Domitilo García Robles

Expediente 367/2020 tramitado ante el Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de San Luis Potosí. 3 actuaciones registradas, la última del 2 de diciembre de 2020.

Datos del expediente

Expediente
367/2020
Año
2020
Actuaciones
3
Última actuación
02/12/2020

Partes del expediente

  • Domitilo García Robles
  • Graciela García Robles

Actuaciones

  1. Principal

    Ciudad Valles, San Luis Potosí, dos de diciembre de dos mil veinte. Visto el estado que guardan los presentes autos, así como la certificación que antecede, se advierte que el auto de seis de noviembre del presente año, que desechó la demanda promovida por *** en representación de **** , no fue recurrido dentro del término de cinco días, previsto en el numeral 98 de la Ley de Amparo; por tanto, con fundamento en el artículo 356 fracción II del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo, se declara que HA CAUSADO ESTADO. Con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, archívese en el presente juicio como asunto totalmente concluido, el cual NO ES DE RELEVANCIA DOCUMENTAL, dado que no se encuentra en ninguno de los supuestos previstos por el Artículo 15 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte. Por otra parte, en cumplimiento al Artículo 21 inciso d), del acuerdo en cita, el presente expediente es SUSCEPTIBLE DE DESTRUCCIÓN, una vez que transcurran tres años, contados a partir de que se ordenó su archivo, puesto que se determinó desechar la demanda de amparo; en ese orden de ideas, una vez cumplido dicho término, dentro de los treinta días siguientes, deberá ser destruido. Háganse las anotaciones correspondientes en la carátula de este expediente. Notifíquese.

  2. Principal

    Ciudad Valles, San Luis Potosí, seis de noviembre de dos mil veinte. Demanda de amparo. Téngase por recibido el oficio y anexos de cuenta, signado por el Secretario del Juzgado Décimo de Distrito de Amparo en Materia Penal en la Ciudad de México, por el cual remite el juicio de amparo 532/2020 de su índice, promovido por Domitilo García Robles en representación de Graciela García Robles, en contra de actos del Fiscal General del Estado de San Luis Potosí y otras autoridades, que considera violatorios en su perjuicio de los derechos fundamentales contenidos en los artículos 1° y 4° de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, toda vez que en acuerdo de veintiuno de octubre de dos mil veinte, dicho juzgado federal declaró que carecía de competencia legal por razón de territorio para conocer de ese asunto y declinó su conocimiento a favor de los Juzgados de Distrito en el Estado de San Luis Potosí, con residencia en esta ciudad, lo que por razón de turno, le correspondió conocer a este juzgado de distrito. Atento a lo anterior, con fundamento en el artículo 37 de la Ley de Amparo, este órgano jurisdiccional acepta la competencia y se avoca al conocimiento de la demanda promovida por Domitilo García Robles en representación de Graciela García Robles; por tanto, Acúsese recibo vía Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes Registro. Atento a lo anterior, se ordena formar y registrar los expedientes impreso y electrónico en el libro de gobierno de este juzgado, así como en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes respectivamente, bajo el número 367/2020. Digitalización. Asimismo, procédase a la digitalización de las constancias atinentes para la integración del expediente electrónico en el sistema electrónico del Poder Judicial de la Federación, en el entendido de que aquellas que por su voluminosidad, protección a la integridad del documento, o protección a datos personales no puedan ni deban digitalizarse, quedan a disposición de las partes en el expediente impreso en la secretaría de este juzgado. En la inteligencia de que el expediente electrónico estará a disposición de las partes, tan pronto como las mismas cumplan con los requisitos que para tal efecto establece el Acuerdo General Conjunto número 1/2015, de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, en relación con el diverso 1/2013, de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y del Consejo de la Judicatura Federal. Desechamiento de demanda. Ahora bien, a efecto de proveer respecto de la admisión de la demanda, es necesario tener en consideración lo dispuesto por el artículo 113 de la Ley de Amparo que dispone: "Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano." De la porción normativa transcrita, se desprende que el órgano de control constitucional tiene la insoslayable obligación de examinar la demanda de amparo para que en caso de que encuentre un motivo manifiesto e indudable de improcedencia, la deseche de plano. Al respecto, resulta aplicable la jurisprudencia número 747, sustentada por el Segundo Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, consultable en la página 503, Tomo VI, Apéndice 1995-2000, con número de registro 394703, cuyo rubro dice: "DEMANDA DE AMPARO, DESECHAMIENTO DE LA. ALCANCE DE LA EXPRESIÓN "MOTIVO MANIFIESTO E INDUDABLE DE IMPROCEDENCIA". El artículo 145 de la Ley de Amparo, autoriza al juez de Distrito a desechar de plano una demanda de garantías, cuando exista un motivo manifiesto e indudable de improcedencia; siendo lo manifiesto cuando se da un motivo que se advierta en forma clara, patente, evidente de la lectura de la demanda de garantías, de los escritos aclaratorios y de los documentos que se acompañen, y lo indudable, resulta que se tenga certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trate sea operante en el caso concreto, es decir, inobjetable, de tal suerte que aun cuando se admitiera la demanda y se substanciara el procedimiento, no resultara factible formarse un criterio diverso, independientemente de los elementos que pudieran allegar las partes; de ahí que, si invocan razones que pueden ser materia de debate, ya