DONACIANO RAMIREZ PACHECO y Otros.
Expediente 816/2021 tramitado ante el Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Oaxaca. 24 actuaciones registradas, la última del 8 de noviembre de 2021.
Datos del expediente
- Expediente
- 816/2021
- Año
- 2021
- Actuaciones
- 24
- Última actuación
- 08/11/2021
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Oaxaca · Oaxaca
Partes del expediente
- Sira Rodriguez Cruz
- Donaciano Ramirez Pacheco
- DONACIANO RAMIREZ PACHECO y Otros.
- Olga Martinez Rios
Actuaciones
Las 4 más recientes de 24.
- Incidental
MESA VI "... San Bartolo Coyotepec, Oaxaca; ocho de noviembre de dos mil veintiuno. Vista la certificación Secretarial, se advierte que en el juicio de amparo del que deriva este incidente de suspensión, con esta fecha se ordenó el archivo del expediente principal; con fundamento en el artículo 9 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo del año en curso, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, archívese el asunto como concluido. Por otra parte, en términos del capítulo 7 el Manual de Organización de los Archivos Judiciales Resguardados por el Consejo de la Judicatura Federal, atendiendo a que se concedió la suspensión provisional y negó y concedió la definitiva, el cuaderno incidental original es depurable después de tres años. En cambio, con apoyo en el artículo 20, fracción II, inciso a) del invocado Acuerdo General, su duplicado es susceptible de destrucción, dentro de los seis meses, como quedó precisado en el considerando último de la interlocutoria de ocho de septiembre de dos mil veintiuno. Háganse las anotaciones correspondientes en la carátula del expediente, en el libro de gobierno respectivo y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. Notifíquese y cúmplase.
- Principal
MESA VI "... San Bartolo Coyotepec, Oaxaca; ocho de noviembre de dos mil veintiuno. Vista la certificación de cuenta, se advierte que transcurrió el plazo que concede el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que se interpusiera el recurso de revisión contra la resolución que sobreseyó en el juicio de amparo y negó el amparo solicitado; por tanto, con fundamento en los preceptos 356, fracción II y 357, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria, se declara que causa ejecutoria dicha resolución. Hágase del conocimiento de las partes tal circunstancia para todos los efectos legales consiguientes. Con fundamento en el artículo 9 del Acuerdo General, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, publicado el veinticinco de marzo de dos mil veinte en el Diario Oficial de la Federación, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, archívese el asunto como concluido. Por otra parte, en términos de lo dispuesto en el artículo 18° fracción I inciso b) del Acuerdo General en cita; y atendiendo a que en el presente asunto, por una parte se sobreseyó en el juicio y por la otra se negó el amparo, este expediente es depurable, después de tres años. Se estima que el expediente carece de relevancia documental, en virtud de que no se ubica en alguno de los supuestos previstos por el artículo 15, del acuerdo citado. Háganse las anotaciones correspondientes en la carátula del expediente, en el libro de gobierno respectivo y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. Notifíquese y cúmplase.
- Principal
(.) C O N S I D E R A N D O: PRIMERO. Competencia. Este Juzgado es legalmente competente para resolver el presente juicio de garantías, en atención a lo establecido en los artículos 103, fracción I, y 107 constitucionales; 37 y 107, de la Ley de Amparo; 48 y 49, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; conforme al punto cuarto, fracción XIII, del Acuerdo General Número 3/2013, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal. SEGUNDO. Precisión del acto reclamado. Del contenido de las constancias que integran el juicio de amparo, se deduce que la parte quejosa reclama: La orden de aprehensión emitida en su contra y su ejecución. TERCERO. Inexistencia del acto reclamado. Al rendir su informe justificado, la Juez Mixto de Primera Instancia de Zaachila, Oaxaca, negó la existencia del acto reclamado respecto del quejoso Donaciano Ramírez Pacheco, pues señaló que después de una búsqueda en sus archivos e inventarios en materia penal, no encontró orden de aprehensión, arresto, comparecencia, citación, presentación y/o cualquier acto de molestia dirigido a privar de su libertad