Domitilo Pérez Urquiza
Expediente 243/2021 tramitado ante el Juzgado Decimotercero de Distrito en el Estado de México. 17 actuaciones registradas, la última del 30 de septiembre de 2021.
Datos del expediente
- Expediente
- 243/2021
- Año
- 2021
- Actuaciones
- 17
- Última actuación
- 30/09/2021
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Decimotercero de Distrito en el Estado de México · Estado de México
Partes del expediente
- Segunda Sala Regional del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de México
- Domitilo Pérez Urquiza
Actuaciones
Las 4 más recientes de 17.
- Principal
Vista la certificación secretarial que antecede, se advierte que transcurrió el término previsto en el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que la quejosa hubiese recurrido la sentencia de treinta de junio de dos mil veintiuno, que sobreseyó el presente juicio de amparo; en consecuencia, con fundamento en los artículos 355 y 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria, conforme lo establece el 2 precepto de la ley de la materia, se declara que dicha resolución ha causado ejecutoria, glósese el original del incidente de suspensión, continuando con él folio del principal, y archívese el asunto como totalmente concluido.
- Principal
Visto el estado procesal que guardan los autos, se advierte no se ha notificado la sentencia dictada el treinta de junio de dos mil veintiuno; en consecuencia, se ordena que la citada resolución se notifique personalmente a la quejosa y por oficio a las autoridades responsables. Para dar complimiento a lo anterior, se transcribe la determinación de treinta de junio del año en curso: "VISTOS, los autos, para resolver el juicio de amparo indirecto número 243/2021-II y su acumulado 244/2021-III, promovido por *********; y, R E S U L T A N D O: PRIMERO. Demandas de amparo. Mediante escritos presentados el veintinueve de marzo de dos mil veintiuno, en el buzón judicial de la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de México, con residencia en Naucalpan de Juárez, que por razón de turno se remitieron a la oficialía de partes de este órgano jurisdiccional, ********, por propio derecho, solicitaron el amparo y protección de la Justicia Federal en contra de las autoridades y por los actos siguientes: AUTORIDADES RESPONSABLES: "AUTORIDAD RESPONSABLE Y ORDENADORA MAGISTRADO PRESIENTE DE LA SEGUNDA SALA REGIONAL DEL TRIBUNAL DE JUSTICIA ADMINISTRATIVA DEL ESTADO DE MÉXICO. AUTORIDAD EJECUTORA TITULAR DE LA DELEGACIÓN FISCAL EN NAUCALPAN, DEPENDIENTE DE LA SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE MÉXICO. ACTOS RECLAMADOS: "Por lo que respecta a la autoridad ordenadora: El acuerdo emitido el once de noviembre del dos mil diecinueve, dictado en el juicio administrativo 513/2015, por el Secretario en funciones de Magistrado de la Segunda Sala Regional Naucalpan del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de México, mediante el cual refiere que resulta procedente hacer efectivo el apercibimiento contenido en el acuerdo de fecha TRECE DE DICIEMBRE DEL AÑO DOS MIL DIECIOCHO, específicamente por lo que hace a lo contemplado en su punto TERCERO del citado acuerdo, lo que se solicita se tenga en todo su contenido por reproducido e insertado en cada uno de sus términos como el aquí lo estuviese en obvio de inútiles repeticiones. De la autoridad responsable ejecutora reclamo la ejecución del aludido acto." SEGUNDO. Trámite de las demandas. Por auto de seis de abril de dos mil veintiuno, los escritos de demanda se registraron con los numero 243/2021 y 244/2021; se ordenó su acumulación; se señaló fecha y hora para la celebración de la audiencia constitucional; se dio la intervención que le corresponde al Agente del Ministerio Público de la Federación; y se pidió a las autoridades responsables su informe justificado, el cual se rindió con ocho días de anticipación en relación con la celebración de la audiencia constitucional, la que previo diferimiento se verificó sin la comparecencia personal de las partes, tal como se asentó en el acta respectiva; y, C O N S I D E R A N D O: PRIMERO. Competencia. Este Juzgado Decimotercero de Distrito en el Estado de México, con residencia en Naucalpan de Juárez, es constitucional y legalmente competente por razón de materia, grado y territorio, para conocer y fallar este juicio de amparo, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 94, 103 y 107 de la Constitución Federal; 33, fracción IV, 35, párrafo primero, 37, párrafo primero, 107 de la Ley de Amparo; y 57 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; en relación con el Acuerdo General 3/2013, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los circuitos en que se divide la República Mexicana; y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito y de los Juzgados de Distrito, pues se promueve contra actos emitidos por una autoridad que radica dentro de la jurisdicción territorial de este órgano de control constitucional. SEGUNDO. Precisión de los actos reclamados. De conformidad con