no se está en presencia del caso previsto por el referido precepto y no puede desecharse por improcedente la demanda de amparo." Esencialmente, el citado criterio jurisprudencial interpreta que para el desechamiento de plano de una demanda de amparo, es necesario que se encuentre un motivo de improcedencia del juicio constitucional; además, que este motivo como cita sea manifiesto, es decir, cuando se advierta, en forma patente y absolutamente clara de la lectura del libelo y, finalmente, que también sea indudable, lo cual resulta de la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trata es operante en el caso concreto. Asimismo, la improcedencia en el amparo es una institución jurídica procesal en la que al presentarse determinadas circunstancias previstas en la constitución federal, en la Ley de Amparo o en la jurisprudencia, el órgano jurisdiccional se encuentra imposibilitado jurídicamente para analizar y resolver de fondo la cuestión planteada. La improcedencia es de orden público y debe decretarse de oficio por tratarse de un asunto preferente, lo aleguen o no las partes, y da como resultado el sobreseimiento en el juicio o el desechamiento de la demanda, según sea el caso específico. Por tanto, un motivo de improcedencia manifiesto e indudable es aquel que está plenamente acreditado y no requiere mayor demostración, toda vez que se ha advertido en forma absoluta y patentemente clara de la lectura del escrito de demanda; además, da la certeza y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trata, es operante al caso concreto, de tal modo que aun en el supuesto de admitirse la demanda de amparo y sustanciarse el procedimiento, no sería posible arribar a una convicción diversa, con independencia de los elementos que pudieran allegar las partes, y considerarla probada sin lugar a dudas, ya sea porque los hechos en que se apoya hayan sido manifestados claramente por el promovente o en virtud de que estén acreditados con elementos de juicio indubitables, de manera que los informes justificados que rindan las autoridades responsables, los alegatos y las pruebas que se hagan valer en el procedimiento, no sean necesarios para configurar dicha improcedencia ni tampoco puedan desvirtuar su contenido. Sentado lo anterior se tiene que, respecto de los actos que aquí reclama el promovente de amparo consisten en: "1. La omisión que subsiste hasta el momento, en el ámbito de sus respectivas competencias, de ordenar, adoptar y establecer las medias idóneas y suficientes para salvaguardar la integridad física y preservar la vida de la parte quejosa, ante las agresiones que recibe. 2. La omisión que subsiste hasta el momento, en el ámbito de sus respectivas competencias, para conminar a la agresora a abstenerse de hostigar, intimidar, amenazar, dañar o poner en peligro la vida de la parte quejosa. 3. La omisión que subsiste hasta el momento, en el ámbito de sus respectivas competencias, de continuar con las investigaciones de la posible comisión de hechos delictivos de la que es víctima la parte quejosa. 4. La omisión que subsiste hasta el momento, en el ámbito de sus respectivas competencias, de realizar todas las gestiones necesarias para que cuente con atención integral que requiere la parte quejosa como víctima de violencia feminicida. 5. La omisión que subsiste hasta el momento, en el ámbito de sus respectivas competencias, hacia la quejosa de ser tratada con respeto y consideración en la calidad de víctima de violencia feminicida. 6. La omisión que subsiste hasta el momento, en el ámbito de sus respectivas competencias, de adoptar todos los medios apropiados y sin dilaciones para erradicar la violencia contra la mujer, en específico la que sufre la quejosa en su calidad de víctima de violencia feminicida institucional. 7. La omisión que subsiste hasta el momento, en el ámbito de sus respectivas competencias, de actuar con la debida diligencia para prevenir, investigar y sancionar la violencia que sufre la quejosa como mujer y persona de la tercera edad. 8. La omisión que subsiste hasta el momento, en el ámbito de sus respectivas competencias, de detectar y eliminar las barreras u obstáculos que discriminan a las mujeres, y en particular a la parte quejosa, por condición de género." Ahora bien, en términos de lo que establece el artículo 88 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo de conformidad con su numeral 2°, es un hecho notorio para este juzgado federal que el once de octubre de dos mil veinte, se recibió un oficio por parte del Juez Octavo de Distrito en el Estado de San Luis Potosí, mediante el cual, remitió la demanda 709/2020-VII de su índice, promovida por Domitilo García Robles en representación de Graciela García Robles, misma que quedó radicada con el número de expediente 324/2020 del índice de este órgano jurisdiccional, que en dicha data se admitió a trámite, y se tuvo como actos reclamados lo siguientes: "1. La omisión que subsiste hasta el momento, en el ámbito de sus respectivas competencias, de ordenar, adoptar y establecer las medias idóneas y suficientes para salvaguardar la integridad física y preservar la vida de la parte quejosa, ante las agresiones que recibe. 2. La omisión que subsiste hasta el momento, en el ámbito de sus respectivas competencias, para conminar a la agresora a abstenerse de hostigar, intimidar, amenazar, dañar o poner en peligro la vida de la parte quejosa. 3. La omisión que subsiste hasta el momento, en el ámbito de sus respectivas competencias, de continuar con las investigaciones de la posible comisión de hechos delictivos de la que es víctima la parte quejosa. 4. La omisión que subsiste hasta el momento, en el ámbito de sus respectivas competencias, de realizar todas las gestiones necesarias para que cuente con atención integral que requiere la parte quejosa como víctima de violencia feminicida. 