Don Robert Klove
Expediente 236/2016 tramitado ante el Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de Sinaloa. 2 actuaciones registradas, la última del 16 de mayo de 2016.
Datos del expediente
- Expediente
- 236/2016
- Año
- 2016
- Actuaciones
- 2
- Última actuación
- 16/05/2016
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de Sinaloa · Sinaloa
Partes del expediente
- Don Robert Klove
Actuaciones
- Principal
Mazatlán, Sinaloa, dieciséis de mayo de dos mil dieciséis. Vista la certificación que antecede, de la que se advierte que transcurrió el término de cinco días que establece el artículo 98 de la Ley de Amparo vigente, sin que la parte quejosa hubiese interpuesto el recurso correspondiente, en contra del proveído en el que se desechó por improcedente la demanda de amparo. En consecuencia, con fundamento en el artículo 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria, por disposición expresa del artículo 2 de la Ley de Amparo, se declara que el auto de veintiséis de abril de dos mil dieciséis, en el que se desechó la demanda de amparo, HA CAUSADO EJECUTORIA, en virtud de que la parte quejosa no interpuso recurso en contra de dicho proveído que prevé el artículo 97, fracción I, inciso a) de la Ley de la Materia. Por otra parte, advirtiéndose de autos que no existe diligencia pendiente por desahogar; en tal virtud, remítase el presente expediente al archivo definitivo. Asimismo, en cumplimiento a lo dispuesto en el segundo párrafo del punto décimo primero del Acuerdo General conjunto número 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, se ordena: 1.- DESTRUIR el expediente principal, ya que se actualiza la hipótesis de la fracción II del punto vigésimo primero, del citado Acuerdo General Conjunto, al ser un juicio de amparo en el que se desechó la demanda, donde no existen documentos originales exhibidos por las partes y carece de relevancia documental. 2. TRANSFERIR el expediente principal, una vez transcurrido tres años a partir de esta fecha, al Centro de Documentación y Análisis, previa anotación correspondiente en los libros de gobierno, tal y como lo dispone el punto vigésimo quinto del citado Acuerdo normativo. Notifíquese.
- Principal
Mazatlán, Sinaloa, veintiséis de abril de dos mil dieciséis. Se tiene por recibido el escrito aclaratorio de demanda promovida por DON ROBERT KLOVE, mediante el cual en cumplimiento a la prevención de trece de los corrientes, manifiesta que el domicilio donde se llevó a cabo el corte de suministro de energía eléctrica es el ubicado en Sábalo Cerritos número 6000, Villa 90, fraccionamiento Quintas del Mar de esta ciudad. En consecuencia, se tienen por hechas dichas manifestaciones y agréguese a sus autos para los efectos legales correspondientes. Ahora bien, el artículo 113 de la Ley de Amparo prescribe: "Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano" Este precepto autoriza a este juzgado a desechar de plano una demanda de amparo, cuando al examinarla encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia. En relación con ello, diversos Tribunales de la Federación se han pronunciado en el sentido de que lo manifiesto se da, cuando el motivo de improcedencia se advierte en forma patente y clara de la lectura de la demanda; en tanto que lo indudable resulta de que se tenga la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trate es operante en el caso concreto, de tal modo, que aún en el supuesto de que se admitiera la demanda y se substanciara el procedimiento, no resultara factible formarse una convicción diversa, independientemente de los elementos que eventualmente pudieran allegar las partes. En otras palabras, el motivo manifiesto e indudable debe ser claro, sin lugar a dudas, evidente por sí mismo y que surja sin ningún obstáculo a la vista del juzgador y que no pueda ser desvirtuado por ningún medio de prueba durante el juicio. Al respecto el Pleno en Materia Administrativa del Décimo Sexto Circuito, determinó que el corte, así como el aviso recibo del cobro de suministro de energía eléctrica e incluso la clausura del medidor, atribuidos a la Comisión Federal de Electricidad, no conforman actos de autoridad para efectos del juicio de amparo, los cuales son motivo manifiesto e indudable de improcedencia, al respecto se invocan: La jurisprudencia PC.XVI.A J/4K, del Pleno en Materia Administrativa del Décimo Sexto Circuito, visible a página 1338, Tomo II, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, Octubre de 2014, cuyo rubro y texto indican: "COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD. CUANDO EL AMPARO SE PROMUEVE CONTRA LA DETERMINACIÓN Y COBRO DEL SUMINISTRO DE ENERGÍA ELÉCTRICA CONTENIDOS EN EL AVISO RECIBO ATRIBUIDOS A AQUÉLLA, SE ACTUALIZA UNA CAUSA MANIFIESTA E INDUDABLE DE IMPROCEDENCIA DEL JUICIO, QUE OBLIGA AL DESECHAMIENTO DE LA DEMANDA [APLICACIÓN DE LAS JURISPRUDENCIAS 2a./J. 43/2014 (10a.) Y 2a./J. 44/2014 (10a.)]