el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, debe precisarse que los actos reclamados en esta vía consisten en el acuerdo emitido el once de noviembre del dos mil diecinueve, dictado en el juicio 513/2015, de la Segunda Sala Regional Naucalpan del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de México, en que se hizo efectivo el apercibimiento contenido en el proveído de trece de diciembre del año dos mil dieciocho, consistente en una multa por el equivalente a cuatrocientas veces el valor diario de la unidad de medida y actualización, así como su ejecución. TERCERO. Certeza de actos. Es cierto el acto reclamado a la Segunda Sala Regional del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de México (promoción 5937), por así haberlo manifestado al rendir su informe justificado. También es cierto el acto reclamado a la Delegación Fiscal dependiente de la Dirección General de Recaudación de la Subsecretaría de Ingresos de la Secretaría de Finanzas del Gobierno del Estado de México (en su denominación correcta), consistente en el cobro de la multa impuesta la parte quejosa, pues aun cuando negó la existencia del acto atribuido, dada su calidad de autoridad ejecutora, en cualquier momento puede recibir la orden de cobro; de ahí que se tenga por cierto el mismo. Al respecto, resulta aplicable la tesis del Tercer Tribunal Colegiado del Segundo Circuito que dice: "ACTO RECLAMADO NEGADO POR AUTORIDADES EJECUTORAS Y ADMITIDO POR LA AUTORIDAD ORDENADORA. DEBE TENERSE POR CIERTO. Si las autoridades ejecutoras en su informe justificado, negaron la existencia del acto reclamado, pero aquellas a quienes se les atribuye haberlo ordenado lo aceptan, indudablemente que las autoridades ejecutoras por razón de jerarquía tienen obligación de darle cumplimiento a tal orden, por lo tanto, debe tenerse como cierto el acto a ellas reclamado". CUARTO. Improcedencia del juicio. Previamente, de conformidad con el artículo 62 de la Ley de Amparo, procede en primer lugar el análisis de las causales de improcedencia por ser de examen preferente y de orden público. En el caso, se actualiza la causa de improcedencia prevista en la fracción XIX del artículo 61, en relación con el diverso 17, ambos de la Ley de Amparo, por las consideraciones siguientes: Los artículos 61, fracción XIV, 17 y 18 de la Ley de Amparo establecen: "Artículo 61. El Juicio de amparo es improcedente: (.) XIV. Contra normas generales o actos consentidos tácitamente, entendiéndose por tales aquellos contra los que no se promueva el juicio de amparo dentro de los plazos previstos". "Artículo 17.- El plazo para presentar la demanda de amparo es de quince días, salvo:" [.] "Artículo 18. Los plazos a que se refiere el artículo anterior se computarán a partir del día siguiente a aquél en que surta efectos, conforme a la ley del acto, la notificación al quejoso del acto o resolución que reclame o a aquél en que haya tenido conocimiento o se ostente sabedor del acto reclamado o de su ejecución, salvo el caso de la fracción I del artículo anterior en el que se computará a partir del día de su entrada en vigor." El artículo señalado en primer lugar establece que el juicio de amparo es improcedente contra actos consentidos tácitamente, entendiéndose por tales aquellos contra los que no se promueva el juicio de amparo dentro de los plazos previstos. Por su parte, el numeral citado en segundo lugar precisa que el término para interposición del juicio de amparo es de quince días. Luego, como puede advertirse, del texto del precepto legal señalado en segundo término el plazo para la presentación de la demanda de amparo, correrá a partir del día siguiente al en que se actualice cualquiera de los tres supuestos siguientes: a) Que haya surtido efectos, conforme a la ley del acto, la notificación al quejoso de la resolución o acuerdo que reclame; b) Que el agraviado haya tenido conocimiento de los actos de autoridad o de su ejecución; o, c) Que el afectado se hubiera ostentado sabedor de los mismos. De la interpretación del artículo 18 de la ley de la materia, se desprende que se hacen las tres distinciones precisadas para el cómputo del término de quince días dentro de los cuales se debe presentar la demanda de amparo; además, los supuestos mencionados, son excluyentes entre sí y no guardan orden de prelación alguno y, por tanto, es claro que la intención del legislador, fue la de establecer que el inicio del cómputo para la promoción del juicio de amparo, fuera a partir del día siguiente al en que se verifique cualquiera de aquellos supuestos; no obstante, no por ello debe soslayarse la idoneidad de cada supuesto y la posición de la quejosa respecto del acto reclamado. En efecto, el legislador tuvo la intención de establecer que el inicio del cómputo para interponer la demanda de amparo, fuera a partir del día siguiente al en que se verifique cualquiera de esas hipótesis, por lo que no cabe duda que el legislador distinguió entre un supuesto y otro, porque de lo contrario habría bastado con que señalara que el término empezaría