5. La omisión que subsiste hasta el momento, en el ámbito de sus respectivas competencias, hacia la quejosa de ser tratada con respeto y consideración en la calidad de víctima de violencia feminicida. 6. La omisión que subsiste hasta el momento, en el ámbito de sus respectivas competencias, de adoptar todos los medios apropiados y sin dilaciones para erradicar la violencia contra la mujer, en específico la que sufre la quejosa en su calidad de víctima de violencia feminicida institucional. 7. La omisión que subsiste hasta el momento, en el ámbito de sus respectivas competencias, de actuar con la debida diligencia para prevenir, investigar y sancionar la violencia que sufre la quejosa como mujer y persona de la tercera edad. 8. La omisión que subsiste hasta el momento, en el ámbito de sus respectivas competencias, de detectar y eliminar las barreras u obstáculos que discriminan a las mujeres, y en particular a la parte quejosa, por condición de género.". Apoya lo anterior en lo conducente la jurisprudencia número P./J. 16/2018 (10a.), sustentada por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, visible en la página 10, Libro 55, Junio de 2018, Tomo I, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, con número de registro 2017123, de rubro: "HECHOS NOTORIOS. TIENEN ESE CARÁCTER LAS VERSIONES ELECTRÓNICAS DE LAS SENTENCIAS ALMACENADAS Y CAPTURADAS EN EL SISTEMA INTEGRAL DE SEGUIMIENTO DE EXPEDIENTES (SISE)." En tales condiciones, por lo que ve a los actos que en el presente asunto se reclaman, se actualiza la causa de improcedencia prevista por la fracción X del artículo 61 de la Ley de Amparo. El artículo y fracción en comento disponen: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [...] X. Contra normas generales o actos que sean materia de otro juicio de amparo pendiente de resolución promovido por el mismo quejoso, contra las mismas autoridades y por el propio acto reclamado, aunque las violaciones constitucionales sean diversas, salvo que se trate de normas generales impugnadas con motivo de actos de aplicación distintos. En este último caso, solamente se actualizará esta causal cuando se dicte sentencia firme en alguno de los juicios en la que se analice la constitucionalidad de las normas generales; si se declara la constitucionalidad de la norma general, esta causal no se actualiza respecto de los actos de aplicación, si fueron impugnados por vicios propios;" Esto es, para que se actualice la causal de improcedencia aludida es necesaria la existencia de dos juicios de amparo que hayan sido promovidos por el mismo promovente, contra las mismas autoridades e idénticos actos reclamados; y que el más antiguo se haya admitido y se encuentre en trámite. Apoya lo anterior la jurisprudencia número P./J. 24/2014 (10a.), emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia dela Nación, publicada en la página 265, Libro 5, Abril de 2014, Tomo I, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, con número de registro 2006145, de rubro y texto siguiente: "LITISPENDENCIA. PARA QUE SE ACTUALICE ESTA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, PREVISTA EN EL ARTÍCULO 73, FRACCIÓN III, DE LA LEY DE AMPARO, VIGENTE HASTA EL 2 DE ABRIL DE 2013, ES NECESARIO QUE SE HAYAN ADMITIDO LAS DEMANDAS RESPECTIVAS. La causal de improcedencia por litispendencia prevista en el precepto citado, encuentra explicación lógica en la ociosidad que supone tramitar un segundo juicio de amparo cuando el quejoso ya tuvo la oportunidad de ser escuchado en defensa de sus intereses en uno previo y, por añadidura, en evitar la posibilidad de que se emitan sentencias contradictorias. Consecuentemente, si una de las finalidades de la causal de improcedencia referida es impedir que los Jueces de Distrito se pronuncien en dos ocasiones sobre el mismo problema jurídico, para que se actualice dicha causal es necesario que se hayan admitido las demandas respectivas; de ahí que esos juzgadores deben asegurarse de que, de actualizarse aquélla, el quejoso conserve la oportunidad de defenderse del acto de autoridad a través de alguna de las dos demandas de contenido coincidente, de manera que no se le deje en estado de indefensión por la aplicación recíproca del mismo motivo de improcedencia en uno y otro juicios. Para este fin, la Ley de Amparo vigente hasta el 2 de abril de 2013 disponía, en su artículo 51, un procedimiento conforme al cual un solo Juez de Distrito debe conocer de los asuntos en cuestión, analizar y valorar con precisión en cuál de los dos expedientes idénticos deba sobreseerse por litispendencia, y a cuál le corresponde superar esta causal para pronunciarse sobre el fondo del asunto e incluso, llegado el caso, también sobreseerlo, pero por motivo legal distinto, así como decidir sobre la imposición de las sanciones que procedan a los responsables de la promoción injustificada de dos juicios, en los casos que así lo ameriten." Luego, de las demandas de amparo aludidas, coexisten los mismos elementos: - Mismo promovente.- Domitilo García Robles en representación de Graciela García Robles. - Mismos actos reclamados transcritos en párrafos que anteceden. Además, la demanda que dio origen al juicio de amparo 324/2020, se admitió el once de octubre de dos mil veinte, se solicitó los informes justificados correspondientes y a la fecha se encuentra en trámite. De lo anterior, queda de manifiesto que en el caso a estudio se está en presencia de la figura jurídica conocida en la doctrina como litispendencia; consistente en que, previo a la presentación de una demanda de amparo exista un diverso juicio, promovido por la misma parte quejosa, respecto de las mismas autoridades y por los mismos actos reclamados, y que este último se encuentra pendiente de resolución. Bajo tales circunstancias, se concluye que, respecto a la demanda origen del presente juicio, al estar presentada con posterioridad a aquella que dio origen al diverso 324/2020, se