Donaciano Salvador Sánchez

Expediente 310/2023 tramitado ante el Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de San Luis Potosí. 4 actuaciones registradas, la última del 10 de abril de 2023.

Datos del expediente

Expediente
310/2023
Año
2023
Actuaciones
4
Última actuación
10/04/2023

Partes del expediente

  • Donaciano Salvador Sánchez

Actuaciones

  1. Principal

    Visto el estado de autos, así como la certificación que antecede y como de ella se advierte que ya transcurrió el término a que se refiere el artículo 98, en relación con el 97, fracción I, inciso a), ambos de la Ley de Amparo, sin que se haya interpuesto recurso de queja en contra del acuerdo dictado el veintitrés de marzo de dos mil veintitrés, por el cual se tuvo por no presentada la demanda que dio origen a este asunto. En consecuencia, con fundamento en el artículo 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo, por disposición de su artículo 2°, se declara que ha causado estado el proveído en mención, para todos los efectos legales; háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno de este Juzgado. Por otra parte, toda vez que no hay promociones pendientes por acordar ni actuaciones que practicar en el expediente en que se actúa, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 14 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valorización, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, aprobado en sesión ordinaria de diecinueve de febrero de dos mil veinte, se determina archivar el presente como asunto concluido, previa anotación que se haga en el libro correspondiente. Con fundamento en el artículo 21, inciso b), del Capítulo Octavo del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valorización, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, de diecinueve de febrero de dos mil veinte, en virtud de que el veintitrés de marzo de dos mil veintitrés, se tuvo por no presentada la demanda que dio origen a este asunto y que dicha determinación causa estado con esta fecha, el presente expediente es susceptible de destrucción dentro del plazo de tres años, toda vez que el presente asunto no es de relevancia documental. Asimismo, de autos se advierte que, la parte quejosa no exhibió documentos y billetes de depósito que deban devolverse en términos del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valorización, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, aprobado en sesión ordinaria de diecinueve de febrero de dos mil veinte.

