios se satisfacen cuando precisa los puntos sujetos a debate, derivados de la demanda de amparo o del escrito de expresión de agravios, los estudia y les da respuesta, la cual debe estar vinculada y corresponder a los planteamientos de legalidad o constitucionalidad efectivamente planteados en el pliego correspondiente, sin introducir aspectos distintos a los que conforman la litis. Sin embargo, no existe prohibición para hacer tal transcripción, quedando al prudente arbitrio del juzgador realizarla o no, atendiendo a las características especiales del caso, sin demérito de que para satisfacer los principios de exhaustividad y congruencia se estudien los planteamientos de legalidad o inconstitucionalidad que efectivamente se hayan hecho valer". Previo al análisis de fondo, es importante realizar una breve síntesis de los antecedentes del juicio de amparo. Ahora bien, de las documentales que la autoridad responsable remitió con su informe justificado, consistentes en copia certificada del toca penal número 34/2022-13-OP, a las que se confirió valor probatorio pleno en párrafos que anteceden, se desprende, en lo que interesa, lo siguiente: En la audiencia inicial celebrada el veintidós de febrero de dos mil veintidós, la Fiscalía formuló imputación en contra de DONALDO IVÁN RODRÍGUEZ FLORES, por el delito de HOMICIDIO CALIFICADO EN GRADO DE TENTATIVA, previsto y sancionado en los artículos 106, 108, 126 fracción II inciso b) del Código Penal del Estado de Morelos, cometido en agravio Israel Rojas Tafolla. Luego, al resolver la solicitud del Ministerio Público, sobre la vinculación a proceso, lo hizo en los términos siguientes: ".A pesar del estándar probatorio demostrativo que se exige en esta estadía procesal, la información que se contiene en la carpeta de investigación, no me es suficiente para atender el planteamiento del ministerio público, y en consecuencia de ello, al no tener los elementos suficientes, de acuerdo con el artículo 316, 317 del Código Nacional de Procedimientos Penales, voy a dictar un AUTO DE NO VINCULACIÓN A PROCESO en favor del señor DONALDO IVÁN RODRÍGUEZ FLORES (.)". Inconforme con la determinación, la Representación Social, interpuso recurso de apelación, mediante escrito presentado el veinticinco de febrero de dos mil veintidós, recurso que le toco conocer a la Sala del Segundo Circuito Judicial, la que se registró bajo el toca penal 34/2022-13-OP. En acuerdo de uno de marzo de dos mil veintidós, se tuvo por interpuesto el recurso de apelación, se ordenó correr traslado a las partes para que manifestaran lo que a su derecho correspondiera; por lo que mediante escrito presentado el nueve de marzo de dos mil veintidós, el imputado hoy quejoso Donaldo Iván Rodríguez Flores, y sus respectivos defensores, dieron contestación a los agravios del recurso de apelación. Por auto de diecisiete de marzo de dos mil veintidós, la Sala señalada como responsable recibió lo autos de la causa penal JCJ/066/2022, para la substanciación del recurso de apelación, correspondiéndole el toca penal 34/2022-14-OP. Por resolución de treinta y uno de marzo de dos mil veintidós, dictada en el toca penal 34/2022-14-OP, la Sala del Segundo Circuito del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Morelos, resolvió el recurso de apelación cuyos puntos resolutivos fueron los siguientes: "(.) PRIMERO.- Se REVOCA el AUTO DE NO VINCULACIÓN A PROCESO, de fecha veintidós de febrero de dos mil veintidós, dictado por la Jueza de Control, del Distrito Judicial Único del Estado, YAREDY MONTES RIVERA, dentro de la causa penal JCJ/066/2022. SEGUNDO.- En consecuencia se emite un AUTO DE VINCULACIÓN A PROCESO en contra del señor DONALDO IVÁN RODRÍGUEZ FLORES, por el hecho que la ley señala como delito de HOMICIDIO CALIFICADO EN GRADO DE TENTATIVA, previsto y sancionado en el artículo 106, 108, 126 fracción II inciso b) del Código Penal del Estado de Morelos cometido en agravio de ISRAEL ROJAS TAFOLLA.". Esta última resolución constituye el acto impugnado en esta instancia constitucional. Del análisis de los conceptos de violación, se establece que resultan infundados, motivo por el que deberá negársele el amparo y protección que solicita; sin que se advierta motivo alguno para suplir la deficiencia de la queja, de conformidad con el artículo 79, fracción III, inciso a), de la Ley de Amparo, que establece esa institución a favor de los inculpados o sentenciados dentro de un proceso penal. En la demanda de amparo el quejoso señala que se vulneran en su perjuicio, los derechos fundamentales reconocidos en los artículos 14, 16, 17 y 20 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; medularmente, porque refiere que la autoridad señalada como responsable violó los principios de legalidad y las formalidades esenciales del procedimiento al sustentar la fiscalía el recurso de apelación en datos de prueba consistentes en el informe policial homologado, así como los peritajes en materia de balística, química forense y criminalística de campo. También refiere que la autoridad señalada como responsable subsanó errores y omisiones de los agravios hechos valer por la fiscalía, al traer temas novedosos que no formaban parte de la Litis, todo esto en la substanciación y resolución del recurso de apelación, de donde surgió el acto reclamado en el presente juicio de amparo. Sigue diciendo el quejoso en sus conceptos de violación que la autoridad señalada como responsable de manera incorrecta valoró las pruebas de la fiscalía expuestas en sus agravios hechos valer en el recurso de apelación, además de que no tomó en consideración las ofrecidas por la defensa del hoy quejoso, y por tanto la resolución reclamada de treinta y uno de marzo de dos mil veintidós, carece de fundamentación y motivación, por lo que resulta violatorio del principio de seguridad jurídica. Ahora bien, primeramente se examinará si la Sala responsable cumplió con los requisitos de legalidad y que existan datos suficientes para establecer razonablemente que se haya cometido el hecho señalado como delito por la ley o que probablemente haya participado en el mismo. En este contexto, la base normativa del auto de vinculación a proceso (que dio origen al acto que se reclama) se contempla en el artículo 19 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, sin pasar por alto el derecho a la debida fundamentación y motivación de dicha resolución, que se encuentra tutelada en el artículo 16 de la misma Ley Suprema; los cuales establecen: "Artículo 16. Nadie puede ser molestado en su persona, familia, domicilio, papeles o posesiones, sino en virtud de mandamiento escrito de