Domitilo Bailón Palacios y Otros.
Expediente 981/2023 tramitado ante el Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Quintana Roo. 4 actuaciones registradas, la última del 23 de noviembre de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 981/2023
- Año
- 2023
- Actuaciones
- 4
- Última actuación
- 23/11/2023
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Quintana Roo · Quintana Roo
Partes del expediente
- Nelly Díaz VArgas
- Domitilo Bailón Palacios y Otros.
- Domitilo Bailón Palacios
Actuaciones
- Incidental
Por lo expuesto, fundado y con apoyo además en los artículos 138, 144 y 146 de la Ley de Amparo, se: R E S U E L V E: PRIMERO. Se niega la suspensión definitiva solicitada por********************y********************, en representación de los infantes de identidad reservada de iniciales********************, en contra de las autoridades responsables señaladas en el considerando tercero y por las razones expuestas en el diverso considerativo quinto. SEGUNDIO. Se concede la suspensión definitiva solicitada por********************y********************, en representación de los infantes de identidad reservada de iniciales********************, respecto de las autoridades responsables señaladas en el considerandos tercero por las razones expuestas en el diverso sexto de esta interlocutoria. Notifíquese; y por oficio a las autoridades responsables.
- Incidental
Agréguese a los presentes autos el oficio de cuenta, signado por el Delegada del Registro Público de la Propiedad y del Comercio en Othón P. Blanco, Quintana Roo, mediante el cual rinde informe previo; en consecuencia, con fundamento en el artículo 140 de la Ley de Amparo, dése vista a las partes para que se impongan de su contenido y manifiesten lo que a su derecho convenga, sin perjuicio de relacionarlo al celebrar la audiencia respectiva. Por otra parte, vista la certificación secretarial con que se da cuenta y atento al estado procesal que guardan los presentes autos, se advierte que no obra el informe previo de la diversa autoridad responsable Registro Público de la Propiedad y del Comercio del Estado de Quintana Roo, con sede en esta ciudad. Asimismo, que a las catorce horas con cincuenta y cuatro minutos del quince de noviembre de dos mil veintitrés, fue notificado el oficio 22860/2023, dirigido a la citada responsable, por lo que se encuentra transcurriendo el término de cuarenta y ocho horas concedido en auto de ocho de noviembre de dos mil veintitrés, para que rinda su informe previo. En consecuencia, a fin de dar margen a lo anterior, se señalan las once horas con cuarenta y cinco minutos del veintitrés de noviembre de dos mil veintitrés, para la celebración de la audiencia incidental. Notifíquese.
- Principal
Vista la demanda de amparo de cuenta, con la que Domitilo Bailón Palacios y Nelly Díaz Vargas, se ostentan en representación de los infantes de identidad reservada de iniciales O.J.B.D y F.Z.B.D y solicitan el amparo y protección de la justicia de la unión, contra un acto que atribuyen a la Delegación del Registro Público de la Propiedad y del Comercio en Othón P. Blanco, Quintana Roo y otra autoridad. Con apoyo en lo dispuesto por los artículos 103, fracción I, 107, fracciones I, VII y XV de la Constitución Federal; 1º, 33, fracción IV, 35, 37, 107, 108, 112, 115, 116 y 117 de la Ley de Amparo, se manda formar expediente, registrarlo bajo número 981/2023-III-B, y se admite en sus términos la demanda de amparo de que se trata. Asimismo, se reconoce la personalidad de Domitilo Bailón Palacios y Nelly Díaz Vargas, como representantes de los infantes de identidad reservada de iniciales O.J.B.D y F.Z.B.D, pues así se desprende de la copia certificada de la sentencia definitiva de veintitrés de marzo del dos mil doce, emitida por el Juzgado Segundo de lo Familiar del Distrito Judicial de Chetumal, Quintana Roo, en el expediente 375/2011 de su índice, donde se declaró la custodia definitiva de los infantes a favor de los promoventes quejosos, misma que adjunta al ocurso de cuenta. Por otra parte, apertúrese por separado únicamente en original el incidente de suspensión, sin que haya lugar a ordenar la apertura de su duplicado, de acuerdo a lo establecido en el artículo 264, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece disposiciones en materia de actividad administrativa en los órganos jurisdiccionales. Dese la intervención que legalmente le corresponde al agente del Ministerio Público de la Federación adscrito en materia de amparo, en términos de los numerales 107, fracción XV, constitucional y 5, fracción IV, de la ley de la materia. Con relación a lo anterior, cabe precisar que de las constancias que obran en el expediente de varios 1/2023 del índice de este juzgado, se advierte que en proveído de seis de noviembre de este año, se ordenó agregar el oficio firmado por el Agente del Ministerio Público de la Federación adscrita a este Juzgado Federal, mediante el cual solicitó la vinculación de los juicios de amparo a su cuenta de FIREL "REBECA.MEJIA", para atender dichos asuntos vía electrónica. Circunstancia que se invoca como un hecho notorio de conformidad con el artículo 88 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por tratarse de un expediente bajo la potestad de este juzgador y se toma en consideración a fin de otorgarle acceso al expediente electrónico relativo al presente juicio de amparo. En atención a lo anterior, con fundamento en los artículos 26, fracción IV y 30, fracción II, de la Ley de Amparo, se autoriza la consulta electrónica del presente expediente y se ordena realizar notificaciones personales a la Agente del Ministerio Público de la Federación adscrita vía electrónica, por medio de su usuario "REBECA.MEJIA". En consecuencia, se ordena a la Oficial Judicial "A" que proceda a realizar la autorización en dicho sistema. Con fundamento en el artículo 115 de la Ley de Amparo, se fijan las doce horas con diez minutos del ocho de diciembre de dos mil veintitrés, para la celebración de la audiencia constitucional en el juicio. De conformidad con el artículo 117 de la citada legislación, pídase informe justificado a las autoridades responsables, el que deberán rendir dentro del plazo de quince días, exponiendo las razones y fundamentos que estimen pertinente para sostener la improcedencia del juicio y la constitucionalidad o legalidad de los actos reclamados, acompañando, en su caso, copias certificadas, legibles, completas y ordenadas de las constancias y actuaciones que sean necesarias para la resolución de este asunto, apercibidas que de no hacerlo así, al resolver el fondo del asunto, con fundamento en los artículos 237, fracción I y 260, fracción II, de la ley de la materia, se les impondrá multa por la cantidad de $10,374.00 (diez mil trescientos setenta y cuatro pesos 00/100 moneda nacional), equivalente a cien veces el valor inicial diario de la Unidad de Medida y Actualización, de conformidad con el Decreto por el que se declaran reformadas y adicionadas diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de desindexación del salario mínimo, publicado el veintisiete de enero de dos mil dieciséis