Don Francisco Mendoza Hernández

Expediente 744/2021 tramitado ante el Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de México. 3 actuaciones registradas, la última del 25 de agosto de 2021.

Datos del expediente

Expediente
744/2021
Año
2021
Actuaciones
3
Última actuación
25/08/2021

Partes del expediente

  • Don Francisco Mendoza Hernández

Actuaciones

  1. Principal

    Naucalpan de Juárez, Estado de México, a veinticinco de agosto de dos mil veintiuno. Vista la certificación secretarial de cuenta, se advierte que la parte quejosa no interpuso recurso de queja en el plazo de cinco días a que se refiere el artículo 98 de la Ley de Amparo; en consecuencia, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 356, fracción II, y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicados supletoriamente a la ley de la materia, se declara que el auto de trece de agosto de dos mil veintiuno, por el que se tuvo por no presentada la demanda amparo promovida por Carlos Ricardo Mendoza, por propio derecho, HA CAUSADO ESTADO, para todos los efectos legales correspondientes. Háganse las anotaciones en el Libro de Gobierno respectivo, captúrese en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (S.I.S.E.). Ahora bien, vista la certificación secretarial que antecede y el estado procesal que guardan los presentes autos, de los que se advierte que en el juicio de amparo en que se actúa no existe diligencia ni trámite pendiente que realizar, con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, contrario sensu, se ordena su archivo definitivo; háganse las anotaciones de rigor en el Libro de Gobierno de este juzgado. Por otra parte, en cumplimiento al Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las RODRIGO ALEJANDRO RAMOS GOMEZ 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.01.61.b4 25/01/24 11:18:51 disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, en su capítulo segundo, artículo 6, fracción II; y, capítulo octavo, artículos 18, fracción I, inciso a; 20, fracción II, inciso a), y 21, inciso b), que dicen: "CAPÍTULO SEGUNDO FUNCIONES DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE ARCHIVO Y DOCUMENTACIÓN, ÓRGANOS JURISDICCIONALES Y VISITADURÍA JUDICIAL. Artículo 6. Funciones de los órganos jurisdiccionales. Corresponde a los titulares de los órganos jurisdiccionales: . II. Emitir el acuerdo de desincorporación de los expedientes judiciales motivo de destrucción, en términos de lo dispuesto en los artículos 20 y 21 del presente Acuerdo; ." "CAPÍTULO OCTAVO EXPEDIENTES DEPURABLES EXPEDIENTES DESTRUIBLES Artículo 21. Expedientes destruibles en un plazo de tres años. Cumplido el plazo de conservación, las siguientes series documentales deberán ser destruidas, una vez cumplidos tres años de haberse dictado el acuerdo como asunto concluido, por los órganos jurisdiccionales: a) [.] b) Expedientes en los que se haya dictado una resolución que sin decidir el juicio en lo principal lo den por concluido;" Por tanto, de conformidad con lo previsto en los párrafos que anteceden, SE ESTIMA QUE ESTE EXPEDIENTE ES SUSCEPTIBLE DE DESTRUCCIÓN, pues se trata de un asunto en el que se tuvo por no presentada la demanda de amparo. No se omite precisar que el presente asunto, en términos del artículo 15 del acuerdo de mérito, no es considerado asunto de relevancia documental. RODRIGO ALEJANDRO RAMOS GOMEZ 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.01.61.b4 25/01/24 11:18:51 Notifíquese por lista a las partes, en los términos que al efecto establece el artículo 21, del Acuerdo General 21/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal. Así lo proveyó y firma, René Ramos Pérez, Juez Décimo de Distrito en el Estado de México con residencia en Naucalpan de Juárez, quien actúa con Rodrigo Alejandro Ramos Gómez, Secretario que da fe.

