Donaciano Félix Solorzano Zamora

Expediente 1075/2023 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Tlaxcala. 12 actuaciones registradas, la última del 17 de octubre de 2023.

Datos del expediente

Expediente
1075/2023
Año
2023
Actuaciones
12
Última actuación
17/10/2023

Partes del expediente

  • Donaciano Félix Solorzano Zamora
  • Alejandro Hernández Robles

Actuaciones

Las 4 más recientes de 12.

  1. Principal

    Apizaco, Tlaxcala, a diecisiete de octubre de dos mil veintitrés. Agréguese a los autos copia del oficio signado por la Juez Interina Sexto de Control y de Juicio Oral de Distrito Judicial de Guridi y Alcocer, mediante el cual en vías de alcance remite copias autentificadas de la resolución escrita de la audiencia celebrada el nueve de octubre del dos mil veintitrés, así como constancias de requerimiento ordenado en la citada audiencia al Agente del Ministerio Público, que obran dentro de la Causa Judicial 345/2023, aunado a ello, anexa copia de audio y video en formato DVD en la que consta la audiencia celebrada en fecha nueve de octubre de dos mil veintitrés. Por tanto, se ordena remitir el original de dicho oficio al Tribunal Colegiado de circuito a efecto de informar la referida determinación, para los efectos legales conducentes. Notifíquese. Así lo acordó y firma la Juez Karina Juárez Benavides, Titular del Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Tlaxcala, con sede en Apizaco, ante el Secretario de Juzgado Rolando Cruz Delfín, que autoriza y da fe.

  2. Principal

    Apizaco, Tlaxcala, a once de octubre de dos mil veintitrés. Vista la certificación que antecede y el estado que guardan los presentes autos, de los que se advierte que las partes han sido notificadas de la sentencia dictada el veintinueve de agosto de dos mil veintitrés y del auto de diecinueve de septiembre del año en curso, en el que se tuvo por interpuesto el recurso de revisión hecho valer por el quejoso Donaciano Félix Solórzano Zamora contra la referida sentencia; en consecuencia, como está ordenado en dicho proveído, remítanse los autos originales del presente juicio de amparo con un cuaderno de pruebas en un tomo, así como el escrito de agravios y copia simple del mismo, al Tribunal Colegiado del Vigésimo Octavo Circuito, en turno, con sede en Apizaco, para la substanciación del recurso de que se trata, solicitando respetuosamente se acuse de recibo. En diverso aspecto, agréguese a los autos el oficio signado por la Juez Interina Sexto de Control y de Juicio Oral del Distrito Judicial de Guridi y Alcocer; por el que informa que en audiencia celebrada en nueve de octubre de dos mil veintitrés, se aprobó como salida alterna del procedimiento, el acuerdo reparatorio de cumplimiento inmediato propuesta por la defensa de aquí quejoso Donaciano Félix Solórzano Zamora, y al efecto informa que el Agente del Ministerio Público no tuvo oposición alguna, por tanto resultó procedente su aprobación y en consecuencia la extinción de la acción penal, inhibiendo una nueva persecución por el mismo hecho, en consecuencia, se decretó el sobreseimiento total de la Causa Judicial 345/2023, con efectos de sentencia absolutoria ejecutoriada. Por tanto, se ordena remitir el original de dicho oficio al Tribunal Colegiado de circuito a efecto de informar la referida determinación, para los efectos legales conducentes. Notifíquese. Así lo acordó y firma la Juez Karina Juárez Benavides, Titular del Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Tlaxcala, con sede en Apizaco, ante el Secretario de Juzgado Rolando Cruz Delfín, que autoriza y da fe.