actualiza la invocada causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción X de la Ley de Amparo, cuyo fin es impedir la posibilidad de la coexistencia de sentencias contradictorias con igual autoridad de cosa juzgada y fuerza ejecutoria, lo que podría darse en caso de entrar en este juicio al estudio del acto reclamado, pues al estar pendiente por resolverse un juicio con identidad en el fondo substancial u objeto materia del juicio, existe la posibilidad de que dicho acto sea modificado, lo que incidiría en el presente asunto. Resulta ilustrativo, el criterio sustentado por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Penal del Tercer Circuito, que establece: "LITISPENDENCIA EN AMPARO. SE ACTUALIZA DICHA CAUSA DE IMPROCEDENCIA PREVISTA EN EL ARTÍCULO 73, FRACCIÓN III, DE LA LEY DE LA MATERIA, CUANDO EXISTIENDO UN JUICIO DE GARANTÍAS PENDIENTE DE RESOLVER LOS QUEJOSOS RECLAMAN EN UNO DIVERSO LOS MISMOS ACTOS Y CONTRA IDÉNTICAS AUTORIDADES Y OTRAS DIVERSAS, PERO ÉSTAS NIEGAN LOS QUE LES ATRIBUYEN. Si existiendo un juicio de amparo pendiente de resolver, los quejosos promueven un diverso juicio de garantías reclamando los mismos actos, contra las mismas autoridades y otras diversas, cuando estas últimas niegan los actos que se les atribuyen se actualiza la causa de improcedencia por litispendencia, prevista en el artículo 73, fracción III, de la Ley de Amparo, pues la litis constitucional que subsiste es idéntica en ambos juicios y la constitucionalidad de los actos reclamados solamente puede analizarse en una sola ocasión." Sobre todo porque la finalidad de la parte quejosa por su representación es que las autoridades responsables establezcan las medidas inmediatas, idóneas y suficientes para salvaguardar la integridad física y la vida de la quejosa, lo cual será materia de estudio en el diverso juicio de amparo 324/2020 de la estadística de este órgano jurisdiccional. Sostener un criterio contrario, propiciaría la promoción de diversos juicios de amparo, haciendo nugatorio las reglas de procedencia que consagra el artículo 107 de la Ley de Amparo, pues bastaría aducir que el acto reclamado es de imposible reparación para hacer procedente la acción constitucional. Además, esta determinación obedece a la prontitud y expedites que impone el artículo 17 Constitucional, pues aun cuando se llegara a admitir la demanda y se tramitara el presente juicio, no podría dejarse de observar las reglas de procedencia del juicio de amparo indirecto. En mérito de lo anterior, al ser improcedente la demanda de amparo origen del presente juicio, que promueven los quejosos, lo procedente es desechar de plano la misma por notoriamente improcedente, en términos del artículo 113 de la Ley de Amparo, en relación con el diverso numeral 61, fracción X, de la misma ley. Sin que la presente determinación pueda estimarse como nugatoria del derecho de acceso a la justicia, pues, justamente, el cumplimiento de los presupuestos procesales y requisitos legales tiene por objeto no generar un estado de incertidumbre en los destinatarios de esa función, pues se desconocería la forma de proceder de esos órganos, además de trastocarse las condiciones procesales de las partes en el juicio, así como, preservar la subgarantías de prontitud, eficacia y expedites previstas en el segundo párrafo artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Sirve de apoyo la jurisprudencia número 2a./J. 98/2014 (10a.), emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 909, Libro 11, Octubre de 2014, Tomo I, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, con número de registro 2007621, que a la letra dice: "DERECHO DE ACCESO A LA IMPARTICIÓN DE JUSTICIA. SU APLICACIÓN RESPECTO DE LOS PRESUPUESTOS PROCESALES QUE RIGEN LA FUNCIÓN JURISDICCIONAL. Si bien los artículos 1o. y 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como el diverso 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, reconocen el derecho de acceso a la impartición de justicia -acceso a una tutela judicial efectiva-, lo cierto es que tal circunstancia no tiene el alcance de soslayar los presupuestos procesales necesarios para la procedencia de las vías jurisdiccionales que los gobernados tengan a su alcance, pues tal proceder equivaldría a que los Tribunales dejaran de observar los demás principios constitucionales y legales que rigen su función jurisdiccional, provocando con ello un estado de incertidumbre en los destinatarios de esa función, pues se desconocería la forma de proceder de esos órganos, además de trastocarse las condiciones procesales de las partes en el juicio." Por otro parte, se toma como hecho notorio que el domicilio donde puede ser notificada la parte promovente de este juicio amparo, es el mismo que en el juicio de amparo 324/2020, esto es: calle Mariano Escobedo, número 20, colonia Bella Vista, de esta ciudad. Lo anterior para la notificación del presente proveído. Autorización con la Firma Electrónica Certificada del Poder Judicial de la Federación (FIREL). Finalmente, atendiendo a que este órgano jurisdiccional realiza el trabajo de manera remota o a distancia y en forma presencial en un turno vespertino (trece horas a dieciocho horas), en términos de los artículo 13 y 14 del Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus COVID-19, el presente acuerdo se autoriza con la Firma Electrónica Certificada del Poder Judicial de la Federación (FIREL); quedando pendiente su engrose por parte del personal que acudirá presencialmente al juzgado en dicho turno vespertino, por lo que se anexa al mismo la evidencia criptográfica de las firmas electrónicas. Notifíquese personalmente a la parte quejosa y acúsese recibo. Lo proveyó y firma Marco Antonio Vignola Conde, Juez Séptimo de Distrito en el Estado de San Luis Potosí, con residencia en Ciudad Valles, asistido de Gerson García y López, secretario que autoriza y da fe.