  2. Principal

    Naucalpan de Juárez, Estado de México, a trece de agosto de dos mil veintiuno. Visto el estado procesal de autos y la certificación secretarial que antecede, se advierte que no se recibió escrito alguno por el cual el quejoso ********************", desahogara la prevención formulada en auto de dos de agosto de dos mil veintiuno, siendo que el término de cinco días concedido para tal efecto, ha transcurrido en su totalidad. Asentado lo anterior, se hace efectivo el apercibimiento decretado a la parte quejosa en el aludido proveído de dieciséis de julio de dos mil veintiuno; en consecuencia, con fundamento en el artículo 114, de la Ley de Amparo, este Órgano de Control Constitucional tiene POR NO PRESENTADA, la demanda de amparo promovida por Francisco Valero Cruz, por propio derecho. Notifíquese personalmente por lista a la parte quejosa; en los términos que al efecto establece el artículo 21 del Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal.

  3. Principal

    Naucalpan de Juárez, Estado de México, a dos de agosto de dos mil veintiuno. Vista la demanda de amparo promovida por Carlos Ricardo Mendoza, por propio derecho, contra actos de "Don Francisco Mendoza Hernández"; de conformidad con lo dispuesto en los artículos 3° de la Ley de Amparo y 21 a 26 del Acuerdo General 12/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite del expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo, publicado en el Diario Oficial de la Federación el doce de junio de dos mil veinte, vigente a partir del día siguiente de su publicación, se instruye a los secretarios y demás personal de este Juzgado de Distrito para formar el cuaderno impreso y electrónico del presente asunto, respecto de la demanda de amparo indirecto que quedó registrada con el número 744/2021-VI. Anótese su ingreso en el Libro del Juzgado, y captúrese en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (S.I.S.E.). Por tanto, dichos servidores públicos en el ámbito de las funciones inherentes a su cargo deben digitalizar las constancias de este juicio que se presenten de manera impresa, las cuales deben ser legibles para su consulta por las partes en el expediente electrónico; además, quedan instruidos para imprimir las constancias que se presenten de forma electrónica para incorporarlas al expediente impreso. Ahora, el numeral 114 de la Ley de Amparo establece: "Artículo 114. El órgano jurisdiccional mandará requerir al promovente que aclare la demanda, señalando con precisión en el auto relativo las deficiencias irregularidades u omisiones que deban corregirse, cuando: Hubiere alguna irregularidad en el escrito de demanda; II. Se hubiere omitido alguno de los requisitos que establece el artículo 108 de esta Ley; No se hubiere acompañado, en su caso, el documento que acredite la personalidad o éste resulte insuficiente: IV. No se hubiere expresado con precisión el acto reclamado; y V. No se hubieren exhibido las copias necesarias de la demanda. Si no se subsanan las deficiencias, irregularidades u omisiones de la demanda dentro del plazo de cinco días, se tendrá por no presentada. En caso de falta de copias, se estará a lo dispuesto por el artículo 110 de esta Ley. La falta de exhibición de las copias por el incidente de suspensión, sólo dará lugar a la postergación de su apertura." De lo antes transcrito se desprende que dicho artículo no limita las facultades del Juzgador Federal para exigir la aclaración de la demanda sólo cuando se omiten los requisitos del artículo 108 de la legislación en comento, sino en forma amplia y discrecional permite observar cualquier irregularidad que pudiese obstaculizar el trámite, dado que al promover en la vía indirecta es evidente que no se tienen más datos que los que son proporcionados por la parte que promueve, con lo cual se considera prevenir a la parte quejosa cuando se estime que: Hubiere alguna irregularidad en el escrito de demanda. Si se hubiere omitido alguno de los requisitos que establece el artículo 108 de la ley de la materia, consistentes en: "Artículo 108.