  3. Principal

    Apizaco, Tlaxcala, a diez de octubre de dos mil veintitrés. Agréguese a los autos la razón actuarial levantada por el Actuario Judicial adscrito; mediante la cual hace constar la que no le fue posible notificar a la parte quejosa, el proveído de diecinueve de septiembre de dos mil veintitrés, por el cual se tiene por interpuesto el recurso de revisión en contra de la sentencia de veintinueve de agosto del año en curso. En mérito de lo expuesto, se hace efectivo el apercibimiento decretado en auto admisorio de uno de agosto de dos mil veintitrés, por tanto, se ordena realizar a la parte quejosa, la notificación del citado proveído; así como las subsecuentes notificaciones, aún las de carácter personal, por medio de lista de acuerdos que se fije en los estrados de este Juzgado de Distrito. Lo anterior, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 26, fracción III y, 29 de la Ley de Amparo Notifíquese. Apizaco, Tlaxcala, a diecinueve de septiembre de dos mil veintitrés. Agréguese a los autos el escrito signado por el quejoso Donaciano Felix Solorzano Zamora; mediante el cual interpone RECURSO DE REVISIÓN contra la resolución dictada el veintinueve de agosto de dos mil veintitrés, en los términos que enseguida se precisan. Con fundamento en los artículos 81, fracción I, inciso e), 84, 86, 88 y demás relativos de la Ley de Amparo, DISTRIBÚYASE entre las demás partes las copias del escrito de agravios. Hecho lo anterior, en acatamiento al numeral 89 del referido ordenamiento legal, dentro del término de tres días siguientes al de la última notificación a las partes del presente proveído, REMÍTANSE los autos originales del juicio de amparo en que se actúa, un tomo de pruebas, y el escrito de expresión de agravios, al Tribunal Colegiado del Vigésimo Octavo Circuito, en turno, para la substanciación del recurso que se hace valer. Finalmente, con diversa copia del escrito de expresión de agravios, intégrese el cuaderno de antecedentes relativo. Notifíquese; personalmente al quejoso y al tercero interesado; vía electrónica al Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito y por oficio a las autoridades responsablpizaco,