en el Diario Oficial de la Federación. Ahora, toda vez que el nueve de mayo del año en curso, se publicó en el Diario Oficial de la Federación el Decreto por el que se "declara terminada la acción extraordinaria en materia de salubridad general que tuvo por objeto prevenir, controlar y mitigar la enfermedad causada por el virus SARS-CoV-2 (COVID-19)", se concluye con el esquema establecido en relación a los medios electrónicos -correo institucional-; por tanto, los informes justificados deberán ser remitidos de forma física ante la oficialía de partes de este Juzgado Federal, o bien, ante el Buzón Judicial de la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado, con sede en esta ciudad, así como por interconexión -con FIREL- o correspondencia, para que surtan sus efectos legales. Asimismo, se requiere a las autoridades señaladas como responsables para que, al momento de rendir informe justificado, manifiesten si la parte quejosa con anterioridad a la presentación de la demanda de que se trata promovió algún medio ordinario de defensa, o bien, diverso juicio de amparo en contra de los actos que por esta vía constitucional reclama, en el entendido que de no hacerlo se les hará efectivo el apercibimiento citado en el párrafo que antecede. En términos de los artículos 26, fracción II y 28, fracción I y II, de la Ley de Amparo, dígase a las autoridades responsables que la notificación que se le haga surtirá todos sus efectos legales desde que se entregue el oficio respectivo, ya sea a la propia autoridad responsable, a su superior jerárquico, representante o al encargado de recibir la correspondencia en su oficina, y si se negaren a recibir dicho oficio se tendrá por hecha la notificación y será responsables de la falta de cumplimiento de la resolución que ésta contenga. Lo anterior, en el entendido que el Actuario correspondiente, deberá hacer cumplir lo previsto por la última parte de la fracción I del artículo 28 de la Ley de Amparo. De acuerdo a lo previsto en el numeral 64 de la ley de la materia, se hace saber a las partes que, en caso de que cesen los efectos de los actos reclamados o tengan conocimiento de una causa de sobreseimiento, deberán comunicarlo de inmediato a este órgano jurisdiccional, de ser posible acompañarán las constancias que la acrediten; apercibidas que, de no hacerlo, se les impondrá multa por $3,112.20 (tres mil cientos doce pesos 20/100 moneda nacional), equivalente a treinta veces el valor inicial diario de la Unidad de Medida y Actualización, de conformidad con el Decreto por el que se declaran reformadas y adicionadas diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de desindexación del salario mínimo, publicado el veintisiete de enero de dos mil dieciséis en el Diario Oficial de la Federación, de conformidad con lo dispuesto en el numeral 251 de la ley de la materia. En otro tenor, como lo sostiene los quejosos se advierte que le reviste el carácter de tercera interesada Imelda Bailón Díaz, con fundamento en el numeral 5°, fracción III, inciso b), de la Ley de Amparo, se le reconoce tal carácter. En consecuencia, túrnense los autos a cualquiera de los actuarios adscritos a este órgano de control constitucional, a fin de que, al que le corresponda, emplace a Imelda Bailón Díaz, en su carácter de tercera interesada en el domicilio señalado en la demanda de amparo, a saber, calle Niño Héroes sin número en la localidad de José N. Rovirosa, del Municipio de Othón P. Blanco, Quintana Roo; a quien deberá hacer de su conocimiento el contenido del presente proveído, corriéndole traslado con copia simple del mismo y de la demanda de amparo, también, deberá hacerle saber el derecho que tiene para comparecer al presente juicio y señalar domicilio para oír y recibir notificaciones en esta ciudad, en el entendido que de no hacerlo, las subsecuentes de carácter personal se realizarán en el domicilio donde se le emplace por ser el único que obre en autos y encontrarse en la demarcación territorial en la que este Juzgado Federal ejerce su jurisdicción, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 27, fracción I, del ordenamiento legal en cita. De igual forma, con fundamento en el artículo 119 de la Ley de Amparo, se tiene como pruebas de la parte quejosa, las siguientes: Copia certificada de la sentencia definitiva de veintitrés de marzo del dos mil doce, emitida por el Juzgado Segundo de lo Familiar del Distrito Judicial de Chetumal, Quintana Roo, en el expediente 375/2011 de su índice. Copia certificada del auto de cuatro de agosto del dos mil veintitrés, emitida por el Juzgado Familiar y Civil Oral de Primera Instancia del Distrito Judicial de Chetumal, Quintana Roo, en el expediente 1617/2021 de su índice. Copia certificada del oficio 7091/2023 de cuatro de agosto del año en curso, dirigido al Director del Registro Público de la Propiedad y del Comercio del Estado de Quintana Roo. Original de los escritos con sello de recibo de dieciséis de junio y diez de agosto, ambos de dos mil veintitrés. Copia simple del título de propiedad número 000000027550, de trece de abril del dos mil. Copia simple de las credenciales para votar a nombre Domitilo Bailón Palacios y Nelly Díaz Vargas, expedidas por el Instituto Nacional Electoral. Copia simple de las actas de nacimiento a nombre de los infantes con números de actas 113 y 49 respectivamente. Mismas que se admiten y se desahogan dada su propia y especial naturaleza, sin perjuicio de relacionarlsa de nueva cuenta en la audiencia respectiva. Se tiene como domicilio de la parte quejosa para oír y recibir notificaciones el que cita en su demanda y como autorizado en términos amplios der artículo 12 de la Ley de Amparo a Saúl Alonso Ávila Tehosol, por contar con cédula profesional registrada en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho, ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito y en términos del citado numeral a Héctor Gabriel Pérez Rodríguez, Luis Enrique Luna Poot, Manuel de Atocha Gómez Canche, Cinthia González Gómez, Irving Hipólito Collichan, Kenny Geovani Cool Carbajal, Andrea Yanina Constantino González y Vanessa Isela Conde Ucan, por así haberlo solicitado expresamente. Por otra parte, se accede a la petición del promovente de que se asocie el usuario (saulavila) al presente expediente, a fin de que esté en aptitud de consultarlo en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, vía internet, de conformidad con lo establecido en los artículos 3° y Décimo Primero Transitorio de la Ley de Amparo, así como en el Acuerdo General conjunto 12/2020. Asimismo, practíquensele vía electrónica las notificaciones que deban ser de carácter personal, de conformidad con lo establecido en los artículos 26, fracción IV, y 30, fracción II, ambos de la Ley de Amparo. En el entendido que se deja de tener el domicilio convencional señalado en su demanda de amparo, para oír y recibir notificaciones, toda vez que no puede aceptarse que existan más de una forma de notificar a las partes, en razón de que de acuerdo al tipo de notificación que se practique, ésta surte efectos de manera distinta, conforme al artículo 31 de la Ley