a dicho quejoso. Además, precisó que tramita la causa penal 22/2016 en la que el uno de abril de dos mil dieciséis libró orden de aprehensión contra Donaciano Ramirez Pacheco por su probable responsabilidad en la comisión de los delitos de despojo agravado y robo calificado, cometidos el primero en perjuicio de María López Ojeda y el segundo en perjuicio de Gerardo Vásquez López. Sin embargo en cumplimiento a la ejecutoria pronunciada en el juicio de amparo 436/2017 de la estadística de este Juzgado, mediante resolución emitida el veintisiete de diciembre de dos mil diecisiete en la causa penal 22/2016 (la cual anexó en copia certificada a su informe justificado), dejó sin efectos la orden de aprehensión emitida el uno de abril de dos mil dieciséis, únicamente por lo que respecta a los inculpados Antonio Ramírez López, Olga Martínez Ríos, Donaciano Ramírez Pacheco y Cira Rodríguez Cruz; y negó librar orden de aprehensión contra estos por su probable responsabilidad en la comisión del delito de despojo agravado y robo con violencia por equiparación, cometido el primero en perjuicio de María López Ojeda; y el segundo en perjuicio de Gerardo Vásquez López. Documental que adquiere valor probatorio, de conformidad con los artículos 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria por disposición expresa del artículo 2° de la Ley de Amparo. Asimismo, las autoridades responsables, Agente Estatal de Investigaciones Encargado del Grupo de Aprehensiones; y Director de Asuntos Jurídicos en representación del Fiscal General del Estado de Oaxaca, negaron categóricamente la existencia del acto reclamado; sin que la parte quejosa ofreciera prueba alguna que desvirtuara dicha negativa. Y la diversa autoridad responsable, denominada como "Francisco Joel Ginez Morales Director de Investigaciones de la Agencia Estatal de Investigaciones del Estado de Oaxaca"; no rindió informe jusitificado hasta esta fecha; sin embargo, no es posible tener por cierto el acto que se le atribuye, dado que en su calidad de autoridad ejecutora, no podría materializar la orden de aprehensión cuya emisión fue reclamada a la Juez Mixto de Primera Instancia de Zaachila, Oaxaca, en su carácter de autoridad ordenadora, al haber negado ésta su existencia. En consecuencia, respecto del acto reclamado por el quejoso Donaciano Ramírez Pacheco, procede sobreseer el juicio, con fundamento en el artículo 63, fracción IV, de la Ley de Amparo y con apoyo en el criterio sustentado por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la jurisprudencia número 284, consultable en la página doscientos treinta y seis, del Tomo VI, Materia Común, Sexta Época, del Apéndice dos mil, bajo el rubro siguiente: "INFORME JUSTIFICADO. NEGATIVA DE LOS ACTOS ATRIBUIDOS A LAS AUTORIDADES". CUARTO. Existencia del acto reclamado. La Juez Mixto de Primera Instancia de Zaachila Oaxaca, al rendir informe justificado, nada dijo en relación a la existencia o no de los actos reclamados por los quejosos Sira Rodríguez Cruz, Olga Martínez Ríos, Antonio Ramírez López, Héctor Ramírez Morales y Juliano Pacheco Ramírez. Por lo tanto, con fundamento en el artículo 117 de la Ley de Amparo, se presume cierto el acto que se les reclama. Sin que obste a lo anterior que del contenido de la documental aportada por la aludida autoridad responsble, se aprecie que en relacion con los quejosos: Sira Rodríguez Cruz, Olga Martínez Ríos y Antonio Ramírez López, indicara que por resolución emitida el veintisiete de diciembre de dos mil diecisiete en la causa penal 22/2016, dejó sin efectos la orden de aprehensión emitida el uno de abril de dos mil dieciséis, únicamente por lo que respecta a los quejosos en mención; y negó librar orden de aprehensión contra éstos por su probable responsabilidad en la comisión del delito de despojo agravado y robo con violencia por equiparación, cometido el primero en perjuicio de María López Ojeda; y el segundo en perjuicio de Gerardo Vásquez López. Pues a pesar de esa manifestación, no es posible establecer que, como lo precisó respecto del diverso quejoso Donaciano Ramírez Pacheco, no existe orden restrictiva de libertad librada contra Sira Rodríguez Cruz, Olga Martínez Ríos y Antonio Ramírez López, en diversa causa penal de su índice, al no haberlo indicado de esa manera; ya que de la información que remitió, sólo se advierte no fue dictado acto de esa naturaleza únicamente en la causa penal 22/2016. Por tanto, con fundamento en el