. El artículo 113 de la Ley de Amparo prevé que el juzgador de amparo está facultado para desechar la demanda relativa cuando advierta una causa manifiesta e indudable de improcedencia, entendida como aquella que está plenamente demostrada, toda vez que se ha advertido en forma patente y absolutamente clara de la lectura de la demanda, de los escritos aclaratorios o de los documentos anexos a esas promociones, de manera que aun en el supuesto de admitirse la demanda y sustanciarse el procedimiento, sería imposible arribar a una convicción diversa, independientemente de los elementos que pudieran allegar las partes. Sobre esa base y de acuerdo con las jurisprudencias 2a./J. 43/2014 (10a.) y 2a./J. 44/2014 (10a.), de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicadas en el Semanario Judicial de la Federación del viernes 30 de mayo de 2014 a las 10:40 horas y en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, Libro 6, Tomo II, mayo de 2014, páginas 888 y 890, respectivamente, de rubros: "COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD. EL AVISO RECIBO POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE ENERGÍA ELÉCTRICA, INCLUSIVE CUANDO CONTENGA UNA ADVERTENCIA DE CORTE DEL SERVICIO, NO CONSTITUYE NI ES EQUIPARABLE A UN ACTO DE AUTORIDAD PARA EFECTOS DEL JUICIO DE AMPARO (LEY DE AMPARO VIGENTE A PARTIR DEL 3 DE ABRIL DE 2013)." y "COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD. EL CORTE O LA SUSPENSIÓN DEL SUMINISTRO DE ENERGÍA ELÉCTRICA NO CONSTITUYE NI ES EQUIPARABLE A UN ACTO DE AUTORIDAD PARA EFECTOS DEL JUICIO DE AMPARO (LEY DE AMPARO VIGENTE A PARTIR DEL 3 DE ABRIL DE 2013).", el aviso recibo que contiene la determinación y cobro del suministro de energía eléctrica, e incluso cuando contenga una advertencia del corte de ese servicio, atribuidos a la Comisión Federal de Electricidad, no conforman actos de autoridad para los efectos del juicio de amparo, habida cuenta que la aplicación de dichos criterios jurisprudenciales es obligatoria, en términos del artículo 217 de la ley citada; de modo que resulta suficiente la aplicación de los criterios definidos, sin que se requiera mayor pronunciamiento, para que en el auto inicial del juicio constitucional pueda desecharse la demanda por una causa notoria e indudable de improcedencia, en los supuestos en los que se señalen como actos reclamados aquellos a que se contraen las tesis jurisprudenciales referidas." También es aplicable la jurisprudencia PC.XVI. J/1A, del Pleno del Décimo Sexto Circuito, visible a página 2125, Tomo III, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, Enero de 2014, cuyo rubro y texto indican: "IMPROCEDENCIA NOTORIA Y MANIFIESTA DEL JUICIO DE GARANTÍAS. SE ACTUALIZA AL DEMANDARSE EL AMPARO CONTRA EL CORTE DE SUMINISTRO ELÉCTRICO O LA SUSPENSIÓN Y LOS AVISOS RECIBO QUE EXPIDE LA COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD. El artículo 113 de la Ley de Amparo prevé que el juez federal está facultado para desechar una demanda de amparo cuando advierta un motivo manifiesto e indudable de improcedencia; entendiéndose por éste aquel que está plenamente demostrado, toda vez que se ha advertido en forma patente y absolutamente clara de la lectura de la demanda, de los escritos aclaratorios o de los documentos que se anexan a esas promociones, de manera que aun en el supuesto de admitirse la demanda y sustanciarse el procedimiento, sería imposible arribar a una convicción diversa, independientemente de los elementos que pudieran allegar las partes. Sobre esa base, constituye un motivo manifiesto e indudable de improcedencia la existencia de las jurisprudencias 2a./J. 112/2010 y 2a./J. 113/2010, emitidas por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicadas en las páginas 364 y 365, respectivamente, Tomo XXXII, Agosto de 2010, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, de rubros: "COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD. EL AVISO RECIBO POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE ENERGÍA ELÉCTRICA, INCLUSIVE CUANDO CONTENGA UNA ADVERTENCIA DE CORTE DEL SERVICIO, NO ES UN ACTO DE AUTORIDAD PARA EFECTOS DEL JUICIO DE AMPARO." y "COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD. EL CORTE O SUSPENSIÓN DEL SUMINISTRO DE ENERGÍA ELÉCTRICA NO ES UN ACTO DE AUTORIDAD PARA EFECTOS DEL JUICIO DE AMPARO.", en las que se define que el cobro, aviso, corte de energía e incluso clausura del medidor, atribuidos a la Comisión Federal de Electricidad, no conforman actos de autoridad para los efectos del juicio de amparo, habida cuenta que la aplicación de esos criterios jurisprudenciales es obligatoria en términos de los artículos 215, 216, 217 y Sexto transitorio de la ley de la materia, en tanto que no se oponen a las disposiciones insertas en la Ley de Amparo vigente; de modo que resulta suficiente la aplicación de los criterios definidos, sin que se requiera mayor pronunciamiento para que en el auto inicial del juicio constitucional pueda desecharse la demanda por una causa notoria e indudable de improcedencia, en supuestos en los que se señalen como actos reclamados aquellos a que se contraen la tesis jurisprudenciales de trato." De la demanda de amparo se advierte que los actos reclamados consisten en: "ACTO RECLAMADO. De la Autoridad antes indicada, reclamo. El corte del suministro de energía eléctrica en el domicilio habitacional, sito en Sábalos Cerritos número 6000, Villa 90 del Fraccionamiento Quintas del Mar, con número de servicio 533 070 600 275." Ahora, de la lectura integral de la demanda de amparo y de las constancias se anexaron a la misma, se desprende que lo que efectivamente reclama la parte quejosa a la autoridad responsable, es el corte de energía eléctrica en el domicilio ubicado en Sábalos Cerritos número 6000, Villa 90 del Fraccionamiento Quintas del Mar, de esta ciudad. El artículo 61, fracción XXIII, de la Ley de Amparo, en relación con los diversos 1º, fracción I y 5º, fracción II, del referido cuerpo normativo, los dos últimos aplicados en sentido contrario, en su orden señalan: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley." "Artículo 1o. El juicio de amparo tiene por objeto resolver toda controversia que se suscite: I. Por normas generales, actos u omisiones de autoridad que violen los derechos humanos reconocidos y las garantías otorgadas para su protección por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como por los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte." "Artículo 5o. Son partes en el juicio de amparo: (.) II. La autoridad responsable, teniendo tal carácter, con independencia de su naturaleza formal, la que dicta, ordena, ejecuta o trata de ejecutar el acto que crea, modifica o extingue situaciones jurídicas en forma unilateral y obligatoria; u omita el acto que de realizarse crearía, modificaría o extinguiría dichas situaciones jurídicas. Para los efectos de esta Ley, los particulares tendrán la calidad de autoridad responsable cuando realicen actos equivalentes a los de autoridad, que afecten derechos en los términos de esta fracción, y cuyas funciones estén determinadas por una norma general." De dichos preceptos se desprende que: a) El juicio de amparo es improcedente en los demás casos en que la causa resulte de alguna otra disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos o, en su caso, de la Ley de Amparo vigente. b) El segundo de los numerales establece el objeto del juicio de amparo y, en lo que aquí interesa, refiere que sólo procede contra actos u omisiones de autoridad que violen los derechos humanos reconocidos y las garantías otorgadas para su protección por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como por los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte. c) El último de los preceptos trascritos establece que son partes en el juicio de amparo, entre otras, la autoridad responsable, teniendo tal carácter la que dicta, ordena, ejecuta o trata de ejecutar el acto que crea, modifica o extingue situaciones jurídicas en forma unilateral y obligatoria, u omita el acto que de realizarse crearía, modificaría o extinguiría dichas situaciones jurídicas; además, dispone que los particulares tendrán la calidad de autoridad responsable cuando realicen actos equivalentes a los de autoridad. Aquí, resulta pertinente traer a cita la postura al respecto, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la jurisprudencia 164/2011, visible