Domitilo Lopez Mendoza

Expediente 50/2012 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Tabasco. 19 actuaciones registradas, la última del 6 de noviembre de 2017.

Datos del expediente

Expediente
50/2012
Año
2012
Actuaciones
19
Última actuación
06/11/2017

Partes del expediente

  • Domitilo Lopez Mendoza
  • JUNTA ESPECIAL No. 3 DE LOCAL DE CONCILAICION Y ARBITRAJE EN TABASCO

Actuaciones

Las 4 más recientes de 19.

  1. Principal

    Villahermosa, Tabasco, seis de noviembre de dos mil diecisiete. Vistas las constancias del sumario, de cuyo contenido se advierte lo siguiente: El seis de enero de dos mil doce, se promovió el juicio de amparo en que se actúa. El veintiuno de mayo de dos mil doce, se emitió la sentencia definitiva en la que se concedió el amparo a la parte quejosa para el siguiente efecto: "En ese orden de ideas, y ante lo fundado del concepto de violación vertido por la parte quejosa, resulta procedente conceder el amparo y protección de la Justicia Federal, para efecto de que el Tribunal obrero responsable desahogue la totalidad de las pruebas admitidas a las partes y remita las constancias que lo acrediten y continúe con el auto o diligencia que procesal o cronológicamente sea la próxima a realizarse, con la finalidad de que a través de ella se reactive el proceso y se continúe con las etapas procedimentales correspondientes, hasta el dictado del laudo sin necesidad de mediar petición expresa de las partes para ello, restituyendo así al impetrante de garantías en el goce de la garantía tutelada por el artículo 17 Constitucional". Posteriormente, en proveído de tres de agosto de dos mil doce, causó ejecutoria la aludida sentencia, por lo que se requirió el cumplimiento de la sentencia amparadora. El quince de diciembre de dos mil dieciséis, se emitió el último auto de requerimiento para el cumplimiento de la ejecutoria de amparo. Así las cosas, al caso es aplicable la Ley de Amparo Abrogada en términos del artículo tercero transitorio de la nueva legislación de la materia, atento a que la sentencia causó ejecutoria el tres de agosto de dos mil doce. Por su contenido es aplicable al caso, la Jurisprudencia 2a./J. 91/2013 (10a.), visible en la página 623, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta Libro XXI, Junio de 2013, Tomo 1, Décima Época, Materia Común, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro y texto siguiente: "CUMPLIMIENTO Y EJECUCIÓN DE SENTENCIAS DE AMPARO. LAS DISPOSICIONES RELATIVAS QUE PREVÉ LA LEY REGLAMENTARIA DE LOS ARTÍCULOS 103 Y 107 CONSTITUCIONALES, PUBLICADA EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN EL 2 DE ABRIL DE 2013, SON APLICABLES A LOS JUICIOS INICIADOS ANTES DE SU ENTRADA EN VIGOR, CUANDO LA SENTENCIA RESPECTIVA CAUSE ESTADO CON POSTERIORIDAD A ESA FECHA. En el artículo tercero transitorio del citado ordenamiento legal, el legislador estableció que los juicios de amparo iniciados con anterioridad a su entrada en vigor continuarían tramitándose hasta su resolución final conforme a las disposiciones vigentes a su inicio, haciendo dos salvedades. Una por lo que se refiere al sobreseimiento por inactividad procesal y la caducidad de la instancia y, otra en lo concerniente al cumplimiento y ejecución de las sentencias de amparo. En relación con esta última excepción debe tenerse en cuenta, por un lado, la situación procesal en la que se ubicaron las partes cuando la sentencia concesoria causó estado antes del 3 de abril de 2013, supuesto que al actualizarse da lugar al inicio del respectivo procedimiento de ejecución, en términos de lo previsto en el artículo 192 de la Ley de Amparo y, por ende, la consecuencia de que dicho procedimiento se haya sujetado a lo dispuesto en la legislación de amparo vigente en aquel momento y, por otro lado, que tanto ese procedimiento como los medios de defensa que se regulan en la anterior legislación de amparo y en la ley vigente son sustancialmente distintos. Por tanto, las disposiciones relativas al cumplimiento y ejecución de las sentencias de amparo que prevé la ley reglamentaria de los artículos 103 y 107 constitucionales, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 2 de abril de 2013 son aplicables a los juicios iniciados con anterioridad a su entrada en vigor, siempre y cuando la sentencia relativa haya causado estado con posterioridad a esa fecha, esto es, a partir del 3 de abril de 2013, toda vez que los aspectos definidos en los procedimientos de ejecución que se iniciaron antes de esa fecha, no se pueden dejar sin efectos en virtud de una norma transitoria para