Amparo. Sin embargo, de manera excepcional, cuando por caso fortuito, fuerza mayor o por fallas técnicas se interrumpa el sistema, se considerará el domicilio convencional señalado para realizar la notificación que en su caso se requiera. De conformidad con los artículos 257 fracción I, 263, fracción II, párrafo segundo, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece disposiciones en materia de actividad administrativa en los órganos jurisdiccionales se tiene por señalado el correo electrónico abogadoavila_1@hotmail.com, para efecto de realizarle las comunicaciones no procesales del presente expediente. Con fundamento en los numerales 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 21, último párrafo de la Ley de Amparo, se habilitan días y horas inhábiles a fin de que los actuarios de la adscripción estén en posibilidades de llevar a cabo la notificación de los acuerdos que con motivo de este asunto se emitan. De conformidad con la fracción II, párrafo segundo del artículo 263 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece disposiciones en materia de actividad administrativa en los órganos jurisdiccionales, se exhorta a las partes para que cuando les sea posible transiten hacia la actuación al "juicio en línea" desde el Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación, con independencia de lo anterior, de acuerdo a lo establecido en la fracción I del numeral 257 del citado Acuerdo General, propongan formas especiales y expeditas de contacto, como correos electrónicos y servicios de mensajería instantánea, tanto propios como de los otros particulares que sean parte en el proceso, a través de los cuales se puedan entablar comunicaciones no procesales. Cabe precisar que en atención al artículo 253 del citado Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, este órgano jurisdiccional asegurará la integridad del expediente electrónico destacándose que en los casos en que un asunto se inicie y se tramite a través de documentos físicos, se deberá digitalizar las constancias e incorporarlas al expediente electrónico correspondiente generando sus actuaciones en versión electrónica e imprimiendo únicamente lo que resulte indispensable para el impulso del asunto, como puede ser el caso de las constancias de notificación, y bajo ninguna circunstancia se obstaculizará la posibilidad de que las partes actúen y presenten promociones por medios impresos. Por otra parte, con fundamento en los artículos 1, 6, 21, 22, fracciones II, IV y V, 26, 27, 28, 29, 46, 47, 68, y transitorios primero, cuarto y séptimo, de Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados, publicada en el Diario Oficial de la Federación el veintiséis de enero de dos mil diecisiete, este Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Quintana Roo, con domicilio en Avenida Álvaro Obregón número 232, esquina Avenida Independencia, Colonia Centro, Municipio de Othón P. Blanco, C.P 77000, en Chetumal, Quintana Roo, hace del conocimiento de las partes que: Notifíquese; personalmente a la tercera interesada y por oficio a las autoridades responsables.
- Incidental
Vista la demanda de amparo que obra en el expediente electrónico; como se ordena en el auto dictado en esta misma fecha en el cuaderno principal, con fundamento en el artículo 128 y demás relativos de la Ley de Amparo, se tramita por separado el único incidente de suspensión derivado del juicio de amparo 981/2023-III-B, promovido por ******************** y ********************, en representación de los infante de identidad reservada de iniciales ******************** y ********************, contra un acto que atribuye al Delegación del Registro Público de la Propiedad y del Comercio en Othón P. Blanco, Quintana Roo y otra autoridad.****************************************Requerimiento de informes previos y señalamiento de audiencia incidental.****************************************Con fundamento en el artículo 138, fracción III, de la Ley de Amparo, remítase copia de la demanda a las autoridades señaladas como responsables y pídaseles el informe previo que deberán rendir dentro del plazo de cuarenta y ocho horas, contado a partir del momento al en que reciba el oficio de notificación. ****************************************Cítese a las partes a la audiencia incidental que deberá tener verificativo a las doce horas con cuarenta y cinco minutos del diecisiete de noviembre de dos mil veintitrés.****************************************Asimismo, de conformidad con el artículo 140 de la Ley de Amparo, las autoridades responsables al rendir informe previo se concretará a expresar si son o no ciertos los actos reclamados atribuidos, podrán expresar las razones que estimen pertinentes sobre la procedencia o improcedencia de la suspensión y deberán proporcionar los datos que tenga a su alcance que permitan a este órgano jurisdiccional establecer el monto de las garantías correspondientes. ****************************************Apercibidas las autoridades responsables, que de no rendir informe previo en el plazo de cuarenta y ocho horas, al resolver el fondo del asunto se les impondrá una multa por $10,374.00 (diez mil trescientos setenta y cuatro pesos 00/100 moneda nacional), equivalente a cien veces el valor inicial diario de la Unidad de Medida y Actualización, de conformidad con el Decreto por el que se declaran reformadas y adicionadas diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de desindexación del salario mínimo, publicado el veinte de enero de dos mil dieciséis en el Diario Oficial de la Federación, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 237, fracción I y 260, fracción I, de la ley de la materia.****************************************Ahora, toda vez que el nueve de mayo del año en curso, se publicó en el Diario Oficial de la Federación el Decreto por el que se "declara terminada la acción extraordinaria en materia de salubridad general que tuvo por objeto prevenir, controlar y mitigar la enfermedad causada por el virus SARS-CoV-2 (COVID-19)", se concluye con el esquema establecido en relación a los medios electrónicos -correo institucional-; por tanto, los informes previos deberán ser remitidos de forma física ante la oficialía de partes de este Juzgado Federal, o bien, ante el Buzón Judicial de la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado, con sede en esta ciudad, así como por interconexión -con FIREL- o correspondencia, para que surtan sus efectos legales.****************************************Con fundamento en los artículos 26, fracción II, y 28, fracción I, de la Ley de Amparo, dígase a las autoridades responsables que la notificación que se les haga surtirá todos sus efectos legales desde que se entregue el oficio respectivo, ya sea a la propia autoridad responsable, a su representante o al encargado de recibir la correspondencia en su oficina, y si se negaren a recibir dicho oficio se tendrá por hecha la notificación y será responsable de la falta de cumplimiento de la resolución que ésta contenga.****************************************Lo anterior, en el entendido que el actuario correspondiente, deberá hacer cumplir lo previsto por la última parte de la fracción I del artículo 28 de la Ley de Amparo.