  4. Principal

    En Apizaco, Tlaxcala, siendo las diez horas con cinco minutos del veintinueve de agosto de dos mil veintitrés, hora y día señalados en autos para que tenga verificativo la audiencia constitucional en el juicio de amparo 1075/2023-V, promovido por Donaciano Félix Solorzano Zamora, se procede a efectuarla en presencia de la Juez Karina Juárez Benavides, Titular del Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Tlaxcala, con sede en Apizaco, asistida de Rolando Cruz Delfín, Secretario de Juzgado que autoriza y da fe, por lo cual la declara abierta. Acto seguido, el Secretario certifica: Que en las instalaciones del órgano jurisdiccional no se presentó en la hora indicada ninguna persona solicitando comparecer a la audiencia físicamente ni por escrito, aunado a que las partes no manifestaron su deseo de comparecer a través de videoconferencia, por lo que se desahoga sin asistencia de las partes. A continuación, el Secretario relaciona las constancias de autos, entre las que se encuentra la demanda de amparo presentada por Donaciano Félix Solorzano Zamora; auto admisorio de uno de agosto de dos mil veintitrés e informe justificado rendido por la autoridad responsable. Asimismo, se hace constar que el Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito y que los terceros interesados Alejandro Hernández Robles y Agente del Ministerio Público, Titular del Primer Turno de la Unidad de Investigación con Detenido, Región Sur, adscrito al Departamento de Investigación del Delito, de la Procuraduría General de Justicia de Tlaxcala se encuentran debidamente emplazados. En relación a lo anterior, la Juez de Distrito acuerda: con fundamento en el artículo 117 de la Ley de Amparo, tómese en consideración al momento de resolver este expediente el informe justificado rendido por la autoridad responsable y ténganse por emplazados al Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito y a los terceros interesados Alejandro Hernández Robles y Agente del Ministerio Público, Titular del Primer Turno de la Unidad de Investigación con Detenido, Región Sur, adscrito al Departamento de Investigación del Delito, de la Procuraduría General de Justicia de Tlaxcala. Abierto el periodo de pruebas, el Secretario hace constar que la autoridad responsable Jueza Interina Sexto de control y de Juicio Oral del Distrito Judicial de Guridi y Alcocer, remitió copia auténtica de la causa judicial 345/2023, así como un disco digital en formato DVD. A lo que la Juez acuerda: Con fundamento en el artículo 119 de la Ley de Amparo, se tienen ofrecidas, admitidas y desahogadas las pruebas antes referidas, dada su propia y especial naturaleza, con lo anterior se cierra el periodo probatorio. Abierta la fase de alegatos, el Secretario hace constar que las partes no hicieron valer tal derecho; a lo que la Juez acuerda: en virtud de que no se formularon alegatos se cierra esta etapa y se procede a dictar la siguiente: S E N T E N C I A A la vista, los autos, para resolver en sentencia, el juicio de amparo indirecto número 1075/2023-V, promovido por Donaciano Félix Solorzano Zamora, por propio derecho, contra actos de la Juez Interina Sexto de Control y de Juicio Oral del Distrito Judicial de Guridi y Alcocer; y, R E S U L T A N D O: PRIMERO. Recepción de demanda. Por escrito recibido el veintiocho de julio de dos mil veintitrés, en el Buzón Judicial de la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito del Estado de Tlaxcala, con residencia en Apizaco, y turnado el treinta y uno de julio siguiente a este Juzgado Primero de Distrito, Donaciano Félix Solórzano Zamora por propio derecho, demandó el amparo y protección de la Justicia Federal, contra las autoridades y por el acto siguiente: AUTORIDAD RESPONSABLE: Juez Interina Sexto de Control y de Juicio Oral del Distrito Judicial de Guridi y Alcocer. ACTO RECLAMADO: La resolución dictada en audiencia de siete de julio de dos mil veintitrés, en la que por un lado determinó declarar no valido el incidente de nulidad de dato de prueba solicitado y por la otra declaró no modificar la medida cautelar de prisión preventiva justificada en la causa judicial 345/2023 y extender la temporalidad de la misma por el tiempo que dure el proceso. SEGUNDO. Trámite de juicio de amparo. En proveído de uno de agosto de dos mil veintitrés, se ordenó radicar el asunto, se admitió a trámite la demanda, se solicitó el informe justificado, se dio la intervención que legalmente corresponde al agente del Ministerio Público de la Federación adscrito a este órgano jurisdiccional, quien no formuló pedimento, se ordenó el emplazamiento de la parte tercera interesada, se señaló día y hora para celebrar la audiencia constitucional, la cual tuvo verificativo en términos del acta que antecede; y, C O N S I D E R A N D O: PRIMERO. COMPETENCIA. Este Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Tlaxcala es legalmente competente para conocer y resolver el presente juicio de amparo indirecto, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 103, fracción I y 107, fracción VII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 33, 35, 37 y 107, fracción VII de la Ley de Amparo; y 49 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, relacionados con el Acuerdo General 3/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, así como su adición contenida en el diverso acuerdo 3/2021 difundido en el Diario Oficial de la Federación el veintidós de abril de dos mil veintiuno, en virtud de que el