la autoridad competente, que funde y motive la causa legal del procedimiento." "Artículo 19. Ninguna detención ante autoridad judicial podrá exceder del plazo de setenta y dos horas, a partir de que el indiciado sea puesto a su disposición, sin que se justifique con un auto de vinculación a proceso en el que se expresará: el delito que se impute al acusado; el lugar, tiempo y circunstancias de ejecución, así como los datos que establezcan que se ha cometido un hecho que la ley señale como delito y que exista la probabilidad de que el indiciado lo cometió o participó en su comisión. [.]" Ahora bien, la figura del auto de vinculación a proceso dentro del sistema de justicia penal acusatorio, encuentra estructura en los artículos 316 y 317 del Código Nacional de Procedimientos Penales, que prevén los requisitos que debe contener, y disponen lo siguiente: "Artículo 316. Requisitos para dictar el auto de vinculación a proceso El Juez de control, a petición del agente del Ministerio Público, dictará el auto de vinculación del imputado a proceso, siempre que: I. Se haya formulado la imputación; II. Se haya otorgado al imputado la oportunidad para declarar; III. De los antecedentes de la investigación expuestos por el Ministerio Público, se desprendan datos de prueba que establezcan que se ha cometido un hecho que la ley señala como delito y que exista la probabilidad de que el imputado lo cometió o participó en su comisión. Se entenderá que obran datos que establecen que se ha cometido un hecho que la ley señale como delito cuando existan indicios razonables que así permitan suponerlo, y IV. Que no se actualice una causa de extinción de la acción penal o excluyente del delito. El auto de vinculación a proceso deberá dictarse por el hecho o hechos que fueron motivo de la imputación, el Juez de control podrá otorgarles una clasificación jurídica distinta a la asignada por el Ministerio Público misma que deberá hacerse saber al imputado para los efectos de su defensa. El proceso se seguirá forzosamente por el hecho o hechos delictivos señalados en el auto de vinculación a proceso. Si en la secuela de un proceso apareciere que se ha cometido un hecho delictivo distinto del que se persigue, deberá ser objeto de investigación separada, sin perjuicio de que después pueda decretarse la acumulación si fuere conducente". "Artículo 317. Contenido del auto de vinculación a proceso El auto de vinculación a proceso deberá contener: I. Los datos personales del imputado; II. Los fundamentos y motivos por los cuales se estiman satisfechos los requisitos mencionados en el artículo anterior, y III. El lugar, tiempo y circunstancias de ejecución del hecho que se imputa". Del análisis en conjunto de las transcritas disposiciones, respecto al auto de vinculación a proceso, se desprende que los elementos de forma y de fondo que debe contener, son los siguientes: A) Elementos de forma: I. Que se haya formulado imputación, esto es, que exista el comunicado del Ministerio Público en presencia del Juez, en el que haga del conocimiento del imputado la investigación que se desarrolla en su contra, respecto de uno o más hechos determinados que se consideran delitos, la fecha, lugar y modo de su comisión, el grado de intervención y el nombre de la persona que lo señala como responsable. II. Que el imputado haya rendido su declaración o manifestado su deseo de no declarar. III. Que se dicte por hechos que fueron motivo de la formulación de la imputación, aún y cuando el Juez pueda otorgarles una clasificación jurídica diversa a la asignada por el Ministerio Público. IV. Que se establezca el lugar, el tiempo y las circunstancias de ejecución de tales hechos. B) Elementos de fondo: I. Que de los antecedentes de la investigación expuestos por el Ministerio Público en la audiencia correspondiente, se adviertan datos que establezcan que se ha cometido un hecho que la ley señale como delito. II. Que exista la probabilidad de que el imputado lo cometió o participó en su comisión. III. Que no se encuentre demostrada, una causa de extinción de la acción penal o una excluyente de incriminación. Apoya lo anterior, por analogía de razón, la jurisprudencia XVII.1o.P.A. J/26 (9a.) sustentada por el Primer Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa del Décimo Séptimo Circuito, que establece: "AUTO DE VINCULACIÓN A PROCESO. ELEMENTOS DE FORMA Y FONDO QUE DEBE CONTENER DE ACUERDO CON LOS ARTÍCULOS 19 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS Y 280 DEL CÓDIGO DE PROCEDIMIENTOS PENALES DEL ESTADO DE CHIHUAHUA (NUEVO SISTEMA DE JUSTICIA PENAL). En términos de los artículos 19 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 280 del Código de Procedimientos Penales del Estado de Chihuahua, el auto de vinculación a proceso debe contener los siguientes elementos de forma: primero, que se haya formulado imputación, según el caso, esto es, que exista el comunicado del Ministerio Público en presencia del Juez, en el sentido de que desarrolla una investigación en contra del imputado respecto de uno o más hechos determinados, en un plazo que no exceda de ocho días, cuando obren datos que establezcan que se ha cometido un hecho que la ley señale como delito; exista la probabilidad de que el imputado lo cometió o participó en su comisión y considere oportuno formalizar el procedimiento por medio de la intervención judicial; segundo, que el imputado haya rendido su declaración preparatoria o manifestado su deseo de no declarar, en el entendido de que, en la audiencia correspondiente, después de haber verificado el Juez que el imputado conoce sus derechos fundamentales dentro del proceso penal o, en su caso, después de habérselos dado a conocer, deberá ofrecerse la palabra al Ministerio Público para que exponga verbalmente el delito que se le imputare, la fecha, el lugar y el modo de su comisión, el grado de intervención que se atribuye al imputado, así como el nombre de su acusador; tercero, únicamente podrá dictarse por hechos que fueron motivo de la formulación de la imputación, pero el Juez puede otorgarles una clasificación jurídica diversa a la asignada por el Ministerio Público y, cuarto, que se establezca el lugar, el tiempo y la circunstancia de ejecución de tales hechos. Elementos de fondo: que de los antecedentes de la investigación expuestos por el Ministerio Público en la audiencia correspondiente, se adviertan datos que establezcan que se ha cometido un hecho que la ley señale como delito y la probabilidad de que el imputado lo cometió o participó en su comisión, y no se encuentre demostrada, más allá de toda duda razonable, una causa de extinción