Donaciano Jovanni Morales de la Cruz
Expediente 593/2023 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Michoacán. 3 actuaciones registradas, la última del 1 de junio de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 593/2023
- Año
- 2023
- Actuaciones
- 3
- Última actuación
- 01/06/2023
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Michoacán · Michoacán
Partes del expediente
- Donaciano Jovanni Morales de la Cruz
Actuaciones
- Principal
Morelia, Michoacán, uno de junio de dos mil veintitrés. Como de la constancia secretarial de cuenta se aprecia que la representante legal de la empresa -, informa el cumplimiento dado a la ejecutoria de amparo; empero no remite las constancias con las cuales lo acredite; en consecuencia, requiérasele por última ocasión para que dentro del término de tres días, contados a partir de la legal notificación del presente proveído, remita las constancias con las que acredite haber dado cumplimiento a la ejecutoria de amparo; con el apercibimiento que de no hacerlo, o de no informar el impedimento que haya tenido para cumplir con la misma, se le impondrá una multa de cien días de la unidad de medida y actualización, en términos del Decreto por el que se declara reformadas y adicionadas diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estado Unidos Mexicanos, en Materia de desindexación del salario mínimo. Notifíquese.
- Principal
Morelia, Michoacán, dieciséis de mayo de dos mil veintitrés. Agréguense a los autos los oficios de cuenta, de los cuales las autoridades responsables mencionadas en la constancia secretarial rinden su informe en relación a la suspensión de plano, y una vez que el juzgado de distrito con sede en Uruapan, Michoacán, acuse el recibo correspondiente, se ordena remitirle el original de los citados oficios para que acuerde lo conducente. Notifíquese.
- Principal
Morelia, Michoacán, doce de mayo de dos mil veintitrés. Vista la demanda de amparo promovida por ********************, en representación de ********************, contra actos del Director del Centro Penitenciario de Uruapan, Michoacán, y otras autoridades; mismo que hace consistir en: "- La omisión de crear e implementar medidas efectivas de seguridad, para salvaguardar la integridad personal y la vida de las personas internas del Centro Penitenciario de Uruapan, Michoacán. - La violación a la integridad personal, dignidad, preservación física, psíquica y moral de ******************** O ******************** O ********************, así como el riesgo de perder la vida, quien sufrió un atentado el día 09 nueve de mayo del año en curso en el interior del Centro del Reinserción Social de Uruapan, Michoacán, donde se encuentra interno compurgando pena de prisión. - La omisión de actuar para impedir que otros internos apliquen al quejoso actos prohibidos por el artículo 22 de la Carta Magna; pues ha sido golpeado, torturado y amenazado de que en próximos días se le privará de la vida. - La omisión de responder la petición verbal que se realizó de cambiar al quejoso de centro de reclusión, pese a que es del conocimiento de las responsables, el ataque que sufrió y que puso en peligro su vida, amén de también saber que está amenazado por otros internos con privarlo de la vida de forma inminente." Regístrese en el Libro de Gobierno respectivo bajo el número II-593/2023. Ahora, en atención a que la competencia constituye un presupuesto procesal de orden público, el suscrito procede a analizar si en la especie es o no competente para conocer de la demanda de garantías de cuenta. De igual forma, respecto al criterio relativo a la ejecución material del acto reclamado se debe atender no solo a que la resolución materia del acto reclamado, por sí mismo tenga una ejecución material de manera directa o inmediata, si lleva una ejecución implícita, la cual implica analizar la naturaleza del acto o resolución reclamada y las consecuencias que produce. Para dilucidar lo anterior, cabe citar el artículo 37 de la Ley de Amparo que establece lo siguiente: "Artículo 37. Es juez competente el que tenga jurisdicción en el lugar donde el acto que se reclame deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se esté ejecutando o se haya ejecutado. Si el acto reclamado puede tener ejecución en más de un distrito o ha comenzado a ejecutarse en uno de ellos y sigue ejecutándose en otro, es competente el juez de distrito ante el que se presente