acto reclamado y las autoridades a quien se les reprochan tienen su residencia dentro de la jurisdicción territorial de este órgano jurisdiccional. SEGUNDO. Precisión de los Actos Reclamados. El acto reclamado por la parte promovente consiste en: La resolución dictada en audiencia de siete de julio de dos mil veintitrés, en la que por un lado determinó declarar no valido el incidente de nulidad de dato de prueba solicitado y por la otra declaró no modificar la medida cautelar de prisión preventiva justificada en la causa judicial 345/2023 y extender la temporalidad de la misma por el tiempo que dure el proceso. TERCERO. Certeza del acto reclamado. Las autoridades responsables, al rendir su informe justificado manifestaron la existencia del acto reclamado, lo que se corrobora con las constancias escritas de la causa judicial 345/2023., así como el audio y video de la audiencia celebrada el siete de julio de dos mil veintitrés, que lo es aquí, el acto reclamado, contenidas en un disco versátil digital remitido por la Juez responsable en apoyo a su informe justificado. Las referidas copias certificadas cuentan con valor probatorio pleno, de conformidad con los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, al haber sido autentificadas por funcionario público en ejercicio de sus funciones. Respecto al contenido del disco versátil digital también tiene la naturaleza de una documental pública, por lo que tiene valor probatorio pleno en términos de los preceptos precisados con antelación. Lo anterior, acorde a lo sostenido por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la jurisprudencia por contradicción 1a./J.43/2013, consultable en la página 703, del Libro XXIII, correspondiente al mes de agosto de dos mil trece, tomo 1, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Décima Época, de rubro y texto siguientes: "VIDEOGRABACIONES DE AUDIENCIAS CELEBRADAS EN PROCEDIMIENTOS PENALES DE CORTE ACUSATORIO Y ORAL CONTENIDAS EN ARCHIVOS INFORMÁTICOS ALMACENADOS EN UN DISCO VERSÁTIL DIGITAL (DVD). SI LA AUTORIDAD RESPONSABLE LAS REMITE COMO ANEXO O SUSTENTO DE SU INFORME JUSTIFICADO ADQUIEREN LA NATURALEZA JURÍDICA DE PRUEBA DOCUMENTAL PÚBLICA, Y DEBEN TENERSE POR DESAHOGADAS SIN NECESIDAD DE UNA AUDIENCIA ESPECIAL.". CUARTO. Causales de improcedencia del juicio de amparo. Esta Juzgadora Federal considera que por cuanto hace al acto reclamado consistente en la resolución dictada en audiencia de siete de julio de dos mil veintitrés, en la parte que se determinó declarar no valido el incidente de nulidad de dato de prueba solicitado, opera la causal de improcedencia prevista en la fracción XXIII, del artículo 61, en relación con la fracción V, del artículo 107, ambos de la legislación de la materia, éste último interpretado en sentido contrario, de ahí que por dicho acto deba sobreseerse en el juicio de amparo. Para sostener lo anterior, se debe tener presente que para efectos del juicio de amparo, un acto de imposible reparación se entiende como aquél que afecta de modo directo e inmediato los derechos fundamentales consagrados en la Constitución y los tratados internacionales. Por otra parte, los actos intraprocesales que no reúnen tales características por sí mismos no afectan a los gobernados, puesto que sus efectos pueden o no manifestarse en el contenido de la sentencia que ponga fin al procedimiento, en cuyo caso podrá interponer los medios de defensa conducentes. Así, los actos procesales que tienen efectos sobre las cosas o las personas, no tienen el carácter de irreparables mientras la afectación no incida directamente en sus derechos sustantivos y exista la posibilidad legal que el afectado obtenga una sentencia favorable a sus pretensiones, ya que en este caso los efectos intraprocesales producidos por aquellas actuaciones desaparecen, esto es, dichos actos únicamente producen efectos de carácter formal o intraprocesal e inciden en las posiciones que van tomando las partes dentro del procedimiento con vistas a obtener un fallo favorable. Ahora en el caso en concreto se tiene que el acto reclamado es la determinación de la responsable de declarar no valido el incidente de nulidad de dato de prueba solicitado, en la etapa de investigación formalizada, en ese sentido como se adelantó se considera que el presente juicio de amparo es improcedente puesto que dicho acto, no constituye uno de imposible reparación, al no trastocar derechos sustantivos de defensa, igualdad procesal y debido proceso, puesto que sus alcances impactan en derechos de índole procesal. Además debe tomarse en consideración que cualquier ilegalidad relacionada con la exclusión de medio de prueba puede enmendarse con posterioridad, pues se puede obtener sentencia favorable a la parte quejosa. Sustenta lo anterior, la jurisprudencia 1a./J. 23/2021 (11a.), emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la undécima Época de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 8, Diciembre de 2021, Tomo II, página 1319, de rubro siguiente: JUICIO DE AMPARO INDIRECTO DERIVADO DE UN PROCESO PENAL ACUSATORIO. POR REGLA GENERAL ES IMPROCEDENTE, EN CONTRA DE LA EXCLUSIÓN DE MEDIOS DE PRUEBA EN LA ETAPA INTERMEDIA DEL PROCESO PENAL ACUSATORIO." Por ende, esta juzgadora considera que el citado acto reclamado, al versar sobre datos de investigación no constituye un acto de imposible reparación, con el que se transgreda en su perjuicio algún derecho fundamental tutelado en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, ya