de la acción penal o una excluyente de incriminación, es decir, que no existan elementos objetivos perceptibles y verificables, dentro de la carpeta de investigación, que demuestren alguno de esos extremos.". En ese sentido, de una interpretación sistemática y armónica del texto previsto en los artículos 16 y 19, primer párrafo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, se colige que para el dictado de un auto de vinculación a proceso, sólo debe justificarse la existencia de un hecho que la ley señale como delito y la probabilidad en la comisión o participación del activo, esto es, la existencia de un hecho delictivo y la probabilidad de que el imputado lo hubiera cometido o participado en su comisión, dado que tal determinación, en realidad, sólo debe fijar la materia de la investigación y el eventual juicio. Por tanto, es menester que de los antecedentes carpeta administrativa y del toca de apelación, obren datos de prueba de los que se desprendan indicios razonables de que se ha cometido el hecho que se imputa como delito; así como el lugar, tiempo y circunstancias de su ejecución, y la probabilidad de la comisión o participación del imputado. Asimismo, en cuanto al auto de vinculación a proceso, para la satisfacción del derecho constitucional, es necesaria una correcta y sana crítica de los datos de prueba que se relacionen, en observancia de las reglas de la lógica, conjugadas con los conocimientos científicos y las máximas de la experiencia, para valorar aquellos elementos (individual y global) que han servido de fundamento y así establecer si los datos de prueba son suficientes para determinar la existencia de un hecho calificado por la ley como delito y la probable comisión o participación del imputado. Ahora bien, de los audios y videos de las audiencias contenidas en el disco versátil digital (DVD) que remitió la Sala responsable, reproducidas y analizadas por el suscrito Juzgador Federal, asistido del Secretario con quien actúa y da fe; se advierte que los requisitos constitucionales que se exigen para dictar un auto de vinculación a proceso, complementados con los citados ordinales 316 y 317 del Código Nacional de Procedimientos Penales, se encuentran satisfechos, tal y como se analizará a continuación. En relación con el primero de los requisitos, se precisó que se formuló imputación, en audiencia de diecisiete de febrero de dos mil veintidós; asimismo, se hizo constar que el imputado manifestó su deseo de reservarse el derecho a declarar, como se advirtió en la propia audiencia. Así, entonces ante la petición expresa del imputado, se resolvió su situación jurídica, dentro del plazo constitucional ampliado de ciento cuarenta y cuatro horas. Para verificar lo asentado por la autoridad responsable, en el disco versátil digital que adjuntó a su informe justificado, consta la audiencia inicial de diecisiete de febrero de dos mil veintidós, celebrada en autos de la causa penal JCC/066/2022 del índice del Juzgado Especializado de Control del Único Distrito Judicial del Estado, con sede en Jojutla, Morelos, donde se advierte que efectivamente se cumplieron con los requisitos establecidos en las fracciones I y II del artículo 316 y fracción I del artículo 317, ambos del Código Nacional de Procedimientos Penales. Los restantes requisitos, relativos a las fracciones III y IV del artículo 316, II y III del diverso 317, ambos del Código Nacional de Procedimientos Penales, se analizan de la siguiente manera: En efecto, la Sala responsable consideró que los datos de prueba relacionados por la fiscal investigadora en la audiencia de veintidós de marzo de dos mil veintidós, permiten establecer que, contrario a lo resuelto por el Juez de control, se ha cometido un hecho que la ley señala como delito; además de que existe la probabilidad de que el imputado, aquí quejoso, lo cometió. Es así, toda vez que refiere que como acertadamente lo refiere la fiscalía, los atestes de la víctima fueron coincidentes en ubicar al imputado con las mismas vestimentas que refiere la víctima y Marco Antonio Saldivar, en su calidad de testigo, así como los agentes aprehensores en el informe policial homologado, que también son coincidentes en la circunstancia de que el imputado hoy quejoso, efectuó disparo de arma de fuego y las características relacionadas corresponden al arma de fuego asegurada al imputado al momento de su detención, ubicándolo en el predio contiguo al lugar de los hechos, además que le fue practicada la prueba de radizonato de sodio, la que no se apreció que se realizara en contra de la voluntad del imputado hoy quejoso, prueba de la que se advierte que dio positivo a dicha técnica, es decir, sí le encontraron elementos químicos en región dorsal de la mano derecha del imputado; por lo que de todo lo anterior, se acredita a nivel de indicio, tanto un hecho que la ley señala como delito como la posibilidad de que el imputado lo cometió, estimándose incorrecta la determinación de la autoridad judicial de origen. Por tanto, de manera correcta la Sala señalada como responsable resuelve revocar la determinación del Juez sobre la no vinculación a proceso del hoy quejoso, conforme a lo que a continuación se expone. La sala responsable estimó que el hecho delictivo se encuentra acreditado, con los datos de prueba expuestos por la fiscalía, consistentes en las entrevistas y declaraciones tanto del sujeto pasivo Israel Rojas Tafolla, como del testigo Marco Antonio Saldivar, deposados que les otorgó valor de indició en términos de los artículos 259 y 359 de la ley adjetiva penal, de donde se desprenden las circunstancias de tiempo, lugar, modo y ocasión, es decir, se desprende el momento en el que se acercó el sujeto activo, al predio donde se encontraba la víctima, realizando trabajos acordes a su profesión y el ateste reparando un corral, cuando el sujeto activo en ese momento empezó a proferir palabras altisonantes en contra del pasivo, amenazándolo de muerte con un arma de fuego y con la cual efectuó el primer disparo, sin embargo, la víctima al tratar de ignorarlo, al parecer lo que motivó que se realizara un segundo disparo, momento en el cual ya tanto la víctima como el ateste deciden refugiarse detrás de un vehículo automotor, solicitando apoyo a la policía, quienes ante el señalamiento de los atestes presenciales detienen al sujeto activo en posesión de un arma de fuego. Continua señalando la Sala que los deposados son coincidentes respecto de la hora en que acontecen los hechos, toda vez que si bien es cierto que uno de los atestes presenciales refiere la hora del evento como que fue a las siete y media de la