numeral 117 de la Ley de Amparo, se desvirtúa la negativa de la autoridad judicial responsable y se tiene por cierto el acto reclamado por los quejosos Sira Rodríguez Cruz, Olga Martínez Ríos, Antonio Ramírez López, Héctor Ramírez Morales y Juliano Pacheco Ramírez. Misma circunstancia que acontece con la negativa expresada por las diversas autoridades Agente Estatal de Investigaciones Encargado del Grupo de Aprehensiones; y Director de Asuntos Jurídicos en representación del Fiscal General del Estado de Oaxaca; y en virtud de la omisión por parte de "Francisco Joel Ginez Morales Director de Investigaciones de la Agencia Estatal de Investigaciones del Estado de Oaxaca", de rendir informe justificado; dada su calidad de autoridades ejecutoras. QUINTO. Estudio de los conceptos de violación. Es infundado el único concepto de violación aducido por los quejosos Sira Rodríguez Cruz, Olga Martínez Ríos, Antonio Ramírez López, Héctor Ramírez Morales y Juliano Pacheco Ramírez, en el que refieren en esencia que se viola en su perjuicio el principio de legalidad, al no respetarse lo previsto en los artículos 14 y 16 de la Constitución Federal. El artículo 117, párrafo cuarto, de la Ley de Amparo, establece que la carga de la prueba respecto a la inconstitucionalidad del acto que se reclama recae en la parte quejosa cuando depende de los motivos, datos o pruebas en que se haya fundado en el propio acto. Ahora bien, el artículo de referencia señala dos hipótesis sobre las que puede versar: a) La constitucionalidad o inconstitucionalidad del acto reclamado; y, b) La inconstitucionalidad del acto en sí mismo. El referido artículo proporciona una base para determinar cuándo un acto es o no inconstitucional en sí mismo. Cuando el acto reclamado pueda ser realizado mediante el cumplimiento de determinados requisitos, no puede ser considerado por sí mismo, como violatorio de derechos humanos, y en cambio, cuando en ningún caso la responsable puede realizar el acto reclamado, llenando o no requisito alguno, debe estimarse como violatorio de derechos humanos en sí mismo, liberando con ello al quejoso de probarlo. La presunción de certeza recae sólo sobre el acto reclamado, mas no respecto de circunstancias que lo rodean, pues el dispositivo en análisis es claro en establecer que ante la falta de informe con justificación, se presumirá cierto el acto reclamado, excluyendo, implícitamente, otro tipo de cuestiones, como son las relativas a la constitucionalidad de los actos, así como las concernientes al interés jurídico y demás presupuestos necesarios para la procedencia del amparo. Un acto es en sí mismo inconstitucional, cuando la autoridad no puede demostrar ni justificar con ningún medio de convicción que su contenido o proceder se apega a lo dispuesto por la Constitución Federal. En consecuencia, la inconstitucionalidad de un acto que en sí mismo es violatorio de derechos humanos, no está sujeto a prueba, ya que la contravención a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, surge de la existencia del acto, de su naturaleza intrínseca, con independencia de otros elementos. De ahí, que el artículo 117 establezca que corresponde a la parte quejosa probar la inconstitucionalidad de los actos que en sí mismos no son violatorios de sus derechos fundamentales; en cambio, no hace referencia expresa al caso contrario, pues, cuando los actos son violatorios en sí mismos, no se requiere más prueba que la relativa a su existencia. Aplicando las ideas anteriores al punto jurídico concreto, se tiene que el acto reclamado que los quejosos hacen consistir en la orden de aprehensión emitida en su contra por la Juez Mixto de Primera Instancia de Zaachila, Oaxaca -que se presume cierto-, no es violatorio de derechos fundamentales en sí mismo. Puntualizado lo anterior, se destaca que el artículo 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, contiene los requisitos mínimos que debe reunir la orden de aprehensión, a fin de que se justifique los actos de molestia derivados de la misma. . Por lo tanto, la presunción de su existencia no implica que su sola emisión derive en la vulneración de los derechos humanos del quejoso, pues no aportó medios de convicción tendientes a establecer que el acto reclamado fue emitido de forma contraria a lo dispuesto por la Constitución. De ahí que, la sola presunción sobre la existencia de la orden de aprehensión, es insuficiente para demostrar su inconstitucionalidad, ya