a contar a partir del día siguiente al en que la parte quejosa se enterara, por cualquier medio, del acto reclamado. Esto es, tomando en cuenta la idoneidad de los medios por los cuales los gobernados tienen conocimiento y su posición respecto de los actos reclamados, no deben aplicarse invariablemente para empezar a contar a partir del día siguiente, cualquiera de las tres hipótesis, pues de lo contrario, si el legislador no hubiera querido hacer tal distinción, habría bastado con que señalara que el término empezaría a contar a partir del día siguiente al en que el inconforme se enterara, por cualquier medio, del acto reclamado. Por tanto, como se establecen tres distintas hipótesis, siempre debe tomarse en consideración, para estimar a partir de cuándo empieza a correr el término para la presentación de la demanda de amparo, la posición de la quejosa respecto del acto que reclame, toda vez que puede darse el caso de que se actualice la notificación, el conocimiento o la confesión, para que la parte agraviada se haga sabedora del acto reprochado, por lo que el problema se presenta cuando la notificación del acto reclamado a la parte quejosa o el conocimiento que ésta tenga de aquél, son dos medios indistintos que sirven de punto de partida para el cómputo respectivo, que obviamente deben ser idóneos para cada caso determinado, porque no es lo mismo la notificación de un acto que el tener conocimiento de él, en virtud de que aquélla es una actuación procesal que requiere formalidades y produce el conocimiento del acto, mientras que el propio conocimiento, no siempre proviene de una notificación, por lo que se está en casos diversos, pues al establecerse la notificación, la ley se refiere a los procedimientos en que existe ese medio legal de dar a conocer determinada resolución, así como a las personas que siendo partes en tales procedimientos pueden ser notificadas. En cambio, el conocimiento de la resolución, se refiere a los diversos procedimientos en donde no se establece la notificación, así como a las personas que no hayan sido partes en un procedimiento contencioso, porque aun cuando lo previera la ley, al no haber sido partes, por esa sola circunstancia, no podrían ser notificadas. De acuerdo con lo anterior, la notificación del acto reclamado al quejoso y el conocimiento que de él tenga no son dos medios indistintos, que sirven de punto de partida para la presentación del amparo, pues no son idóneos ambos para todos los casos ni válidos para la misma situación. En ese orden de ideas, el tercer supuesto del numeral transcrito, entraña una confesión de la existencia y conocimiento de un acto que transgrede derechos públicos subjetivos del gobernado. Por lo que el juicio de garantías es improcedente contra actos consentidos tácitamente, lo que ocurre cuando una vez que el gobernado tiene conocimiento del acto reclamado, ya sea por comunicación oficial o cuando se hace sabedor de los actos reclamados y no se promueve el juicio de amparo en su contra dentro del término de quince días a que se refiere el artículo 17 de la Ley de Amparo; éstos contados desde el día siguiente al que haya tenido conocimiento del acto que reclame; al en que haya tenido conocimiento de ellos o de su ejecución, o al en que se hubiese ostentado sabedora de los mismos. Ahora, de las constancias que remitieron las autoridades responsables, a las cuales se les concede valor probatorio pleno, de conformidad con los artículos 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, se desprende que en el auto de once de noviembre de dos mil diecinueve se hizo efectivo el apercibimiento formulado en prevído de trece de diciembre de dos mil dieciocho, y se requirió el cumplimiento de la sentencia ejecutoriada a las autoridades demandadas, con los apercibimientos correspondientes. Asimismo, se observa que el auto de once de noviembre de dos mil diecinueve se notificó al Secretario de Administración y al Director de Recursos Humanos, ambos del Ayuntamiento Constitucional de Naucalpan de Juárez, Estado de México, y demás autoridades responsables, mediante los oficios número TJA-2-SR-6097/2019 y TJA-2-SR-6098/2019 con sello de recepción de veintiséis de noviembre de dos mil diecinueve. En ese contexto, de las demandas de amparo presentadas del presente juicio de garantías, presentadas en el buzón judicial de la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de México, con residencia en Naucalpan, el veintinueve de marzo de dos mil veintiuno, resultan extemporáneas, habida cuenta que el auto reclamado se notificó a los promoventes desde el veintiséis de noviembre de dos mil diecinueve. En esas condiciones, es válido afirmar que el término a que alude el artículo 17 de la Ley de Amparo, de quince días transcurrió en exceso, lo que evidencia que en la especie se actualiza la causal de improcedencia prevista por la fracción XIV del artículo 61, en relación con el diverso artículo 17 de la Ley de Amparo. Es aplicable al respecto la tesis sustentada por el Primer Tribunal Colegiado del Segundo