noche y otro a las ocho de la noche, también lo es que no contaban con un reloj en mano y que resulta de una hora aproximada relacionada con el informe policial homologado, donde precisan que fue a las veinte horas con tres minutos, cuando reciben el reporte vía radio. Aunado a lo anterior, del informe policial homologado, se advierte que refieren que al llegar al lugar de los hechos, tienen a la vista a los atestes quienes salen detrás de un vehículo automotor marca Nissan Tsuru, entre estos el sujeto pasivo de nombre Israel Rojas Tafolla, y señala al sujeto activo hoy quejoso como la persona que quiso privarlo de la vida, al amenazarlo de muerte y realizarle disparos con el arma de fuego, lo que como ya se dijo coincide con los deposados de los atestes, y siguen refiriendo en el informe policial que el sujeto activo portaba un arma de fuego en su mano derecha, la que conforme al informe de balística, se estableció que se encontraba en buenas condiciones para su uso y que una vez sometida a la prueba de radizonato de sodio, sí se encontraron elementos químicos, lo que de igual forma aconteció respecto el sujeto activo, quien también se le practicó dando positivo a dicha técnica. Asimismo, la Sala señalada como responsable en lo que respecta a la posible intervención del imputado, precisó que contrario a la determinación de la autoridad judicial de origen, quedó acreditado conforme a las entrevistas y declaraciones de donde se desprenden los señalamientos directos y categóricos tanto de la víctima Israel Rojas Tafolla, como del ateste Marco Antonio Saldivar, las cuales fueron valoradas de manera correcta, quienes refieren esencialmente que el catorce de febrero de dos mil veintidós, alrededor de las ocho de la noche, se encontraban en un predio ubicado en la calle Atlamachteloayan, en el centro del municipio indígena de Xoxocotla, Morelos, señalando como referencia a cincuenta metros de la primaria Emiliano Zapata, lugar donde se acercó el hoy imputado Donaldo Iván Rodríguez Flores, y empezó a proferir palabras altisonantes en contra de la víctima Israel Rojas Tafolla, amenazándolo de muerte, portando un arma de fuego y con la cual efectuó disparos uno de ellos a espaldas de la víctima y al realizar el segundo disparo le pasó cercano a la cabeza de la víctima, por lo que decidieron refugiarse y pedir auxilio policial, quienes acudieron minutos después, como se desprende del informe policial homologado, y ante el señalamiento de los atestes presenciales detienen al sujeto activo hoy quejoso Donaldo Iván Rodríguez Flores, quien tenía en sus manos un arma de fuego. Datos de prueba relatados con anterioridad, entendidos como la referencia del contenido de un determinado medio de convicción, de conformidad con los ordinales 259 y 359 del Código Nacional de Procedimientos Penales, y que el cuerpo colegiado responsable los consideró idóneos, pertinentes y suficientes para establecer razonablemente la existencia del hecho delictivo y la probable autoría material y directa del imputado, a los cuales les asignaron de manera libre y lógica el valor correspondiente, lo cual adecuadamente justificaron explicando el porqué de su valoración, en términos de la codificación nacional en cita. En relación a lo anterior, la Sala señalada como responsable precisó que de los datos de prueba relacionados con anterioridad, particularmente del informa policial homologado, quienes refirieron que el día catorce de febrero de dos mil veintidós, recibieron reporte vía radio a las veinte horas con tres minutos, de que al parecer había una riña y que también había una persona armada, indicándoles el lugar de los hechos, al cual llegaron a las veinte horas con cinco minutos y veinte horas con seis minutos, refiriendo tener a la vista a dos personas masculinas a los cuales describieron, que uno de ellos le hizo señas (MARCO ANTONIO SALDIVAR), y señaló al imputado como la persona que le efectuó los disparos a la víctima, refiriendo además que observaron cómo salió detrás de un vehículo automotor marca Nissan Tsuru, otro sujeto pasivo (ISRAEL ROJAS TAFOLLA), y señaló al imputado hoy quejoso como la persona que quiso privarlo de la vida, al efectuarle disparos de arma de fuego y amenazándolo de muerte, lo que coincidió con los deposados de los testigos presenciales, y que incluso el señor Donaldo Iván Rodríguez Flores, al momento de ser visualizado y detenido portaba un arma de fuego en su mano derecha, lo que de acuerdo al informe de balística, además de describir el arma de fuego, señaló que se encontraba en buenas condiciones para su uso y una vez sometida a la prueba de radizonato de sodio, se identificó la presencia de elementos químicos tanto del arma de fuego como del sujeto activo, lo que a nivel de indicio hizo presumir que efectivamente el imputado al encontrarse en el lugar de los hechos, portando un arma de fuego en buenas condiciones de uso, dando positivo a la prueba de radizonato de sodio, es decir, efectuó disparos de arma de fuego y ante el señalamiento directo y categórico de la víctima y un ateste presencial de los hechos, producen convicción de que para está estadía procesal, el señor Donaldo Iván Rodríguez Flores, posiblemente fue la persona que cometió el hecho que la ley señala como delito de HOMICIDIO CALIFICADO EN GRADO DE TENTATIVA en contra de ISRAEL ROJAS TAFOLLA. Mismos datos de prueba a los que la Sala responsable dotó de valor probatorio, por no existir elemento que arrojara duda de su veracidad, considerándolos aptos de eficacia jurídica, además de estar corroborados entre sí. En esa tesitura, la totalidad de los datos de prueba reseñados, ponderados por la Sala responsable, permiten suponer que el peticionario del amparo ha cometido un hecho señalado por la ley como delito, en este caso el de homicidio calificado en grado de tentativa. Siendo que con lo anterior, se sustenta el hecho que la ley señala como delito de homicidio calificado en grado de tentativa, en tanto que se han precisado las circunstancias de tiempo, modo y lugar, y hace probable la autoría del imputado, aquí quejoso, en la comisión de ese hecho ilícito. De manera que, analizando los datos de prueba que expuso la Fiscalía, en concordancia con lo previsto en los artículos 19 y 20 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, es factible establecer la existencia de un hecho que la ley señala como delito y la probabilidad de que el imputado lo cometió; por lo que la resolución de la Sala responsable también cumple con el tercer requisito que señala la fracción III, del artículo 316 del Código Nacional de Procedimientos Penales. En cuanto al último