- La demanda de amparo indirecto deberá formularse por escrito o por medios electrónicos en los casos que la ley lo autorice, en la que se expresará: El nombre y domicilio del quejoso y del que promueve en su nombre, quien deberá acreditar su representación; El nombre y domicilio del tercero interesado, y si no los conoce, manifestarlo así bajo protesta de decir verdad; La autoridad o autoridades responsables. En caso de que se impugnen normas generales, el quejoso deberá señalar a los titulares de los órganos de Estado a los que la ley encomiende su promulgación. En el caso de las autoridades que hubieren intervenido en el refrendo del decreto promulgado de la ley o en su publicación, el quejoso deberá señalarlas con el carácter de autoridades responsables, únicamente cuando impugne sus actos por vicios propios; IV. La norma general, acto u omisión que de cada autoridad se reclame; Bajo protesta de decir verdad, los hechos o abstenciones que constituyan los antecedentes del acto reclamado o que sirvan de fundamento a los conceptos de violación; Los preceptos que conforme al artículo 1º de esta Ley, contengan los derechos humanos y las garantías cuya violación se reclame; Si el amparo se promueve con fundamento en la fracción II del artículo 1° de esta Ley, deberá precisarse la facultad reservada a los Estados u otorgada al Distrito Federal que haya sido invadida por la autoridad federal; si el amparo se promueve con apoyo en la fracción III de dicho artículo se señalara el precepto de la Constitución General de la República que contenga la facultad de la autoridad federal que haya sido vulnerada o restringida; y, VIII. Los conceptos de violación." No se hubiere acompañado, en su caso, el documento que acredite la personalidad o éste resulte insuficiente. No hubiere expresado con precisión el acto reclamado. No se hubieren exhibido las copias necesarias de la demanda. Precisado lo anterior y con apoyo en lo previsto en el artículo 114 fracción I, en relación con el 108 fracción III, ambos de la Ley de Amparo, se considera necesario requerir a Carlos Ricardo Mendoza, para que dentro del plazo de CINCO DÍAS, siguientes al en que surta efectos la notificación de este proveído, realice lo siguiente bajo protesta de decir verdad: Manifieste si la persona que señala como autoridad responsable Don Francisco Mendoza Hernández, detenta algún cargo público; o si es que éste tiene de facto funciones equivalentes al de alguna autoridad; por ejemplo, el uso de la fuerza pública. Caso en el cual deberá expresar cuál es su cargo, o cuales son las funciones que realiza dicha persona. Datos que resultan necesarios a fin de integrar debidamente la litis constitucional, pues el artículo 1º de la Ley de Amparo, establece que uno de los objetivos del juicio de ampro es resolver toda controversia que se suscite en este caso por actos de una autoridad que viole los derechos humanos reconocidos y las garantías otorgadas para la protección por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; por lo tanto, es indispensable que antes de poder emitir un pronunciamiento sobre la procedencia del juicio de amparo, cuando menos se tenga algún indicio de que el particular de quien se reclama una violación a derechos fundamentales, tiene el carácter de autoridad para efectos del amparo; de otra forma, se desnaturalizaría el juicio de amparo. Deberá indicar el domicilio o algún lugar en donde pueda ser localizada la persona que señala como autoridad responsable. Ello es indispensable a fin de localizar a la persona que se señala como autoridad responsable, y estar en aptitud de integrarla a la relación procesal que en su caso se genere. Deberá precisar el lugar donde pretende ejecutarse el acto reclamado. Lo cual resulta necesario a fin de poder fijar la competencia de este órgano jurisdiccional y evitar futuras nulidades en caso de que se actué sin tener jurisdicción. Se apercibe a la parte promovente del amparo que de no dar cumplimiento a los requerimientos hechos dentro del plazo concedido para tal efecto, se tendrá por no presentada su demanda de amparo, de conformidad con el numeral 114 de la Ley de Amparo. Por otro lado, no pasa desapercibido que el quejoso manifiesta acudir al amparo en términos del artículo 15 de la Ley de Amparo, sin embargo, hasta este momento no puede considerarse que la demanda haya sido interpuesta en contra de alguna autoridad ni de un particular que realice actos equivalentes a los de autoridad, en términos del artículo 5, fracción II, de la propia Ley de Amparo; ya que el quejoso únicamente señaló que "el señor Francisco Mendoza Hernández dijo que me quería matar porque quesque le robe un ganado pero no es cierto". Por lo tanto, no resulta viable emitir un pronunciamiento sobre la procedencia de la suspensión de plano, ya que, como se vio, con la información aportada que hasta este momento procesal, no puede considerarse que el acto