la demanda. Cuando el acto reclamado no requiera ejecución material es competente el juez de distrito en cuya jurisdicción se haya presentado la demanda." Del análisis del precepto antes transcrito, se obtienen las siguientes reglas básicas para determinar la competencia de los Jueces de Distrito, en cuanto al conocimiento del juicio de garantías, a saber: a) La primera regla se encuentra contenida en el primer párrafo del señalado numeral, que se caracteriza porque con independencia del lugar en el que radique la autoridad emisora del acto reclamado, el parámetro que se toma en consideración para determinar la competencia del Juez de Distrito consiste en que ejerza jurisdicción en el lugar donde deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se ejecute o se haya ejecutado el acto reclamado, lo cual obviamente presupone que dicho acto es de aquellos que después de su emisión, por su índole, requieren de ejecución por parte de una autoridad diversa a la ordenadora; b) La segunda hipótesis establece que si el acto reclamado puede tener ejecución en más de un distrito o ha comenzado a ejecutarse en uno de ellos y sigue ejecutándose en otro, será competente el juez de distrito ante el que se presente la demanda. c) El último párrafo del precepto en comento establece la regla consistente en que cuando la resolución reclamada en el juicio de garantías no requiera de ejecución material, resulta ser competente el Juez de Distrito en cuya jurisdicción se haya presentado la demanda. En esa virtud, si como se precisó el acto reclamado por la impetrante de garantías, se hace consistir en la violación a la integridad personal, dignidad, preservación física, psíquica y moral de ******************** o ******************** o ********************, así como el riesgo de perder la vida, quien sufrió un atentado el día nueve de mayo del año en curso, en el interior del Centro del Reinserción Social de Uruapan, Michoacán, donde se encuentra interno compurgando pena de prisión, y la omisión de actuar para impedir que otros internos apliquen al quejoso actos prohibidos por el artículo 22 de la Carta Magna, pues ha sido golpeado, torturado y amenazado, y teme que en próximos días se le prive de la vida, lo que evidentemente lleva implícita una ejecución material, la cual se materializará en Uruapan, Michoacán. Por consiguiente, en términos del artículo 37 de la Ley de Amparo y el Acuerdo General 3/2013, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los Circuitos Judiciales en que se divide la República Mexicana; y al número a las jurisdicción territorial y especialización por Materia de los Tribunales de Circuito, y de los Juzgados de Distrito, compete el conocimiento de la demanda de amparo promovida por ********************, en representación de ********************, al Juzgado de Distrito en el Estado de Michoacán, con sede en Uruapan, en turno, por ser en dicha entidad federativa en donde se encuentra recluido el quejoso directo. Sirve de apoyo a lo anterior, la tesis emitida por el Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, publicada en la página 1299, Tomo XIV, Agosto de 2001, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que dice: "COMPETENCIA. PARA DETERMINARLA DEBE ATENDERSE A LAS CONSECUENCIAS JURÍDICAS DEL ACTO RECLAMADO. Para determinar la competencia entre Jueces de Distrito en el conocimiento del juicio de garantías, debe atenderse a la naturaleza jurídica del acto reclamado, y su análisis integral debe traer como consecuencia la determinación referente a si el acto requiere ejecución material o no, para estar así en posibilidad de asignar la competencia al Juez de Distrito en cuya jurisdicción deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se ejecute o se haya ejecutado el acto reclamado de acuerdo con el artículo 36 de la Ley de Amparo, aunque en la demanda de garantías no se reclame concretamente la ejecución del acto ni se mencione autoridad ejecutora alguna, ya que, de lo contrario, la competencia del Juez quedaría al arbitrio del quejoso, al decidir señalar o no a la autoridad ejecutora." En tal virtud, con fundamento en los artículos 37 y 48 de la Ley de Amparo, este juzgado federal declara carecer de competencia legal para conocer y resolver de la presente demanda de garantías y la declina a favor del Juez de Distrito en el Estado de Michoacán, con sede en Uruapan, en turno, ordenándose remitirla con sus