requisito previsto en la fracción cuarta del invocado numeral, no se demostró, más allá de toda duda razonable, una causa de extinción de la acción penal o una excluyente de incriminación en favor del imputado, aquí quejoso. De ese modo, como ya se plasmó en líneas precedentes considera que en el presente caso con los diversos datos de prueba aportados por la Fiscal y valorados por la Sala del Segundo Circuito del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Morelos, existe la probabilidad que el quejoso Donaldo Iván Rodríguez Flores, tuvo participación en el hecho que la ley señala como delito de homicidio calificado en grado de tentativa. Cuenta habida que, no debe perderse de vista que para el dictado de un auto de vinculación a proceso, no se necesita prueba plena, sino única y exclusivamente que exista la probabilidad de que el imputado lo cometió, tal y como sucede en este caso; ya que el estándar probatorio es menor de aquél que se requiere para el dictado de un auto de formal prisión, pues cabe recordar que aquí sólo se necesita "la probabilidad" de que el imputado cometió el delito, en la medida que el auto de vinculación a proceso sólo fija el hecho o hechos materia de la investigación y el eventual juicio, en términos del artículo 318 del Código Nacional de Procedimientos Penales. "Artículo 318. Efectos del auto de vinculación a proceso. El auto de vinculación a proceso establecerá el hecho o los hechos delictivos sobre los que se continuará el proceso o se determinarán las formas anticipadas de terminación del proceso, la apertura a juicio o el sobreseimiento.". Lo anterior, porque la finalidad del proceso penal es el esclarecimiento de los hechos, proteger al inocente y procurar que el culpable no quede impune, para asegurar el acceso a la justicia en la aplicación del derecho y resolver el conflicto que surja con motivo de la comisión del delito, en un marco de respeto a los derechos humanos reconocidos en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte, lo cual se logra dando cabida a la investigación complementaria, a que alude el artículo 211, fracción I, inciso b), del Código Nacional de Procedimientos Penales. "Artículo 211. Etapas del procedimiento penal. El procedimiento penal comprende las siguientes etapas: I. La de investigación, que comprende las siguientes fases: (.) b) Investigación complementaria, que comprende desde la formulación de la imputación y se agota una vez que se haya cerrado la investigación; (.)" Además, a diferencia del sistema tradicional, su emisión no condiciona la clasificación jurídica del delito, porque este elemento será determinado en el escrito de acusación, a partir de toda la información que derive de la investigación, no sólo de la fase inicial, sino también de la complementaria, ni equivale a un adelanto del juicio, porque los antecedentes de investigación y elementos de convicción que sirvieron para fundarlo, por regla general, no deben considerarse para el dictado de la sentencia, salvo las excepciones establecidas en la ley. Paralelamente, el auto de vinculación a proceso no vulnera el derecho fundamental a la presunción de inocencia de la parte quejosa, ni constituye un pronunciamiento adelantado sobre el fondo del asunto, es decir, no se adelanta en forma alguna la sentencia definitiva, ya que únicamente establece la existencia de méritos suficientes para seguir el proceso, formalizar la investigación y permitir la continuación o el procesamiento sobre las medidas cautelares. Se cita por orientadora la Jurisprudencia 1a./J. 35/2017 (10a.) de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, localizable en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 45, Agosto de 2017, Tomo I, página 360, Materia Penal, Décima Época, de rubro y texto siguientes: "AUTO DE VINCULACIÓN A PROCESO. PARA SATISFACER EL REQUISITO RELATIVO A QUE LA LEY SEÑALE EL HECHO IMPUTADO COMO DELITO, BASTA CON QUE EL JUEZ ENCUADRE LA CONDUCTA A LA NORMA PENAL, DE MANERA QUE PERMITA IDENTIFICAR LAS RAZONES QUE LO LLEVAN A DETERMINAR EL TIPO PENAL APLICABLE (NUEVO SISTEMA DE JUSTICIA PENAL). Del artículo 19, párrafo primero, de la Constitución Federal, reformado mediante Decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación, el 18 de junio de 2008, se desprende que para dictar un auto de vinculación a proceso es necesario colmar determinados requisitos de forma y fondo. En cuanto a estos últimos es necesario que: 1) existan datos que establezcan que se ha cometido un hecho, 2) la ley señale como delito a ese hecho y 3) exista la probabilidad de que el indiciado lo cometió o participó en su comisión. Ahora, el texto constitucional contiene los lineamientos que marcan la transición de un sistema de justicia penal mixto hacia otro de corte acusatorio, adversarial y oral, como lo revela la sustitución, en los requisitos aludidos, de las expresiones "comprobar" por "establecer" y "cuerpo del delito" por "hecho que la ley señala como delito", las cuales denotan un cambio de paradigma en la forma de administrar justicia en materia penal, pues acorde con las razones que el propio Poder Constituyente registró en el proceso legislativo, con la segunda expresión ya no se requiere de "pruebas" ni se exige "comprobar" que ocurrió un hecho ilícito, con lo cual se evita que en el plazo constitucional se adelante el juicio, esto es, ya no es permisible que en la etapa preliminar de la investigación se configuren pruebas por el Ministerio Público, por sí y ante sí -como sucede en el sistema mixto-, con lo cual se elimina el procedimiento unilateral de obtención de elementos probatorios y, consecuentemente, se fortalece el juicio, única etapa procesal en la que, con igualdad de condiciones, se realiza la producción probatoria de las partes y se demuestran los hechos objeto del proceso. De ahí que con la segunda expresión la norma constitucional ya no exija que el objeto de prueba recaiga sobre el denominado "cuerpo del delito", entendido como la acreditación de los elementos objetivos, normativos y/o subjetivos de la descripción típica del delito correspondiente, dado que ese ejercicio, identificado como juicio de tipicidad, sólo es exigible para el dictado de una sentencia, pues es en esa etapa donde el juez decide si el delito quedó o no acreditado. En ese sentido, para dictar un auto de vinculación a proceso y establecer que se ha cometido un hecho que la ley señala como delito, basta con que el juez encuadre la conducta a la norma penal, que permita identificar, independientemente de la metodología que adopte, el tipo penal aplicable. Este nivel de exigencia es acorde con los