en la página 1089, Tomo XXXIV, Septiembre de 2011, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, de rubro y texto siguientes: "AUTORIDAD PARA LOS EFECTOS DEL JUICIO DE AMPARO. NOTAS DISTINTIVAS. Las notas que distinguen a una autoridad para efectos del juicio de amparo son las siguientes: a) La existencia de un ente de hecho o de derecho que establece una relación de supra a subordinación con un particular; b) Que esa relación tenga su nacimiento en la ley, lo que dota al ente de una facultad administrativa, cuyo ejercicio es irrenunciable, al ser pública la fuente de esa potestad; c) Que con motivo de esa relación emita actos unilaterales a través de los cuales cree, modifique o extinga por sí o ante sí, situaciones jurídicas que afecten la esfera legal del particular; y, d) Que para emitir esos actos no requiera acudir a los órganos judiciales ni precise del consenso de la voluntad del afectado." De dicho criterio, se advierte que para definir el concepto de autoridad responsable debe atenderse a la distinción de las relaciones jurídicas entre el gobernado y el ente emisor, examinando si la que se somete a la decisión de los órganos jurisdiccionales de amparo se ubica dentro de las denominadas de supra a subordinación, que tiene como presupuesto que dicho ente señalado como autoridad, actúe en un plano superior al particular. En ese sentido, se tiene que las notas que distinguen a una autoridad para los efectos del juicio de amparo, son las siguientes: La existencia de un ente de hecho o de derecho que establece una relación de supra a subordinación con un particular. Que esa relación tenga su nacimiento en la ley, por lo que dota al ente de una facultad administrativa, cuyo ejercicio es irrenunciable, al ser de naturaleza pública la fuente de tal potestad. Que con motivo de esa relación, emite actos unilaterales a través de los cuales crea, modifica o extingue por sí o ante sí, situaciones jurídicas que afectan la esfera legal del particular. Que para emitir esos actos no requiere de acudir a los órganos judiciales, ni precisa del consenso de la voluntad del afectado. En esa tesitura, tenemos que es autoridad para efectos del amparo, aquel ente de derecho o de hecho que de forma unilateral y en un plano de supra a subordinación, dicta, promulga, publica, ordena, ejecuta o trata de ejecutar la ley o el acto reclamado, a través del cual se crean, modifican o extinguen por sí o ante sí, situaciones jurídicas que afectan la esfera legal de los gobernados, sin requerir para ello acudir a los órganos judiciales, ni del consenso de la voluntad del afectado. En el particular, de la lectura integral de la demanda de amparo y de las constancias que adjuntó el promovente, se desprende que lo que efectivamente reclama el impetrante de la Comisión Federal de Electricidad, con sede en esta ciudad, es el corte de suministro de energía eléctrica en el domicilio ubicado en Sábalos Cerritos número 6000, Villa 90 del Fraccionamiento Quintas del Mar de esta ciudad. En tales condiciones, este órgano jurisdiccional, considera que en el caso no se cumple con los requisitos establecidos en los incisos a) y c), antes señalados, ya que dichos actos derivan de un acuerdo de voluntades, donde el prestador del servicio (Comisión Federal de Electricidad) y el usuario (parte quejosa), adquieren derechos y obligaciones recíprocas, de ahí, que la relación entre éstos no corresponde a la de autoridad y gobernado (supra a subordinación), sino a una relación de coordinación entre el organismo mencionado y el particular usuario del servicio. Sin que pueda considerarse que el corte de suministro de energía eléctrica en el domicilio indicado constituyan actos unilaterales susceptibles de crear, modificar o extinguir por sí o ante sí, una situación jurídica que afecte la esfera legal del particular, o que genere que la relación de coordinación se trasforme de supra a subordinación, dado que, virtud a la existencia del contrato celebrado entre las partes involucradas, ello solo es consecuencia del incumplimiento de lo pactado por una de las partes; en la especie, lo que faculta a la parte afectada (Comisión Federal de Electricidad), para, en ejercicio del legítimo derecho de retención de la obligación que genera cualquier relación de voluntades ante el incumplimiento de alguna de las partes, dejar de suministrar el servicio de energía eléctrica. Por tales motivos, es inconcuso que cualquier acto derivado del