  3. Principal

    NOTIFICACIÓN POR LISTA.- CON FUNDAMENTO EN EL ARTÍCULO 27, FRACCIÓN I, INCISO C) DE LA LEY DE AMPARO, SE NOTIFICA ESTA DETERMINACIÓN AL QUEJOSO QUE DICE: Ciudad Valles, San Luis Potosí, seis de noviembre de dos mil veinte. Demanda de amparo. Téngase por recibido el oficio y anexos de cuenta, signado por el Secretario del Juzgado Décimo de Distrito de Amparo en Materia Penal en la Ciudad de México, por el cual remite el juicio de amparo 532/2020 de su índice, promovido por Domitilo García Robles en representación de Graciela García Robles, en contra de actos del Fiscal General del Estado de San Luis Potosí y otras autoridades, que considera violatorios en su perjuicio de los derechos fundamentales contenidos en los artículos 1° y 4° de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, toda vez que en acuerdo de veintiuno de octubre de dos mil veinte, dicho juzgado federal declaró que carecía de competencia legal por razón de territorio para conocer de ese asunto y declinó su conocimiento a favor de los Juzgados de Distrito en el Estado de San Luis Potosí, con residencia en esta ciudad, lo que por razón de turno, le correspondió conocer a este juzgado de distrito. Atento a lo anterior, con fundamento en el artículo 37 de la Ley de Amparo, este órgano jurisdiccional acepta la competencia y se avoca al conocimiento de la demanda promovida por Domitilo García Robles en representación de Graciela García Robles; por tanto, Acúsese recibo vía Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes Registro. Atento a lo anterior, se ordena formar y registrar los expedientes impreso y electrónico en el libro de gobierno de este juzgado, así como en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes respectivamente, bajo el número 367/2020. Digitalización. Asimismo, procédase a la digitalización de las constancias atinentes para la integración del expediente electrónico en el sistema electrónico del Poder Judicial de la Federación, en el entendido de que aquellas que por su voluminosidad, protección a la integridad del documento, o protección a datos personales no puedan ni deban digitalizarse, quedan a disposición de las partes en el expediente impreso en la secretaría de este juzgado. En la inteligencia de que el expediente electrónico estará a disposición de las partes, tan pronto como las mismas cumplan con los requisitos que para tal efecto establece el Acuerdo General Conjunto número 1/2015, de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, en relación con el diverso 1/2013, de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y del Consejo de la Judicatura Federal. Desechamiento de demanda. Ahora bien, a efecto de proveer respecto de la admisión de la demanda, es necesario tener en consideración lo dispuesto por el artículo 113 de la Ley de Amparo que dispone: "Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano." De la porción normativa transcrita, se desprende que el órgano de control constitucional tiene la insoslayable obligación de examinar la demanda de amparo para que en caso de que encuentre un motivo manifiesto e indudable de improcedencia, la deseche de plano. Al respecto, resulta aplicable la jurisprudencia número 747, sustentada por el Segundo Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, consultable en la página 503, Tomo VI, Apéndice 1995-2000, con número de registro 394703, cuyo rubro dice: "DEMANDA DE AMPARO, DESECHAMIENTO DE LA. ALCANCE DE LA EXPRESIÓN "MOTIVO MANIFIESTO E INDUDABLE DE IMPROCEDENCIA". El artículo 145 de la Ley de Amparo, autoriza al juez de Distrito a desechar de plano una demanda de garantías, cuando exista un motivo manifiesto e indudable de improcedencia; siendo lo manifiesto cuando se da un motivo que se advierta en forma clara, patente, evidente de la lectura de la demanda de garantías, de los escritos aclaratorios y de los documentos que se acompañen, y lo indudable, resulta que se tenga certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trate sea operante en el caso concreto, es decir, inobjetable, de tal suerte que aun cuando se admitiera la demanda y se substanciara el procedimiento, no resultara factible formarse un criterio diverso, independientemente de los elementos que pudieran allegar las partes; de ahí que, si invocan razones que pueden ser materia de debate, ya no se está en presencia del caso previsto por el referido precepto y no puede desecharse por improcedente la demanda de amparo." Esencialmente, el citado criterio jurisprudencial interpreta que para el desechamiento de plano de una demanda de amparo, es necesario que se encuentre un motivo de improcedencia del juicio constitucional; además, que este motivo como cita sea manifiesto, es decir, cuando se advierta, en forma patente y absolutamente clara de la lectura del libelo y, finalmente, que también sea indudable, lo cual resulta de la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trata es operante en el caso concreto. Asimismo, la improcedencia en el amparo es una institución jurídica procesal en la que al presentarse determinadas circunstancias previstas en la constitución federal, en la Ley de Amparo o en la jurisprudencia, el órgano jurisdiccional se encuentra imposibilitado jurídicamente para analizar y resolver de fondo la cuestión planteada. La improcedencia es de orden público y debe decretarse de oficio por tratarse de un asunto preferente, lo aleguen o no las partes, y da como resultado el sobreseimiento en el juicio o el desechamiento de la demanda, según