reclamado haya sido emitido o tratado de ejecutar por una autoridad, sino por un particular. Máxime que en el presente caso de ninguna manera se está permitiendo que se ejecute sobre el quejoso uno de los actos prohibidos por el artículo 22 constitucional ni el 15 de la Ley de Amparo, ya que el propio Código Penal Federal en su artículo 303, así como todos los códigos penales de las entidades federativas, prohíben que un particular prive de la vida a otro, al tipificar esa conducta como el delito de homicidio e imponerle una pena específica para quien incumpla esa disposición. No obstante, a fin de no dejar al promovente en estado de indefensión y en virtud de que el artículo 222 del Código Nacional de Procedimientos Penales, establece la obligación de las autoridades que en ejercicio de sus funciones públicas tengan conocimiento de la probable existencia de un hecho que la ley señale como delito, a denunciarlo inmediatamente al Ministerio Público, se ordena dar vista al Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito para que para que de considerarlo necesario inicie una investigación independiente, imparcial y meticulosa atendiendo a los hechos que narró el quejoso en su escrito de demanda. Ahora bien, se tiene como domicilio para oír y recibir notificaciones la lista que se fija en los estrados de este órgano jurisdiccional, por así haber sido solicitado el quejoso y no advertiste alguna otra dirección en donde pudiera ser notificado. En otro orden de ideas, en términos del Acuerdo General 21/2020, artículo 22 y cuarto transitorio, se sugiere a la parte quejosa, que de ser posible transiten al esquema de actuación desde el Portal de Servicios en Línea, en donde podrán acceder al micrositio de "servicios jurisdiccionales" en el siguiente enlace: https://www.serviciosenlinea.pjf.gob.mx/ServiciosJurisdiccionales, demás, proporcione un número de teléfono móvil para que se pueda entablar el contacto respectivo en los casos que se estimen necesarios, y así estar en mayor posibilidad de dar la expedites y celeridad para la integración del asunto, como lo prevé el precepto 17, constitucional. De igual modo, se hace del conocimiento de las partes el número telefónico del Secretario encargado del asunto Rodrigo Alejandro Ramos Gómez, a saber 5553870500, extensión 1392, a quien de ser necesario para atención del expediente, se podrá contactar en un horario de nueve a quince horas de lunes a viernes. En diverso aspecto, se hace del conocimiento de las partes que en términos de los artículos 1º, 3º, 68, 113, 117, 118 y demás relativos de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, 70 y 73 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, así como el numeral 47 del Reglamento para la aplicación de la mencionada ley, deberán hacerse públicas las resoluciones y sentencias que causen estado o ejecutoria, pero las partes, en relación a terceros, podrán oponerse a la publicación de sus datos personales. Asimismo, que la información que tiene bajo su resguardo la Suprema Corte de Justicia de la Nación, el Consejo de la Judicatura Federal, Tribunales Colegiados y los Órganos Jurisdiccionales, es pública, con las salvedades expresamente establecidas en la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, quedando regulado el presente asunto por las disposiciones contenidas en la citada ley, publicada en el Diario Oficial de la Federación, el nueve de mayo de dos mil dieciséis; en la inteligencia de que conforme a sus artículos segundo y tercero transitorios, únicamente en cuanto hace a materia de datos personales y archivo, se actuará conforme a la normativa ahora existente, en lo conducente, es decir, de acuerdo a lo establecido en el Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, para la aplicación de la Ley Federal de la Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, así como lo establecido en el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de transparencia, acceso a la información pública, protección de datos personales y archivos, publicado en el Diario Oficial de la Federación, el seis de febrero de dos mil catorce; ello hasta en tanto se emita o actualice la normatividad respectiva. Notifíquese personalmente por lista a la parte quejosa; en los términos que al efecto establece el artículo 21 del Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal; y personalmente por correo electrónico al agente del Ministerio Público adscrito.

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