****************************************De igual forma, se hace del conocimiento de las autoridades responsables que, para el caso de diferimiento de la audiencia incidental, resulta innecesario notificarles, a través de oficio, el señalamiento de la nueva fecha y hora para su desahogo, porque tal determinación no tendrá la transcendencia de una notificación personal, a la que equivale una comunicación por oficio, no obstante, podrán consultar la página de internet https://www.cjf.gob.mx/micrositios/dggj/paginas/serviciosTramites.htm?pageName=servicios/expedientes.htm, con el objeto de hacer de su conocimiento la integración de este expediente dentro de los parámetros de constitucionalidad y convencionalidad vigentes. ****************************************Sirve de apoyo a lo anterior la jurisprudencia 2a./J. 176/2012 (10a.), sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible a página 1253, Materia Común, Décima Época, enero de 2013, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que cita:****************************************"NOTIFICACIONES A LAS AUTORIDADES EN EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. FORMA DE REALIZARLAS. Acorde con el artículo 28, fracción I, de la Ley de Amparo, en principio, las notificaciones a las autoridades responsables y a las que tengan el carácter de tercero perjudicados en los juicios de amparo indirecto deben realizarse por medio de oficio entregado en el domicilio de su oficina principal, ya que la facultad que otorga al juzgador el artículo 30, párrafo primero, de la citada ley, relativa a que la autoridad que conozca del juicio de amparo, del incidente de suspensión o de los recursos correspondientes podrá ordenar que se haga personalmente determinada notificación a cualquiera de las partes, es una atribución que no comprende a las autoridades responsables, sino solamente al quejoso o tercero perjudicado, cuando éste no sea una autoridad. Esto es, el precepto legal primeramente citado debe interpretarse conjuntamente con los demás numerales que conforman el sistema que comprende el capítulo de las notificaciones en la ley, concretamente los artículos 29, 30 y 31, los cuales prevén un universo de acuerdos de trámite de menor trascendencia que por exclusión deben notificarse por lista a las partes, entre ellas la autoridad, ya sea como responsable o como tercero perjudicado. Por tanto el juzgador, para determinar la forma en que ordenará su notificación en el juicio de amparo indirecto, competencia de los Juzgados de Distrito, debe atender a la trascendencia que tenga el auto o resolución que pretenda notificar."****************************************Precisión del acto reclamado.****************************************Los peticionarios de amparo hacen consistir el acto reclamado en la omisión de las responsables de inscribir el embargo precautorio ordenado en auto de cuatro de agosto de dos mil veintitrés, emitido en el juicio ******************** del índice del Juzgado Familiar Oral de Primera Instancia del Distrito Judicial de esta ciudad, a favor de los aquí quejosos respecto del bien inmueble ubicado en el ********************,********************, con registrado con folio electrónico ********************.****************************************Petición de parte respecto a la suspensión.****************************************La parte quejosa solicitó la suspensión provisional de los actos reclamados y, en su momento, la definitiva; por ende, se colma el requisito de procedibilidad previsto en la fracción I del artículo 128 de la Ley de Amparo.****************************************Existencia del acto reclamado.****************************************Toda vez que se trata de la suspensión provisional, para efecto de determinar la existencia de los actos reclamados, deberá atenderse, de forma preliminar, únicamente a lo expuesto por la parte quejosa, bajo protesta de decir verdad, en su demanda de amparo; de ahí que, bajo ese argumento, es suficiente para tener demostrada la existencia del mismo.****************************************Efectos de la suspensión provisional.****************************************De la demanda de amparo se advierte que la parte quejosa solicita la suspensión provisional y en su momento definitiva para los efectos de que, por una parte, se mantengan las cosas en el estado en que se encuentran, esto es, que no se realice a terceros la inscripción de algún acto traslativo de dominio respecto del bien inmueble ubicado en el ********************,********************, con registrado con folio electrónico ******************** y por otro, se ordene inscribir el embargo precautorio ordenado en auto de cuatro de agosto de dos mil veintitrés, emitido en el juicio ******************** del índice del Juzgado Familiar Oral de Primera Instancia del Distrito Judicial de esta ciudad, a favor de los aquí quejosos respecto del bien inmueble de que se trata.**************************************** Análisis de la suspensión del acto reclamado.****************************************En principio cabe destacar que, para establecer la procedencia de la medida cautelar, se debe tener en cuenta lo dispuesto en los artículos 107, fracción X, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 128 y 138 de la Ley de Amparo, los cuales disponen que para conceder la suspensión deben cumplirse los siguientes requisitos: ****************************************a) Que el acto reclamado, de acuerdo a su naturaleza, sea susceptible de suspenderse.****************************************b) Que exista solicitud del quejoso.****************************************c) Que no se siga perjuicio al interés social, ni se contravengan disposiciones de orden público.****************************************Ahora bien, respecto del primero de los requisitos a continuación se estudia:****************************************a) Que el acto reclamado, de acuerdo a su naturaleza, sea susceptible de suspenderse:****************************************En lo tocante al requisito precisado, necesariamente conduce a abordar la naturaleza jurídica del acto reclamado; por lo que para ello primero debe estudiarse la forma en la cual se dividen los actos de forma genérica de acuerdo a su naturaleza y consecuencias.****************************************En ese sentido, los actos positivos son aquellos que implican un hacer voluntario y efectivo de la autoridad responsable, es decir, consisten en una actividad que el gobernado estima violatoria de sus derechos fundamentales, por lo que se traducen en un hacer o un no hacer e implican una acción, una orden, una privación o una molestia.****************************************Por su parte, los actos negativos son aquellos en los que la autoridad se rehúsa a satisfacer la pretensión del gobernado. ****************************************Esto es, la autoridad ha hecho manifestación de voluntad para no conceder al quejoso lo que a él presuntamente le corresponde.