efectos que genera dicha resolución, los cuales se traducen en la continuación de la investigación, en su fase judicializada, es decir, a partir de la cual interviene el juez para controlar las actuaciones que pudieran derivar en la afectación de un derecho fundamental. Además, a diferencia del sistema tradicional, su emisión no condiciona la clasificación jurídica del delito, porque este elemento será determinado en el escrito de acusación, a partir de toda la información que derive de la investigación, no sólo de la fase inicial, sino también de la complementaria, ni equivale a un adelanto del juicio, porque los antecedentes de investigación y elementos de convicción que sirvieron para fundarlo, por regla general, no deben considerarse para el dictado de la sentencia, salvo las excepciones establecidas en la ley.". De igual forma, contrario a lo expuesto por el quejoso en sus conceptos de violación, como lo estableció la Sala señalada como responsable, se considera que se encuentran justificados los requisitos exigidos por el artículo 19 Constitucional y 316 del Código Nacional de Procedimientos Penales, para el dictado del auto de vinculación a proceso, pues con los mismos es dable establecer en grado de probabilidad que se ha cometido un hecho que la Ley señala como delito de homicidio calificado en grado de tentativa, pues si se encuentra señalado el delito y las circunstancias del lugar (Atlamachteloayan, en el centro del municipio indígena de Xoxocotla, Morelos), señalando como referencia a cincuenta metros de la primaria Emiliano Zapata; de tiempo (el día catorce de febrero de dos mil veintidós), aproximadamente a las veinte horas y las circunstancias de ejecución (efectuando disparos en contra de la víctima o el sujeto pasivo), así como la probabilidad de que el inculpado lo cometió, lo anterior conforme a las entrevistas y declaraciones de donde se desprenden los señalamientos directos y categóricos tanto de la víctima Israel Rojas Tafolla, como del ateste Marco Antonio Saldivar, las cuales fueron valoradas de manera correcta, quienes refieren esencialmente que el catorce de febrero de dos mil veintidós, alrededor de las ocho de la noche, se encontraban en un predio ubicado en la calle Atlamachteloayan, en el centro del municipio indígena de Xoxocotla, Morelos, señalando como referencia a cincuenta metros de la primaria Emiliano Zapata, lugar donde se acercó el hoy imputado Donaldo Iván Rodríguez Flores, y empezó a proferir palabras altisonantes en contra de la víctima Israel Rojas Tafolla, amenazándolo de muerte, portando un arma de fuego y con la cual efectuó disparos uno de ellos a espaldas de la víctima y al realizar el segundo disparo le paso cercano a la cabeza de la víctima, por lo que decidieron refugiarse y pedir auxilio policial, quienes acudieron minutos después, como se desprenden del informe policía homologado, y ante el señalamiento de los atestes presenciales detienen al sujeto activo hoy quejoso Donaldo Iván Rodríguez Flores, quien tenía en sus manos un arma de fuego. Sin que sea obstáculo a lo anterior, los conceptos de violación relativos a que la Sala señalada como responsable violó los principios de legalidad y las formalidades esenciales del procedimiento en el estudio de los agravios hechos valer por la fiscalía que únicamente sustentó su recurso de apelación la fiscalía en datos de prueba consistente en el informe policial homologado, así como los peritajes en materia de balística, química forense y criminalística de campo. No se pierde de vista el diverso argumento en el cual expuso que la Sala señalada como responsable subsanó errores y omisiones de los agravios hechos valer por la fiscalía, al traer temas novedosos que no forman parte de la Litis, esto en la substanciación y resolución del recurso de apelación que de manera incorrecta valoró las pruebas de la fiscalía expuestas en sus agravios hechos valer en el recurso de apelación, además de que no tomó en consideración las ofrecidas por la defensa del hoy quejoso, y por tanto la resolución reclamada de treinta y uno de marzo de dos mil veintidós, carece de fundamentación y motivación, por lo que resulta violatorio del principio de seguridad jurídica. Tales argumentos resultan infundados, porque como ya se precisó en líneas precedentes, la Sala señalada como responsable con los datos de prueba aportados en la causa penal, consideró que se colmaron los elementos tanto de forma como de fondo y que resultaron suficientes para vincular a proceso al hoy quejoso por el ilícito previsto y sancionado en la última parte del artículo 184, fracción II, del Código Penal para el Estado de Morelos vigente. Sin que el estándar probatorio para el nuevo sistema penal acusatorio requiera mayores requisitos para tal efecto sino solamente al nivel de probabilidad, por lo que deberá negar el amparo y protección de la justicia federal. Lo anterior, toda vez que en la etapa en la que se encuentra el juicio natural (auto de vinculación de proceso), la acreditación del hecho punible como la intervención del sujeto activo deben justificarse en un estándar probatorio al nivel de probabilidad, esto es, dentro de un índice gradual intermedio, ya que las investigaciones que se hagan a las partes en la etapa complementaria tenderán a corroborar la determinación emitida por el Juez de Control, pues los datos de prueba aún no han sido desahogados. Por lo que, en la citada etapa únicamente se debe analizar la razonabilidad de la prueba y no aspectos de su valoración, tendientes a su perfeccionamiento; siendo que la fuerza convictiva de lo depuesto, es una cuestión que atañe al alcance demostrativo, la cual será determinada por el juzgador con base en la idoneidad de la información aportada, conforme al mecanismo de la prueba indiciaria. De ahí que, contrario a lo que expone la parte quejosa, en el caso, en el estado procesal en el que nos encontramos, no solamente existe el dicho de la víctima, sino que el fiscal recabó diversos datos de prueba que fueron aportados a la carpeta de investigación, y que a la postre se relacionaron en la audiencia de ley, con los que solicitó el auto de vinculación a proceso, respecto de un hecho que la ley señala como delito, los cuales una vez que fueron hechos del conocimiento del Juez responsable, y al analizarlos por la Sala responsable, les dotó de eficacia probatoria, para concluir que en el caso, existen datos de prueba razonables, con los que se acredita la probable autoría material y directa del imputado, aquí quejoso, en la comisión del hecho señalado como el delito de homicidio calificado en grado de tentativa. Aunado