  2. Principal

    Se notifica por medio de lista a la parte quejosa y tercero interesada el proveído de dieciséis de marzo de dos mil veintidós que en lo conducente dice: Se resuelve respecto del cumplimiento dado a la sentencia. Visto el estado que guardan los autos, de los que se advierte que mediante proveído de tres de marzo del año en curso, se dio vista a la parte quejosa con el oficio y los anexos remitidos por el Presidente de la Junta Local de Conciliación y Arbitraje del Estado, por los cuales informó el cumplimiento dado a la ejecutoria de amparo. En tal virtud, este Juzgado Federal procede a resolver de oficio, si la referida ejecutoria se encuentra o no cumplida, de acuerdo con lo previsto en el artículo 196, segundo párrafo, de la Ley de Amparo. Análisis del cumplimiento. En sentencia de diecinueve de julio de dos mil veintidós, dictada por este órgano jurisdiccional, se concedió el amparo y protección de la justicia federal, para el efecto de que: ".se concede a fin de que la Junta Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de San Luis Potosí, deje insubsistente la resolución de diecinueve de octubre de dos mil veintiuno, dictada en el juicio ordinario laboral 8880/2008/5; y, en su lugar, emita una nueva conforme a lo resuelto en esta sentencia; asimismo, en su oportunidad, continúe con el procedimiento de remate." Ahora bien, las razones que integraron la sentencia expuestas en el considerando quinto: fundamentalmente disponen lo siguiente: ".Expuesto lo anterior, debe decirse que el derecho de recurrir las actuaciones reclamadas por Gerardo Ibarra Cabrera fueron extemporáneas al haberle precluido el término legal para recurrirlas en revisión. Lo anterior, en términos de las actuaciones del juicio laboral, se aprecia que Gerardo Ibarra Cabrera, al comparecer al incidente de sustitución patronal, autorizó como su apoderado jurídico a Armando Velázquez Rojas; profesionista que, incluso, lo asesoró legalmente al recurrir en amparo el laudo en que se tuvo al primero como patrón sustituto. Con esa personalidad, por escrito de cinco de abril de dos mil diecinueve, al profesionista cuestionó la falta de notificación a Gerardo Ibarra Cabrera a la audiencia de remate. Y si bien es cierto que en el laudo correspondiente al recurso de revisión la Junta dejó a salvo los derechos del patrón sustituto, lo cierto es que tal determinación fue hecha del conocimiento de éste el veintiocho de agosto de dos mil diecinueve. Con base en ello, se tiene que la determinación en que se dejaron a salvo los derechos del patrón sustituto para reclamar la violación al procedimiento de remate fue conocida por Armando Velázquez Rojas desde el veintiocho de octubre dos mil diecinueve; fecha esta en la que este profesionista aun detentaba la calidad de apoderado jurídico de Gerardo Ibarra Cabrera. Se afirma lo anterior, tomando en consideración que fue hasta el cuatro de marzo de dos mil veintiuno, en que Gerardo Ibarra Cabrera, al interponer el recurso de revisión que motivó el acto aquí reclamado, señaló su deseo de revocar "el nombramiento de apoderado legal al profesionista señalado en autos." De ahí que no resulte procedente, que la junta responsable tome como fecha de conocimiento de los actos motivo de la resolución reclamada, el dos de marzo del dos mil veintiuno, ya que Gerardo Ibarra Cabrera, como patrón sustituto, estuvo en aptitud de hacer valer en tiempo y forma los recursos que establece la ley procesal laboral; y al no hacerlo así, debe soportar las consecuencias de su omisión." Dicha ejecutoria fue recurrida y confirmada en ejecutoria de dieciséis de febrero de dos mil veintitrés, dictada por el Tribunal Colegiado en Materia del Trabajo del Noveno Circuito, con residencia en San Luis Potosí en el amparo en revisión 95/2022. Mediante proveído de veinticuatro de febrero del presente año, se tuvieron por recibidos los presentes autos y se solicitó el cumplimiento respectivo a la autoridad responsable. Por proveído de tres de marzo de dos mil veintitrés, se tuvo por recibido el oficio signado por el Presidente de la Junta Local de Conciliación y Arbitraje del Estado, mediante el cual acompañó copia certificada de la resolución emitida el dos de marzo del año en curso en el expediente laboral 8880/2008/5 de la que se advierte: "San Luis Potosí, S.L.P., 02 Dos de Marzo de 2023, Dos Mil Veintitrés. [.] se deja insubsistente la resolución interlocutoria de fecha 19 diecinueve de octubre dl año 2021, Dos Mil Veintiuno [.] CONSIDERANDO [.] .SEGUNDO.