****************************************Dentro de los actos negativos, se manifiesta una conducta positiva de las autoridades que se traduce en un no querer o no aceptar lo solicitado por el gobernado. Esta clase de acto se manifiesta con la conducta de las autoridades, que niegan lo que los gobernados les solicitan.****************************************En ese contexto, los actos negativos se subdividen en: i) actos negativos simples; ii) actos negativos con efectos positivos; y, iii) actos negativos prohibitivos.****************************************Los actos negativos simples, son aquellos en los que la autoridad responsable se rehúsa expresamente a acceder a la pretensión del gobernado. Para que se actualice la existencia de los actos negativos, debe existir una respuesta por parte de la autoridad donde se niegue la pretensión solicitada.****************************************Por su parte, los actos negativos con efectos positivos son aquellos que en apariencia son negativos, sin embargo, en realidad producen los efectos de un acto positivo, pues la autoridad no sólo exterioriza una negativa con relación a la pretensión del gobernado, sino que además impone cargas concretas fácilmente identificables. Así, se distinguen de los actos puramente negativos por sus efectos, los cuales, se traducen generalmente en la imposición de obligaciones a los gobernados.****************************************Así pues, los actos negativos prohibitivos son los que establecen una obligación de no hacer al gobernado o que limitan su conducta. ****************************************Estos se caracterizan porque la autoridad conmina al obligado a un no hacer, por lo que se traduce en un verdadero hacer de la autoridad consistente en imponer al gobernado una obligación de abstenerse de llevar a cabo determinada conducta, lo que entraña una limitación a la actividad del gobernado. Por ello, los actos prohibitivos son una modalidad de los actos positivos, en la medida en que involucran el quehacer de la autoridad responsable para establecer una limitación en perjuicio del quejoso.****************************************Finalmente, los actos omisivos o abstenciones, son aquellos en los que las autoridades incumplen con un deber de hacer legal o constitucional, lo cual se traduce en una afectación para el gobernado. Para tener por actualizada la omisión, debe existir previamente la obligación para la autoridad de un hacer determinado, conforme lo disponga la norma legal correspondiente, para que se traduzca la omisión.****************************************En ese tenor, a criterio de este órgano de control constitucional, el acto reclamado en la presente incidencia constituye un acto omisivo, entendiéndose por tal efecto, como se dijo en párrafos precedentes, aquella abstención de la autoridad responsable que se produce al no realizar el acto que la ley le ordena.****************************************Luego, en cuanto a los efectos de la medida cautelar tenemos dos clases: a) conservativo (medida conservativa); o, b) de tutela anticipada o anticipatoria; es decir, respecto del primer inciso los actos reclamados pueden paralizarse para que no se causen perjuicios de difícil o nula reparación y respecto del segundo, puede restablecerse al quejoso en el goce de la garantía o derecho afectado (decisión o tutela anticipada), ambos supuestos con motivo de la manifestación del acto u omisión reclamado conforme al artículo 147, de la Ley de Amparo.****************************************Respecto a los actos de tutela anticipada o anticipatoria, la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, resolvió la contradicción de criterios 338/2022, de doce de abril de dos mil veintitrés, suscitada entre el Cuarto Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, el Primer y el Segundo Tribunales Colegiados, ambos en Materias Penal y Administrativa del Decimoséptimo Circuito, para lo cual, realizó un estudio de los casos donde se dejaría sin materia el juicio de amparo si se solicita la suspensión del acto reclamado con efectos restitutorios y esos efectos coincidan con los de una eventual sentencia favorable a la parte quejosa.****************************************En efecto, el problema jurídico que debía resolver la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación consistía en delimitar los parámetros que debe tomar en cuenta el juzgador para analizar la posibilidad de conceder la suspensión del acto reclamado con efectos restitutorios, ante la eventualidad de que con su concesión se deje sin materia el juicio en lo principal.****************************************En ese orden de ideas, la Segunda Sala formulo la siguiente pregunta:****************************************¿Qué criterio debía atender los órganos jurisdiccionales para considerar si se trataba de una medida cautelar con efectos restitutorios que verdaderamente dejaría sin materia el fondo del asunto?****************************************Es decir, nuestro Alto Tribunal para resolver la citada interrogante, abordó los siguientes tópicos:****************************************I) La suspensión del acto reclamado, requisitos para su concesión con efectos restitutorios.****************************************II) La relación entre la concesión de la suspensión y el estudio de fondo del juicio de amparo, en lo referente a preservar la materia del asunto.****************************************III) Qué permite identificar una suspensión con efectos restitutorios que proporciona beneficios transitorios, en contraposición con una que brinde beneficios definitivos.****************************************Con relación a los tópicos planteados en el citado criterio 338/2022, de doce de abril de dos mil veintitrés, se advierte que para comprender en qué casos una medida cautelar con efectos restitutorios verdaderamente dejaría sin materia el fondo del asunto, resulta necesario comprender primeramente el significado de "preservar" que de conformidad con el Diccionario de la Real Academia Española significa "Proteger, resguardar anticipadamente a alguien o algo, de algún daño o peligro", en el juicio de amparo se trata de conservar la materia del juicio de amparo en lo principal.****************************************Ahora, la conservación de la materia de los actos reclamados estrechamente tiene que ver con los efectos que se otorgan en una sentencia amparadora, así el artículo 77 de la Ley de Amparo, establece los siguientes: i) cuando el acto reclamado sea de carácter positivo se restituirá al quejoso en el pleno goce del derecho violado, restableciendo las cosas al estado que guardaban antes de la violación; y ii) cuando el acto reclamado sea de carácter negativo o implique una omisión, obligar a la autoridad responsable a respetar el derecho de que se trate y a cumplir lo que el mismo exija.********************Como se advierte, la norma prevé dos hipótesis, en el caso de un acto positivo, dispone que se deberá atender a las circunstancias existentes antes de que se cometiera la contravención al derecho defendido, mientras que en caso de un acto omisivo se obligará a la autoridad a actuar de tal forma que cese la afectación reclamada; no obstante, la ley dispone en ambos casos que se deberá restituir o respetar el derecho que se consideró afectado, es decir, en ambas posibilidades la idea es efectuar una reparación a la vulneración alegada por la parte quejosa.