a todo lo anterior, también resulta infundado lo relativo a la incorrecta valoración de las pruebas que refiere el quejoso, en razón que en este estado procesal contrario a lo que señala en sus conceptos de violación, debe considerarse que el material probatorio es suficiente para sostener la existencia de un hecho que la ley señala como delito, así como de la probabilidad de que el imputado tuviere la autoría en su comisión, dado el estándar probatorio mínimo que se requiere para el dictado de un auto de vinculación a proceso. Lo anterior encuentra sustento en la tesis visible en la página 2188, del Libro 72, Tomo III, Noviembre de 2019, de la Décima Época de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, que a la letra dispone: "AUTO DE VINCULACIÓN A PROCESO. PARA SU DICTADO NO SE REQUIERE QUE LOS DATOS DE PRUEBA QUE EXISTEN EN LA CARPETA DE INVESTIGACIÓN SE PERFECCIONEN PARA QUE ADQUIERAN EL CARÁCTER DE INDICIOS RAZONABLES Y SEAN SUSCEPTIBLES DE ADQUIRIR VALOR DEMOSTRATIVO. El estándar probatorio para el dictado de un auto de vinculación a proceso se redujo de manera importante porque no se requiere un cúmulo probatorio amplio, en razón de que el Ministerio Público no presenta pruebas formalizadas para acreditar el hecho y menos la responsabilidad del indiciado, sino sólo hace referencia a datos probatorios que establezcan, en grado de suposición, que se ha cometido un hecho que la ley señale como delito y que exista la posibilidad real de que la persona implicada lo cometió o participó en su comisión; por ende, si esa determinación judicial se realiza en función de hechos que el órgano técnico de acusación pone en conocimiento del Juez de control y, en su caso, la contra-argumentación o refutación del imputado o su defensor, deben apreciarse como indicios que sólo sirven para integrar datos, que al ser valorados como parte del ejercicio racional del juzgador, expresan el grado de credibilidad que le proporcionan; de ahí que es innecesario exigir un mecanismo para reforzar o perfeccionar los datos de prueba que existen en la carpeta de investigación o que los doten de mayor credibilidad, para que adquieran el carácter de indicios razonables y sean susceptibles de adquirir valor demostrativo, como por ejemplo, el que se demuestre que el suscriptor de una opinión pericial tiene los conocimientos técnicos para realizar ese cometido.". Por tanto, bajo el estándar requerido en la etapa que se analiza, se concluye que existen datos que evidencian la probabilidad de que el imputado haya cometido el hecho señalado por la ley como delito, en términos del artículo 15 párrafo segundo del Código Penal del Estado, esto es, como autor material directo, sin que se haya demostrado alguna causa de exclusión de responsabilidad o de extinción de la acción penal, como acertadamente lo indicó la Sala responsable. Sin que pasara desapercibido las pruebas ofrecidas en el natural por la defensa del imputado hoy quejoso, principalmente respecto de los atestes Isaías Flores Capistran, Luis Rodríguez Flores y Antonio Flores González, ofertado para acreditar que el imputado no pudo haber realizado disparos con el propósito de privarlo de la vida, atestes que si bien fueron coincidentes, su deposado no fue corroborado con algún otro medio de prueba como por ejemplo la declaración del imputado hoy quejoso, por lo que la Sala de manera correcta le restó valor probatorio, como sí aconteció con los datos de prueba que acreditaron la posible comisión de un delito y su participación. De ahí que, como se estableció en líneas precedentes, la Sala responsable estuvo en lo correcto al revocar la resolución impugnada y considerar acreditado el hecho que la ley establece como constitutivo del delito de homicidio calificado en grado de tentativa, así como la probabilidad de que el imputado, hoy quejoso, fue el autor en su comisión. Asimismo, cabe señalar que el dictado del auto de vinculación, no vulnera en perjuicio del quejoso el derecho fundamental de presunción de inocencia, en la medida en que lo establecido en dicho auto no puede estimarse como una condena, ni una pena anticipada, sino que dicha determinación únicamente sujeta al imputado a un proceso, sin determinar si es o no responsable de un delito, pues no obstante dicha vinculación, la Fiscalía está obligada a demostrar plenamente la responsabilidad del imputado durante el proceso, ya que en caso contrario no será destruido el estatus de inocente que todo imputado tiene a su favor, y por tanto no podrá ser considerado responsable del ilícito que se le imputa. Por todo lo anterior, contrario a lo que sostiene la parte quejosa en sus conceptos de violación, la resolución de treinta y uno de marzo de dos mil veintidós, en la que se dictó auto de vinculación a proceso en su contra, en el toca 34/2022-13-OP, derivado del recurso de apelación interpuesto en la causa penal JCJ/066/2022, del índice del Juzgado Especializado de Control del Único Distrito Judicial en el Estado, con sede en Jojutla, Morelos, está apegado a derecho. Aunado a que los datos de prueba fueron debidamente valorados por la responsable y con los mismos se advierten las circunstancias de lugar, tiempo y de ejecución del hecho delictivo que se le imputa al aquí quejoso; máxime que la resolución como ya estableció en líneas precedentes cumplió con lo establecido en el artículo 19 Constitucional, así como los requisitos que contemplan los numerales 316 y 317 del Código Nacional de Procedimientos Penales. De ahí que, al resultar infundados los conceptos de violación esgrimidos por el quejoso y no advertirse motivo alguno favorable en la queja que deba suplirse de oficio, lo que legalmente procede es negar el amparo y protección de la Justicia Federal. Por lo expuesto y fundado, y con apoyo en los artículos 73, 74, 75, 76, 77 y 217 de la Ley de Amparo, es de resolverse y se: R E S U E L V E ÚNICO. La JUSTICIA DE LA UNIÓN NO AMPARA NI PROTEGE a Donaldo Iván Rodríguez Flores, contra el acto que reclamó de los Magistrados Integrantes de la Sala del Segundo Circuito del Tribunal Superior de Justicia en el Estado de Morelos, consistente en la resolución de treinta y uno de marzo de dos mil veintidós; por las razones expuestas en el considerando quinto de esta sentencia. Notifíquese personalmente Así lo resuelve y firma Óscar Alejandro López Cruz, Juez Tercero de Distrito en el Estado de Morelos, con residencia en Cuernavaca, con la asistencia de Erik Calderón Ocampo, hasta hoy veintidós de septiembre de dos mil veintidós, fecha en que las labores de este órgano jurisdiccional permitieron el engrose de la presente resolución. Doy fe.