copias para que en el término legal manifieste si acepta o no la competencia planteada, solicitándole en su oportunidad acusar el recibo de estilo correspondiente. Fórmese el cuaderno de antecedentes respectivo. Por otra parte, como del contenido de la demanda se advierte que reclama actos prohibidos por el artículo 22 de la Carta Magna, pues aduce ha sido golpeado, torturado y amenazado de que en próximos días se le privará de la vida; por tanto, con fundamento en el artículo 126 de la Ley de Amparo, SE DECRETA DE OFICIO Y DE PLANO LA SUSPENSIÓN DE LOS ACTOS RECLAMADOS, para el efecto de que las autoridades responsables, en el ámbito de sus atribuciones y bajo su más estricta responsabilidad, instrumenten lo necesario a fin de salvaguardar su integridad física y preservar la vida del quejoso. Se apercibe a las autoridades señaladas como responsables, para que dentro del plazo de VEINTICUATRO HORAS, contado a partir de que queden legalmente notificadas del presente proveído, informen a este órgano jurisdiccional sobre el cumplimento que hayan dado a la suspensión otorgada, en el entendido de que esta orden deberán obedecerse bajo la más estricta responsabilidad de las referidas autoridades responsables, con el apercibimiento que de no rendir su informe dentro del tiempo concedido, se procederá a tramitar el incidente de exceso o defecto en el cumplimiento de la suspensión, que puede culminar con la sanción establecida en el artículo 209, en relación con la fracción III del numeral 262, ambos de la Ley de Amparo. En otro aspecto, con fundamento en el artículo 263 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que abroga los Acuerdos de contingencia por COVID-19 y reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones relativas a la utilización de medios electrónicos y soluciones digitales como ejes rectores del nuevo esquema de trabajo en las áreas administrativas y órganos jurisdiccionales del propio consejo, ante la necesaria e idónea continuidad en la tramitación de expedientes por medios electrónicos como eje rector del quehacer jurisdiccional, se exhorta a las partes para que, cuando les sea posible y de estimarlo pertinente, transiten hacia la actuación desde el Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación; para lo cual, las partes, sus representantes o sus autorizados con facultades expresas para hacerlo, deberán solicitar -a través de promoción física o electrónica desde el propio Portal de Servicios en Línea- la consulta del expediente electrónico relativo al presente juicio y la práctica de notificaciones electrónicas, para lo cual se requiere también de la utilización de una firma electrónica vigente (FIREL, e.firma u otra cuyo certificado digital homologado sea validado por el Consejo de la Judicatura Federal), de conformidad con lo dispuesto en el referido Acuerdo. Se invita a las partes para que propongan formas especiales y expeditas de contacto, como correos electrónicos y servicios de mensajería instantánea, tanto propios como de los otros particulares que sean parte en el proceso, a través de los cuales se puedan entablar comunicaciones no procesales, de cuyo contenido se ordena su registro y, de ser necesario, su incorporación al expediente previa la certificación correspondiente, con fundamento el artículo 257 del citado Acuerdo General. De igual forma, se le tiene señalando el domicilio que indica. En obvio de mayores dilaciones procesales, se ordena hacer la notificación por medio de lista, virtud a que el Juez competente que se avoque al conocimiento del presente asunto ordenará la notificación de manera personal del proveído respectivo. Finalmente, con fundamento en los artículos 52 Bis, fracción IV del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que abroga los Acuerdos de contingencia por COVID-19 y reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones relativas a la utilización de medios electrónicos y soluciones digitales como ejes rectores del nuevo esquema de trabajo en las áreas administrativas y órganos jurisdiccionales del propio consejo; este auto se firma de manera electrónica, por lo que se ordena glosar evidencia criptográfica respectiva, sin que sea necesario realizar certificación alguna o nueva firma para su incorporación al expediente físico, toda vez que tiene el mismo valor que la firma autógrafa. Notifíquese.
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