que no se traduce en una infracción de derechos sustantivos, sino en su caso, en una violación de derechos adjetivos, que sólo produce efectos formales o intraprocesales, de modo que el derecho afectado es de naturaleza adjetiva o procesal, de ahí que no exista la afectación material sobre algún derecho sustantivo reconocido en la Constitución o en los Tratados Internacionales, como la libertad, la propiedad, el derecho a la salud, el derecho de tránsito, etcétera. En consecuencia, al actualizarse la causal de improcedencia prevista en la fracción XXIII, del artículo 61, en relación con la fracción V, del artículo 107, ambos de la legislación de la materia, éste último interpretado en sentido contrario, se sobresee el juicio de amparo por el acto precisado en el presente considerando. Toda vez que no se advierte que las partes hubieran opuesto alguna causa de improcedencia diversa y este órgano Jurisdiccional tampoco advierte de oficio alguna de ellas, por consiguiente procede el análisis del acto reclamado. QUINTO. Estudio de constitucionalidad del acto reclamado. Son infundados los conceptos de violación, que formula la parte quejosa y en suplencia de la queja deficiente, no se advierte violación que conduzca a la concesión del amparo, de ahí que deba negarse el amparo solicitado. Ahora bien, en su concepto de violación, la parte quejosa argumenta que en la resolución combatida se vulnera el principio de congruencia y exhaustividad contenido en el artículo 17 Constitucional, pues refiere que la responsable omitió realizar pronunciamiento por lo que respecta a los datos de prueba aportados por la defensa. Como se adelantó, el concepto de violación planteado es ineficaz, en la medida que esta Juzgadora Federal, considera que la autoridad responsable emitió la resolución reclamada con apego a derecho. En principio, se señala que el Agente del Ministerio Público que intervino en el proceso de origen, solicitó señalar fecha para la modificación de la temporalidad de la medida cautelar de prisión preventiva justificada por el término de dos meses bajo las siguientes consideraciones: Que la prisión preventiva justificada se mantuviera hasta que se desahogara la audiencia intermedia. Que las condiciones para solicitar la medida cautelar no habían variado, que contaba con el oficio signado por la Encargada del Departamento de la Unidad de Medidas cautelares y de seis de junio de dos mil veintitrés, informe que establecía que el imputado había sido evaluado y hacía del conocimiento que del análisis de riesgos procesales, al llevar a cabo la entrevista al imputado, manifestó que tenía su domicilio durante quince años, en calle Xicontencatl número cuatro barrio de Jesus Xolalpan, Municipio de San Francisco Tetlanohcan, Tlaxcala, que manifestó que el inmueble era de su propiedad y que de igual manera había referido que era un inmueble prestado por su hermana, de lo que se advertía una incongruencia y que era el mismo domicilio que había proporcionado el imputado en todo el proceso, que no existía documento que respaldara que el domicilio contaba con el número cuatro, que había contradicciones. Que por ello, se advertía que no habían variado las condiciones que originaron la imposición de la medida cautelar de prisión preventiva justificada y por ello solicitaban que la misma continuara hasta la audiencia intermedia. Y que el domicilio que proporcionó el imputado, era el mismo domicilio que se encontraba asegurado en la carpeta de investigación origen de la causa judicial, y que por tanto el mismo no podía ser habitado. La defensa al uso de la voz, refirió que no podía la Juez resolver con base en apreciaciones subjetivas. Que el domicilio era de los padres del representado. Que no quedaba acreditada la falsedad del domicilio que había proporcionado el imputado. Al momento de resolver, la Juez responsable inició haciendo una síntesis de los argumentos vertidos por las partes y a continuación estableció que era procedente la ampliación de la medida cautelar de prisión preventiva justificada bajo la consideración que al realizar la investigación de la Unidad de Medidas Cautelares, no pudieron identificar el domicilio del imputado. Que dicho domicilio proporcionado no podía ser habitado y que no se había establecido un diverso domicilio por parte de la defensa, esto era, cual sería el domicilio en el cual habitaría en el caso de obtener la libertad, asimismo que el informe de la Unidad de Medidas Cautelares arrojó que el inmueble que se refirió no era propiedad del imputado, que no quedaba justificado el arraigo en determinado domicilio y concluyó que del análisis realizado, y con los datos de prueba aportados por los intervinientes, y valorados que fueron los mismos, no eran idóneos y pertinentes para advertir que se habían cambiado las situaciones y modificar, o revocar la medida cautelar impuesta y concluyó que debía continuar la prisión preventiva justificada por todo el tiempo que durara el procedimiento, al haber fenecido la medida cautelar de prisión preventiva justificada de sesenta días y por tanto debía continuar en prisión preventiva justificada. Para asegurar la presencia del imputado en el proceso que se le seguía en su contra. Conforme a lo anterior, se advierte que, en la resolución reclamada si bien la defensa del imputado argumentó que tenía un domicilio en el cual habitaba, el Agente del Ministerio Público refirió que era imposible que habitara dicho domicilio, al encontrarse el mismo asegurado por el