- Principal
Cuernavaca, Morelos, a veintidós de noviembre de dos mil veintitrés. Se tiene por recibida el acta de gestión elaborada por el Coordinador de Actuarios de este Juzgado Federal, mediante la cual informa las gestiones realizadas para llevar a cabo la notificación al tercero interesado Israel Rojas Tafolla, ordenado en auto de quince de noviembre del dos mil veintitrés; al respecto, se tiene por hecha la comunicación para los efectos legales procedentes. Notifíquese. Así lo proveyó y firma Óscar Alejandro López Cruz, Juez Tercero de Distrito en el Estado de Morelos, ante Jaime César Pereyra Román, Secretario quien autoriza y da fe. Doy fe.
- Principal
Cuernavaca, Morelos, a quince de noviembre de dos mil veintitrés. Visto el estado de los autos de los que se advierte que no obra constancia de notificación personal al tercero interesado Israel Rojas Tafolla, de la resolución de veintidós de septiembre de dos mil veintidós; por lo anterior, y para evitar mayores dilaciones procesales, se comisiona al Coordinador de actuarios de este órgano jurisdiccional que realice las gestiones necesarias para que sea notificada de manera personal a la parte de referencia de dicha sentencia. Asimismo, visto el estado procesal que guardan los autos, se advierte que no se cuenta con la constancia de notificación de la sentencia de veintidós de septiembre de dos mil veintidós, del Agente del Ministerio Público, que conoció del Toca Penal número 34/2022-13-OP, derivado de la causa penal JCJ/066/2022, con sede en Jojutla, Morelos; atento a lo anterior, se ordena enviar oficio de la resolución en mención al tercero interesado en cita, para su conocimiento y efectos legales a que haya lugar. Notifíquese. Así lo proveyó y firma Óscar Alejandro López Cruz, Juez Tercero de Distrito en el Estado de Morelos, ante Jaime César Pereyra Román, Secretario quien autoriza y da fe. Doy fe.
- Principal
Al haber transcurrido el término concedido a la parte QUEJOSA, para comparecer a oír y recibir notificación del proveído o resolución citado; en consecuencia, se le notifica por medio de lista que se fija en los estrados de este Juzgado de Distrito el proveído de fecha que a continuación se indica: VISTO, para resolver el juicio de amparo 500/2022, promovido por DONALDO IVÁN RODRÍGUEZ FLORES, contra actos de los Magistrados Integrantes de la Sala del Segundo Circuito Judicial del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Morelos y otra autoridad, y;... Por tanto, bajo el estándar requerido en la etapa que se analiza, se concluye que existen datos que evidencian la probabilidad de que el imputado haya cometido el hecho señalado por la ley como delito, en términos del artículo 15 párrafo segundo del Código Penal del Estado, esto es, como autor material directo, sin que se haya demostrado alguna causa de exclusión de responsabilidad o de extinción de la acción penal, como acertadamente lo indicó la Sala responsable. Sin que pasara desapercibido las pruebas ofrecidas en el natural por la defensa del imputado hoy quejoso, principalmente respecto de los atestes Isaías Flores Capistran, Luis Rodríguez Flores y Antonio Flores González, ofertado para acreditar que el imputado no pudo haber realizado disparos con el propósito de privarlo de la vida, atestes que si bien fueron coincidentes, su deposado no fue corroborado con algún otro medio de prueba como por ejemplo la declaración del imputado hoy quejoso, por lo que la Sala de manera correcta le restó valor probatorio, como sí aconteció con los datos de prueba que acreditaron la posible comisión de un delito y su participación. De ahí que, como se estableció en líneas precedentes, la Sala responsable estuvo en lo correcto al revocar la resolución impugnada y considerar acreditado el hecho que la ley establece como constitutivo del delito de homicidio calificado en grado de tentativa, así como la probabilidad de que el imputado, hoy quejoso, fue el autor en su comisión. Asimismo, cabe señalar que el dictado del auto de vinculación, no vulnera en perjuicio del quejoso el derecho fundamental de presunción de inocencia, en la medida en que lo establecido en dicho auto no puede estimarse como una condena, ni una pena anticipada, sino que dicha determinación únicamente sujeta al imputado a un proceso, sin determinar si es o no responsable de un delito, pues no obstante dicha vinculación, la Fiscalía está obligada a demostrar plenamente la responsabilidad del imputado durante el proceso, ya que en caso contrario no será destruido el estatus de inocente que todo imputado tiene a su favor, y por tanto no podrá ser considerado responsable del ilícito que se le imputa. Por todo lo anterior, contrario a lo que sostiene la parte quejosa en sus conceptos de violación, la resolución de treinta y uno de marzo de dos mil veintidós, en la que se dictó auto de vinculación a proceso en su contra, en el toca 34/2022-13-OP, derivado del recurso de apelación interpuesto en la causa penal JCJ/066/2022, del índice del Juzgado Especializado de Control del Único Distrito Judicial en el Estado, con sede en Jojutla, Morelos, está apegado a derecho. Aunado a que los datos de prueba fueron debidamente valorados por la responsable y con los mismos se advierten las circunstancias de lugar, tiempo y de ejecución del hecho delictivo que se le imputa al aquí quejoso; máxime que la resolución como ya estableció en líneas precedentes cumplió con lo establecido en el artículo 19 Constitucional, así como los requisitos que contemplan los numerales 316 y 317 del Código Nacional de Procedimientos Penales. De ahí que, al resultar infundados los conceptos de violación esgrimidos por el quejoso y no advertirse motivo alguno favorable en la queja que deba suplirse de oficio, lo que legalmente procede es negar el amparo y protección de la Justicia Federal. Por lo expuesto y fundado, y con apoyo en los artículos 73, 74, 75, 76, 77 y 217 de la Ley de Amparo, es de resolverse y se: R E S U E L V E ÚNICO. La JUSTICIA DE LA UNIÓN NO AMPARA NI PROTEGE a Donaldo Iván Rodríguez Flores, contra el acto que reclamó de los Magistrados Integrantes de la Sala del Segundo Circuito del Tribunal Superior de Justicia en el Estado de Morelos, consistente en la resolución de treinta y uno de marzo de dos mil veintidós; por las razones expuestas en el considerando quinto de esta sentencia. Notifíquese personalmente Así lo resuelve y firma Óscar Alejandro López Cruz, Juez Tercero de Distrito en el Estado de Morelos, con residencia en Cuernavaca, con la asistencia de Erik Calderón Ocampo, hasta hoy veintidós de septiembre de dos mil veintidós, fecha en que las labores de este órgano jurisdiccional permitieron el engrose de la presente resolución. Doy fe.
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