que ello depende de los motivos, fundamentos, datos y pruebas en que se haya fundado el propio acto, lo cual correspondía acreditar a la parte quejosa, cuando menos con copia autorizada de la resolución reclamada, en términos del artículo 117 de la Ley de Amparo, y por tanto, si no se aportaron los elementos de convicción necesarios para el análisis y determinación de la inconstitucionalidad del acto reclamado, al resultar éste constitucional en sí mismo, es incuestionable que existe imposibilidad jurídica para realizar el análisis de los razonamientos, fundamentos, datos y probanzas en que se hubiera apoyado la autoridad responsable para emitir la orden reclamada. Lo anterior, puesto que el efecto que produce la omisión de rendir informe justificado lo es únicamente el de establecer presuntivamente la existencia del acto reclamado, salvo prueba en contrario. ... Además, en el caso, este órgano de control constitucional no se encuentra obligado a recabar de oficio las constancias relativas al acto reclamado, sino que en el caso, al existir omisión por parte de la autoridad judicial de pronunciarse en torno al acto reclamado por los quejosos Sira Rodríguez Cruz, Olga Martínez Ríos, Antonio Ramírez López, Héctor Ramírez Morales y Juliano Pacheco Ramírez, correspondía a éstos aportar los medios necesarios para acreditar su inconstitucionalidad, sin que lo hicieran. Ello, puesto que la obligación de recabar pruebas opera cuando el Juez de amparo, previo el examen del acto reclamado, advierte que determinada constancia o constancias sirvieron de fundamento a la responsable para emitir dicho acto, o bien, cuando en el procedimiento de donde el mismo emana, obran pruebas que resultan indispensables para fallar el juicio de amparo; pero no ocurre así, cuando la responsable y la parte quejosa, omiten exhibir el auto combatido, es decir, no se trata de pruebas, sino del propio acto reclamado. Estimar lo contrario, equivaldría a ignorar la voluntad del legislador prevista en el citado artículo 117 de la Ley de Amparo, esto es, que ante la falta del informe justificado de la autoridad responsable, cuando el acto reclamado no es inconstitucional en sí mismo, corresponde a la parte quejosa la carga procesal de demostrar su inconstitucionalidad, esto es, aportar por lo menos la resolución que se reclama de inconstitucional. . En las relatadas condiciones, al no acreditarse que el acto reclamado sea inconstitucional en sí mismo, por no existir prueba alguna que demuestre lo contrario, lo procedente es negar el amparo y protección de la justicia federal solicitados. Negativa que debe hacerse extensiva a la ejecución de la orden de aprehensión reclamada por la parte quejosa, al no haberse impugnado por vicios propios y ser consecuencia directa del aquí analizado. . SEXTO. Publicación de la sentencia. En virtud de que, conforme a la certificación secretarial realizada en la audiencia constitucional que antecede, las partes en este juicio no hicieron manifestación alguna respecto del derecho que les asiste para oponerse a la publicación de sus datos personales; por tanto, una vez que cause ejecutoria la sentencia, ésta y las resoluciones intermedias estarán a disposición del público para su consulta cuando así lo soliciten, suprimiéndose todo dato confidencial o reservado, de conformidad con los artículos 68, 71, 110, 113 y 117 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, publicada el nueve de mayo de dos mil dieciséis. Por lo expuesto y fundado, y con apoyo además en los artículos 1º, fracción I, 73, 74, 75 y 124, de la Ley de Amparo, se: R E S U E L V E: PRIMERO. Se SOBRESEE el presente juicio de amparo promovido por ...en términos del considerando tercero de esta sentencia. SEGUNDO. La Justicia de la Unión NO AMPARA NI PROTEGE a ... en términos del considerando quinto de este fallo. TERCERO. En su oportunidad, dese cumplimiento al considerando último de este fallo, en los términos ahí precisados. Notifíquese personalmente.
- Principal
MESA VI "... San Bartolo Coyotepec, Oaxaca; veintiocho de septiembre de dos mil veintiuno. Glósese a los autos únicamente para que obre como corresponda, el informe justificado que rinde el Director de Investigaciones de la Agencia Estatal de Investigaciones con sede en la Experimental, Oaxaca, toda vez que el veintiuno de septiembre del año en curso, se llevó a cabo la audiencia constitucional.. Cúmplase.
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