ordenar la substanciación de un procedimiento distinto que, además de no encontrarse vigente en la época en que causaron ejecutoria las sentencias de amparo respectivas podría, en ciertos casos, alterar sustancialmente la situación procesal en la que se ubicaron las partes, desconociendo sin justificación alguna decisiones firmes dictadas en su oportunidad conforme a las disposiciones aplicables y constitucionalmente válidas." Ahora bien, el artículo 113 de la Ley de Amparo Abrogada, establecía: ".No podrá archivarse ningún juicio de amparo sin que quede enteramente cumplida la sentencia en que se haya concedido al agraviado la protección constitucional o apareciere que ya no hay materia para la ejecución. El Ministerio Público cuidará del cumplimiento de esta disposición. Los procedimientos tendientes al cumplimiento de las sentencias de amparo caducarán por inactividad procesal o la falta de promoción de parte interesada durante el término de trescientos días, incluidos los inhábiles. En estos casos el juez o tribunal, de oficio o a petición de parte, resolverá sobre la caducidad y ordenará que la resolución que la declare se notifique a las partes. Sólo los actos y promociones que revelen un interés del recurrente por la prosecución del procedimiento interrumpen el término de caducidad." -lo subrayado es propio- En ese sentido, toda vez que el quince de diciembre de dos mil dieciséis, se emitió el último requerimiento de cumplimiento de la sentencia de amparo, a la fecha ha transcurrido en exceso los trescientos días hábiles (poco más de diez meses), a que se refiere el artículo transcrito, pues desde el inicio del plazo ahí establecido, a la fecha han transcurrido poco más de diez meses. Sin que este Juzgado de Distrito haya emitido requerimiento alguno para que se cumpliera dicha sentencia, ni la parte quejosa ha realizado promoción alguna en ese sentido; por tanto, es evidente la inactividad procesal en el procedimiento tendente al cumplimiento de la sentencia amparadora, de ahí que proceda su caducidad en términos del aludido artículo 113 de la Ley de Amparo Abrogada. Tiene exacta aplicación al caso, la Jurisprudencia P./J. 104/2009, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 5, Tomo XXX, Agosto de 2009, Materia Común, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época , Registro 166727, de rubro y texto siguiente: "CADUCIDAD DE LOS PROCEDIMIENTOS TENDENTES AL CUMPLIMIENTO DE LAS SENTENCIAS DE AMPARO. PARA QUE OPERE DEBE ACTUALIZARSE LA INACTIVIDAD PROCESAL Y LA FALTA DE PROMOCIÓN DE PARTE INTERESADA. Del proceso legislativo que dio origen a la reforma del artículo 107, fracción XVI, de la Constitución General de la República, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 31 de diciembre de 1994, se advierte que la introducción de la caducidad de los procedimientos tendentes al cumplimiento de las sentencias de amparo tuvo como finalidad otorgar seguridad jurídica; sin embargo, lo limitó a que las reformas legales observaran en todo momento lo establecido en la caducidad de la instancia en el juicio de amparo. Por tanto, la adición del segundo párrafo al artículo 113 de la Ley de Amparo, publicada en el indicado medio de difusión el 17 de mayo de 2001, que introdujo la figura de la caducidad de los procedimientos tendentes al cumplimiento de las sentencias de amparo, debe interpretarse en forma sistemática con la caducidad de la instancia prevista en el artículo 74, fracción V, de dicha Ley, en el sentido de que para decretarla en dichos procedimientos se requiere la concurrencia, en forma necesaria e indefectible, de la falta tanto de promoción de la parte interesada como de actividad procesal; es decir, se requiere la actualización de ambos requisitos, coincidentes en el lapso de trescientos días, incluidos los inhábiles. Lo anterior es acorde con el sistema jurídico en donde se encuentra inmersa la caducidad, el cual privilegia el orden público del cumplimiento de las sentencias de amparo frente al incumplimiento de la autoridad responsable, máxime que el juzgador de amparo tiene la obligación de no archivar el expediente relativo sin que quede enteramente cumplida la sentencia que declaró la ruptura del orden constitucional. Sostener lo contrario resultaría ilógico, pues se llegaría al absurdo de que en el supuesto de que el órgano jurisdiccional de amparo requiriera oficiosamente (sin petición del quejoso) el cumplimiento de la sentencia de amparo y después de transcurridos doscientos noventa y nueve días la autoridad responsable cumpliera con dicha sentencia, entonces