Agente del Ministerio Público, en la carpeta de investigación origen de la causa judicial. También se advierte que la Juez del proceso, estimó que no existían elementos para determinar algún domicilio en el cual se advirtiera que quedaba justificado el arraigo del imputado a efecto de habitarlo en caso de obtener libertada, lo que le llevó a concluir que no se podía asegurar la presencia del imputado al proceso instruido en su contra. Dichas consideraciones, se consideran acertadas, en la medida que quien aquí resuelve estima que la misma contiene argumentos jurídicos eficaces para estimar la legalidad de la determinación de que no habían variado las condiciones para modificar la medida cautelar de prisión preventiva justificada al aquí quejoso. Se llega a tal conclusión, pues el numeral 168 del Código Nacional de Procedimientos Penales establece que para resolver si existe peligro de la sustracción del imputado, esto es, si se encuentra o no garantizada la comparecencia del imputado al proceso, el juez debe tomar en cuenta el arraigo en el lugar donde está siendo procesado, lo cual se determina por los siguientes aspectos: Domicilio. Residencia habitual. Asiento de la familia. Facilidad para mantenerse oculto. En la especie, la fiscalía expuso que existe peligro de la sustracción del imputado ahora quejoso al proceso, en razón de que no cuenta con arraigo en esta entidad federativa, con motivo de que el domicilio que proporcionó se encuentra asegurado por el agente del Ministerio Público en una carpeta de investigación. Ante ello la defensa sólo se limitó a decir que el imputado sí cuenta con arraigo, pues el domicilio que proporcionó es el mismo que había proporcionado en todo el proceso y que es el cual habita; sin embargo, como bien lo sostuvo el Juez responsable, si el domicilio se encontraba asegurado por el ministerio Público dentro de la carpeta de investigación era increíble que el mismo fuera a ser aquél en el cual habitaría derivado de la medida de aseguramiento que sobre el inmueble existía y si no se había aportado diverso domicilio en el cual fuera a habitar, se concluía que no habían variado las condiciones para modificar la medida cautelar de prisión preventiva justificada. Además, el juzgador de origen en apoyo a lo anterior valoró que existía ausencia de elementos probatorios para establecer su arraigo, dado que no existía indicativo al respecto y mucho menos que el lugar de su residencia habitual. Como se ve y contrario a lo argumentado por el quejoso en su concepto de violación, en la especie sí existen elementos probatorios que acreditan la obstaculización del proceso por no encontrarse garantizada su presencia. En ese sentido, se concluye que no asiste razón al impetrante cuando aduce que la resolución combatida es falta de congruencia y exhaustividad, pues como ya se ha visto, la autoridad de origen valoró lo expuesto por las partes en el debate celebrado el siete de julio de dos mil veintitrés y conforme a ello resolvió, es decir, con la información proporcionada por los intervinientes, la cual se estima apta para concluir como lo hizo. Por tanto, es correcto lo determinado en la determinación combatida, pues en ella se contienen argumentos jurídicos sólidos y suficientes para sostener la legalidad de la determinación adoptada. En las relatadas circunstancias, al ser infundado el concepto de violación expresado por el promovente del amparo y no advertir deficiencia en la queja que amerite ser suplida, se niega la protección constitucional solicitada. SEXTO. Publicación de sentencia. De conformidad con los Acuerdos Generales 29/2007 y 84/2008 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, captúrese el día de su publicación la presente sentencia, genérese la versión pública, a través del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (S.I.S.E) y agréguese al expediente el acuse de recibo. SÉPTIMO. Expedición de copias. Por otra parte, con apoyo en los artículos 278 y 279 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria conforme al precepto 2° de la Ley de Amparo, sin necesidad de acuerdo posterior, expídase copia certificada de esta sentencia a la parte que acredite estar legitimada para su recepción, previa identificación y razón que por su recibo otorgue en autos, para debida constancia. Por lo expuesto y con fundamento en los artículos 1°, 103, 107 de la constitución federal; 73 y 74 de la Ley de Amparo, y 48 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, se: R E S U E LV E: PRIMERO. Se sobresee en el presente juicio de amparo, promovido por Donaciano Félix Solórzano Zamora por propio derecho, en términos del considerando cuarto de la presente resolución. SEGUNDO. La Justicia de la Unión no ampara ni protege a Donaciano Félix Solórzano Zamora por propio derecho, contra la autoridad y por el acto que fue precisado en el resultando primero, por las razones expuestas en el considerando quinto del presente fallo. TERCERO. Captúrese la presente sentencia, genérese la versión pública y, agréguese el acuse de recibo. CUARTO. Entréguese copia autorizada de esta sentencia a la parte que lo solicite, previo pago y razón que por su recibo se deje en autos. Notifíquese. Así lo resolvió y firma, Karina Juárez Benavides, Titular del Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Tlaxcala, con residencia en Apizaco, Tlaxcala, ante el Licenciado Rolando Cruz Delfín, Secretario de Juzgado que autoriza y da fe.

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