- Ahora bien, una vez que se ha revisado las constancias que integran los autos, así como los lineamientos vertidos en la Ejecutoria a la que se da cumplimiento, la parte medular del recurso de revisión que nos ocupa, se basa en el argumento del recurrente, de que no fue notificado para la celebración de audiencia de remate en primera almoneda, a lo que no asiste razón al demandado patrón substituto, ya que de la propia diligencia se desprende que compareció el apoderado jurídico que nombro de su parte, quien tenía debidamente reconocida la personalidad; a mayor abundamiento, Gerardo Ibarra Cabrera, en su carácter de patrón substituto, mediante escrito presentado el día 4 de marzo del año próximo pasado; señalo domicilio para oír y recibir notificaciones, revocando el nombramiento del apoderado legal al profesionista que se había señalasen autos; nombrando nuevo apoderado legal, asimismo recurrió el provisto de fecha 15 de febrero, así como audiencia de primera almoneda de remate de fecha 02 de abril, ambos del año 201, en ese orden de ideas, cabe aclarar que de autos se precia que el Lic. Armando Velázquez Rojas mediante escrito presentado el 05 cinco de abril del 2019, en su carácter de apoderado jurídico de la parte demandada presento el recurso de revisión respecto de la celebración de audiencia de remate en primera almoneda, de fecha 02 de abril del mismo año así como en contra de acuerdo del 15 de febrero del citado año, en el cual señalo que el patrón sustituto Gerardo Ibarra Cabrera, no fue notificado para dicha audiencia de remate; no debiendo pasar por alto que dicho profesionista resulta apoderado jurídico tanto de la demandada Rosa María Cabrera Zavala y de Gerardo Ibarra Cabrera, en su carácter de patrón sustituto; así las cosas, al haber comparecido el patrón sustituto a través de su apoderado legal, a quien confirió mandato, ya que el aquí recurrente conforme a las actuaciones de autos, se desprende que al comparecer a la sustanciación del incidente de suspensión patronal nombro y autorizo para que lo representase al C. LIC. ARMANDO VELAZQUEZ ROJAS, quien ha comparecido legalmente a nombre del patrón sustituto Gerardo Ibarra Cabrera ya que fue este profesionista quien combatió el laudo dictado en autos, derivado de esto respecto de la resolución interlocutoria del recurso de revisión, se le dejaron a salvo los derechos, tal situación se hizo de su conocimiento el día 28 veintiocho de agosto de 2019, así las cosas se tiene que quedando a salvo los derechos del patrón sustituto, para reclamar cualquier violación al procedimiento de remate, resolución que fue conocida por su entonces apoderado Armando Velázquez Rojas , como quedó asentado.- Debiendo tomar en consideración, que fue hasta el 04 de marzo de 2021, que fue el patrón sustituto y recurrente Gerardo Ibarra Cabrera, compareció a interponer el recurso de revisión y asimismo manifestó que revocaba el nombramiento del precitado apoderado legal, en esta tesitura si el aquí recurrente tuvo conocimiento del auto que reclama a través de su apoderado legal en fecha anterior, resulta equivoco el promover ahora y/o pretender desconocerlo, toda vez que se obtiene si fue debidamente notificado a través de su apoderado jurídico y expedito su derecho para hacer valer lo que a sus intereses conviniera ya que en su oportunidad, como ya se dijo su apoderado legal se hizo sabedor, por lo que no se puede ahora alegar desconocimiento, ya que contaba con representación legal.- Así las cosas el numeral 851 de la Ley Federal del Trabajo establece: "Artículo 851.- La revisión deberá presentarse por escrito ante la autoridad competente, dentro de los tres días siguientes al en que se tenga conocimiento del acto que se impugne."; en este orden de ideas dicho termino empezó a correr el día 29 veintinueve de Octubre de 2019, conforme lo preceptúa el diverso numeral 747 Fracción 1de la Ley que nos rige y que textualmente reza: "Artículo 747.- Las notificaciones surtirán sus efectos de la manera siguiente: I. Las personales: el día y hora en que se practiquen, contándose de momento a momento, cualquiera que sea la hora en que se haya hecho la notificación, salvo disposición en contrario en la Ley; y II. Las demás; al día siguiente al de su publicación en el Boletín o en los estrados de la Junta.".- En consecuencia, de lo antes expuesto, SE DEBE DECLARAR IMPROCEDENTE EL RECURSO DE REVISION PLANTEADO. Conforme al considerando que nos ocupa de las razones y fundamentos invocados y en estricto cumplimiento a la Ejecutoria pronunciada por la Autoridad Federal Oficiante dentro del Juicio de Garantías Número 169/2022-VI, y en observancia a los artículos 17, 747, 851 y relativos de la Ley Federal del Trabajo, se resuelve: PRIMERO.- Se declara Improcedente el Recurso de Revisión promovido por C. Gerardo Ibarra Cabrera en su carácter de patrón sustituto, por las razones y fundamentos expuestos en el considerando segundo de esta resolución"." Por tanto, procede analizar si con dichas actuaciones se da cabal cumplimiento a la sentencia de amparo. Análisis comparativo. Ahora bien, en un análisis comparativo de los efectos que fueron impresos en la sentencia de amparo y de las constancias remitidas por la autoridad responsable en cumplimiento a ella, se advierte que satisfizo los principios constitucionales destacados en la primera. Pues en atención a los lineamientos establecidos en la ejecutoria que se analiza, dictó una nueva resolución el dos de marzo de dos mil veintitrés en la cual dejó insubsistente el acto reclamado consistente en la diversa de diecinueve de octubre de dos mil veintiuno. Consecuentemente, en el segundo considerando determinó que el recurso de revisión