tendría que dar vista al quejoso con dicho cumplimiento para que manifestara lo que a su derecho conviniera; sin embargo, al día siguiente de la vista aquel juzgador tendría la obligación de decretar la caducidad del procedimiento de ejecución de sentencia, independientemente de su deber de pronunciarse respecto del cumplimiento realizado por la responsable y de que el quejoso, a partir de que le notificaran el cumplimiento, tuviera el plazo de un año para promover el recurso de queja; supuesto en el cual se rompería con el sistema jurídico creando mayor inseguridad jurídica, pues la resolución de caducidad podría ser anulada por la interposición del recurso de queja por defecto o exceso en el cumplimiento.". SE ORDENA EL ARCHIVO DEFINITIVO Ahora bien, toda vez que se trata de un asunto totalmente concluido y que no existe acuerdo pendiente por dictar, se ordena el archivo definitivo del mismo, previa realización de las anotaciones correspondientes en el Libro de Gobierno de este Juzgado y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). En cumplimiento al Acuerdo General Conjunto 1/2009, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la Transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, así como al Manual para la Organización de los Archivos Judiciales Resguardados por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en vigor, se establece: El juicio principal es depurable, dado que en el mismo se concedió el amparo y protección de la justicia federal. Por lo que, previo transcurso del plazo de cinco años procédase a su depuración. El presente expediente carece de relevancia documental. Una vez transcurrido el plazo de tres años remítase este expediente, al Centro Archivístico Judicial de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. En la carátula del expediente anótese la circunstancia de que el cuaderno principal es depurable y la fecha en que se ordena su archivo. Háganse las anotaciones en el Libro de Registro de Juicios de Amparo de este Juzgado, y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes; de igual modo, hágase del conocimiento de las partes para los efectos legales procedentes. TRANSPARENCIA De conformidad con los artículos 6, inciso A, fracciones I, II y III de la carta Magna, 1, 20 y 21 de la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados, 68, 113 y 118 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, hágase del conocimiento de las partes que tienen expedito su derecho para oponerse a la publicación de sus datos personales (los cuales serán resguardados); ello, amén de que, cuando se presente una solicitud de acceso a alguna de las resoluciones o a las pruebas y demás constancias que obren en el expediente respectivo, la unidad administrativa que lo tenga bajo su resguardo determine si tal oposición puede o no surtir sus efectos, tomando en cuenta para ello si la resolución solicitada, las pruebas o demás constancias contiene información considerada como reservada o confidencial. Además, conforme lo dispuesto en los artículos 1° fracción VI, 54, 55, 56, 57 y 65 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de transparencia, acceso a la información pública, protección de datos personales y archivos, se ordena a la Secretaria de este Juzgado encargada del trámite del expediente, que elabore la versión pública del mismo, siguiendo los lineamientos que al efecto establecen los ordenamientos citados, con la subsecuente captura en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). DIGITALIZACIÓN DEL EXPEDIENTE Asimismo, atento a lo establecido en los artículos 3° y Décimo Primero Transitorio, ambos de la Ley de Amparo, procédase en su momento a la digitalización del expediente electrónico. Notifíquese personalmente y por oficio a las autoridades responsables. Así lo acordó y firma Edgar Salvador Vargas Valle, Juez Primero de Distrito en el Estado de Tabasco, quien actúa en compañía de la licenciada Herminia de los Ángeles Bobadilla Bolívar, que autoriza y da fe.

  2. Principal

    POR RECIBIDO EL OFICIO DEL PRESIDENTE DE LA JUNTA ESPECIAL NUMERO TRES DE LA LOCAL DE CONCILIACION Y ARBITRAJE DEL ESTADO, CON RESIDENCIA EN ESTA CIUDAD. COMO LO SOLICITA SE LE CONCEDE EL TERMINO DE DIEZ DIAS PARA QUE REMITA LAS CONSTANCIAS CON LAS QUE ACREDITE EL CUMPLIMIENTO A LA EJEUTORIA DE AMPARO DICTADA EN AUTOS

  3. Principal

    SE REQUIERE CUMPLIMIENTO A LA AUTORIDAD RESPONSABLE... SE APERCIBE CON MULTA...

  4. Principal

    SE REQUIERE CUMPLIMIENTO A LA AUTORIDAD RESPONSABLE...

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