sea el caso específico. Por tanto, un motivo de improcedencia manifiesto e indudable es aquel que está plenamente acreditado y no requiere mayor demostración, toda vez que se ha advertido en forma absoluta y patentemente clara de la lectura del escrito de demanda; además, da la certeza y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trata, es operante al caso concreto, de tal modo que aun en el supuesto de admitirse la demanda de amparo y sustanciarse el procedimiento, no sería posible arribar a una convicción diversa, con independencia de los elementos que pudieran allegar las partes, y considerarla probada sin lugar a dudas, ya sea porque los hechos en que se apoya hayan sido manifestados claramente por el promovente o en virtud de que estén acreditados con elementos de juicio indubitables, de manera que los informes justificados que rindan las autoridades responsables, los alegatos y las pruebas que se hagan valer en el procedimiento, no sean necesarios para configurar dicha improcedencia ni tampoco puedan desvirtuar su contenido. Sentado lo anterior se tiene que, respecto de los actos que aquí reclama el promovente de amparo consisten en: "1. La omisión que subsiste hasta el momento, en el ámbito de sus respectivas competencias, de ordenar, adoptar y establecer las medias idóneas y suficientes para salvaguardar la integridad física y preservar la vida de la parte quejosa, ante las agresiones que recibe. 2. La omisión que subsiste hasta el momento, en el ámbito de sus respectivas competencias, para conminar a la agresora a abstenerse de hostigar, intimidar, amenazar, dañar o poner en peligro la vida de la parte quejosa. 3. La omisión que subsiste hasta el momento, en el ámbito de sus respectivas competencias, de continuar con las investigaciones de la posible comisión de hechos delictivos de la que es víctima la parte quejosa. 4. La omisión que subsiste hasta el momento, en el ámbito de sus respectivas competencias, de realizar todas las gestiones necesarias para que cuente con atención integral que requiere la parte quejosa como víctima de violencia feminicida. 5. La omisión que subsiste hasta el momento, en el ámbito de sus respectivas competencias, hacia la quejosa de ser tratada con respeto y consideración en la calidad de víctima de violencia feminicida. 6. La omisión que subsiste hasta el momento, en el ámbito de sus respectivas competencias, de adoptar todos los medios apropiados y sin dilaciones para erradicar la violencia contra la mujer, en específico la que sufre la quejosa en su calidad de víctima de violencia feminicida institucional. 7. La omisión que subsiste hasta el momento, en el ámbito de sus respectivas competencias, de actuar con la debida diligencia para prevenir, investigar y sancionar la violencia que sufre la quejosa como mujer y persona de la tercera edad. 8. La omisión que subsiste hasta el momento, en el ámbito de sus respectivas competencias, de detectar y eliminar las barreras u obstáculos que discriminan a las mujeres, y en particular a la parte quejosa, por condición de género." Ahora bien, en términos de lo que establece el artículo 88 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo de conformidad con su numeral 2°, es un hecho notorio para este juzgado federal que el once de octubre de dos mil veinte, se recibió un oficio por parte del Juez Octavo de Distrito en el Estado de San Luis Potosí, mediante el cual, remitió la demanda 709/2020-VII de su índice, promovida por Domitilo García Robles en representación de Graciela García Robles, misma que quedó radicada con el número de expediente 324/2020 del índice de este órgano jurisdiccional, que en dicha data se admitió a trámite, y se tuvo como actos reclamados lo siguientes: "1. La omisión que subsiste hasta el momento, en el ámbito de sus respectivas competencias, de ordenar, adoptar y establecer las medias idóneas y suficientes para salvaguardar la integridad física y preservar la vida de la parte quejosa, ante las agresiones que recibe. 2. La omisión que subsiste hasta el momento, en el ámbito de sus respectivas competencias, para conminar a la agresora a abstenerse de hostigar, intimidar, amenazar, dañar o poner en peligro la vida de la parte quejosa. 3. La omisión que subsiste hasta el momento, en el ámbito de sus respectivas competencias, de continuar con las investigaciones de la posible comisión de hechos delictivos de la que es víctima la parte quejosa. 4. La omisión que subsiste hasta el momento, en el ámbito de sus respectivas competencias, de realizar todas las gestiones necesarias para que cuente con atención integral que requiere la parte quejosa como víctima de violencia feminicida. 5. La omisión que subsiste hasta el momento, en el ámbito de sus respectivas competencias, hacia la quejosa de ser tratada con respeto y consideración en la calidad de víctima de violencia feminicida. 6. La omisión que subsiste hasta el momento, en el ámbito de sus respectivas competencias, de adoptar todos los medios apropiados y sin dilaciones para erradicar la violencia contra la mujer, en específico la que sufre la quejosa en su calidad de víctima de violencia feminicida institucional. 