planteado, resultaba improcedente por promoverse fuera del término concedido para ello, pues de autos se apreciaba que se le había hecho del conocimiento a la parte demanda la audiencia de remate por conducto de su entonces apoderado, sin que obstara el hecho que de manera posterior a su notificación se hubiera revocado el mandato y nombrado a un nuevo apoderado, pues en la fecha en que se realizó la notificación el primero de aquellos sí contaba con la representación del demandado, y por tanto, debía entenderse que desde esa fecha tenía conocimiento y estaba en aptitud de promover el medio de defensa. Lo cual se corrobora, con las documentales, a las cuales se les concede valor probatorio pleno, en términos de los artículos 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo. De ahí que se considere que está cumplida la ejecutoria de amparo, al haberse dejado sin efectos el acto reclamado, por la autoridad facultada para ello y dictado una nueva siguiendo los lineamientos establecidos en la ejecutoria que se analiza. Lo anterior se establece atento a los razonamientos vertidos con antelación, los cuales conllevan a determinar, que la peticionaria del amparo fue restituida en el pleno goce de las garantías violadas. Conclusión. En tales condiciones, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 196, párrafo tercero, de la Ley de Amparo vigente, se tiene por cumplida totalmente la ejecutoria de amparo. Archivo. Al no existir diligencias pendientes por desahogar, con fundamento en el numeral 214 de la Ley de Amparo, aplicado a contrario sensu, archívese el presente expediente como asunto totalmente concluido; por tanto, háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno, así como la captura de datos en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). Valoración. De conformidad con el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, se estima que el cuaderno principal del presente juicio de amparo es susceptible de depuración, al ubicarse en la hipótesis establecida en el artículo 18, inciso b), del citado acuerdo, ya que se concedió el amparo en este asunto. Por tanto, se deberá conservar este expediente por el término de tres años, contado a partir de haberse ordenado su archivo como asunto concluido. Una vez concluido ese plazo, dentro de los siguientes noventa días, se deberá depurar este expediente, conservándose, en su caso, la demanda, las resoluciones recurridas y la sentencia que puso fin al asunto; así como la resolución que otorgó autoridad de cosa juzgada; y los demás documentos que se consideren relevantes a consideración de este órgano jurisdiccional; circunstancia que deberá constar en el acuerdo de desincorporación respectivo. Hecho lo anterior, realícese la anotación en el libro de gobierno, debiendo remitir a la Dirección General de Documentación y Análisis, Archivo y Compilación de Leyes de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, original de la aludida acta a fin de dar cumplimiento al artículo 23 del mencionado acuerdo general. Relevancia documental. De igual forma, atendiendo al contenido del artículo 15, último párrafo, del citado Acuerdo, a criterio de este juzgado se considera que el presente expediente carece de relevancia documental. Depuración del cuaderno original del incidente de suspensión. Se precisa que el original del incidente de suspensión es susceptible de depuración, al ubicarse en el supuesto del artículo 18, inciso a), del citado acuerdo, puesto que fue concedida la suspensión definitiva. Mientras que, en lo relativo al cuaderno duplicado del incidente de suspensión, se determina que es susceptible de destrucción, al encontrarse ubicado en la hipótesis del artículo 20, fracción II, inciso a), del referido acuerdo; lo que deberá ocurrir en un plazo de seis meses a partir de la emisión de este proveído. No existen documentos originales. Asimismo, de autos se advierte que, las partes no exhibieron documentos que deban devolverse en términos del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valorización, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, aprobado en sesión ordinaria de diecinueve de febrero de dos mil veinte. Se pone billete a disposición. Por otra parte, del estado de autos, así como de la certificación secretarial de cuenta, se advierte que mediante acuerdo de diecinueve de julio de dos mil veintidós, se tuvo a la parte quejosa exhibiendo el billete de depósito N 929637 expedido por Banco del Bienestar, por la suma de $5,000.00 (cinco mil pesos 10/100 moneda nacional); y por otorgada la garantía que se fijó para que surtiera efectos la suspensión provisional de los actos reclamados. Requerimiento. Por tanto, requiérase a la parte quejosa, para que se presente ante este Órgano Jurisdiccional con identificación oficial, en horas hábiles a recoger el mencionado documento. Apercibimiento. Apercibida que, de no hacerlo, una vez que transcurra el término de dos años a que se refiere el artículo 50 de la Ley de Tesorería de la Federación, prescribirá a favor del Fisco Federal el billete de depósito antes mencionado. Notifíquese personalmente.