****************************************En un sentido opuesto, es incorrecto considerar que el entendimiento del enunciado "conservar la materia del amparo hasta la terminación del juicio" implica que el órgano jurisdiccional evite, a toda costa, que exista identidad entre los efectos de la suspensión y el de una sentencia favorable a los intereses del quejoso.****************************************Por lo que bajo esas premisa, la Segunda Sala sostuvo que, la importancia de la suspensión del acto reclamado debe equipararse con la relevancia de conservar la materia del juicio en lo principal, pues ambas buscan crear las condiciones para que el juicio de amparo cumpla con su función protectora, por lo que por regla general será incorrecto sostener que se deberá negar la suspensión con la finalidad de conservar la materia del asunto en lo principal.********************Se sostiene lo anterior, porque considerar lo contrario, supone, de manera implícita, razonar que el fondo debe prevalecer sobre la suspensión, lo cual es inexacto porque, como se sostuvo, la medida cautelar tiene la finalidad de generar las condiciones para salvaguardar los derechos en disputa.****************************************De ahí que, deba considerarse que la suspensión del acto reclamado y el fondo del asunto, tienen la misma importancia para efectos de la protección de los derechos humanos, por lo que por regla general no debe sostenerse que se privilegia una figura sobre la otra, es decir, negar la suspensión para preservar la materia del juicio.****************************************Como resultado, corresponde vislumbrar en qué casos sí debe privilegiarse el fondo sobre la medida cautelar.****************************************En efecto, la diferencia entre una medida cautelar con efectos transitorios y una medida cautelar con efectos definitivos es la clave para obtener el supuesto que escapa de la regla general, es decir, los casos excepcionales en los que se deberá negar la suspensión para preservar el fondo del asunto.****************************************La suspensión del acto reclamado, por definición, es un beneficio transitorio, dado que el artículo 147 de la Ley de Amparo limita claramente su duración, la cual inicia desde que se dicta el auto o la resolución interlocutoria que concede la medida cautelar, hasta que se pronuncia ejecutoria, es decir, hasta que se emite la decisión que resuelve en definitiva el asunto (ya sea emitiendo un pronunciamiento de fondo o sobreseyendo).****************************************Entonces, la regla general es que la suspensión del acto reclamado es un beneficio transitorio, aun cuando se conceda con un carácter restitutorio y exista identidad entre los efectos de una eventual sentencia favorable a la quejosa, pues, se insiste, ese beneficio durará únicamente hasta que la sentencia que se dicte en el cuaderno principal cause ejecutoria.****************************************Precisado lo anterior, un ejemplo para demostrar la excepción a la regla general, es que ante la eventualidad de que el órgano jurisdiccional concedió la suspensión con efectos restitutorios, pero una vez desahogado el juicio la quejosa obtuvo una sentencia adversa, el beneficio de la medida cautelar será definitivo únicamente si los efectos de la suspensión no se pueden retrotraer. Este supuesto constituiría la excepción a la regla general.****************************************Ahora, en caso en concreto la naturaleza del acto reclamado en la presente instancia constitucional es de carácter omisivo, esto es, la parte quejosa resiente una afectación con la abstención de la autoridad responsable que se produce al no realizar el acto que la ley le ordena; en particular, en inscribir el embargo precautorio ordenado en auto de cuatro de agosto de dos mil veintitrés, emitido en el juicio ******************** del índice del Juzgado Familiar Oral de Primera Instancia del Distrito Judicial de esta ciudad, a favor de los aquí quejosos respecto del bien inmueble ubicado en el ********************,********************, con registrado con folio electrónico ********************.****************************************Así tenemos que los efectos de la sentencia que en su caso llegue a emitir se ubica en la hipótesis establecida en el artículo 77 de la Ley de Amparo, fracción II, esto es, cuando el acto reclamado sea de carácter negativo o implique una omisión, obligar a la autoridad responsable a respetar el derecho de que se trate y a cumplir lo que el mismo exija.****************************************En ese sentido, en el caso en concreto, este órgano de control constitucional estima que, cuando la violación alegada en el juicio de amparo, consista en la omisión de inscribir un embargo precautorio de una propiedad con motivo de un mandato judicial, esto es, un acto de naturaleza omisiva, el efecto de la eventual sentencia estimatoria consistirá, en términos del artículo 77, fracción II, de la Ley de Amparo, en obligar a la responsable a registrar provisionalmente el embargo ordenado por la autoridad jurisdiccional. Por lo que no es posible jurídicamente otorgar la suspensión solicitada en contra de la omisión reclamada, pues la inscripción recaída al mandato judicial, en esos términos, implicaría un beneficio definitivo, ya que los efectos suspensorios se actualizarían en un solo instante, no de momento a momento, lo que haría cesar los efectos del acto omisivo reclamado, dejando sin materia el juicio de amparo, por lo que en ese orden de ideas, con fundamento en el artículo 128 de la Ley de Amparo, interpretado a contrario sensu, se niega la suspensión provisional solicitada respecto del efecto solicitado consistente en la inscripción del embargo precautorio ordenado en auto de cuatro de agosto de dos mil veintitrés, emitido en el juicio ******************** del índice del Juzgado Familiar Oral de Primera Instancia del Distrito Judicial de esta ciudad, a favor de los aquí quejosos respecto del bien inmueble de que defiende.******************** ********************Sirve de apoyo el criterio en la tesis jurisprudencial 2a./J. 22/2023 (11a.), sustentado por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, con Registro digital: 2026730, Undécima Época, publicada por la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación. Libro 26, Junio de 2023, Tomo V, página 4********************7, que a la letra dice:********************"SUSPENSIÓN DEL ACTO RECLAMADO CON EFECTOS RESTITUTORIOS. PARÁMETROS QUE DEBE TOMAR EN CUENTA EL JUZGADOR AL ANALIZAR LA POSIBILIDAD DE CONCEDERLA ANTE LA EVENTUALIDAD DE QUE, CON ELLO, SE DEJE SIN MATERIA EL JUICIO DE AMPARO EN LO PRINCIPAL.