7. La omisión que subsiste hasta el momento, en el ámbito de sus respectivas competencias, de actuar con la debida diligencia para prevenir, investigar y sancionar la violencia que sufre la quejosa como mujer y persona de la tercera edad. 8. La omisión que subsiste hasta el momento, en el ámbito de sus respectivas competencias, de detectar y eliminar las barreras u obstáculos que discriminan a las mujeres, y en particular a la parte quejosa, por condición de género.". Apoya lo anterior en lo conducente la jurisprudencia número P./J. 16/2018 (10a.), sustentada por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, visible en la página 10, Libro 55, Junio de 2018, Tomo I, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, con número de registro 2017123, de rubro: "HECHOS NOTORIOS. TIENEN ESE CARÁCTER LAS VERSIONES ELECTRÓNICAS DE LAS SENTENCIAS ALMACENADAS Y CAPTURADAS EN EL SISTEMA INTEGRAL DE SEGUIMIENTO DE EXPEDIENTES (SISE)." En tales condiciones, por lo que ve a los actos que en el presente asunto se reclaman, se actualiza la causa de improcedencia prevista por la fracción X del artículo 61 de la Ley de Amparo. El artículo y fracción en comento disponen: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [...] X. Contra normas generales o actos que sean materia de otro juicio de amparo pendiente de resolución promovido por el mismo quejoso, contra las mismas autoridades y por el propio acto reclamado, aunque las violaciones constitucionales sean diversas, salvo que se trate de normas generales impugnadas con motivo de actos de aplicación distintos. En este último caso, solamente se actualizará esta causal cuando se dicte sentencia firme en alguno de los juicios en la que se analice la constitucionalidad de las normas generales; si se declara la constitucionalidad de la norma general, esta causal no se actualiza respecto de los actos de aplicación, si fueron impugnados por vicios propios;" Esto es, para que se actualice la causal de improcedencia aludida es necesaria la existencia de dos juicios de amparo que hayan sido promovidos por el mismo promovente, contra las mismas autoridades e idénticos actos reclamados; y que el más antiguo se haya admitido y se encuentre en trámite. Apoya lo anterior la jurisprudencia número P./J. 24/2014 (10a.), emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia dela Nación, publicada en la página 265, Libro 5, Abril de 2014, Tomo I, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, con número de registro 2006145, de rubro y texto siguiente: "LITISPENDENCIA. PARA QUE SE ACTUALICE ESTA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, PREVISTA EN EL ARTÍCULO 73, FRACCIÓN III, DE LA LEY DE AMPARO, VIGENTE HASTA EL 2 DE ABRIL DE 2013, ES NECESARIO QUE SE HAYAN ADMITIDO LAS DEMANDAS RESPECTIVAS. La causal de improcedencia por litispendencia prevista en el precepto citado, encuentra explicación lógica en la ociosidad que supone tramitar un segundo juicio de amparo cuando el quejoso ya tuvo la oportunidad de ser escuchado en defensa de sus intereses en uno previo y, por añadidura, en evitar la posibilidad de que se emitan sentencias contradictorias. Consecuentemente, si una de las finalidades de la causal de improcedencia referida es impedir que los Jueces de Distrito se pronuncien en dos ocasiones sobre el mismo problema jurídico, para que se actualice dicha causal es necesario que se hayan admitido las demandas respectivas; de ahí que esos juzgadores deben asegurarse de que, de actualizarse aquélla, el quejoso conserve la oportunidad de defenderse del acto de autoridad a través de alguna de las dos demandas de contenido coincidente, de manera que no se le deje en estado de indefensión por la aplicación recíproca del mismo motivo de improcedencia en uno y otro juicios. Para este fin, la Ley de Amparo vigente hasta el 2 de abril de 2013 disponía, en su artículo 51, un procedimiento conforme al cual un solo Juez de Distrito debe conocer de los asuntos en cuestión, analizar y valorar con precisión en cuál de los dos expedientes idénticos deba sobreseerse por litispendencia, y a cuál le corresponde superar esta causal para pronunciarse sobre el fondo del asunto e incluso, llegado el caso, también sobreseerlo, pero por motivo legal distinto, así como decidir sobre la imposición de las sanciones que procedan a los responsables de la promoción injustificada de dos juicios, en los casos que así lo ameriten." Luego, de las demandas de amparo aludidas, coexisten los mismos elementos: - Mismo promovente.- Domitilo García Robles en representación de Graciela García Robles. - Mismos actos reclamados transcritos en párrafos que anteceden. Además, la demanda que dio origen al juicio de amparo 324/2020, se admitió el once de octubre de dos mil veinte, se solicitó los informes justificados correspondientes y a la fecha se encuentra en trámite. De lo anterior, queda de manifiesto que en el caso a estudio se está en presencia de la figura jurídica conocida en la doctrina como litispendencia; consistente en que, previo a la presentación de una demanda de amparo exista un diverso juicio, promovido por la misma parte quejosa, respecto de las mismas autoridades y por los mismos actos reclamados, y que este último se encuentra pendiente de resolución. Bajo tales circunstancias, se concluye que, respecto a la demanda origen del presente juicio, al estar presentada con posterioridad a aquella que dio origen al diverso 324/2020, se actualiza la invocada causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción X de la Ley de Amparo, cuyo fin es impedir la posibilidad de la coexistencia de sentencias contradictorias con igual autoridad de cosa juzgada y fuerza ejecutoria, lo que podría darse en caso de entrar en este juicio al estudio del acto reclamado, pues al estar pendiente por resolverse un juicio con identidad en el fondo substancial u objeto