  3. Principal

    Agréguese el oficio signado por el Secretario del Juzgado Segundo de Distrito de Procesos Penales Federales y de Amparo en Materia Penal en el Estado de Veracruz, con sede en Villa Aldama, en atención a su contenido se provee: Como lo solicita se le informa que en acuerdo de veinte de enero de dos mil veintitrés, se tuvo por recibido el testimonio de la resolución de doce de enero del año presente, dictado por el Tribunal Colegiado en Materia Penal del Noveno Circuito, en el cual declaró fundado el recurso de queja interpuesto por en su carácter de Subconsejera de Atención a Procesos Jurídicos del Poder Ejecutivo en representación de la Gobernadora del Estado Libre y Soberano de Guerrero, contra el auto admisorio de veintinueve de noviembre de dos mil veintiuno y, en consecuencia desechó de plano la demanda, por lo que se ordenó el archivo definitivo del presente juicio de amparo.

  4. Principal

    Se notifica por medio de lista a la parte quejosa el proveído de tres de marzo de dos mil veintitrés que en lo conducente dice: Vista la demanda de amparo A efecto de determinar lo que en derecho proceda respecto de la demanda de mérito, con fundamento en el artículo 108, fracción IV, en relación con los diversos 110 y 114, fracciones I, IV y V de la Ley de Amparo, prevéngase al promovente, para que dentro del plazo de cinco días, contado a partir del siguiente al en que surta efectos la notificación del presente proveído, por escrito y con las copias necesarias del escrito aclaratorio para cada una de las partes y cuaderno incidental, se sirva aclarar su demanda de amparo. Apercíbase a la parte quejosa que de no cumplir con la prevención indicada dentro del término concedido, con fundamento en el citado artículo 114, penúltimo párrafo, de la Ley de Amparo, se tendrá por no presentada la demanda de amparo. Sin perjuicio de lo anterior, se faculta y ordena al Actuario adscrito a este Juzgado, para que en el momento de que le notifique personalmente el presente proveído al quejoso lo requiera para que en el acto manifieste si reconoce como suya y ratifica la firma que aparece en su escrito inicial de demanda, así como el contenido del mismo. Como lo solicita la parte quejosa, téngase como domicilio para oír y recibir notificaciones el que señala y como autorizado para tales efectos en términos restringidos del artículo 12 de la Ley de Amparo a toda vez que no cuentan con cédula profesional registrada en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho, ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito que entró en vigor por Acuerdo General 24/2005 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal publicado en el Diario Oficial de la Federación, el dieciocho de julio del dos mil cinco. Con apoyo en el segundo párrafo del artículo 263, fracción II, párrafo segundo, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que abroga los acuerdos de contingencia por COVID-19 y reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones relativas a la utilización de medios electrónicos y soluciones digitales como ejes rectores del nuevo esquema de trabajo en las áreas administrativas y órganos jurisdiccionales del propio Consejo, se exhorta a las partes a que continúen la tramitación del caso mediante el esquema de "juicio en línea" del Portal de Servicios en Línea del Consejo de la Judicatura Federal. Asimismo, de conformidad con los artículos 261 y 262 del citado Acuerdo General, hágase del conocimiento de las partes, que las personas que acudan a los órganos jurisdiccionales podrán hacer uso de los equipos de cómputo que en cada órgano jurisdiccional se dispondrán para tal efecto, los cuales podrán destinarse a la consulta de expedientes electrónicos, a la actuación en el Portal de Servicios en Línea, o a la participación en videoconferencias con el personal del órgano cuyo equipo se esté utilizando. En tanto las partes tramitan u obtienen cualquiera de las firmas electrónicas de referencia, deben proporcionar igualmente en breve lapso un número telefónico y una cuenta de correo electrónico, tanto propios como de otros particulares que tengan participación en el proceso, con el propósito de que el personal de actuaría establezca contacto con los interesados para generar las condiciones adecuadas a efecto de que las notificaciones que deban practicárseles resulten fehacientes, rápidas y seguras para la salud de los intervinientes. Se autoriza a las partes, previa constancia que se deje en autos, el uso de medios electrónicos y digitales respecto de las constancias que obran en este expediente, en la inteligencia que las copias que se obtengan no tendrán validez de documento público, en términos del artículo 129 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, acorde con lo dispuesto por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal en sesión de dieciocho de marzo de dos mil nueve, contenida en la circular 12/2009. En el entendido de que serán responsables del uso que le den a las reproducciones obtenidas con cámaras, escáner, grabadoras o lectores ópticos. Dada la carga de trabajo con la que cuentan los actuarios de este órgano jurisdiccional, a fin de dar puntual cumplimiento al derecho consagrado en el numeral 17 Constitucional, con fundamento en el artículo 21 de la Ley de Amparo, se habilitan días y horas inhábiles para que el actuario judicial de la adscripción esté en posibilidad de realizar la práctica de todas aquéllas diligencias de notificación que le sean encomendadas. Por otra parte, se instruye al Actuario Judicial para que los posibles diferimientos de la audiencia constitucional que se den en el presente asunto, se practiquen a las partes por medio de lista que se fije en los estrados de este órgano jurisdiccional, incluidas a las autoridades responsables, toda vez que el artículo 26 de la Ley de Amparo, en su fracción I prevé expresamente los supuestos que el juzgador está obligado a comunicarles de forma personal, las actuaciones emitidas en el trámite del juicio de amparo; sin embargo, el diferimiento de la audiencia constitucional no se precisó como uno de esos casos de excepción, de ahí que resulta suficiente que ese acuerdo se notifique por medio de lista en términos del artículo 29 del ordenamiento legal citado, al actualizarse el supuesto previsto por el artículo 26, fracción III, de la Ley de Amparo. Notifíquese personalmente.

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