Circuito, que a la letra dice: "ACTOS CONSENTIDOS, AMPARO IMPROCEDENTE CONTRA LOS. Promovida la demanda de garantías fuera del término establecido en el artículo 21 de la Ley de Amparo, implica consentimiento del acto reclamado, por lo cual aquélla resulta improcedente, conforme a la fracción XII del artículo 73, en relación con el 145 de la ley en cita". Así como la diversa, sustentada por Tercer Tribunal Colegiado del Cuarto Circuito, que dice: "DEMANDA DE GARANTÍAS. EXTEMPORANEIDAD DE LA. Es correcto el actuar del juez de Distrito al dar el trámite correspondiente a una demanda de garantías, y que al momento de dictar su resolución constitucional sobresea en el juicio de garantías al actualizarse la causal de improcedencia contenida en la fracción XII, del artículo 73 de la Ley de Amparo, en virtud de que al rendir el informe justificado la autoridad responsable acompañó las constancias que estimó pertinentes y el juez de amparo advirtió que la demanda de garantías era extemporánea pues de las referidas constancias se desprendía la extemporaneidad de la misma, además de que el juez federal con la sola presentación de la demanda no podía advertir esa circunstancia, pues en ella la parte quejosa expresó que en determinada fecha se enteró del acto de molestia, por lo cual en ese momento el juez no estaba en aptitud de advertir la extemporaneidad de la demanda." Consecuentemente, al actualizarse la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XIV, en relación con el diverso 17 de la Ley de Amparo, lo que procede es sobreseer en el juicio, con apoyo en la fracción V, del artículo 63 de la Ley citada. El sobreseimiento se hace extensivo respecto de la autoridad ejecutora, dado que sus actos se reclamaron en vía de consecuencia y no por vicios propios. Lo anterior encuentra apoyo en la jurisprudencia VI. 2o. J/7, sustentada por el Segundo Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, visible en la página seiscientos noventa, Tomo II, Segunda Parte-2, julio a diciembre de mil novecientos ochenta y ocho, del Semanario Judicial de la Federación, que indica: "SOBRESEIMIENTO RESPECTO DE LOS ACTOS DE LAS AUTORIDADES ORDENADORAS. PROCEDE PARA LOS DE LAS EJECUTORAS CUANDO LA EJECUCIÓN NO SE COMBATE POR VICIOS PROPIOS. Decretado el sobreseimiento por lo que respecta a los actos dictados por las autoridades responsables ordenadoras, debe también decretarse respecto a los de las autoridades que sean o tengan carácter de ejecutoras, porque debiendo sobreseerse por aquellos, es indiscutible que no puede examinarse la constitucionalidad o inconstitucionalidad de los procedimientos de ejecución, si éstos no se combaten por vicios propios." Por lo expuesto y fundado, con apoyo además en los artículos 61, 61 y 63 de la Ley de Amparo; se: R E S U E L V E: ÚNICO. Se SOBRESEE en el presente juicio de amparo.
- Principal
Agréguese a los autos el oficio de cuenta signado por el Secretario Décimo de Distrito en el Estado de México, con residencia en esta ciudad, por medio del cual remite transcripción del proveído dictado el veinticuatro de junio de dos mil veintiuno, en los autos del juicio de amparo 286/2021-V, de su índice, al que se adjuntó copia certificada del juicio administrativo 513/2015, de la estadística de la Segunda Sala Regional de Naucalpan del Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Estado de México. Lo anterior, toda vez que el homólogo federal consideró que el acto reclamado impugnado por el quejoso en ese sumario, guarda relación con el juicio de amparo 243/2021-II y su acumulado 244/2021-III, de esta estadística, de manera que al existir un conocimiento previo, se actualiza el supuesto a que aluden los artículos 45, fracción II, y 46, fracción II, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales reformado por acuerdo publicado en el Diario Oficial de la Federación, el catorce de marzo de dos mil dieciséis y vigente a partir de ese mismo día. En esas condiciones, acúsese el recibo de estilo, hágase de su conocimiento que este órgano constitucional se avoca al conocimiento del asunto y, remítanse los autos del juicio de amparo 286/2021-V, del índice del Juzgado declinante, con residencia en esta Ciudad, así como su anexo, a la Oficina de Correspondencia Común los Juzgados de Distrito en el Estado de México, con residencia en Naucalpan de Juárez, para que por su conducto sea turnado a este Juzgado Decimotercero de Distrito en el Estado de México, con residencia en la misma Ciudad, y realice la compensación correspondiente, de tal manera que se logre una distribución equilibrada de las cargas de trabajo, entre los órganos jurisdiccionales federales; eso, de conformidad con lo dispuesto en el penúltimo párrafo del numeral 46 del Acuerdo General citado en líneas que anteceden. Por último, una vez que se dicte la sentencia en el juicio de amparo en que se actúa, sin ulterior proveído agréguese el presente cuadernillo al expediente principal.
- Principal
Se celebra la audiencia Constitucional...
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