materia del juicio, existe la posibilidad de que dicho acto sea modificado, lo que incidiría en el presente asunto. Resulta ilustrativo, el criterio sustentado por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Penal del Tercer Circuito, que establece: "LITISPENDENCIA EN AMPARO. SE ACTUALIZA DICHA CAUSA DE IMPROCEDENCIA PREVISTA EN EL ARTÍCULO 73, FRACCIÓN III, DE LA LEY DE LA MATERIA, CUANDO EXISTIENDO UN JUICIO DE GARANTÍAS PENDIENTE DE RESOLVER LOS QUEJOSOS RECLAMAN EN UNO DIVERSO LOS MISMOS ACTOS Y CONTRA IDÉNTICAS AUTORIDADES Y OTRAS DIVERSAS, PERO ÉSTAS NIEGAN LOS QUE LES ATRIBUYEN. Si existiendo un juicio de amparo pendiente de resolver, los quejosos promueven un diverso juicio de garantías reclamando los mismos actos, contra las mismas autoridades y otras diversas, cuando estas últimas niegan los actos que se les atribuyen se actualiza la causa de improcedencia por litispendencia, prevista en el artículo 73, fracción III, de la Ley de Amparo, pues la litis constitucional que subsiste es idéntica en ambos juicios y la constitucionalidad de los actos reclamados solamente puede analizarse en una sola ocasión." Sobre todo porque la finalidad de la parte quejosa por su representación es que las autoridades responsables establezcan las medidas inmediatas, idóneas y suficientes para salvaguardar la integridad física y la vida de la quejosa, lo cual será materia de estudio en el diverso juicio de amparo 324/2020 de la estadística de este órgano jurisdiccional. Sostener un criterio contrario, propiciaría la promoción de diversos juicios de amparo, haciendo nugatorio las reglas de procedencia que consagra el artículo 107 de la Ley de Amparo, pues bastaría aducir que el acto reclamado es de imposible reparación para hacer procedente la acción constitucional. Además, esta determinación obedece a la prontitud y expedites que impone el artículo 17 Constitucional, pues aun cuando se llegara a admitir la demanda y se tramitara el presente juicio, no podría dejarse de observar las reglas de procedencia del juicio de amparo indirecto. En mérito de lo anterior, al ser improcedente la demanda de amparo origen del presente juicio, que promueven los quejosos, lo procedente es desechar de plano la misma por notoriamente improcedente, en términos del artículo 113 de la Ley de Amparo, en relación con el diverso numeral 61, fracción X, de la misma ley. Sin que la presente determinación pueda estimarse como nugatoria del derecho de acceso a la justicia, pues, justamente, el cumplimiento de los presupuestos procesales y requisitos legales tiene por objeto no generar un estado de incertidumbre en los destinatarios de esa función, pues se desconocería la forma de proceder de esos órganos, además de trastocarse las condiciones procesales de las partes en el juicio, así como, preservar la subgarantías de prontitud, eficacia y expedites previstas en el segundo párrafo artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Sirve de apoyo la jurisprudencia número 2a./J. 98/2014 (10a.), emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 909, Libro 11, Octubre de 2014, Tomo I, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, con número de registro 2007621, que a la letra dice: "DERECHO DE ACCESO A LA IMPARTICIÓN DE JUSTICIA. SU APLICACIÓN RESPECTO DE LOS PRESUPUESTOS PROCESALES QUE RIGEN LA FUNCIÓN JURISDICCIONAL. Si bien los artículos 1o. y 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como el diverso 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, reconocen el derecho de acceso a la impartición de justicia -acceso a una tutela judicial efectiva-, lo cierto es que tal circunstancia no tiene el alcance de soslayar los presupuestos procesales necesarios para la procedencia de las vías jurisdiccionales que los gobernados tengan a su alcance, pues tal proceder equivaldría a que los Tribunales dejaran de observar los demás principios constitucionales y legales que rigen su función jurisdiccional, provocando con ello un estado de incertidumbre en los destinatarios de esa función, pues se desconocería la forma de proceder de esos órganos, además de trastocarse las condiciones procesales de las partes en el juicio." Por otro parte, se toma como hecho notorio que el domicilio donde puede ser notificada la parte promovente de este juicio amparo, es el mismo que en el juicio de amparo 324/2020, esto es: calle Mariano Escobedo, número 20, colonia Bella Vista, de esta ciudad. Lo anterior para la notificación del presente proveído. Autorización con la Firma Electrónica Certificada del Poder Judicial de la Federación (FIREL). Finalmente, atendiendo a que este órgano jurisdiccional realiza el trabajo de manera remota o a distancia y en forma presencial en un turno vespertino (trece horas a dieciocho horas), en términos de los artículo 13 y 14 del Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus COVID-19, el presente acuerdo se autoriza con la Firma Electrónica Certificada del Poder Judicial de la Federación (FIREL); quedando pendiente su engrose por parte del personal que acudirá presencialmente al juzgado en dicho turno vespertino, por lo que se anexa al mismo la evidencia criptográfica de las firmas electrónicas. Notifíquese personalmente a la parte quejosa y acúsese recibo. Lo proveyó y firma Marco Antonio Vignola Conde, Juez Séptimo de Distrito en el Estado de San Luis Potosí, con residencia en Ciudad Valles, asistido de Gerson García y López, secretario que autoriza y da fe.

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