incumplimiento del contrato celebrado entre la Comisión Federal de Electricidad y el usuario del servicio de energía electricidad, no puede reputarse como de autoridad para efectos del juicio de amparo, pues se trata de actos entre particulares, sobre los que existe un acuerdo de voluntades. En tal supuesto, y toda vez que vez que conformidad con los artículos 1049 y 75, fracciones V y XXV, del Código de Comercio, se advierte que las cuestiones inherentes a los derechos y obligaciones derivados del suministro de energía eléctrica proporcionado por la Comisión Federal de Electricidad a los particulares, son de naturaleza comercial; obligado resulta concluir que las controversias suscitadas entre las partes, derivadas de los derechos y obligaciones generados en el marco del contrato de suministro respectivo o con motivo de éste, deben decidirse en la vía ordinaria mercantil, conforme al numeral 104, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y no a través del juicio constitucional, al no tratarse de actos de autoridad. En ese aspecto la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver el amparo directo 4729/2014 de trece de mayo de dos mil quince, en lo de interés determinó: ".En consecuencia, debe señalarse que el derecho de acceso a la administración de justicia, prevista en el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, sí es observado por el Estado, ya que el hecho de que el juicio contencioso administrativo no sea procedente en el caso concreto no implica que no exista una vía idónea y tribunales competentes ante los cuales el quejoso pueda hacer valer sus derechos y plantear su reclamo, como en la especie lo es la vía ordinaria mercantil, por tratarse en el caso de cuestiones inherentes a los derechos y obligaciones que se derivan del suministro de energía eléctrica a la quejosa, por parte de la Comisión Federal de Electricidad. Así es, de acuerdo a la interpretación armónica de lo previsto en el artículo 1049, en relación con el 75, fracciones V y XXV, ambos del Código de Comercio, en el caso del suministro de energía eléctrica que proporciona la Comisión Federal de Electricidad a los particulares debe entenderse que el mismo es de naturaleza comercial y, en consecuencia, las controversias que se susciten entre las partes derivadas de los derechos y obligaciones que se generan en el marco del contrato de suministro de energía eléctrica o con motivo de éste, deben ventilarse y decidirse en la vía ordinaria mercantil, circunstancia que corrobora el por qué el artículo 14 de la Ley Orgánica del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa no resulta violatorio de lo previsto en el artículo 17 constitucional. Virtud de esta nueva reflexión respecto del tema, anteriormente desarrollado, la actual integración de esta Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, interrumpe el criterio que se contiene en la tesis de rubro: "COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD. LOS CONTRATOS DE SUMINISTRO DE ENERGÍA ELÉCTRICA NO DEBEN CONSIDERARSE COMO CELEBRADOS ENTRE PARTICULARES, SINO COMO VERDADEROS CONTRATOS ADMINISTRATIVOS." En relación a las Jurisprudencias y tesis que invoca el promovente de amparo son inaplicables en virtud de que fueron superadas, además como se precisó son aplicables las citadas con antelación. Consecuentemente, al quedar plenamente demostrada la causa de improcedencia prevista por la fracción XXIII del artículo 61, en relación con los diversos numerales 1°, fracción I, y 5, fracción II, los dos últimos aplicados a contrario sensu, todos de la Ley de Amparo, lo procedente es desechar la demanda por notoriamente improcedente. Por otra parte, vistos los autos, en virtud que mediante oficio SEADS/692/2016, el Secretario Ejecutivo de Adscripción del Consejo de la Judicatura Federal, comunicó que en sesión ordinaria de seis del presente mes y año, determinó la primera adscripción del licenciado José Israel Hernández Tirado, a este Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de Sinaloa, con sede en esta ciudad, a partir del dieciséis de abril del año en curso; en consecuencia, dese vista a las partes con tal circunstancia por el término de tres días a fin de que puedan realizar las manifestaciones que estimen pertinentes, para los efectos a que se refiere el artículo 146 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación. Notifíquese; personalmente.
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