********************Hechos: Los Tribunales Colegiados de Circuito llegaron a conclusiones discrepantes en relación con los casos donde se dejaría sin materia el juicio de amparo si se solicita la suspensión del acto reclamado con efectos restitutorios, y esos efectos coincidan con los de una eventual sentencia favorable a la parte quejosa. Las posturas contrarias versaron sobre el requisito referente a la posibilidad jurídica de conceder la suspensión, pues uno de los órganos jurisdiccionales consideró que sí era posible restituir provisionalmente a la quejosa del derecho vulnerado, mientras que el otro Tribunal sostuvo que no era posible conceder la suspensión dado que con ello se agotaría la materia del juicio en lo principal.********************Criterio jurídico: La Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación determina que en caso de conceder la suspensión con efectos restitutorios, el órgano jurisdiccional deberá considerar que la materia del juicio de amparo subsiste cuando, en la eventualidad de que resuelva de forma adversa a la quejosa, puedan retrotraerse los efectos de la suspensión y, en contraposición a ello, se tratará de un beneficio no transitorio o definitivo que dejaría sin materia el juicio, cuando éste no pueda ser revocado aun cuando se niegue el amparo. Lo anterior implica que, por regla general, el hecho de que los efectos de la suspensión y una sentencia favorable a la quejosa coincidan, no es una razón suficiente para negar la concesión de la medida cautelar, aun cuando se argumente que la finalidad de esa negativa es preservar la materia del asunto, pues el entendimiento de la expresión "conservar la materia del amparo" es que el órgano jurisdiccional velará por proporcionar las condiciones idóneas para proteger el derecho que la parte quejosa considera afectado, no así la prevalencia del fondo sobre la suspensión.********************Justificación: El enunciado "conservar la materia del amparo hasta la terminación del juicio", previsto en el primer párrafo del artículo 147 de la Ley de Amparo, debe contextualizarse en armonía con la finalidad última del juicio de amparo, que es la de proteger de forma eficaz los derechos que la parte quejosa considera afectados. En ese orden de ideas, la importancia de la suspensión del acto reclamado debe equipararse con la relevancia de conservar la materia del juicio en lo principal, pues ambas buscan crear las condiciones para que el juicio de amparo cumpla con su función protectora por lo que, por regla general, será incorrecto sostener que debe negarse la suspensión con la finalidad de conservar la materia del asunto en lo principal. La suspensión del acto reclamado es, por definición, un beneficio transitorio, porque aun cuando se conceda con un carácter restitutorio y exista identidad entre los efectos de una eventual sentencia favorable a la quejosa, ese beneficio durará únicamente hasta que la sentencia que se dicte en el cuaderno principal cause ejecutoria. La excepción a la regla general, esto es, en qué casos una medida cautelar con efectos restitutorios verdaderamente dejaría sin materia un juicio de amparo, se configurará cuando la restitución provisional de los derechos no pueda ser revocada aun cuando se niegue el amparo".****************************************Igualmente, por las razones que la informan, la tesis de jurisprudencia 1a./J. 70/2019 (10a.), sustentada por el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Sexto Circuito, publicada en el Semanario Judicial de la Federación del viernes 6 de diciembre de 2019 a las 10:18 horas y en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, Libro 73, Tomo I, diciembre de 2019, página 286, con número de registro digital: 2021263.**************************************** "SUSPENSIÓN EN EL JUICIO DE AMPARO. EXISTE UN IMPEDIMENTO JURÍDICO PARA OTORGARLA CUANDO SE RECLAMA LA VIOLACIÓN AL DERECHO DE PETICIÓN, PORQUE LA MEDIDA CAUTELAR OTORGARÍA AL QUEJOSO UN BENEFICIO DEFINITIVO.********************Hechos: El quejoso solicitó, en el juicio de amparo, la suspensión del acto reclamado, consistente en la omisión atribuida a las autoridades responsables adscritas al Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores al Servicio de los Poderes del Estado de Puebla de contestar su solicitud de pensión o jubilación.********************Criterio jurídico: Existe un impedimento jurídico para otorgar la suspensión solicitada en contra de la omisión reclamada, porque la medida cautelar no otorgaría al quejoso un beneficio transitorio, sino uno definitivo, coincidiendo, exactamente, con una eventual sentencia estimatoria de fondo, dejando sin materia el juicio de amparo.********************Justificación: Conforme a lo dispuesto en la jurisprudencia 1a./J. 70/2019 (10a.), de rubro: "SUSPENSIÓN. LA NATURALEZA OMISIVA DEL ACTO RECLAMADO NO IMPIDE SU PROCEDENCIA.", la suspensión del acto reclamado debe permitir que la parte quejosa alcance un beneficio transitorio, que al final pueda confirmarse o revocarse a través de la sentencia principal. Lo importante para que dicha medida cautelar sea material y jurídicamente posible radica en que los efectos suspensorios puedan actualizarse momento a momento, de modo que la suspensión no coincida exactamente, agote o deje sin materia una eventual sentencia estimatoria de amparo. Por tanto, cuando la violación alegada en el juicio de amparo está relacionada con el derecho de petición, esto es, un acto de naturaleza omisiva, el efecto de la eventual sentencia estimatoria consistirá, en términos del artículo 77, fracción II, de la Ley de Amparo, en obligar a la responsable a emitir una respuesta por escrito, congruente, completa, rápida, fundada y motivada a la petición formulada del quejoso. Por lo que no es posible jurídicamente otorgar la suspensión solicitada en contra de la omisión reclamada, pues la respuesta recaída a la petición, en esos términos, implicaría un beneficio definitivo, ya que los efectos suspensorios se actualizarían en un solo instante, no de momento a momento, lo que haría cesar los efectos del acto omisivo reclamado, dejando sin materia el juicio de amparo.****************************************Calificación del otorgamiento de la suspensión provisional.****************************************No obstante a lo anterior, el artículo 147 de la Ley de Amparo, dispone que el órgano jurisdiccional deberá fijar la situación en que habrán de quedar las cosas y tomará las medidas pertinentes para conservar la materia del amparo hasta la terminación del juicio. También, que atendiendo a la naturaleza del acto, ordenará que las cosas se mantengan en el estado que guarden.****************************************Entonces, si el acto por el que se duele la parte quejosa es concretamente la omisión de las responsables de inscribir el embargo precautorio ordenado en auto de cuatro de agosto de dos mil veintitrés, emitido en el juicio ******************** del índice del Juzgado Familiar Oral de Primera Instancia del Distrito Judicial de esta ciudad, para garantizar las obligaciones alimentarias de la deudora alimentaria aquí tercera interesada ********************, a favor de los aquí quejosos infantes de identidad reservada de iniciales ******************** y ********************, con el bien inmueble ubicado en el ********************,********************, con registrado con folio electrónico ********************; en términos del numeral invocado, es posible que este órgano prevea las medidas pertinentes para preservar la materia del juicio, ya que de lo contrario se corre el riesgo de que se ejecute el acto y haga imposible, por un lado, la restitución del derecho transgredido, y por otro, de dejar sin materia el fondo del juicio.****************************************En razón de ello, con fundamento en los numerales 128, 129, 138 y 139 de la Ley de Amparo, se concede la suspensión provisional solicitada, para el efecto de que las cosas se mantengan en el estado en el que se encuentran, esto es, que no se realice a favor de terceros, la inscripción de algún acto traslativo de dominio respecto del bien inmueble ubicado en el ********************,********************, con registrado con folio electrónico ********************, hasta en tanto se resuelva la suspensión definitiva.****************************************Lo anterior toda vez que con dicha medida no se lesiona el interés social ni se contravienen disposiciones de orden público, ya que en nada perjudica que no se realice inscripción alguna traslativa de dominio del bien inmueble de que se trata.****************************************Sirve de apoyo la tesis emitida por el Cuarto Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, publicada en el Semanario Judicial de la Federación, Tomo XV-2, Febrero de 1995, Octava Época, Registro 208887, que se transcribe: ****************************************"SUSPENSIÓN. PROCEDE ESTA CUANDO DE NEGARSE PUDIERA DEJAR SIN MATERIA EL JUICIO DE AMPARO. Si el quejoso en su demanda manifiesta bajo protesta de decir verdad que se encuentra en pleno goce y disfrute de la marca en disputa sin que de las constancias que obran en el incidente de suspensión se desprenda lo contrario, es procedente la concesión de la medida cautelar definitiva para conservar la materia de la controversia constitucional, toda vez que la legalidad en el uso de dicha marca, es materia de la que se ocupará la sentencia de fondo del juicio de garantías."**************************************** Pruebas.****************************************Con fundamento en el artículo 143 de la Ley de Amparo, se tiene como prueba de la parte quejosa, la documental que anexó, consistente en:****************************************Copia certificada de la sentencia definitiva de veintitrés de marzo del dos mil doce, emitida por el Juzgado Segundo de lo Familiar del Distrito Judicial de Chetumal, Quintana Roo, en el expediente ******************** de su índice.****************************************Copia certificada del auto de cuatro de agosto del dos mil veintitrés, emitida por el Juzgado Familiar y Civil Oral de Primera Instancia del Distrito Judicial de Chetumal, Quintana Roo, en el expediente ******************** de su índice.****************************************Copia certificada del oficio ******************** de cuatro de agosto del año en curso, dirigido al Director del Registro Público de la Propiedad y del Comercio del Estado de Quintana Roo.****************************************Original de los escritos con sello de recibo de dieciséis de junio y diez de agosto, ambos de dos mil veintitrés.****************************************Copia simple del título de propiedad número ********************, de trece de abril del dos mil.****************************************Copia simple de las credenciales para votar a nombre ******************** y ********************, expedidas por el Instituto Nacional Electoral.****************************************Copia simple de las actas de nacimiento a nombre de los infantes con números de actas ******************** y ******************** respectivamente.****************************************Documental que se admite y desahoga por su propia y especial naturaleza, sin perjuicio de relacionarla al celebrarse la audiencia respectiva.****************************************Se tiene como domicilio de la parte quejosa para oír y recibir notificaciones el que cita en su demanda y como autorizado en términos amplios der artículo 12 de la Ley de Amparo a ********************, toda vez que cuentan con cédula profesional registrada en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho, ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito y en términos del citado numeral a********************y********************, por así haberlo solicitado expresamente.****************************************Con fundamento en los numerales 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 21, último párrafo de la Ley de Amparo, se habilitan días y horas inhábiles a fin de que las actuarias de la adscripción estén en posibilidades de llevar a cabo las notificaciones derivadas del presente asunto.****************************************De conformidad con la fracción II, párrafo segundo del artículo 263, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece disposiciones en materia de actividad administrativa en los órganos jurisdiccionales, se exhorta a las partes para que cuando les sea posible transiten hacia la actuación al "juicio en línea" desde el Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación, con independencia de lo anterior, de acuerdo a lo establecido en la fracción I del numeral 257 del citado Acuerdo General, propongan formas especiales y expeditas de contacto, como correos electrónicos y servicios de mensajería instantánea, tanto propios como de los otros particulares que sean parte en el proceso, a través de los cuales se puedan entablar comunicaciones no procesales.****************************************En acatamiento al artículo 253 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que abroga los acuerdos de contingencia por Covid-19 y reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones relativas a la utilización de medios electrónicos y soluciones digitales como ejes rectores del nuevo esquema de trabajo en la áreas administrativas y órganos jurisdiccionales del propio consejo, este órgano jurisdiccional asegurará la integridad del expediente electrónico destacándose que en los casos en que un asunto se inicie y se tramite a través de documentos físicos, se deberá digitalizar las constancias e incorporarlas al expediente electrónico correspondiente generando sus actuaciones en versión electrónica e imprimiendo únicamente lo que resulte indispensable para el impulso del asunto, como puede ser el caso de las constancias de notificación, y bajo ninguna circunstancia se obstaculizará la posibilidad de que las partes actúen y presenten promociones por medios impresos.****************************************Como lo solicita el quejoso, expídasele copia certificada de la presente determinación, previa constancia de su entrega que se deje en autos.****************************************Se autoriza a los Secretarios de este juzgado para firmar toda comunicación oficial que derive del presente asunto. ****************************************Háganse las capturas correspondientes en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE).****************************************Notifíquese.*******
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